Las fuerzas estadounidenses mantienen una ofensiva en el Caribe y el Pacífico contra los traficantes de drogas, que según el mandatario republicano entrarán en una fase de ataques por tierra.

En medio de tensiones con el presidente colombiano Gustavo Petro, Trump instó durante la semana a Colombia a “cerrar” los campos en los que está sembrada la coca, el principal componente de la cocaína. 

Si no lo hace, “Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma”, dijo Trump.

El gobierno colombiano tomó esas declaraciones como una amenaza de ataque en territorio colombiano. “Cualquier agresión terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional”, dijo Petro el jueves en una rueda de prensa.

Los rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) advirtieron este sábado que van a luchar en caso de un acción de este tipo.

“Estamos acostumbrados a pelear y combatir a quien nos corresponda, siempre hemos sido férreos contradictores del imperio estadounidense”, señalaron en el texto compartido en un chat con periodistas los miembros del llamado Estado Mayor Central (EMC) de las FARC.

“No permitiremos intervenciones militares y violaciones a la soberanía colombiana”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por Trump como el líder de un cártel del narcotráfico, sostiene que Washington se “está inventando una guerra” contra su país en el marco de ese despliegue en el Caribe.

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Los rebeldes del EMC controlan la producción de cocaína en regiones de Colombia como el Catatumbo, fronterizo con Venezuela.

Este grupo está al mando de alias Iván Mordisco, considerado el criminal más buscado del país y a quien Petro compara con Pablo Escobar. 

Trump también llama al presidente colombiano “líder del narcotráfico” y el viernes le impuso sanciones financieras por supuestamente permitir el tráfico de drogas.

Por: AFP

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Más conocido como Timochenko, fue recientemente condenado a ocho años de trabajos sociales por miles de secuestros cometidos en el conflicto armado antes de firmar un histórico acuerdo de paz en 2016. El pacto no cesó la violencia y el actual mandatario Gustavo Petro intenta apagarla con negociaciones.

Custodiado por un fuerte esquema de seguridad y junto a su equipo de trabajo, la mayoría excombatientes a los que llama “camaradas”, fuma un cigarrillo según él para calmar los nervios que aún le provocan las entrevistas.

“Desafortunadamente (este gobierno) no elaboró una estrategia clara en función de cómo neutralizar a estos grupos (ilegales). Más bien se les dio espacio y oxigenación política”, declaró el ahora político de 66 años en un bar de cerveza artesanal fabricada por excombatientes y espacio en Bogotá dedicado a las víctimas.

El acuerdo de paz mitigó por un tiempo la violencia, pero una década después las regiones colombianas viven una explosión de grupos armados que recrudecen la guerra con atentados bomba, drones explosivos y el magnicidio de un precandidato presidencial.

A un año de terminar su mandato, la mayoría de los frentes de negociación abiertos por Petro están en punto muerto.

Las disidencias de las FARC que se apartaron del pacto de paz están “muy despolitizadas”, “han evolucionado a bandas, con narcotráfico a nivel internacional”, explica Londoño.

Cercano a Petro, el ahora presidente del partido Comunes fue víctima de un atentado en 2020, orquestado por su otrora amigo y ahora líder disidente Iván Márquez.

Cuenta que intentaron matarlo infiltrándose en su esquema de seguridad y el temor a un asesinato persiste.

“Es muy preocupante por los discursos de odio que hay en algunos sectores estigmatizantes”, aseguró y denunció inconformidad con la elección de algunos guardaespaldas estatales.

Guerrillero desde los 17 años, fue el último jefe de 13.000 hombres y mujeres integrantes de una organización guerrillera que buscó sin éxito el poder y dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles.

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Mordisco, “guerrillero del común”

Timochenko desestima el liderazgo de su antiguo camarada y hoy disidente Iván Mordisco, el criminal más buscado del país y comparado por Petro con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

“Mordisco era un guerrillero común. No era un gran comandante o un hombre de mucha capacidad política”, aseguró sobre el guerrillero que rechazó el acuerdo y en agosto ordenó explotar un camión bomba que dejó seis muertos en Cali.

Timochenko llegó a tener más de cien órdenes de captura por delitos de secuestro, extorsión y terrorismo de los que se dice arrepentido. Sobrevivió a bombardeos, emboscadas en la selva y la muerte de todos sus comandantes en la guerrilla.

