Billups, exjugador estrella de los Detroit Pistons y miembro del Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), fue detenido en relación con partidas de póquer ilegales amañadas y vinculadas a familias mafiosas, según informó el director del FBI, Kash Patel.

Rozier y un exjugador y entrenador asistente de la NBA, Damon Jones, se encontraban entre las seis personas detenidas en un caso de apuestas deportivas, según declaró Patel en una rueda de prensa en New York.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella dijo que Billups, de 49 años, era una de las más de 30 personas acusadas por su presunta participación en una “trama nacional para amañar partidas ilegales de póquer” que utilizaba “alta tecnología para hacer trampas”.

Rozier y Jones presuntamente “participaron en una de las tramas de corrupción deportiva más descaradas desde que las apuestas deportivas online se legalizaron ampliamente en Estados Unidos”, dijo Nocella.

La describió como “una conspiración interna de apuestas deportivas que explotaba información confidencial sobre los atletas y equipos de la Asociación Nacional de Baloncesto”.

“Estafaron millones”

Los acusados estaban involucrados en apuestas ilegales sobre el rendimiento de los jugadores de los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, Los Angeles Lakers y los Toronto Raptors, dijo Nocella.

Afirmó que la NBA, la liga de baloncesto más importante del mundo, ha cooperado con la investigación que condujo a las acusaciones reveladas este jueves.

La comisaria de policía de New York, Jessica Tisch, citó un ejemplo de un partido del 23 de marzo de 2023 en el que Rozier, de 31 años, jugaba entonces para los Hornets.

El jugador dejó “en claro a sus cómplices que tenía previsto abandonar el partido antes de tiempo con una supuesta lesión”, afirmó Tisch.

Los miembros del grupo utilizaron esa información y apostaron más de 200.000 dólares sobre su rendimiento en el partido, aseguró.

“Rozier abandonó el partido tras solo nueve minutos, y esas apuestas se pagaron, generando decenas de miles de dólares en beneficios”, explicó.

En cuanto a las partidas de póquer amañadas en las que supuestamente participó Billups, los organizadores utilizaron “barajadoras personalizadas que podían leer las cartas, barajas con códigos de barras y cámaras ocultas integradas en las mesas y en los accesorios de iluminación”, explicó Tisch.

“Las víctimas creían que estaban sentadas en una mesa justa”, afirmó. “En cambio, les estafaron millones”.

Rozier se defiende

Billups se retiró de la NBA como jugador en 2014 y es el entrenador jefe de los Trail Blazers desde 2021. Estuvo en el banquillo durante el primer partido de la temporada del equipo el miércoles, que perdió contra los Minnesota Timberwolves.

Rozier fue la decimosexta elección general de los Boston Celtics en el draft de 2015. Ha promediado 13,9 puntos por partido jugando en tres equipos a lo largo de sus 11 años de carrera en la NBA.

Sufrió una lesión en el tendón de la corva y no jugó en el partido inaugural de la temporada de la NBA de los Heat el miércoles.

Su abogado, James Trusty, dijo en un comunicado que los fiscales “parecen estar creyendo en fuentes espectacularmente increíbles en lugar de basarse en pruebas reales de irregularidades”.

“Terry fue absuelto por la NBA y estos fiscales han reabierto ese caso inexistente”, dijo Trusty. “Terry no es un apostador, pero no le da miedo luchar y espera ganar esta batalla”.

Nocella, el fiscal federal, dijo que la acusación en el caso de apuestas deportivas estaba relacionada con la detención el año pasado de un exjugador de la NBA, Jontay Porter, de los Toronto Raptors, que fue expulsado de por vida de la liga por su participación en un escándalo de apuestas.

Porter, de 25 años, fue acusado de realizar apuestas relacionadas con su rendimiento en la cancha. Se ha declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y está a la espera de sentencia.

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Los jugadores de la liga de baloncesto tienen prohibido apostar en los partidos de la NBA.

La detención de Billups se produce tres meses después de la del exjugador de la NBA Gilbert Arenas, que fue arrestado en julio acusado de organizar partidas ilegales de póquer con altas apuestas en su mansión de Los Ángeles.

