Según información publicada por el Movimiento Cosecha en una campaña de GoFundMe, Santiago fue abordada por dos agentes fronterizos alrededor de las 4:00 am cuando se disponía a abordar un vuelo nacional para ir a trabajar. “A pesar de presentar una tarjeta de autorización de trabajo DACA válida que la protege contra la deportación en Estados Unidos, ICE la secuestró y la detuvo sin orden judicial ni causa justificada”.

La organización detalló que ha sido trasladada a un centro de procesamiento en El Paso. “Sabemos que Xóchitl ha tenido un impacto profundo y poderoso en muchos amigos y miembros de la comunidad, desde Florida hasta Texas y más allá. Lleva más de una década trabajando por la dignidad y el respeto de la comunidad inmigrante. Fue organizadora voluntaria durante mucho tiempo en Movimiento Cosecha y actualmente trabaja apoyando a familias en El Paso”.

La detención de Santiago ha generado preocupación entre activistas y la comunidad, ya que pone de relieve la fragilidad de las protecciones legales para los beneficiarios de DACA , mejor conocidos como “Dreamers”.

En Philadelphia, miembros de la comunidad y representantes de diversas organizaciones proinmigrantes se congregaron frente al Ayuntamiento de la ciudad para llevar a cabo una vigilia en la que exigieron un trato justo y la liberación de Santiago.

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El programa DACA proporciona autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación, pero no otorga estatus legal.

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La decisión prohíbe a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en esos 19 estados inscribirse o recibir subsidios para pagar los planes de ACA.

Abogados que siguen el caso dijeron que este fallo no parece afectar la inscripción ni la cobertura en otros estados.

La administración Biden probablemente apelará, aunque un representante de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS,) la entidad federal que coordina estos mercados, dijo por correo electrónico que la agencia no comentará sobre el litigio.

Aunque se podría presentar una apelación rápidamente, una decisión final podría no ocurrir antes de que comience la próxima administración Trump. “Podrían tomar una posición diferente sobre el litigio”, dijo Zachary Baron, experto legal de Georgetown Law, quien ayuda a administrar el O’Neill Institute Health Care Litigation Tracker.

Mientras tanto, no está claro qué sucederá con los Dreamers inscritos en los 19 estados cuya cobertura ya comenzó o comienza a principios del próximo año, aunque la decisión del juez no menciona que sea retroactiva, señaló Baron.

El caso fue presentado en agosto en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Dakota del Norte.

Anteriormente, el gobierno federal estimó que alrededor de 100.000 personas sin seguro, de medio millón de beneficiarios de DACA, podrían inscribirse a partir del 1 de noviembre, la fecha de inicio de la temporada de inscripción en todos los estados excepto Idaho.

La regla de la administración Biden, finalizada en mayo, aclaró que quienes califican para DACA serían considerados como “presentes legalmente” en el país a los propósitos de inscripción en planes de salud de ACA, que están disponibles para ciudadanos estadounidenses e inmigrantes denominados “presentes legalmente”.

Al otorgar una orden judicial preliminar y una suspensión, el juez federal Daniel Traynor, nombrado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump, señaló en su fallo del lunes 9 de diciembre que es probable que los demandantes ganaran gracias a los méritos de su argumento.

Los estados que impugnan la regla de ACA argumentan que causará cargas administrativas y de recursos al aumentar el número de inscritos y que alentará a más personas a permanecer en el país sin documentos legales.

Además de Kansas y Dakota del Norte, los estados que se unieron a la demanda son Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.

“El fallo del juez Traynor es tanto decepcionante como erróneo en cuanto a la ley”, dijo Nicholas Espíritu, subdirector legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, en un comunicado por correo electrónico.

“Mientras estudiamos la decisión del tribunal para evaluar los próximos pasos en este caso, continuaremos luchando en nombre de nuestros clientes y cientos de miles de beneficiarios de DACA que han esperado más de una década para acceder a atención vital bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”.

DACA fue establecido mediante acción ejecutiva en junio de 2012 por el presidente Barack Obama, protegiendo de la deportación y proporcionando permiso de trabajo a algunos residentes no autorizados traídos al país de niños. Debían cumplir con ciertos requisites para calificar: haber llegado antes de junio de 2007 y haber completado la escuela secundaria, estar asistiendo a la escuela o servir en el ejército.

