Durante una visita oficial al lugar, varios congresistas calificaron el sitio como un “campo de internamiento” y señalaron que los migrantes están recluidos en jaulas, hacinados, sin acceso adecuado a agua potable ni condiciones sanitarias básicas. El senador estatal Carlos Guillermo Smith afirmó: “750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales”.

La congresista federal Debbie Wasserman Schultz informó que hasta 32 personas están encerradas por jaula, compartiendo un espacio reducido con literas y baños dentro de la misma unidad. “Obtienen agua para beber y cepillarse los dientes donde defecan”, denunció.

El sitio, que se encuentra en una zona propensa a inundaciones y en plena temporada de huracanes del Atlántico, ha generado alarma entre funcionarios, activistas y organizaciones. El legislador federal Darren Soto cuestionó el gasto de aproximadamente 500 millones de dólares en su construcción, asegurando que “pone en peligro tanto a los detenidos como a los agentes del ICE y la Guardia Nacional de Florida”.

El centro fue inaugurado durante los primeros días de julio tras una visita del presidente Donald Trump, como parte de su apoyo a las medidas migratorias restrictivas. Según se ha informado, Alligator Alcatraz podría albergar hasta 5.000 migrantes en total. Sin embargo, las denuncias sobre condiciones “infrahumanas”, escasez de agua y comida en mal estado, y las altas temperaturas —cercanas a los 30 grados centígrados— han intensificado la presión sobre el Gobierno estatal.

La Arquidiócesis de Miami también se pronunció en contra del centro, calificándolo de “corrosivo” e “inapropiado”, mientras que organizaciones ambientalistas como Friends of The Everglades han alertado sobre el impacto ecológico del sitio, construido sin estudios ambientales en un hábitat de especies en peligro como panteras, caimanes y algunos tipos de serpientes.

Exigen publicar contratos

En respuesta a toda esta situación, el Partido Demócrata de Florida exigió la semana pasada la publicación de todos los contratos relacionados con la construcción del centro de detención de migrantes. La presidenta del partido, Nikki Fried, acusó al gobernador Ron DeSantis de beneficiar a sus donantes políticos mediante contratos otorgados sin licitación pública, tras declarar una emergencia estatal. “Los floridanos merecen saber quién se está haciendo rico con su dinero”, afirmó Fried.

Los demócratas han presentado una petición formal a la Oficina del Gobernador y a la División de Gestión de Emergencias de Florida para acceder a los documentos y contratos relacionados con la obra. También solicitan una supervisión continua e independiente del centro.

Pese a las críticas, tanto la administración de Trump como el gobierno de Florida han defendido la creación del centro como parte de su estrategia para acelerar las deportaciones masivas a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Mientras tanto, las denuncias continúan creciendo, con llamados urgentes para cerrar el centro y reemplazarlo por instalaciones más humanas, transparentes y adecuadas tanto desde el punto de vista legal como humanitario.

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Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes buscan implementar un impuesto a las remesas del 5%, lo que afectaría a más de 40 millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a residentes permanentes.

La propuesta de los representantes republicanos fue incluida en el proyecto de ley de presupuesto del presidente Donald Trump y afectaría a todos los inmigrantes indocumentados, así como a todos aquellos que tengan un proceso migratorio pendiente. 

A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, los representantes del caucus hispano expresaron que “esta disposición profundamente equivocada, metida en el proyecto de ley tributario más amplio del Partido republicano de la Cámara de Representantes, se dirige desproporcionadamente a las comunidad inmigrantes, socava los lazos económicos con nuestros vecinos hemisféricos y contradice los principios mismo de libertad económica y responsabilidad personal que este organismo afirma defender”.

Los legisladores señalaron que las remesas, las transferencias voluntarias de dinero enviadas por individuos en Estados Unidos a seres queridos en el extranjero, son una piedra angular tanto del apoyo humanitario como del desarrollo económico.

“Solo en 2023, los residentes de Estados Unidos enviaron 93 mil millones de dólares en remesas a nivel mundial, según el Banco Mundial. Estas transferencias no son lujos frívolos, son vitales para ayudar a los miembros de la familia en el extranjero a cubrir la comida, la ropa, la educación y la vivienda en países donde tales necesidades básicas a menudo están fuera de su alcance”.

“Este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas”

En el texto continuaron explicando que “este impuesto propuesto cubriría a más de 40 millones de personas, incluidos los titulares de la tarjeta verde y los titulares de visas de no inmigrante, trabajadores H-1B, H-2A y H-2B, entre ellos, mientras eximen a los ciudadanos estadounidenses”.