Arenas se ha declarado inocente.

Por AFP

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“Nuestra travesía es dura otra vez, venimos igualitos, nos extorsionan, nos roban. La misma historia de cuando sale uno de Venezuela, es salir de México para acá”, dijo a la AFP el venezolano Francisco Javier, de 31 años, quien prefiere no revelar su apellido.

Como él, más de 200 migrantes abordaron embarcaciones en Miramar, una localidad de la provincia caribeña de Colón, tras abandonar la búsqueda del “sueño americano”. Su magro equipaje es lo poco que les queda.

El destino de varios botes es la localidad fronteriza panameña de La Miel, desde donde los migrantes irán en otras embarcaciones hacia la población colombiana de Necoclí, a orillas del golfo de Urabá.

El viaje de retorno por mar es casi tan peligroso como la travesía a través de la selva del Darién, fronteriza con Colombia, que hicieron estos migrantes en su fallido viaje hacia Estados Unidos.

“No se logró, regresamos, ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer más nada, tenemos que regresar a Venezuela, echar para adelante”, afirmó Francisco Javier.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves 27 de febrero que el número de migrantes que regresa desde el norte “va en ascenso”.

Mulino indicó que Panamá está “haciendo esfuerzos muy concretos” para que el gobierno de Colombia permita llegar a los migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Desde allí podrían ingresar a su país.

Más de 300.000 migrantes, mayoritariamente venezolanos, cruzaron la jungla del Darién en 2024. Pero ahora quieren evitar esta peligrosa selva en su regreso, por lo que optan por viajar por mar.

“Hemos gastado como casi 2.000 dólares más o menos para regresar y economizando. O sea, comiendo una sola comida al día, comiendo pan, refresquito, galletita”, indicó a la AFP la venezolana Milagros Rubio, de 44 años, quien viaja con tres familiares.

Rubio afirmó que volvería a intentar entrar a Estados Unidos, pero de momento no puede hacerlo, porque tuvo que vender algunas pertenencias para poder regresar a su país.

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“Aquí voy para atrás otra vez de una decepción, me puse triste con aquella esperanza de darles una mejor vida para mis hijas, pero bueno, no se pudo”, dijo el venezolano Darwin González, de 46 años.

A pesar del riesgo de ser deportado de Estados Unidos, todavía hay migrantes que cruzan la jungla del Darién rumbo al norte: 2.633 en lo que va de año, 96% menos que en igual lapso de 2024, según cifras oficiales panameñas.

Por: AFP

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Esta disposición forma parte de la política del mandatario floridano para combatir la inmigración irregular y fortalecer la seguridad fronteriza dentro del estado.

En el marco de una conferencia de prensa realizada en Tallahassee, DeSantis dio a conocer el acuerdo firmado con la citada agencia federal mediante el cual los agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida podrán interrogar y detener a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales, así como procesar a quienes han reingresado al país tras ser deportados.

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“Ahora es la última oportunidad de acabar con la inmigración ilegal de una vez por todas”, comentó DeSantis, luego de dar a conocer este acuerdo que concede “autoridad migratoria” a la estatal Policía de Carreteras, dependiente del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

“Florida no será un santuario para la inmigración ilegal. Seguiremos tomando medidas contundentes para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, agregó el gobernador.

En virtud de este acuerdo con DHS, los efectivos de la Patrulla de Carreteras de Florida podrán además detener a indocumentados que lleguen a este estado del sur del país por vía marítima y entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Este acuerdo permite a los agentes de la ley estatal de la Patrulla de Carreteras de Florida entregar y ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración, arrestar a cualquier extranjero que intente ingresar a nuestro país ilegalmente y entregarlo al ICE sin demora, e interrogar a los presuntos inmigrantes ilegales y detener a cualquier persona que viole nuestras leyes de inmigración. Nuestras fuerzas de seguridad estatales tendrán la autoridad de emitir órdenes de detención de inmigrantes y preparar documentos de acusación con anticipación, lo que agilizará las deportaciones”, dijo.