Negociador del acuerdo de paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos, asegura que se han cometido errores en los diálogos con la guerrilla guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Nobel de Paz “Santos les dio un tratamiento de segunda” y “eso en una negociación es bien complejo”, explicó sobre los rebeldes que han intentado sin éxito la paz con seis gobiernos.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Londoño se mantiene optimista respecto a una victoria de la izquierda aunque se abstiene de participar en la contienda.

“Colombia ya es otra Colombia. No puede, no va volver a eso”, dijo sobre la posibilidad de un triunfo de la derecha.

“Asustado”

La semana pasada el tribunal de paz (JEP) dictó las primeras condenas contra los siete miembros de la antigua cúpula de las FARC.

Ingrid Betancourt, secuestrada por más de seis años, dijo a la AFP que planea apelar la sentencia en instancias internacionales por considerarla una burla.

“Son heridas muy profundas (…) el daño que se hizo es irreparable, pero trabajemos en función de que no se vuelva a repetir”, dijo Timochenko.

La JEP tardó siete años en emitir su fallo y él tiene pendientes otros casos por delitos como reclutamiento de menores.

La demora me tiene “asustado” porque “se nos termina la vida”.

Conoció el estrés cuando salió de la selva y cree que nunca se terminará de adaptar a Bogotá.

En otra vida le habría gustado ser profesor y siente los “achaques y los años”, pero no planea retirarse de la política.

Acaba de terminar el libro “Rusia, mi padre y yo” de Svetlana Stalin, hija del dirigente soviético y en lo que le resta de vida le gustaría tener más tiempo para leer y seguir compartiendo con su hijo de seis años.

Por: AFP

Foto de Flavia Carpio/ Unsplash

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Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.

“En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (…) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad”, dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín.

Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.

Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33.

Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

Población “instrumentalizada”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X.

Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía.

El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó.

Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.

“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento.

En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.

Ola de violencia

La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste).

Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

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El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos.

Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Por: AFP

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“Se estima que más de 80 personas han perdido la vida, más de 20 se encuentran heridas y alrededor de 5.000 han sido desplazadas”, señaló en un comunicado este domingo William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, al que pertenece la conflictiva región del Catatumbo.

Aterrorizados por la violencia armada, decenas de colombianos y venezolanos cargando apenas sus mochilas huían en botes este domingo hacia Venezuela, donde el gobierno activó el sábado un “operativo especial” para atender a los desplazados en dos municipios limítrofes, constató la AFP.

Otros miles se refugian en el municipio de Tibú a la espera de que cese el conflicto en sus poblados.

Desde el jueves, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la extinta FARC que se negaron a firmar la paz en 2016 se enfrentan a sangre y fuego por el control del Catatumbo, una estratégica región para la producción de cocaína. La población civil quedó en medio de las balas y también es blanco asesinatos selectivos, según autoridades.

La Defensoría del Pueblo indicó el sábado que unas 60 personas, incluidos siete excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, fallecieron debido a la violencia en cinco municipios de esa zona montañosa, históricamente dominada por organizaciones insurgentes.

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“Alarmante” situación

La entidad que vela por la protección de los derechos humanos también denunció que los rebeldes del ELN están yendo “casa por casa” en busca de personas que consideran afines a las disidencias de las FARC, para asesinarlos.

Villamizar tildó de “alarmante” la situación humanitaria en el Catatumbo.

En otra región del norte del país el ELN sostuvo enfrentamientos con el Clan del Golfo, el mayor cartel de la droga en Colombia, con un balance de nueve muertos, según autoridades. En todo el país, ya van casi 90.

Debido a la embestida del ELN, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender las negociaciones de paz con esa guerrilla, a la que acusó de perpetrar “crímenes de guerra”.

Más de 5.000 miembros de la fuerza pública se desplegaron en la región “para reforzar la seguridad de Norte de Santander”, indicó el Ejército en un comunicado.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, está en la ciudad fronteriza de Cúcuta (capital departamental) para liderar la ofensiva militar contra las guerrillas.

Civiles asesinados

“Hemos hablado con las comunidades y también les hemos ofrecido protección en nuestras bases militares”, expresó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

Añadió que la fuerza pública esta activada para garantizar el ingreso de alimentos a las áreas en conflicto y la salida de personas hacia sitios seguros.

