La fiscal general Pamela Bondi detalló que el Departamento de Justicia liderará la iniciativa para codificar la Orden Ejecutiva de Trump y eliminar las políticas “desproporcionadas de ostentación de virtudes en las agencias gubernamentales, que promueven la asimilación en lugar de la división. Como ha dejado claro el presidente, el inglés es el idioma oficial de Estados Unidos”.

De conformidad con la Orden Ejecutiva, el Departamento de Justicia liderará un esfuerzo coordinado entre las agencias federales para minimizar los servicios multilingües no esenciales, y redirigir recursos hacia la educación y la asimilación del inglés.

Por su parte, la Fiscal General adjunta, Harmeet K. Dhillon, consideró que “la Orden Ejecutiva del presidente Trump marca un paso crucial hacia la unificación de nuestra nación a través de un idioma común y la mejora de la eficiencia de las operaciones federales”.

“El Departamento de Justicia garantiza que, si bien respetamos la diversidad lingüística, nuestros recursos federales priorizarán el dominio del inglés para empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica”.

Si bien deja espacio para la diversidad lingüística existente en los ámbitos privado y comunitario, a criterio del gobierno, esta guía ayudará a agilizar los procesos federales, reducir las cargas administrativas y aumentar la eficiencia operativa en todas las agencias al eliminar los servicios de traducción extensivos y priorizar el multilingüismo sobre el dominio del inglés.

El Departamento de Justicia detalló a través de un comunicado que la implementación de la Orden Ejecutiva “mejorará la integración social y económica, ofrecerá a los nuevos estadounidenses una vía vital para la participación cívica y fortalecerá la unión entre los estadounidenses a través de un idioma compartido”.

La Orden Ejecutiva del presidente Trump anula la Orden Ejecutiva No. 13,166, firmada por el expresidente demócrata, Bill Clinton, el 16 de agosto de 2000.

En ese momento, Clinton ordenó a las agencias federales asegurarse de que sus programas fuesen accesibles para personas con un bajo nivel de inglés. Se basó para ello en una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de origen.

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Reducir los servicios multilingües, un golpe para la comunidad inmigrante

Reducir los servicios multilingües representa un nuevo golpe para muchos migrantes, al empeorar su acceso a la salud o la justicia.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles temen que esta medida empeore el acceso a la atención médica, ya que hasta ahora los pacientes que no hablan inglés tienen derecho a recibir servicios de interpretación simultánea. También podrían complicar otras tareas como rellenar formularios o votar.

Más de 26 millones de habitantes de Estados Unidos hablan inglés a un nivel inferior a “muy bien”, según datos de 2023 de la Oficina del Censo.

Según la misma fuente, al menos 42 millones de personas hablan español en casa. De estas, 16 millones tienen dificultades para hablar inglés con fluidez.

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La temida pandilla Tren de Aragua es un objetivo de alto perfil para la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La declaró organización “terrorista” e invocó una ley de 1798 para arrestar y deportar a El Salvador a migrantes que acusó, sin presentar pruebas, de pertenecer a esa banda y a la salvadoreña Mara Salvatrucha.

El fiscal federal en funciones del distrito sur de New York, Matthew Podolsky, dijo que entre los acusados había presuntos miembros, exmiembros y asociados del Tren de Aragua.

De los 27 acusados, 21 estaban bajo custodia federal y cinco más fueron arrestados entre el domingo y el lunes en Nueva York y otras jurisdicciones, según el comunicado.

Los cargos incluyen asesinato, tiroteos, trata de mujeres para explotación sexual, extorsión y narcotráfico, dijo el departamento.

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El 15 de marzo, Trump envió dos vuelos con presuntos miembros de la banda con destino a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, un caso que ha derivado en un choque de poderes en las cortes estadounidenses.

Abogados de varios de los venezolanos deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros han dicho que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, que no habían cometido delitos y que fueron señalados en gran medida por sus tatuajes.

El 7 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Trump recurrir a esta ley del siglo XVIII, que solo se había aplicado en tiempos de guerra, para deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua.

Sin embargo, el sábado la corte suspendió la deportación de varios supuestos pandilleros venezolanos desde Texas a una prisión salvadoreña “hasta nueva orden”.

“No podemos juzgar a todo el mundo, porque hacerlo llevaría, sin exagerar, 200 años”, dijo el presidente estadounidense en una publicación en redes sociales el lunes.