La pugna con el Legislativo

DeSantis explicó que por tratarse de un acuerdo con el Gobierno Federal, la medida anunciada no requiere de aprobación por parte del Legislativo de Florida, con quien el gobernador mantiene una pugna.

En una sesión extraordinaria convocada por DeSantis, el Congreso estatal ha aprobado un proyecto migratorio que ignora propuestas realizadas por el gobernador, quien ha replicado que planea vetar la iniciativa una vez llegue a su escritorio para su firma.

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El plan del gobernador incluiría el nombramiento de un oficial estatal de cumplimiento migratorio, otorgar a las autoridades locales el poder de detener y deportar inmigrantes indocumentados, establecer penas criminales por ingreso ilegal y aumentar las sanciones por fraude electoral cometido por inmigrantes indocumentados, entre otras medidas.

De acuerdo con consideraciones hechas por organizaciones civiles pro-inmigrantes, las políticas migratorias de DeSantis han creado temor e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados en Florida, afectando la disponibilidad de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y la atención sanitaria. Indican además que dichas medidas han provocado que muchos eviten salir de sus hogares por miedo a ser detenidos y deportados.

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“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado, a propósitos de este tema.

La medida generó incertidumbre en comunidades migrantes donde las autoridades escolares están tomando acciones que protejan a los estudiantes.

Se recordó a los directores de las escuelas de Miami-Dade que no deben divulgar información sobre los estudiantes sin autorización y se les indicó que notifiquen a su superintendente regional o al equipo legal del distrito si surge algún problema.

Además, el distrito escolar publicó una lista de recursos para familias inmigrantes y compartió información sobre más de una docena de proveedores de servicios legales y organizaciones comunitarias donde pueden buscar servicios y apoyo.

El Condado de Broward, uno de los distritos escolares más grandes de Florida, envió a sus directores un memorando sobre el tema en el que reiteraron el compromiso con la privacidad de los datos de los estudiantes, conforme a la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA).

Aunque la comunicación no menciona las redadas, sí reconoce la “ansiedad e incertidumbre” entre estudiantes, familias y personal educativo.

El distrito recordó que cualquier divulgación de información sobre estudiantes debe hacerse únicamente bajo pautas estrictas de FERPA. Asimismo instó al personal a comunicarse con la Oficina del Asesor General si enfrentan situaciones relacionadas con la inmigración.

Por ahora no se han registrado casos de funcionarios federales de inmigración que hayan acudido a escuelas públicas en Florida. Sin embargo, los maestros, activistas y líderes comunitarios están preocupados por la posibilidad de que miles de estudiantes y sus familiares corran riesgo de ser detenidos por las autoridades migratorias.

El temor está en el ambiente

Aunque no hay certeza sobre si la Administración Trump perseguirá a los inmigrantes en las escuelas, el miedo que existe las escuelas de Florida es enorme.

En virtud de que legalmente los distritos escolares no pueden recopilar información sobre el estatus migratorio de sus alumnos, la cifra real de estudiantes indocumentados en las escuelas es desconocida. Sin embargo, los datos muestran que en Miami-Dade las nuevas políticas de inmigración tienen efectos sobre la gran parte de los estudiantes.

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Por ejemplo, en el año lectivo 2023-2024 en Miami-Dade uno de cada cuatro alumnos fueron considerados aprendices del idioma inglés, lo que significa que probablemente eran inmigrantes recientes, algunos de los cuales pueden ser indocumentados o tener familiares sin la apropiada documentación.

También se identificaron unas 25 escuelas en el distrito escolar con más del 15% de estudiantes que nacieron fuera de Estados Unidos y se inscribieron en Miami-Dade el mismo año en que llegaron al país.

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“Venezuela aceptó recibir de regreso en su país a todos los inmigrantes ilegales venezolanos que estaban acampados en Estados Unidos, incluidos los pandilleros del Tren de Aragua”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, al tiempo que celebraba el regreso el viernes de seis estadounidenses detenidos en Venezuela.