Los militares resguardan los improvisados albergues en varios municipios como en Tibú, el poblado con más narcocultivos del mundo según la ONU.

Cardozo dijo que la guerrilla planeó “con detalle” atacar a la desprotegida población civil. Los rebeldes “llegaron a sus casas, los sacaron de allí, los asesinaron”, confirmó.

Ante el conflicto, las clases fueron suspendidas en todo el Catatumbo y varios centros de educación convertidos en refugios para desplazados. Se declaró la alerta naranja en el área de la salud.

El gobernador Villamizar llamó a las guerrillas a que “cesen los enfrentamientos, respeten los derechos humanos y habiliten corredores humanitarios que permitan a las familias desplazarse sin poner en riesgo sus vidas”.

Por: AFP

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Ambas partes sostienen negociaciones desde 2023, pero el asesinato de una líder indígena llevó al mandatario colombiano a decretar el pasado 17 de marzo la reanudación de las acciones militares en tres departamentos contra el Estado Mayor Central (EMC), conformado por rebeldes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016.

Los diálogos continúan, aunque Petro ha endurecido su discurso contra la organización que principalmente se dedica al narcotráfico. “Los que están allí en el EMC tienen que saber decidir ya, o se van por el camino de Pablo Escobar y el Estado los enfrentará, o se van por el camino del servicio del pueblo y del proyecto de la vida y el Estado los recibirá”, dijo Petro en un acto público.

#NoticiasDelCambio | EMC tiene que decidir entre el camino de Pablo Escobar de asesinar a la gente o el de Camilo Torres de servicio al pueblo y a la vida, señaló el Presidente @petrogustavo. ⬇️https://t.co/3oNYISGGNj

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 20, 2024

El mandatario izquierdista sostiene que el EMC está ensañado contra personas indígenas y campesinas que viven en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. También, comparó a su comandante, alias Iván Mordisco, con Pablo Escobar, quien fue abatido por la fuerza pública en 1993.

El líder guerrillero “ahora está matando dirigentes campesinos, está asesinando al pueblo y habla de revolución. ¡Qué revolución ni qué carajos!”, reclamó el Petro quien aseguró que “es un traqueto (narcotraficante) vestido de revolucionario”.

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Ante los señalamientos del Presidente colombiano, alias Iván Mordisco rebatió a través de las redes sociales: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las FARC). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.

“@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz,
hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.
Iván Lozada

— Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@FARCEP_) March 21, 2024

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El caso lució confuso y hubo versiones encontradas entre las partes involucradas, pero lo cierto del asunto es que el mismo desató una polémica diplomática entre México y Paraguay.

El partido colombiano Comunes, que se creó tras el desarme de los guerrilleros de las FARC, informó el martes 19 de octubre que Granda había sido detenido en territorio azteca ante una “circular roja” de Interpol activada cuando el ex guerrillero viajaba a México para participar en un foro político.

Paraguay anunció por su parte que había gestionado la solicitud de captura de Granda ante México, pero el gobierno de Andrés López Obrador refirió mediante un comunicado que el exguerrillero había regresado a Colombia antes de que se pudiera considerar dicha solicitud.

“Quiero conocer la explicación que nos puede brindar el embajador de México”, comentó el canciller de Paraguay, Euclides Acevedo, tras conocer lo sucedido.

A su arribo a la capital colombiana, el llamado canciller de las FARC, dijo: “regresé voluntariamente” y denunció una presunta maniobra del Gobierno de Colombia para estropear el proceso de paz mediante su detención.

“Estamos dando la cara, aquí estoy”, afirmó el exguerrillero de 72 años al llegar a Bogotá.

Un juez paraguayo ordenó en 2008 la captura de Granda por su presunta relación con el secuestro y posterior asesinato de la hija del ex presidente Raúl Cubas, Cecilia Cubas, hecho ocurrido en 2005.

La investigación del caso indica que el grupo armado de Paraguay que tenía en su poder a la plagiada, recibió instrucciones de los guerrilleros colombianos de entonces a través de Granda.

Los líderes de la desmovilizada guerrilla están respondiendo en libertad ante la Justicia Especial de Paz (JEP) por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, pero hasta la fecha ninguno ha sido condenado.