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Antes de la orden judicial, otros 19 estados y el Distrito de Columbia presentaron un informe en apoyo de la regla de la administración Biden. Liderados por Nueva Jersey, esos estados incluyen muchos en el Este y Oeste del país, como California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington.

Esta historia fue producida por KFF Health News, la redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

Por: Julie Appleby/KFF Health News

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En septiembre del año pasado un juez de distrito federal de Texas dio la razón a un grupo de estados que cuestionaron la legalidad del programa lanzado por el expresidente demócrata Barack Obama hace 12 años.

La sentencia fue recurrida y analizada este jueves 10 de octubre por un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, que escuchó a los representantes de los estados demandantes, al abogado del gobierno federal y a los defensores de los denominados “soñadores” sin dar un veredicto. Si se mantiene la decisión, el caso podría llegar a la Corte Suprema.

Parte de los argumentos de Texas es que el programa ha perjudicado sus arcas debido a los costos educativos y de atención médica en los que incurre atendiendo a los beneficiarios.

Sin embargo, Jeremy Feigenbaum, abogado del estado de Nueva York que defiende a los “soñadores” (dreamers), alegó que “Texas no ha hecho nada para explicar por qué está siendo perjudicado ahora por un beneficiario actual de DACA, que ha sido parte de DACA desde 2012, que vive en Nueva Jersey o en Nueva York”.

Desde que entró en vigencia este programa federal se han aprobado más de 800.000 solicitudes y existen unos 580.000 beneficiarios, de acuerdo con cifras oficiales.

Poner fin a DACA “significaría que las familias trabajadoras quedarían destrozadas, las empresas se quedarían repentinamente sin empleados y las comunidades se verían sumidas en un caos innecesario. Es antiestadounidense y está mal”, ha dicho en un comunicado la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, de 59 años y partidaria de proteger a los “soñadores”.

El programa DACA permite a los “dreamers” vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, el país que consideran su hogar.

En su dictamen, el juez de Texas había estimado que DACA viola la ley de inmigración pero no ordenó a la Administración de Joe Biden que lo clausurase ni que dejase de procesar las solicitudes de renovación.

Uno de los magistrados de la corte de Nueva Orleans consideró que los “dreamers” confiaron en Estados Unidos, entregando sus nombres y direcciones, lo que podría permitir a un Gobierno “deportarlos” si se desactiva el programa.

El abogado de Texas señaló que lo que ocurriría sería que las personas afectadas dejarían el estado por cuenta propia.

Pero, “¿y qué pasa con otros 22 estados donde se ha documentado lo mucho que (los soñadores) están apoyando al país? ¿Cómo es que un solo juez puede decirles que tienen que irse? ¿cómo puede tener esa autoridad?”, insistió por su parte el juez.

“Es muy probable” que la Corte mantenga el fallo judicial y en ese caso se espera que “el departamento de Justicia apele la decisión a la Corte Suprema”, un proceso que podría llevar meses o años hasta obtener un veredicto, explica el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC).

La última vez que la Corte Suprema examinó el programa bloqueó el intento de DonaldTrump de ponerle fin durante su mandato. Pero desde entonces la composición de la Corte ha cambiado, con una mayoría de jueces conservadores.

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Tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2021, Biden pidió al Congreso, sin éxito, que brinde un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores”.

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As part of the process, DHS will open a 60-day public comment period on this proposed rulemaking to protect the immigration policy known as Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

As reported by cbsnews.com, the rule will be formally published on Tuesday and it would give the public 60 days to submit comments for or against DACA. This policy provides deportation protection and work permits to roughly 590,000 immigrants known colloquially as “Dreamers.”

Homeland Security officials said the proposed rule relies on the DACA guidelines outlined in 2012, when the Obama administration created the program and embraces the “consistent judgment” that immigrants who arrived in the U.S. as minors should not be a priority for deportation.

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Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said that the proposed rulemaking was an important step to recognize Dreamer´s contribution to the United States. “The Biden-Harris Administration continues to take action to protect Dreamers and recognize their contributions to this country. This notice of proposed rulemaking is an important step to achieve that goal.”

Act swiftly

“However, only Congress can provide permanent protection. I support the inclusion of immigration reform in the reconciliation bill and urge Congress to act swiftly to provide Dreamers the legal status they need and deserve,” added Mayorkas.

