Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) presentaron un sitio web informativo dirigido a los fanáticos que planean asistir a los partidos que se disputarán en Miami, una de las sedes del torneo. En la ciudad están programados siete encuentros del campeonato, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Según los activistas, los visitantes podrían enfrentar “riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos”.

“Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales”, afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. La activista cuestionó si vale la pena asumir esos riesgos únicamente para asistir a un evento deportivo de gran escala. Las declaraciones se dieron en el contexto de una conferencia frente a la sede de la FIFA en Miami, donde se prevé la participación de selecciones como Colombia, Uruguay y Brasil.

El Mundial de Fútbol 2026, que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, implicará una movilidad migratoria sin precedentes en América del Norte. Se espera la llegada de millones de aficionados internacionales, muchos de ellos provenientes de América Latina, lo que incrementará el flujo de viajeros temporales, turistas con visas de corta duración y migrantes que se desplazan entre los países sede. En este escenario, organizaciones civiles advierten que los controles migratorios podrían intensificarse, especialmente en estados con políticas más restrictivas.

Mejor mantenerse alejados

Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, lo que lo convierte en el principal anfitrión. Ante ello, los grupos defensores de migrantes recomendaron a los aficionados latinoamericanos considerar asistir a partidos en México o Canadá, donde, aseguran, existen menores riesgos de interacción con autoridades migratorias. Las críticas se han visto reforzadas por declaraciones recientes del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien sugirió a los aficionados mantenerse alejados de Estados Unidos.

Los activistas también denunciaron casos concretos para ilustrar sus preocupaciones. Entre ellos, mencionaron la detención de dos hermanos mexicanos en Florida el año pasado, uno de ellos casado con una ciudadana estadounidense y el otro con visa de turista, quienes fueron enviados a un centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en una zona natural al oeste de Miami. Asimismo, citaron el testimonio de un ciudadano alemán que denunció haber sido esposado junto a su prometida por agentes fronterizos al intentar ingresar a Estados Unidos desde México.

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Las organizaciones subrayaron que Florida ha firmado más del 80% de los acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que, según denuncian, convierte a policías locales en agentes migratorios. Aunque negaron estar promoviendo un boicot al Mundial, insistieron en que su objetivo es alertar y ofrecer información. “No buscamos generar pánico, sino dar un golpe de realidad”, señaló Dariel Gómez, organizador de la ACLU de Florida.

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El TPS permite a grupos reducidos de personas residir y trabajar en territorio estadounidense si se considera que corren peligro si regresan a sus países de origen, debido a guerras, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.

Luego de volver a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump tomó medidas para poner fin a ese sistema de protección temporal que ha permitido a decenas de miles de ciudadanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes permanecer legalmente en Estados Unidos.

Un juez federal había anulado esa orden, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió el lunes un dictamen que permite al gobierno proceder con las deportaciones mientras avanza el proceso para recurrir esa decisión.

La “orden del tribunal anterior que anulaba la terminación del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda en suspenso en espera de la apelación”, se lee en la decisión del lunes.

El TPS se había aplicado a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos después de que el huracán Mitch devastara esos países centroamericanos en 1998.

Alrededor de 7.000 nepalíes cuentan con el estatus de protección tras el terremoto que azotó el país asiático en 2015.

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Históricamente, los presidentes estadounidenses han renovado el TPS a los migrantes en lugar de revocarlo y convertirlos en indocumentados.

Pero Trump ha prometido una campaña de deportación masiva, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió el lunes que “el TPS nunca se diseñó para ser permanente”.

Su cartera ha dicho que el retiro de ese estatus responde a la mejoría de las condiciones en esos países, hasta el punto de que sus ciudadanos pueden regresar a sus hogares de forma segura.

Por: AFP

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Higgins hizo estas afirmaciones durante su participación en el programa Face the Nation, donde integró un panel bipartidista de alcaldes de distintas ciudades de Estados Unidos. En el debate se abordó la tensión existente entre la aplicación de las políticas migratorias a nivel federal y el impacto directo que estas tienen en las comunidades locales, especialmente en aquellas con una alta población inmigrante.

“Obviamente vamos a cumplir con la ley, pero no vamos a ayudar más allá de eso”, subrayó la alcaldesa, al explicar que Miami mantiene un acuerdo de cooperación con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) firmado antes de que ella asumiera el cargo. Revertir ese convenio, precisó, requeriría la aprobación de la comisión municipal, por lo que su gobierno ha optado por reducir la colaboración al mínimo legal.

En la práctica, esto se traduce en que solo tres oficiales han sido designados dentro de un departamento de policía que cuenta con unos 1.500 agentes para atender las solicitudes de ICE. Según Higgins, esta decisión responde a la necesidad de proteger a una comunidad que se ve directamente afectada por los operativos migratorios. “En el sur de Florida somos los más impactados”, afirmó.