“Entiendo que ese acuerdo (de paz) es una especie de indulto dentro de Colombia, pero nosotros tenemos una orden de captura (en Paraguay) y estamos obligados a darle cumplimiento. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para que sea extraditado y juzgado”, advirtió el canciller paraguayo Euclides Acevedo.

Granda viajó a México con autorización de la JEP y a su regreso solicitó que el proceso se incluya en el expediente que tiene abierto en ese tribunal: “Deben acumularse todos mis procesos, incluyendo el de Paraguay”, afirmó.

Los exguerrilleros que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la prisión, en caso contrario se expondrán a penas de hasta 20 años.

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Un retorno voluntario

El exguerrillero relató que al aterrizar en México le notificaron que se había activado una “orden de captura dormida de Interpol”. Según dijo se trató de una maniobra de “altísimos funcionarios del Gobierno colombiano” en contra del acuerdo de paz.

Por su parte Diego Molano, ministro colombiano de Defensa, desmintió esa afirmación y aseguró que la “detención” de Granda fue por pedido de Paraguay.

Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes quien viajó con el ex guerrillero, desde México explicó que su compañero permaneció incomunicado durante unas siete u ocho horas antes de que decidiera su regreso a Colombia.

En 2005 Granda fue capturado en Venezuela en una operación encubierta y trasladado a Colombia cuando ejercía como enlace internacional de las FARC. Él fue uno de los negociadores de paz en La Habana.

En aquella época fue excarcelado por pedido del gobierno francés para facilitar la liberación de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, quien estuvo en poder de las FARC durante seis años antes de ser rescatada por militares colombianos en 2008.

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Santrich en el recuerdo

Granda es el segundo líder de la desmovilizada guerrilla que es capturado tras firmar la paz. Seuxis Hernández Solarte, conocido con el alias de “Jesús Santrich”, fue detenido en 2018 con fines de extradición hacia Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

En 2019 fue dejado en libertad por orden de la Corte Suprema y luego volvió a las armas junto al ex número dos de las FARC, Iván Márquez, alegando incumplimientos del presidente Iván Duque a lo acordado.

Versiones no confirmadas señalan que Santrich murió en mayo del presente año en un enfrentamiento armado en Venezuela.

La detención de Granda se produce a poco más de un mes del quinto aniversario del acuerdo firmado con el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de la Paz en 2016.

Durante su lucha por el poder las FARC secuestraron a unas 21.396 personas con fines de extorsión y políticos. Sus altos mandos fueron imputados en enero de 2021 por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016.

“Nuestro compromiso frente a la paz y lo acordado en La Habana, Cuba, sigue siendo inquebrantable. No pasarán quienes pretenden hacer trizas el Acuerdo Paz”, escribió el partido Comunes en un boletín.

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El hecho se registró en la inspección de Puerto Lozada, en límites de los departamentos de Meta y Caquetá. La emboscada habría ocurrido sobre la 1:00 de la madrugada.

Sobre las 8:00 de la mañana, el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega emitió un comunicado informando que los soldados pertenecían al Batallón de Operaciones Terrestres nº 2 del Comando Específico del Caguán y que “adelantaban una ofensiva contra el sujeto conocido con el alias de Álvaro Boyaco, encargado de esta estructura terrorista del GAO-r que delinque en esta zona del país”.

La misiva dice que los heridos fueron atendidos por enfermeros de combate de la unidad y evacuados en aeronaves de la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército hacia la ciudad de Florencia en el departamento vecino de Caquetá. La operación tenía lugar en la zona rural del municipio de La Macarena, en el departamento céntrico del Meta.

Los comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército se desplazan al lugar de las operaciones para informarse de manera directa de lo sucedido y dirigir el operativo que sigue en desarrollo.

El ejército aseguró que se iniciarán “labores de investigación” para “determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos”, que constituyen uno de los más graves ataques de los últimos tiempos.

El pasado 16 de junio, la Fuerza de Tarea Conjunta Omega informó que durante una jornada de erradicación de cultivos ilícitos en Vistahermosa, Meta, el grupo de militares encontró varios “cilindros cargados con explosivos y metralla, los cuales estaban enterrados sobre la vía”.

#ComunicadoDePrensa El Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se permite informar a la opinión pública que: 👇👇 pic.twitter.com/DaIuMwPLRf

— Fuerza de Tarea Conjunta Omega (@ftc_omega) June 17, 2020

La misiva asegura que en este hecho no hubo heridos de la fuerza pública, pero menciona que “se desconoce si la explosión afectó la vida de la gente del sector”.