Uno de los casos que más ha generado preocupación internacional es el de Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error y encarcelado en la prisión de máxima seguridad de El Salvador, pese a una orden judicial que prohibía su expulsión.

El gobierno de Estados Unidos admitió la equivocación, pero se niega a gestionar su regreso alegando que ya no está bajo su jurisdicción.

Por: AFP

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Citando una cláusula constitucional sobre la división de poderes, el fiscal general interino, Emil Bove, dijo en un memorando que “la ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir e incumplir de cualquier modo las órdenes legales relacionadas con la inmigración”. 

“El Departamento de Justicia investigará los incidentes que involucren cualquier conducta indebida para una posible acusación”, añadió Bove en un memorando publicado por medios estadounidenses

Trump anunció restricciones drásticas a la inmigración y el asilo en Estados Unidos horas después de asumir el cargo, lo que incluye la proclamación de la emergencia nacional en la frontera con México y poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

El presidente republicano prometió durante su campaña a la Casa Blanca llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia de Estados Unidos.

Según Bove se ha creado recientemente un grupo de trabajo sobre las llamadas ciudades santuario, que protegen a los migrantes de ser expulsados.

Dijo que identificarían “leyes, políticas y actividades estatales y locales que sean inconsistentes con las iniciativas migratorias del poder ejecutivo” para cuando “sea apropiado tomar medidas legales” contra esas normativas.

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Varias “ciudades santuario” controladas por demócratas en Estados Unidos restringen la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Leyes y acciones que amenazan con obstaculizar las iniciativas migratorias del poder ejecutivo, incluida la prohibición de divulgar información a las autoridades federales involucradas en actividades de aplicación de la ley migratoria, amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”, estimó Bove. 

La oficina federal de investigación estadounidense (FBI) y otras agencias deberían “revisar sus archivos en busca de información identificativa y/o datos biométricos relacionados con no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos” y entregarlos al Departamento de Seguridad Interior para facilitar las deportaciones, dijo Bove, que fue uno de los abogados personales de Trump antes de ser nombrado en el Departamento de Justicia.

Por: AFP

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Hunter Biden, de 54 años, fue condenado por delitos fiscales y de tenencia de armas en causas instruidas por el fiscal especial David Weiss, pero fue indultado por su padre en diciembre.

Weiss, en su informe final sobre el caso hecho público el lunes, señaló que el presidente, al anunciar el indulto, había criticado el procesamiento de su hijo, calificándolo de “selectivo”, “injusto”, “infectado” por la “cruda política” y un “error de la justicia”.

“Esta declaración es gratuita y equivocada”, dijo Weiss.

“Otros presidentes han indultado a miembros de su familia, pero al hacerlo, ninguno ha aprovechado la ocasión para difamar a los servidores públicos del Departamento de Justicia basándose únicamente en acusaciones falsas”, prosiguió.

El abogado especial indicó que los procesamientos de Hunter Biden fueron “la culminación de investigaciones exhaustivas e imparciales, no de política partidista”.

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“Ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo, y eso está mal”, dijo el presidente en su momento.

La publicación del informe de Weiss se produce poco antes de la esperada publicación esta semana de otro informe del abogado especial: el de Jack Smith, que presentó dos causas penales contra el ex y ahora futuro presidente Donald Trump.

Por: AFP

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El fiscal especial Jack Smith abandonó el caso penal federal contra Trump después de que ganara las elecciones presidenciales de noviembre, pero ha redactado un informe.

Según el Departamento de Justicia, Garland no tiene previsto hacer público el informe de Smith sobre el otro caso presentado contra Trump: por haberse quedado con documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca. 

La jueza Aileen Cannon, designada por Trump, desestimó el año pasado el caso de los documentos contra el ex y futuro presidente, pero aún hay cargos pendientes contra dos de sus antiguos coacusados.

Cannon, en un fallo emitido el martes, prohibió a Smith y Garland “divulgar, compartir o transmitir el informe final” hasta que un tribunal de apelaciones escuche los argumentos del exayudante de Trump y de un empleado de Mar-a-Lago.

El Departamento de Justicia pidió al tribunal de apelaciones que anule el fallo de Cannon, pero aclaró que Garland, para evitar perjudicar a los acusados, no tiene la intención de divulgar públicamente el informe sobre el caso de los documentos.