The rule’s publication would be the most significant effort by the federal government to safeguard an immigration program that has been threatened since 2017, when the Trump administration tried to discontinue it.

The integrity of the program will remain the same but it will go through the normal regulatory process and thus avoid being the target of lawsuits that have put obstacles in its path over the years.

Among the proposed changes in the 205-page rulemaking, DHS will give DACA applicants the option of whether or not to obtain employment authorization, for which there would be an additional $85 cost for those seeking to obtain a work permit.

Pathway to U.S. citizenship

The prerequisites for DACA eligibility include having no serious criminal convictions, arriving in the U.S before the age 16, living in the country since at least 2007 and earning an American high school diploma, a GED or serving honorably in the military. DACA does not allow its beneficiaries to adjust their status and obtain lawful permanent residency.

For two decades, multiple efforts to place “Dreamers” on the pathway to U.S. citizenship have collapsed, despite significant public support.

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En un comunicado de la Casa Blanca, Biden aseguró que el Departamento de Justicia apelará el fallo del juez Andrew Hanen de Texas, y agregó que «solo el Congreso puede garantizar una solución permanente al otorgar un camino a la ciudadanía para los Dreamers».

Instituido por el expresidente Barack Obama en 2012, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cubre a unas 700.000 personas conocidas como «Dreamers». Para muchos, Estados Unidos es el único país que han conocido.

Los protegidos por el DACA recibieron un alivio temporal en junio de 2020 cuando la Corte Suprema dispuso que la administración Trump no había proporcionado una justificación suficiente para sus intentos de poner fin al programa.

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Al dejar en claro que se pronunciaba principalmente sobre cuestiones de procedimiento, el alto tribunal dejó abierta la posibilidad a nuevas impugnaciones.

En su fallo, el juez Hanen del Tribunal federal de distrito en Houston dijo que Obama excedió su autoridad cuando instituyó el DACA a través de una orden ejecutiva. Dispuso que el gobierno debe dejar de aceptar personas en el programa, aunque aún podría recibir solicitudes.

Hanen indicó que su decisión no requiere que el Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de Justicia «tomen ninguna acción de inmigración, deportación o criminal contra cualquier destinatario, solicitante o cualquier otra persona de DACA que de otra manera no tomaría».

Para solicitar la protección de DACA, que también permite el derecho a trabajar, los solicitantes deben haber llegado a los Estados Unidos antes de los 16 años.

Asimismo, deben asistir a la escuela o haberse graduado de la escuela secundaria o equivalente, o haber sido dados de baja honorablemente del ejército y no tener antecedentes penales.

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Ataviados con camisetas color naranja y acompañados de mariachis, miembros de la organización United We Dream (Unidos soñamos) narraron sus historias de vida ante la casa en del senador republicano de origen cubano.

“Buenos días, senador, escúchenos, su comunidad está aquí afuera”, expresó una manifestante quien dijo ser hija de inmigrantes argentinos que “huyeron” de su país debido a la crisis económica.

“Una vez que pude solicitar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), mi vida cambió por completo, porque ya no tenía el miedo de ser deportada”, refirió la joven.

“Sin embargo este miedo resurge cuando el programa se vio amenazado por legisladores que utilizan a los inmigrantes como una moneda de cambio”, expresó.

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Esta inmigrante que dio lectura en español a su historia personal, afirmó que estaba allí en representación de los más de tres millones de jóvenes indocumentados beneficiados con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas que se beneficiarían con los alivios migratorios e iniciarían un camino seguro hacia la ciudadanía en Estados Unidos.

“Durante una pandemia mundial merecemos protección contra la deportación”, subrayó la migrante argentina.

United We Dream es una organización de ámbito nacional que cuenta con más de 400.000 miembros en todo el país. Tiene la misión de “poner a los jóvenes inmigrantes indocumentados en el asiento del conductor para diseñar estrategias, innovar y ganar”, según se informa en su página web.

“Con el Congreso de Estados Unidos en receso, esta es nuestra oportunidad de compartir nuestras historias e instar a nuestros senadores, en cada estado, a actuar mientras se encuentran en sus estados de origen. ¡Haz que se escuche tu voz! Lo acabamos de hacer hoy”, precisó United We Dream en un comunicado.