“Venezuela acordó además proporcionar el transporte de regreso”, añadió Trump.

Los detenidos fueron liberados el viernes y regresaron a Estados Unidos tras una reunión entre el enviado especial de Trump, Richard Grenell, y el mandatario Nicolás Maduro, quien pidió un “nuevo comienzo” en las relaciones con Washington.

Los seis hombres, que no fueron identificados, fueron fotografiados sonriendo en un avión junto a Grenell.

Grenell había viajado a Caracas para exigir que el régimen de Maduro acepte el regreso incondicional de los venezolanos deportados de Estados Unidos o se enfrente a las consecuencias.

“Estamos en proceso de expulsar a un número récord de extranjeros ilegales de todos los países, y todas esas naciones aceptaron el regreso de estos extranjeros ilegales”, dijo el Proesidente republicano.

Trump se comprometió a llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de Estados Unidos, prometiendo expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, gran parte de ellos de naciones latinoamericanas.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Washington en enero de 2019 después de que Estados Unidos, bajo el primer mandato de Trump (2017-2021), reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino, en lugar de Maduro, y endureció sus sanciones económicas contra el gobierno socialista del país sudamericano.

En su retorno a la Casa Blanca, Trump hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad máxima y se comprometió a llevar adelante una amplia campaña de deportaciones con acciones que ya comenzaron a desplegarse.

A su regreso al poder, declaró el estado de emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México y envió al ejército para protegerla.

Trump intenta esta vez desafiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, consagrado en la Constitución del país. También anunció la creación de un centro de detención de inmigrantes con 30.000 camas en la base militar de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, que ya alberga una prisión que ha sido ampliamente criticada por ONGs de derechos humanos.

También desató un diferendo diplomático con Colombia, que acordó repatriar a unos 200 ciudadanos expulsados para evitar un aumento importante en los aranceles aduaneros sobre los productos colombianos que ingresan a Estados Unidos.

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Washington también ha utilizado aviones militares en los últimos días para devolver a inmigrantes indocumentados a Guatemala y Brasil.

El miércoles 29 de enero, el gobierno de Trump puso fin al estatus de protección temporal del que disfrutaban más de 600.000 venezolanos en Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación.

Esta protección había sido ampliada por la administración de su predecesor, el demócrata Joe Biden, quien la había justificado en particular cuestionando “el régimen inhumano” de Maduro.

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El mandatario republicano prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.

“La Administración Trump arrestó a 538 inmigrantes ilegales criminales” y “deportó a cientos” de ellos “en aviones militares”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt en la red social X.

“La mayor operación masiva de deportación en la historia está en marcha. Promesas hechas. Promesas cumplidas”, escribió la portavoz.

Trump demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular.

“Se aterroriza ilegalmente a la población”

El alcalde de la ciudad de Newark, en New Jersey, el demócrata Ras Baraka, informó en un comunicado que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “allanaron un establecimiento (…) deteniendo residentes indocumentados y también a ciudadanos, sin presentar una orden judicial”.

El alcalde indicó que uno de los detenidos es un veterano del ejército estadounidense, una acción que calificó como un “acto atroz y una violación flagrante” de la Constitución de Estados Unidos.

“Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la población”, agregó Baraka.

Trump anunció el martes que su gobierno restablecerá el programa “Quédate en México” – una política que implementó en su primer mandato (2017-2021) –  que implica que los solicitantes de asilo deben esperar del lado mexicano de la frontera mientras se tramita su petición.

El mandatario también puso fin a un programa de su predecesor Joe Biden destinado a ofrecer vías legales para la solicitud de asilo para personas que huyeron de la violencia y que denunciaron haber sufrido persecución política. Esta medida afecta a muchas personas que huyeron de países de América Central y de Sudamérica. 

Trump también suspendió hasta nuevo aviso todas las llegadas a Estados Unidos de refugiados que solicitaron asilo, incluidos aquellos a quienes se les concedió.

En los decretos firmados por Trump figura también una orden ejecutiva que busca restringir el derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución adoptada en la segunda mitad del siglo XIX.