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Trump, de 78 años, fue acusado por Smith de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden y de esconder documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El martes el republicano atacó a Smith en rueda de prensa, tachándolo de “individuo trastornado”.

“¿Por qué se le debería permitir escribir un informe falso?”, dijo el presidente electo. “Será un informe falso igual que la investigación fue una investigación falsa”, añadió.

Smith abandonó los casos contra Trump después de las elecciones citando una política del Departamento de Justicia de no acusar ni procesar a un presidente en funciones.

Los abogados de Trump han instado a Garland a no hacer públicos los informes porque lo consideran “ilegal”, de “mala fe” y contrario al “interés público”. 

Garland permitió el año pasado la publicación de un informe de otro fiscal especial, Robert Hur, sobre la forma en la que Biden gestionó documentos confidenciales cuando era vicepresidente de Barack Obama.

Hur no presentó cargos contra Biden pero lo calificó de anciano “con mala memoria”.

Trump se enfrenta además a dos casos, uno en Nueva York y otro en Georgia.

En el primero fue condenado por falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a una actriz porno en vísperas de las elecciones de 2016.

La sentencia debe conocerse el viernes, pero el juez Juan Merchan ha adelantado que no se inclina por imponer penas de cárcel.

Trump apeló a la Corte Suprema el miércoles para intentar bloquear la sentencia.

En Georgia se le acusa de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, pero ese caso probablemente se congelará mientras esté en el cargo.

Por: AFP

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El documento de 37 páginas es la culminación de una larga investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes (Baja) en el que se destaca que Gaetz violó las normas del Congreso. Se señaló entre otras que el exlegislador también consumía cocaína y éxtasis con regularidad, y compraba marihuana en su oficina.

“El comité determinó que hay evidencia sustancial de que el legislador Gaetz violó las reglas de la Cámara y otras normas de conducta que prohíben la prostitución, la violación legal, el uso de drogas ilícitas, los obsequios no permitidos, los favores o privilegios especiales y la obstrucción (de investigaciones) del Congreso”, redactaron los investigadores del panel en el texto.

Gaetz, de 42 años, negó repetidamente haber violado las normas, resaltando la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos en su contra en 2023 después de una investigación criminal. Además, dijo que el informe salió a pesar de que pidió al comité bloquear su publicación.

The Biden/Garland DOJ spent years reviewing allegations that I committed various crimes.

I was charged with nothing: FULLY EXONERATED. Not even a campaign finance violation. And the people investigating me hated me.

Then, the very “witnesses” DOJ deemed not-credible were…

— Matt Gaetz (@mattgaetz) December 18, 2024

Los investigadores del Congreso descubrieron que el funcionario, un integrante del círculo de fieles a Trump, violó varias leyes del estado de Florida (sureste) sobre conducta sexual inapropiada, aunque lo exculparon de violaciones federales por tráfico sexual.

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En el informe se enumeran pagos de Gaetz por un total de más de 90.000 dólares a 12 mujeres “probablemente relacionados con actividad sexual y/o consumo de drogas” entre 2017 y 2020.

Se centraron en un viaje de 2018 a Bahamas durante el cual Gaetz presuntamente tuvo relaciones sexuales con cuatro mujeres y tomó éxtasis.

Gaetz es una figura incendiaria de pocos amigos en el Capitolio -sede del Congreso- y tuvo que renunciar al ámbito legislativo en noviembre cuando el magnate republicano lo nominó como Fiscal General para dirigir el Departamento de Justicia, pero fue forzado a dar un paso al costado antes de poder asumir.

Por: AFP

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El miércoles, el Departamento de Justicia presentó esa recomendación antimonopolio ante el juez federal en Washington, Amit Mehta, quien deberá pronunciarse después de la condena a Google por prácticas anticompetitivas en las búsquedas de internet.

¿Cuál sería el impacto para Google?

“Esto sería un enorme golpe para Google”, dijo el analista Dan Ives, de Wedbush Securities.

Google ofrece búsquedas gratuitas y genera ingresos con la segmentación de la publicidad y las funciones para el comercio en línea.

“Sería un cambio drástico del modelo de negocios” de la empresa, señaló la profesora de publicidad Beth Egan, de la Universidad de Syracuse.

Vender Chrome dejaría a Google sin una fuente importante de la que “obtienen mucha información que pueden usar para entrenar sus algoritmos” y promover otros servicios como Maps, explicó Egan.