La alcaldesa señaló que las acciones de ICE han generado un clima de miedo entre los residentes. Dijo recibir con frecuencia reportes de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos tras ser detenidos y que viven con la angustia de una posible deportación. “Hay gran temor y terror en la comunidad”, expresó.

La preocupación por el TPS

Uno de los puntos centrales de su preocupación es la alta concentración de personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) en el sur de Florida. Higgins indicó que cerca del 15% de la población del condado Miami-Dade cuenta con este estatus, lo que equivale a entre 250.000 y 300.000 personas que podrían quedar sin protección legal si se revoca el programa para determinados países.

La alcaldesa mencionó de forma específica a comunidades nicaragüenses, hondureñas, venezolanas y haitianas. Advirtió que la posible pérdida del TPS está llevando a muchas familias a ocultarse, con consecuencias directas como la ausencia de niños en las escuelas por miedo a ser detectados. También destacó el papel fundamental que estos trabajadores desempeñan en sectores clave de la economía local, como la salud, los hospitales y el cuidado de adultos mayores.

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Durante la entrevista, Higgins calificó de “innecesaria” la revocación del TPS para algunos grupos y sostuvo que países como Haití y Venezuela no ofrecen condiciones seguras para el retorno de sus ciudadanos. “Nuestra economía está en juego y nuestra humanidad está en juego”, afirmó.

Pese a sus críticas, la alcaldesa reiteró que Miami continuará cumpliendo con la ley federal. Con ello, marcó una línea clara entre la obligación legal de la ciudad y el nivel de cooperación que su administración está dispuesta a mantener frente a las políticas migratorias actuales.

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El fallo fue emitido por el Segundo Circuito Judicial del Condado de León, que concedió un plazo de 21 días a la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) para cumplir con las solicitudes de registros públicos presentadas por los grupos Friends of the Everglades y Earthjustice. Los documentos requeridos están vinculados al acuerdo entre el estado y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para operar el centro de detención.

Las organizaciones demandantes sostienen que Florida violó la Ley de Transparencia Gubernamental del estado al retener información relacionada con el uso de recursos federales en el proyecto. Según los ambientalistas, esta supuesta opacidad fue utilizada para argumentar que el estado no estaba obligado a cumplir con la legislación ambiental federal antes de iniciar la construcción del centro.

Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, afirmó en un comunicado que el centro “estuvo rodeado de secretismo desde el principio”, y acusó al gobierno estatal de intentar evadir sus responsabilidades legales para proteger los Everglades, uno de los ecosistemas más frágiles y biodiversos de Estados Unidos, hogar de numerosas especies protegidas.

Samples advirtió que, ante la negativa del estado a cumplir voluntariamente con las leyes de acceso a la información pública, las organizaciones no tuvieron otra opción que recurrir a los tribunales para exigir responsabilidades. “La transparencia es esencial cuando se trata de decisiones que afectan tanto a los derechos humanos como al medio ambiente”, señaló.

Símbolo de política antiinmigrante

El fallo judicial ocurre mientras sigue en curso un proceso legal paralelo que busca el cierre definitivo del centro. “Alligator Alcatraz” abrió en julio de 2025 y se convirtió en un símbolo de la política antiinmigrante impulsada por la Administración Trump. Desde su apertura, ha sido objeto de denuncias por presuntos abusos contra migrantes detenidos y por daños ambientales en la zona.

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El pasado 4 de septiembre, el Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones bloqueó temporalmente una orden previa que exigía el desmantelamiento del centro antes de octubre de 2025. El tribunal analiza actualmente el fondo del caso y programó una nueva audiencia para abril próximo.

La demanda ambiental argumenta que el estado no debió construir el centro sin realizar un estudio de impacto ambiental, dado que la zona alberga decenas de especies endémicas en peligro. Además, los grupos denuncian que no existe información pública clara sobre el número de personas detenidas en el lugar.

Tania Galloni, abogada principal de Earthjustice en Florida, sostuvo que la retención de documentos públicos demuestra una colaboración indebida entre el estado y el gobierno federal para levantar un centro de detención masiva “con total desprecio por la ley federal”.

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DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027 tras ocho años al frente del gobierno estatal, enumeró entre sus principales logros la prohibición de las “ciudades santuario” y la implementación obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten a las autoridades locales colaborar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Florida es el único estado del país que requiere la cooperación estatal y local con las autoridades federales migratorias. Tan solo en los nueve meses pasados, Florida es responsable de la aprehensión de casi 20.000 extranjeros ilegales entregados al Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó el gobernador.

Florida y la política migratoria en EE.UU.

El mandatario republicano, quien fue aspirante presidencial en 2024, ha sostenido en reiteradas ocasiones que Florida ha liderado la aplicación de la política migratoria durante la actual Administración del presidente Donald Trump.