Un juez federal de Seattle suspendió temporalmente el jueves esta orden ejecutiva.

A principios de esta semana, el Congreso, dominado por los republicanos, dio luz verde a una ley para ampliar el encarcelamiento preventivo de extranjeros en situación irregular que sean sospechosos de delitos.

En su retórica, Trump utiliza habitualmente la palabra “invasión” para referirse a la entrada de inmigrantes sin visa a Estados Unidos y los acuso de envenenar “la sangre” del país.

Por: AFP

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El texto fue aprobado por 264 votos, 48 de ellos demócratas, contra 159 y pasará al Senado, donde no es seguro que vaya a conseguir los 60 votos necesarios para salir adelante. Ya fue votado el año pasado, pero se estancó en la Cámara Alta.

La Ley Laken Riley lleva el nombre de una estudiante de 22 años asesinada por José Antonio Ibarra, un venezolano de 26 años en situación irregular que era buscado por robar en tiendas. Fue condenado a cadena perpetua.

“Como prometimos, hoy comenzamos con la seguridad fronteriza. Si se hiciera una encuesta a la población y a los votantes, dirían que esa es la primera (prioridad) de la lista”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a periodistas antes de la votación.

“Y tenemos mucho que hacer para solucionarlo; es un desastre absoluto debido a lo que ha sucedido en los últimos cuatro años” de mandato del presidente demócrata Joe Biden, añadió.

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Trump ha prometido medidas drásticas contra los cruces fronterizos y deportaciones masivas en cuanto asuma el cargo el 20 de enero para un segundo mandato (2017-2021).

Ha nombrado “zar de la frontera” a Tom Homan, partidario de aplicar mano dura.

Durante la campaña electoral, el magnate republicano ha citado repetidamente el caso de Laken Riley, atribuyendo el asesinato a lo que considera una política laxista de los demócratas.

“La Ley Laken Riley es un paso directo para garantizar que los inmigrantes ilegales criminales sean expulsados de nuestras comunidades y nuestro país de manera rápida y permanente”, afirmó el líder republicano de la Cámara de Representantes, Tom Emmer.

Muchos demócratas estiman que este tipo de leyes son peligrosas.

Este proyecto de ley “promueve aún más una retórica peligrosa que criminaliza a los migrantes y pone a familias inocentes en peligro”, consideró en un comunicado Adriano Espaillat, representante demócrata de origen dominicano.

Por: AFP

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En su informe anual, la agencia subrayó que la mayoría de estos migrantes llegaron al país de forma ilegal cruzando por tierra la frontera sur, y provenientes de casi 200 países.

“Todos los años, nuestros oficiales se enfrentan a enormes retos, pero todos los años les hacen frente”, manifestó el Director Adjunto del ICE, Patrick Lechleitner.

El reporte, que recopila las estadísticas desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2024, se dio a conocer cuando faltan días para la toma de posesión de Donald Trump, quien hizo de su discurso antiinmigración el centro de su campaña electoral, y atacó a la administración de Joe Biden a quien calificó de laxo en temas fronterizos.

Sin embargo, los números oficiales muestran que en el año fiscal 2024 el número de deportaciones fue mayor que en cualquiera de los años del primer gobierno de Donald Trump.

En su campaña el republicano ha prometido iniciar acciones masivas de deportación desde el 20 de enero, cuando asuma el control de la Casa Blanca, y designó a personalidades conocidas por sus firmes posiciones antiinmigración para ejecutar dicha tarea.

De acuerdo con algunas estimaciones, entre 11 y 15 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos sin la documentación requerida. Pero muchos de ellos son cruciales en la industria de la agricultura, construcción, restaurantes y hoteles, donde conforman el grueso de la mano de obra.

Sin exponer argumentos, Trump y su equipo tachan de criminales a los inmigrantes, muchos de los cuales han llegado a Estados Unidos provenientes de países en crisis como Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. También los acusan de robar los empleos de los estadounidenses.

Sin embargo, voceros de sectores como agricultura y construcción contradicen esta afirmación y defienden que la mano de obra migrante es decisiva para estos sectores.