Lanzado en 2008, Chrome capta cerca del 70% del mercado de búsquedas en línea, desplazando a sus competidores Edge y Safari, desarrollados por Microsoft y Apple, respectivamente.

Pero los expertos consideran que Google encontraría un modo de recuperarse si es forzado a vender Chrome. “No creo que perder el buscador vaya a matar a Google como empresa”, afirmó Egan.

Por ejemplo, Apple instauró en Safari una drástica limitación de las “cookies”, los marcadores que permiten a las empresas rastrear la navegación de los usuarios.

“Los anunciantes dijeron: ‘Tenemos un punto muerto, pero nos arreglaremos”, relató Egan. “Y Google hará lo mismo”.

¿Cuánto vale Chrome?

Un analista de Bloomberg estima que Chrome, utilizado por más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, podría venderse por al menos 15.000 millones de dólares.

Pero la falta de precedentes hace difícil predecir el valor de Chrome en el mercado.

En 2016, un grupo de inversores chinos compraron por 600 millones de dólares el buscador noruego Opera Software ASA, que en la época tenía solo 350 millones de usuarios.

¿Quién lo podría comprar?

“Los compradores potenciales de Chrome realmente no son muchos”, estimó la analista senior Evelyn Mitchell-Wolf, de Emarketer, al considerar que “cualquier compañía que tenga suficiente dinero para comprar Chrome ya está bajo escrutinio de las autoridades antimonopolio”.

La analista consideró, sin embargo, que el gobierno estadounidense podría autorizar la venta a un grupo del país para “dar prioridad a la innovación en la IA (Inteligencia Artificial) y para posicionar a nivel mundial a Estados Unidos” en esta tecnología.

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 ¿Beneficiaría a otros navegadores?

Los analistas coinciden con que la gente seguirá utilizando Chrome sin importar su dueño, siempre que la calidad no disminuya.

“Esto supone que Chrome mantenga sus funciones más populares y continúe innovando”, indicó Mitchell-Wolf.

“Los comportamientos de búsqueda son una función conveniente primero, y de confianza y experiencia en segundo lugar”.

El Departamento de Justicia argumenta que la gente utiliza Chrome porque es el navegador por defecto en sus dispositivos y que si tuvieron otras opciones las usaría, pero los analistas lo consideran “improbable”.

Factor Trump

Muchos dudan de que el juez Mehta acoja todas las recomendaciones del Departamento de Justicia.

El analista Angelo Zino, de la firma CFRA, consideró las medidas sugeridas como “extremas y que es poco probable que las imponga la corte”.

La entrante administración de Trump también “sigue siendo un factor imprevisible”, independientemente de si las autoridades de justicia retoman el caso.

En octubre, Trump dijo que se oponía a desmantelar Google, al considerar que una decisión así podría ir en contra de los intereses de Estados Unidos a nivel internacional.

“China tiene miedo de Google” y la decisión podría perjudicar a la empresa, estimó Trump.

Sin embargo, el presidente electo también ha acusado a Google de ser injusto con los contenidos conservadores.

Por: AFP

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La paralización de las actividades de la fábrica genero escasez de fórmula para bebés en todo el país, lo que obligó a los padres a buscar otras alternativos en los bancos de alimentos, amigos y consultorios médicos. La producción se reinició en junio.

Scott Stoffel, portavoz de Abbott Laboratories, informó que el Departamento de Justicia notificó sobre la investigación, por lo que se está cooperando plenamente con el caso.

La rama de protección del consumidor del Departamento de Justicia está investigando la conducta en la planta de Sturgis, Michigan, que llevó a su cierre.

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Abbott Laboratories cerró la fábrica después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos comenzara a investigar cuatro infecciones bacterianas entre los bebés que consumían fórmula en polvo de esta planta.

Los inspectores descubrieron varias violaciones en la planta, incluida la contaminación bacteriana, un techo con fugas y protocolos de seguridad laxos. Ante esto, la compañía declaró que sus productos no han estado directamente relacionados con las infecciones, que involucraron diferentes cepas bacterianas.

Abbott Laboratories es una de las cuatro empresas que producen el 90% de la fórmula de Estados Unidos. La escasez fue especialmente aguda para los niños con alergias, problemas digestivos y trastornos metabólicos que dependen de fórmulas especiales.