Los representantes hispanos indicaron que la medida, de ser aprobada, crearía un preocupante sistema de dos niveles que castiga a los inmigrantes respetuosos de la ley y trabajadores que contribuyen en la economía y que a menudo trabajan en actividades esenciales como la agricultura, la atención médica, la infraestructura y la tecnología. “Es discriminatorio en la práctica y punitivo en efecto”.

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Según la carta de los representantes, América Latina y el Caribe recibió más de $160.900 millones de dólares en remesas el año pasado, de los cuales $65.100 millones de dólares se dirigieron solo a México, seguidos de flujos significativos a Guatemala, República Dominicana, Colombia y El Salvador. “El Banco Interamericano de Desarrollo señaló que estas transferencias crecieron un 9% en 2023 y son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo regional”.

Los legisladores hispanos coincidieron con expertos en remesas, dirigentes y ciudadanos que emigraron a Estados Unidos, que afirman que prohibir, limitar o añadir un impuesto a ciertas remesas podría perjudicar a las comunidades que dependen de estas, resultar una carga para los ciudadanos y empresas estadounidenses y, paradójicamente, acabar provocando aún más migración ilegal en el país norteamericano.

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La entrega de dinero forma parte de un acuerdo extrajudicial con la Agencia para la Administración de la Atención Médica de Florida (AHA), según detalló el medio de comunicación.

El desembolso de los referidos recursos ha colocado a la Administración DeSantis en el “ojo del huracán” ya que la ley del estado de Florida demanda que los recursos económicos entregados por acuerdos se pongan en un fondo fiduciario estatal o en el fondo de ingresos generales donde los legisladores determinan cómo se puede gastar.

Inclusive algunos legisladores republicanos, como el representante a la Cámara de Florida Alex Andrade, cuyo comité supervisa el presupuesto de AHA, comenzaron a hacerse preguntas sobre la disposición de estos recursos.

En declaraciones al Miami Herald, Alex Andrade manifestó que no quería sacar conclusiones precipitadas sobre la donación de los 10 millones de dólares, pero lo que sí quería era más información.

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“Todavía no tengo clara la misión y el propósito de Hope Florida. Sin detalles ni transparencia, no puedo afirmar si esta transferencia se realizó con un propósito legítimo”, declaró el legislador Andrade a los periodistas.

Creada en 2022, Hope Florida tiene como propósito reducir la dependencia de las personas de bajos ingresos de la ayuda gubernamental, según su acta de conformación.

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La ley actual prohíbe la compra de armas a menores de 21 años y fue aprobada luego del tiroteo en Parkland en el que 17 personas murieron y otras 17 resultaron heridas; esta ley fue una de las respuestas del gobierno estatal ante la tragedia.

Pasados siete años de la tragedia y con un liderazgo renovado en la Legislatura, los defensores de los derechos a poseer armas creen que existe una oportunidad para revertir la medida.

La iniciativa ha generado opiniones divididas y en la discusión han participado legisladores, activistas y familias afectadas por la violencia armada. Hay quienes argumentan que la norma actual protege a la población y previene tragedias similares, otros sostienen que restringe injustamente los derechos de los adultos jóvenes.

Uno de los que respalda la iniciativa de reducir la edad mínima para comprar armas a 18 años es el gobernador Ron DeSantis, secundado por el presidente de la Cámara de Representantes, Danny Pérez.

Actualmente el Senado examina la medida y los republicanos intentan aglutinar el apoyo necesario para su aprobación. No obstante, miembros clave de la Legislatura se muestran reservados, una situación que disminuye las posibilidades de que reforma se convierta en ley.

La restricción para la compra de armas por menores de 21 años se aprobó en medio de la presión social manifestada luego del tiroteo en Parkland. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas exigieron cambios en la legislación para evitar que personas jóvenes pudieran adquirir rifles como el utilizado en la masacre, uno semiautomático tipo AR-15.

La respuesta legislativa incluyó un paquete de seguridad escolar que aumentó la edad mínima para comprar armas y endureció otros controles.

El gobernador de la época, Rick Scott, firmó la ley rodeado de familiares de las víctimas de Parkland, mientras la Asociación Nacional del Rifle (NRA) presentó una demanda en su contra, con el argumento de que la restricción viola los derechos constitucionales de los adultos jóvenes. Esta disputa aún se dirime en un tribunal federal.