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Agregan que las deportaciones masivas podrían impactar el suministro de alimentos, por ejemplo, elevando los precios o limitando la producción.

La venidera Administración no ha detallado cómo llevaría a cabo las anunciadas operaciones masivas de deportación, mientras que especialistas aseguran que retirar a millones de personas del país demandaría un gigantesco esfuerzo económico y logístico, que además podrían ser contrarias a otras promesas de Trump, como reducir la inflación.

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El grupo de aproximadamente 1.500 personas, partió de la citada localidad del estado de Chiapas, que es la puerta de entrada de migrantes que atraviesan México hacia EE.UU.

“Mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre (el poder)”, dijo a la AFP el colombiano Yamel Enríquez, en referencia a las solicitudes de asilo que los migrantes tramitan a través de la aplicación móvil CBP One, habilitada por las autoridades estadounidenses.

“Y si no me sale la cita antes que él agarre, me entrego a lo que Dios quiera”, añadió.

Con el mismo propósito se unió a la caravana la venezolana Zuleika Carreño. “Uno de los motivos por los que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme en este lado (de la frontera con Estados Unidos) y que toda esta caminata haya sido en vano”, manifestó.

Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma la presidencia el 20 de enero de 2025.

El republicano de 78 años, quien califica de “invasión” la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México, advierte que será “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho que su Gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores procedentes de su país a la economía estadounidense. Muchas de esas personas permanecen en el país vecino en condición irregular.

Los migrantes suelen organizar este tipo de movilizaciones para presionar la entrega de documentos que les permitan avanzar por territorio mexicano sin temor a ser deportados.

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También lo hacen para ir acompañados y reducir el riesgo de sufrir ataques de delincuentes, pero en el trayecto se dispersan.

Estas movilizaciones están lejos de las masivas caravanas que alcanzaron la frontera norte en 2018, cuando Trump ejercía su primer mandato.

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Un fiscal del estado de California acusó a Mizuhara, de 39 años de edad, de fraude bancario por presuntamente realizar una serie de transferencias no autorizadas desde la cuenta de Ohtani entre noviembre de 2021 y enero de 2024. De ser hallado culpable enfrenta una pena máxima de 30 años de cárcel.

El Departamento de Justicia dejó claro que durante una entrevista con agentes federales la semana pasada Ohtani negó haber autorizado las transferencias bancarias a Mizuhara.

El texto de la fiscalía señala que Ohtani proporcionó su teléfono celular a las fuerzas del orden, que determinaron que no había pruebas que sugirieran que el pelotero japonés estuviera al tanto o involucrado en la actividad ilegal de apuestas de Mizuhara o en el pago de esas deudas.

Las transferencias fraudulentas ocurrieron de forma habitual entre noviembre de 2021 y enero de 2024. Durante ese periodo, Mizuhara cambió los datos de contacto en la cuenta bancaria de Ohtani e hizo llamadas al banco haciéndose pasar por el beisbolista para aprobar las transferencias.

Mizuhara tenía acceso a la información bancaria de Ohtani porque acompañó al jugador, que no hablaba inglés, a abrir la cuenta en 2018 en una sucursal de Arizona.

Ohtani, catalogado como la mayor figura del béisbol actual, se unió a los Dodgers en diciembre de 2023 con un contrato récord estimado en unos 700 millones de dólares por diez años.

El pelotero japonés, de 29 años, declaró a la prensa el mes pasado que nunca había apostado en el béisbol y que desconocía los problemas de juego de Mizuhara.

La política de apuestas de las Grandes Ligas prohíbe a “cualquier jugador, árbitro o miembro de un club o de la liga” realizar apuestas en béisbol y también apostar de forma ilegal en cualquier otro deporte.

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Los jugadores declarados culpables de apostar en un partido en el que hayan participado están sujetos a suspensiones de por vida. En el caso de que ocurriera en juegos en los que no estuvieran involucrados, la suspensión puede ser de un año.

En Estados Unidos el fraude bancario se castiga con una pena máxima de 30 años de cárcel.

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