Bajo su mandato, el estado aprobó la ley SB 4-C, considerada una de las legislaciones estatales más estrictas del país, al convertir en delito estatal la entrada de inmigrantes indocumentados a Florida.

Centros de detención y críticas de organizaciones civiles

Organizaciones de derechos civiles han acusado al gobierno estatal de promover un modelo de detención migratoria que podría replicarse en otros estados, tras la apertura en 2025 de centros como “Alligator Alcatraz”, al oeste de Miami, y “Deportation Deport”, en el norte de Florida, cuyos nombres han sido señalados como una estrategia de marketing político.

Nuevas reformas contra la inmigración ilegal

DeSantis adelantó que el Congreso de Florida, que inicia su nuevo periodo de sesiones, analiza reformas para “desincentivar aún más la inmigración ilegal”.

Entre las iniciativas en discusión destacan:

Multas a empleadores que ignoren el estatus migratorio de sus trabajadores.

Cargos criminales para quienes contraten a más de 50 empleados indocumentados.

Restricciones para que inmigrantes sin estatus legal no puedan acceder a préstamos ni enviar remesas.

La creación de una “presunción de culpabilidad” para migrantes involucrados en accidentes de tránsito.

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Las propuestas han generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso y a los derechos civiles.

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Las autoridades de Estados Unidos pusieron en marcha en mayo de este año una campaña de “autodeportación”, por la que los migrantes sin permiso de residencia pueden irse del país a cambio de 1.000 dólares más los costos del viaje.

Pero hasta “finales de año” esa cifra “para volver a casa por Navidad” subirá a 3.000 dólares, se puede leer en la página web del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

“Los extranjeros en situación ilegal que no aprovechen esta oferta especial solo tendrán una alternativa: serán detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos”, añade el departamento dirigido por Kristi Noem.

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Desde su regreso al poder en enero, Trump ha llevado a cabo una campaña contra la inmigración ilegal, con expulsiones masivas y ha endurecido considerablemente las condiciones de entrada a Estados Unidos y la concesión de visados.

Por: AFP

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La cifra destaca especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, cuyas directrices han incrementado las redadas y las verificaciones laborales en sectores donde la mano de obra extranjera es esencial, como la agricultura, la hotelería y, de manera muy marcada, la construcción.

Mientras que en Miami los migrantes representan casi siete de cada diez obreros, la media nacional es del 26%, con cerca de 2,9 millones de trabajadores inmigrantes empleados en la industria. El análisis, que abarca el periodo 2013–2023, confirma que esta proporción ha aumentado de forma sostenida durante la última década, impulsada por la demanda de mano de obra y el crecimiento de las áreas metropolitanas.

Otras ciudades con alta proporción de trabajadores migrantes en construcción son Los Angeles (53,7 %), Washington D. C. (51,7 %) y Houston (51,4 %), aunque ninguna alcanza el nivel registrado en Miami. A escala estatal, los porcentajes más elevados se encuentran en California (41,5 %), Texas (40,2 %), New Jersey (38,7 %) y Florida (37,9 %), consolidando la presencia inmigrante como un componente fundamental de la fuerza laboral en regiones de alto dinamismo económico.

En contraste, estados como Montana, Maine y Vermont reportan que menos del 3,5% de los empleados de la construcción son migrantes. Según el informe, esto refleja tanto los patrones históricos de asentamiento como la menor demanda de mano de obra en ciertos mercados.

La importancia económica de la mano de obra migrante

Diversos estudios económicos subrayan que la población inmigrante es clave para sostener el crecimiento de sectores intensivos en trabajo físico, como la construcción, donde la escasez de trabajadores nacionales ha impulsado la contratación de empleados extranjeros. En Florida, donde la industria inmobiliaria y de infraestructura continúa en expansión, la participación migrante ha sido determinante para cubrir puestos especializados y no especializados.

Profesiones como instaladores de paneles de yeso, techadores y pintores son las que tienen mayor presencia extranjera; más de la mitad de quienes ejercen estos oficios en Estados Unidos son inmigrantes. En ciudades como Miami, este porcentaje puede superar ampliamente el 70%.

La estructura demográfica de Florida también explica esta dependencia. El estado cuenta con más de 4,6 millones de inmigrantes, lo que equivale a alrededor del 21% de su población. En áreas metropolitanas como Miami–Dade, la proporción se eleva por encima del 50%. Además, los inmigrantes representan más del 28% de la fuerza laboral total del estado, según datos del Migration Policy Institute, una cifra que demuestra su rol indispensable en la economía.

Impacto de las políticas migratorias

El refuerzo de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la administración Trump ha generado un clima de temor entre trabajadores que, ante el riesgo de ser detenidos, optan en algunos casos por ausentarse o abandonar obras en curso. Esto ha provocado retrasos en proyectos públicos y privados, incrementando costos y obstaculizando la continuidad de trabajos críticos de infraestructura.