El Ejército señaló que en la zona también delinque la estructura séptima de las FARC en donde estaría alias Gentil Duarte, por lo que no se descarta que la emboscada de este miércoles sea otro hecho de represalia de este grupo por la erradicación de cultivos ilícitos.

Los rebeldes de las antiguas FARC operan sin un mando unificado y se financian directamente del narcotráfico y la extracción ilegal de minerales según autoridades, que cifran en unos 2.300 los miembros de las disidencias.

Aunque aliviada por la paz con las FARC, que desmovilizó a unas 13.000 personas y que transformó en un partido político a la que fuera la mayor guerrilla de América, Colombia aún vive un conflicto armado que en más de medio siglo deja casi nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.

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“Hemos capturado a “Martín Sombra” por secuestro extorsivo. Por hechos sucedidos en el 2017 en el Caquetá, donde fue secuestrado un ganadero”, informó la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía de Colombia (Gaula).

El exguerrillero, que fue conocido como el “carcelero de las FARC” por estar ligado al secuestro de varias figuras políticas, fue capturado en la capital colombiana a raíz de un caso en el departamento del Caquetá, sur del país, en 2017, tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

“Martín Sombra” había sido detenido en 2008 en Saboyá, departamento de Boyacá pero en 2017 se le otorgó la libertad al considerar que cumplía con los requisitos de la JEP, un tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz para juzgar delitos cometidos durante el conflicto.

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Los requisitos que cumplió eran haber acreditado su pertenencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y firmar las actas de compromiso de no volver a tomar las armas contra el Estado.

En su época como guerrillero, “Sombra” ejercía la custodia de secuestrados como la ex candidata presidencial Íngrid Betancourt y su compañera de fórmula, Clara Rojas.

Además, fue el carcelero del exgobernador del Meta, Alan Jara, y durante los diálogos de paz de las FARC con el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) fue parte del equipo que acompañaba a los negociadores.

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El documento que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el 13 de enero de 2020, señala que “el número total de asesinatos desde la firma del Acuerdo Final de Paz (Noviembre 2016) llega ahora a 173, además de 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio”.

Desde el 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2019, período analizado por el informe se da cuenta de “20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP, sumando 77 asesinatos en 2019, 65 en 2018 y 31 en 2017″.

Antonio Guterres, secretario general de la ONU, enfatiza en el informe la urgencia de adoptar “medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP”.

El caso de Alexander Parra Uribe, alias “Rodolfo Fierro”, es catalogado “como particularmente preocupante” .

Parra Uribe quien fuera “un respetado líder”, fue asesinado el pasado 24 de octubre en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, en el departamento del Meta.

El documento, que realiza un balance de los resultados arrojados por el acuerdo de paz referidos a la reincorporación económica, social y política de los miembros de las FARC en el último trimestre del año, señala que “a pesar de las mejoras a nivel general en la seguridad posterior a la firma del acuerdo de paz, los numerosos casos que se siguen presentando en algunas regiones confirman el desafío aún pendiente de estabilizar territorios”.

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha podido verificar que la seguridad de los ex combatientes del grupo insurgente no son las únicas víctimas de la violencia, pues se han podido constatar “ 303 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron en 2019, incluidas 12 mujeres”.

“El secretario general de la ONU hace énfasis en que la seguridad de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsicamente vinculada a la seguridad de sus comunidades”, añade el texto.

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El Presidente aseguró que el nuevo jefe de la Defensa tendrá “enormes tareas y enormes retos”, como alcanzar este año “cifras récord en incautación de drogas” y enfrentar a “los grupos armados organizados en todo el territorio nacional”.

Duque no hizo ninguna referencia sobre quién reemplazará a Trujillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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También le encargó “consolidar la seguridad” en el departamento del Cauca sumido en una espiral de violencia, principalmente por el asesinato de indígenas y líderes sociales en medio de una guerra entre disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan el control de esa región para el narcotráfico.

Sin referirse directamente a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y a la controvertida operación militar en la que murieron los ocho menores reclutados por las disidencias de las FARC, Trujillo dijo que debe quedar claro que las faltas contra los derechos humanos “no se toleran” en Colombia. “El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto de las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, manifestó.

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