De qué trata la nueva propuesta

El propósito de la nueva propuesta es permitir que mayores de 18 años compren armas, como rifles y escopetas, en tiendas con licencia y a través de ventas privadas. Sin embargo, la ley federal aún impide que menores de 21 años adquieran armas cortas en comercios regulados, lo que mantiene ciertas restricciones vigentes.

Los promotores de la propuesta, como la representante Michelle Salzman, defienden que todos los adultos en Florida deberían tener pleno acceso a sus derechos bajo la Segunda Enmienda y DeSantis apoyó esta postura con el argumento de que si los jóvenes pueden servir en el ejército, también deberían poder comprar armas en su estado.

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Los opositores, incluyendo legisladores demócratas y activistas de control de armas, advierten que la reforma deshace el trabajo realizado tras Parkland y expone a la población a mayores riesgos.

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En el documento de 520 páginas, la subcomisión especial sobre la pandemia de coronavirus de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, examinó la respuesta a la emergencia, sus causas y las campañas de vacunación.

“Este trabajo ayudará a Estados Unidos y al mundo a predecir la próxima pandemia”, aseguró Brad Wenstrup, presidente del comité, en una carta al Congreso.

Las agencias federales estadounidenses, la Organización Mundial de la Salud y científicos han llegado a conclusiones diferentes sobre el origen del covid-19, sin que haya consenso.

La mayoría cree que se propagó al ser humano por un animal en China, pero un análisis de los servicios de inteligencia estadounidenses sugirió el año pasado que el virus pudo ser manipulado genéticamente y haberse filtrado de un laboratorio de virología en Wuhan, donde aparecieron los primeros casos.

🚨FINAL REPORT🚨

The Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic’s final report is the most thorough review of the pandemic conducted to date.

This report ensures COVID-19 accountability and serves as a roadmap for the U.S. to prepare for and respond to future pandemics. pic.twitter.com/4JMGCzx9w1

— Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (@COVIDSelect) December 2, 2024

El panel del Congreso se decidió por la teoría de la fuga tras reunirse 25 veces, realizar más de 30 entrevistas y revisar más de un millón de páginas de documentos.

La investigación incluyó dos días de entrevistas con Anthony Fauci, el científico del gobierno que se convirtió en el experto de mayor confianza en los caóticos primeros días de la pandemia en 2020 y ahora vive con protección por amenazas.

Los enfrentamientos de Fauci sobre la respuesta a la emergencia con el entonces presidente (2017-2021) y ahora mandatario electo, Donald Trump, desataron la furia de la derecha.

Los republicanos culpan al inmunólogo de ayudar a desencadenar la pandemia al aprobar financiación para los científicos chinos a los que acusan de fabricar el SARS-CoV-2, causante del covid-19.

El informe afirma que los Institutos Nacionales de Salud subvencionaron una investigación que trata de mejorar los virus para encontrar formas de combatirlos conducida por el Instituto de Virología de Wuhan.

Fauci negó repetidamente haber encubierto los orígenes del covid-19 ante el panel en junio, argumentando que sería “imposible molecularmente” que los virus de murciélago estudiados en el laboratorio se convirtieran en el que causó la pandemia.

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Pero el informe del comité dice que el SARS-CoV-2 “probablemente surgió debido a un accidente relacionado con el laboratorio o la investigación”.

La investigación concluye, además, que las cuarentenas “hicieron más mal que bien” y que las órdenes de uso de mascarillas fueron “ineficaces”, contradiciendo otras investigaciones que demuestran que redujeron las tasas de transmisión.

Los legisladores concluyeron que la operación “Warp Speed” de Trump para financiar el desarrollo de las vacunas anticovid fue un “tremendo éxito”, pero que el cierre de escuelas tendrá un “impacto duradero” en los niños estadounidenses.

Por: AFP

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El representante estatal, Rob Matzie, presidente del Comité de Tecnología, Servicios Públicos y Protección al Consumidor de la cámara estatal, espera que las conversaciones sean sólidas a lo largo del año calendario 2024”.

La ley, promulgada en 2004 y reautorizada cada 10 años, fue diseñada para proteger a las personas de la pérdida de calefacción en invierno y brindar a las empresas de servicios públicos más opciones para cobrar facturas impagas, con miras a mantener bajas las tarifas para todos los consumidores.

Con otra reautorización, los defensores de los consumidores están tratando de argumentar que la ley favorece a las empresas de servicios públicos sobre los hogares, y están proponiendo cambios que incluyen una moratoria sobre los cortes de verano.