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Expertos advierten que sin una solución migratoria integral, estados como Florida podrían enfrentar una grave escasez de mano de obra, afectando sectores estratégicos que dependen de trabajadores extranjeros para operar con normalidad. Mientras tanto, el peso de la fuerza laboral migrante sigue siendo evidente: sin ella, afirman economistas, la actividad constructora en Miami sería “virtualmente imposible de sostener”.

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“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (…) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Venezuela acusó el viernes 19 de septiembre a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

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El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

Por AFP

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“Estamos autorizando y pronto abriremos un nuevo centro de procesamiento y deportación de inmigración ilegal aquí en el norte de Florida. Lo llamaremos Depósito de deportación”, señaló DeSantis en una comparecencia ante los medios desde el Instituto Correccional de Baker.

El centro tendrá capacidad para albergar a más de 1.300 personas y, según el gobernador, estará en funcionamiento en un plazo corto. “Estará operativo pronto; no tardará una eternidad, pero tampoco nos apresuramos a hacerlo hoy mismo”, agregó.

Se trata del segundo espacio destinado a la detención de migrantes en Florida, tras la apertura de “Alligator Alcatraz”, en el sur del estado, que debería cerrar en menos de dos meses por orden judicial. “Hemos llegado a ese punto en el que estoy seguro de que necesitamos capacidad adicional”, sostuvo DeSantis, al justificar la iniciativa.

Inicialmente se había considerado ubicar el centro en la Base Blanding de la Guardia Nacional, pero las autoridades concluyeron que la prisión abandonada ofrecía mejores condiciones para los planes estatales.

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Florida se ha consolidado como uno de los principales aliados del presidente Trump en materia migratoria y es, hasta ahora, el único estado que exige a las agencias policiales locales cooperar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención de indocumentados.

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En el oeste de Miami, la organización Adopt and Save a Life Rescue Mission ha recibido al menos 19 perros y gatos de dueños deportados en los últimos meses, además de aves de corral y gallos, según explicó su directora Daymi Blain. El albergue ya enfrentaba problemas por la alta tasa de abandono debido a desalojos o mudanzas, pero en los últimos seis meses las llamadas de auxilio se multiplicaron.

“Ya teníamos muchos problemas con personas que abandonaban sus mascotas. Pero ahora recibimos muchísimas llamadas que dicen: ‘mis padres se fueron, los deportaron, están detenidos’”, relató Blain.

El refugio se encuentra al límite de su capacidad: actualmente alberga a más de 50 perros y 30 gatos, y espera decenas más. Para dar respuesta, han acondicionado un establo y tres casas rodantes, lo que ha elevado los gastos de electricidad a unos 1.200 dólares mensuales. “Son reportes todos los días, miles de llamadas. Ya ni las contesto porque no puedo ayudar a todos, lo que hago es postear en redes sociales para ver si otros pueden colaborar”, añadió la directora.

La situación no se limita a Miami. Refugios de Broward, Tampa y otros condados de Florida reportan condiciones similares, al igual que organizaciones en Texas, New York, New Jersey, Tennessee y California.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que, en los primeros 200 días de la administración de Donald Trump, más de 352.000 inmigrantes indocumentados fueron arrestados y al menos 324.000 deportados. La cifra equivale a un promedio de 1.620 expulsiones diarias, un volumen que incrementa la probabilidad de que miles de animales terminen sin hogar.

Urgencia de apoyo ciudadano

La organización C.A.R.E.4Paws, en California, busca abrir en otoño un refugio especializado en recibir mascotas de migrantes que enfrenten deportaciones, además de casos de violencia u otras crisis. “Cuando las personas atraviesan estos increíblemente difíciles momentos, lo último de lo que deberían preocuparse es de qué pasará con sus amadas mascotas”, señaló Isabel Gullö, cofundadora de la entidad.

En Dallas, el refugio Saving Hope Rescue advirtió de situaciones. “Un hombre que afronta una deportación debe dejar su hogar mañana, y su mayor preocupación es qué pasará con sus perros”, compartió la organización en un mensaje reciente en redes sociales.

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Los rescatistas subrayan la urgencia de apoyo ciudadano. Blain, desde Miami, pidió que quienes no puedan adoptar colaboren con donaciones de comida, arena para gatos o aportes económicos. También solicitó voluntarios dispuestos a acoger temporalmente a los animales. “Necesitamos ventiladores, necesitamos techos. Se nos pasó la capacidad de animales que podemos recibir”, recalcó.

Mientras aumentan las deportaciones y las familias se separan, los refugios intentan sostenerse frente a una crisis que no solo impacta a los migrantes, sino también a los animales que dependen de ellos.

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