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Trident Mortgage Co., una división de Berkshire’s HomeServices of America, evitó deliberadamente la concesión de hipotecas en vecindarios de West Philadelphia.

Las locaciones afectadas incluyen el parque Malcolm X; en Camden, Nueva Jersey; y en Wilmington, Delaware; según declararon el DOJ y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) en su acuerdo con Trident.

La empresa hipotecaria llegó a un acuerdo extrajudicial por la acusación de que cometió un patrón de discriminación crediticia mediante la exclusión financiera.

Como parte del trato con el DOJ y la CFPB, Trident tendrá que reservar 20 millones de dólares para conceder préstamos en vecindarios desfavorecidos, según reporta NBC News.

El DOJ alegó que los empleados de Trident, dejaron de suscribir hipotecas en 2020, hicieron comentarios racistas sobre la concesión de préstamos a compradores de viviendas afroamericanos. La alegación afirma que ciertas comunidades fueron calificadas como “guetos” y un gerente de Trident fue fotografiado posando frente a la bandera confederada.

“Durante demasiados años, las comunidades afroamericanas, latinas y otras comunidades de color de Filadelfia han carecido de un acceso equitativo a los préstamos y a la propiedad legal de las escrituras”, dijo la fiscal federal del distrito este de Pensilvania, Jacqueline Romero.

Combatir el redlining

“Estas zonas de Filadelfia, históricamente marginadas, siguen sufriendo una cantidad desproporcionada de pobreza, malos resultados en materia de salud, escasos logros educativos, desempleo y delitos violentos. Me complace que mi oficina haya podido apoyar la Iniciativa de Lucha contra el Redlining del Fiscal General a través de esta resolución, y espero que continuemos colaborando con la División de Derechos Civiles.”

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Kristen Clarke, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, señalo en una declaración preparada el impacto negativo de la actividad de Trident.

“La actividad ilegal de Trident en materia de redlining negó a las comunidades de color la igualdad de acceso a las hipotecas residenciales, les quitó la oportunidad de crear riqueza y devaluó las propiedades de sus comunidades”, afirmó Clarke.

El redlining es definida como una práctica discriminatoria que consiste en la denegación sistemática de servicios como hipotecas, préstamos de seguros y otros servicios financieros a los residentes de determinadas zonas, en función de su raza o etnia.

Su aplicación hace caso omiso de las cualificaciones y la solvencia de los individuos para negarles tales servicios, basándose únicamente en la residencia de esos individuos en vecindarios minoritarios; los cuales, además, se consideraban con bastante frecuencia “peligrosos”.

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El acusado que fue identificado por las autoridades como Lázaro Hernández, de 51 años de edad, consiguió “grandes cantidades de fármacos contra el VIH de manera ilegal y luego fabricó etiquetas falsas y otra documentación” para que dicho medicamentos que tienen un alto precio parecieran legítimos, explicó en un comunicado el departamento ejecutivo federal.

Para desarrollar la actividad criminal, Hernández y sus cómplices, de quienes no se ofrecieron detalle, presuntamente establecieron compañías de distribución mayorista de medicamentos autorizadas en Florida, Nueva Jersey, Connecticut y Nueva York.

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Esta trama de fraude a la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense (FDA) utilizó estas compañías para vender “fármacos adulterados con grandes descuentos” a otros cómplices en distribuidoras mayoristas de productos farmacéuticos en Misisipi, Maryland y Nueva York, que después revendían a farmacias por todo el país, según informó la Fiscalía.

Dichas farmacias “facturaron medicamentos a las aseguradoras de salud, incluido Medicare, y dispensaron los medicamentos adulterados y mal etiquetados a pacientes”, que no sospecharon nada-

Según la acusación formal, entre 2019 y 2021 los distribuidores mayoristas de estos productos farmacéuticos pagaron a Hernández y sus cómplices más de 230 millones de dólares por los “medicamentos adulterados e ilegalmente adquiridos”.

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Hernández está acusado de “conspiración para entregar al comercio interestatal fármacos adulterados y mal rotulados, falsa documentación y conspiración para cometer lavado de dinero”. Este hombre habría lavado cientos de millones de dólares a través de sus corporaciones establecidas en Miami.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos en un tribunal de Miami, Hernández puede enfrentar una condena máxima de más de 100 años de prisión.

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