En su forma actual, la ley representa un compromiso. Le quitó discreción a la Comisión de Servicios Públicos del estado para diseñar planes de pago específicos y permitió que las empresas de servicios públicos exigieran el pago completo, más tarifas, antes de reiniciar el servicio.

Sin embargo, también incluye protecciones para los clientes, algunas de las cuales se aplican sólo a personas que cumplen con ciertos requisitos de ingresos. Las protecciones incluyen exigir a las compañías de electricidad, gas y agua que se comuniquen con los clientes antes de cortar los servicios; prohibir las desconexiones de los servicios públicos de electricidad y gas en invierno; y permitir a los clientes disputar sus facturas. 

Los clientes también pueden proporcionar una nota del médico que demuestre que un miembro del hogar tiene una condición médica que requiere la continuidad del servicio para bloquear un corte.

Reautorizar cada 10 años

Para Stephen DeFrank, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del estado, reautorizar la ley tal y como está escrita no es conveniente. “Creo que esta es una revisión que vale la pena. Es bueno hacer esto cada 10 años, y creo que eso debería continuar, ya que el panorama cambia constantemente y debemos ser conscientes de ello”.

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La comisión ha respaldado algunos ajustes a la ley, incluso uno que daría a la agencia más flexibilidad para establecer planes de pago. Los defensores de los consumidores también tienen ideas sobre cómo mejorar la ley para proteger mejor a los residentes vulnerables de Pennsylvania.

¿Tiene dificultades para pagar la factura en Pennsylvania?

El Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos proporciona subvenciones en efectivo para ayudar a cubrir las facturas de calefacción que no es necesario reembolsar.

Pennsylvania distribuye cientos de millones de dólares al año a través del programa Low Income Home Energy Assistance Program (Liheap), financiado con fondos federales, a hogares de bajos ingresos que luchan con sus facturas de energía.

Las empresas de servicios públicos también ofrecen programas de ayuda y gastaron  567 millones de dólares  en dichos programas en 2022. Estos varían de una empresa a otra, y pueden incluir asistencia en efectivo, reducción temporal de facturas o climatización para mejorar la eficiencia energética.

Las empresas de servicios públicos de Pennsylvania ofrecen la segunda ayuda total más alta del país.

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Durante el almuerzo legislativo, los participantes tendrán la oportunidad de compartir sus puntos de vista, expresar sus preocupaciones y abogar por políticas que apoyen el crecimiento económico y el desarrollo empresarial en la Commonwealth.

También será una oportunidad para que los congresistas actualicen a la comunidad empresarial sobre legislaciones e iniciativas propuestas que podrían afectar sus operaciones.

Este año, el evento se centrará en la agenda de desarrollo económico del gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro, incluyendo la diversidad de proveedores en adquisiciones, y las discusiones sobre regulaciones y políticas que pueden crear un entorno empresarial favorable para las empresas hispanas.

La programación del evento comenzará a las 10: 30 am con el proceso de registro, para dar paso a los comentarios de los oradores, posteriormente al almuerzo y networking, y seguidamente a una mesa redonda, donde se discutirán importantes temas para la comunidad.

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El encuentro, organizado por la Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce y la Pitsburgh Metropolitan Area Hispanic Chamber of Commerce, se desarrollará en la sede de la PA Chamber of Business & Industry, ubicada en 417 Walnut Street, Harrisburg 17101.

La entrada será sólo con invitación. Las personas interesadas en recibir una para participar en este importante evento, deben comunicarse con la cámara de comercio, a través del correo electrónico jsuarez@philahispanicchamber.org

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Mientras los presidentes demócrata y republicano hablaban, los negociadores se apresuraban a redactar un texto de compromisos que incluye recortes de gastos.

“Creo que estamos en buena forma”, expresó Biden, luego de hablar por teléfono con McCarthy, al tiempo que enfatizó que confiaba en que el plan llegará a su escritorio.

Se necesitará el apoyo de ambos partidos para obtener la aprobación del Congreso antes de que el gobierno deje de pagar las deudas estadounidenses el 5 de junio. No se espera que los legisladores regresen al trabajo el Día de los Caídos.

Speaker McCarthy and I reached a bipartisan budget agreement that will prevent the worst possible crisis – a default for the first time in our nation’s history.

This deal is good news for the American people.

I strongly urge Congress to pass the agreement right away. pic.twitter.com/6gQH4jvGV2

— President Biden (@POTUS) May 28, 2023

En Estados Unidos, un incumplimiento podría causar que los mercados financieros se paralicen y provoquen una crisis internacional.

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Los analistas aseguran que millones de empleos desaparecerían, las tasas de endeudamiento y desempleo aumentarían, y una caída del mercado de valores podría borrar billones de dólares en la riqueza de los hogares. Casi destruiría el mercado de 24 billones de dólares para la deuda del Tesoro.

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El senador Blaise Ingoglia y el congresista Kiyan Michael, ambos republicanos, presentaron los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617, que según señaló SPLC Action Fund en un comunicado, “buscan llevar a cabo una serie de propuestas antiinmigrantes del gobernador Ron DeSantis”.

Se prevé que ambas propuestas sean aprobadas por la Legislatura, de mayoría republicana en ambas cámaras, y después promulgadas por DeSantis.

“Los proyectos de ley buscan restringir severamente las identificaciones comunitarias e invalidar ciertas licencias de conducir de otros estados”, denunció la SPLC Action Fund que está afiliada al Southern Poverty Law la Center.

También denunciaron que las medidas en su conjunto exigen un proceso ampliado de E-Verify, un sistema administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para empresas empleadoras que no sean privadas; revoca la posibilidad de que ciertos estudiantes de Derecho indocumentados sean admitidos en el Colegio de Abogados de Florida y elimina las protecciones para las víctimas de delitos.

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Si los proyectos de ley SB 1718 y HB 1617 se cristianizan, una persona, incluidos los ciudadanos estadounidenses, podría ser acusada de un delito grave de tercer grado por transportar dentro o hacia Florida, inmigrantes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, denunció la organización.

“Estos proyectos de ley dañarían aún más a los floridanos al crear un estado de vigilancia, erosionar la seguridad pública, aumentar la discriminación racial y destruir la confianza pública en nuestras comunidades”, indicó A.J. Hernández Anderson, abogado supervisor principal del SPLC Action Fund.

“Nuestra familia, amigos y vecinos correrán el riesgo de ser acusados de un delito grave por llevar a cabo su vida cotidiana, como transportar a un niño del vecindario a la práctica de fútbol o que un abogado lleve a su cliente a la corte de inmigración. Si se aprueba, esta ley privaría a los floridanos de la libertad de moverse libremente por el estado”, auguró Hernández Anderson.

La organización añade que las dos nuevas propuestas legislativas buscan convertir a Florida en un estado de “muéstrame tus papeles”.

La SPLC Action Fund, que se define como una organización que “trabaja con las comunidades para desmantelar la supremacía blanca”, asegura que una legislación similar promulgada en Georgia y Alabama hace más de 10 años fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito.

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De acuerdo a NJ Monitor, en votaciones divididas en gran medida por líneas partidistas, los legisladores del comité judicial del Senado y del comité presupuestario de la Asamblea aprobaron un proyecto de ley que prohibiría la extradición de cualquier persona que obtenga o practique un aborto en New Jersey a cualquier estado que lo restrinja o criminalice.

El comité de la Asamblea también aprobó una legislación de ley que protegería a los proveedores de servicios de aborto de la entidad que atienden a pacientes de fuera del estado de la responsabilidad civil y penal, y prohibiría a otros estados que criminalizan el aborto declarar la jurisdicción sobre ellos.

Un tercer proyecto de ley prohibiría a los organismos públicos del Estado Jardín ayudar en las investigaciones de los estados que penalizan el aborto y prohibiría a los proveedores de abortos a divulgar la información de las pacientes a esos estados sin el consentimiento escrito de la afectada.

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La senadora Nia Gill (demócrata de Essex) patrocinó los dos proyectos de ley del Senado, afirmando que garantizarán que Nueva Jersey “siga siendo un lugar en el que nuestros residentes y quienes nos visitan para recibir cuidados puedan hacerlo libre y legalmente”.

Derechos protegidos

“Se espera que más de la mitad del país penalice o restrinja el acceso al aborto”, dijo Gill. “Debido a esto, sabemos que muchos vendrán a New Jersey para recibir atención. Debemos movernos a nivel estatal para proteger nuestros derechos y a nuestros ciudadanos porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho que la Constitución no lo hace”.

Los legisladores de New Jersey reforzaron en enero el derecho al aborto anticipándose a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs contra Jackson. En esa sentencia, una mayoría conservadora del tribunal decretó que el aborto no es un derecho constitucional, anulando dos precedentes. el caso Roe v. Wade de 1973 y el caso Planned Parenthood v. Casey de 1992.

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