“¡Nuestra gente no puede esperar! Exigimos que Rubio apoye los proyectos de ley que actualmente se encuentran en el Senado y que brindarán protección permanente a nuestra gente (…), es decir, la Dream Act”, en referencia a la Citizenship Act of 2021 o Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021 que beneficiaría a muchos jóvenes denominados “soñadores”, y la Ley de Modernización de los Trabajadores Agrícolas, entre otros.

Loa manifestantes también llevaron pancartas en las que se podía leer “Sin odio, sin miedo”.

“¡Reúnase con su Senador! ¡Envíe una carta al correo electrónico de su senador!”, instó la United We Dream en su comunicado.

La reforma migratoria ya fue aprobada por la Cámara de Representantes con 228 votos a favor (todos los demócratas y 9 republicanos) y 197 en contra. Pero aún necesita 60 votos de 100 en el Senado, tras lo cual pasaría a ser firmada por el presidente Joe Biden y se convertiría en ley.

El referido proyecto de ley es parte de la gran reforma migratoria que la Casa Blanca impulsa en el Congreso que prevé la regularización de 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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El ambicioso texto legislativo ahora espera por la aprobación del Senado donde requerirá al menos 60 de sus 100 votos, lo que significa que para su aprobación definitiva, todos los demócratas más diez republicanos deben apoyar el proyecto.

Esta introducción de la legislación es percibida como un crucial paso para regularizar el estatus migratorio de más de 10 millones de indocumentados en territorio estadounidense.

Bajo la nueva ley, los inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos y desde antes del 1 de enero de 2021, podrían solicitar un estatus legal temporal durante cinco años, para luego solicitar la residencia permanente (green card), y tres años después solicitar la ciudadanía si así lo deseasen.

También están contempladas reglas especiales para los llamados “dreamers” que ya tengan un estatus legal temporal obtenido el 1 de enero del 2017 o después bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

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Estos jóvenes podrán solicitar la residencia permanente si logran comprobar por medio de documentación sus aportes laborales en los últimos años.

Otros de los beneficiados serían los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS), “que cumplan requisitos específicos”. Ellos inmediatamente calificarían para la residencia permanente y al cabo de tres años podrían también solicitar la residencia permanente.

También se benefician trabajadores del campo que puedan comprobar que han sido empleados agrícolas.

La reforma migratoria incluye otras cláusulas: esposas e hijos de residentes permanentes estarán exentos de ser parte de los cupos de visas permitidas cada año fiscal para venir a vivir a Estados Unidos.

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Desde luego no fue un acto voluntario el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) fue conminado por un juez. Es así que desde el lunes el programa creado en la administración Obama volverá a cobrar fuerza y vigor.

DACA permite a jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU de niños vivir y trabajar legalmente sin miedo a la deportación. El Gobierno Trump cumple con la orden de reactivar programa para “soñadores” a regañadientes.

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En un comunicado publicado en su sitio Web, la dependencia expuso: “El DHS cumplirá con la orden del juez Garaufis mientras esta permanezca en vigor. Pero el DHS puede solicitar amparo de la orden”.

DHS de Trump reabrió su pesadilla

El programa para jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers” o “soñadores”, ha sido reabierto. No obstante para el DHS de Trump reabrió su pesadilla. La Administración del presidente saliente cumplió este lunes con una orden judicial que le instaba a reactivar.

Además es importante destacar que el presidente electo Biden nombró a Alejandro Mayorkas. Será como el próximo secretario del Departamento de Seguridad Nacional. Sería el primer latino en liderar el departamento en el centro de la política de inmigración. Se trata de una posición de la que se esperan varios cambios.

El juez federal Nicholas Garaufis emitió el pasado viernes la orden judicial. Sobre la sentencia DHS notificó también que a partir de este lunes acepta tanto nuevas solicitudes como renovaciones de dos años de DACA.

El programa fue creado durante el mandato del presidente Barack Obama. Permite a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños vivir y trabajar legalmente.

El embudo colapsó

La Administración de Donald Trump se caracterizó por su inflexibilidad con el problema migratorio y por su lerdo trabajo legislativo para dar una cara uniforme en términos de política nacional. Donald Trump desde la Casa Blanca obstruyó las puertas a la política de refugió. Tarifó y segregó a los migrantes deseados de los que no. Y su mandato se basó en la oferta de un fallido muro en la frontera sur como ícono de su intolerancia. Sin embargo no se ocupó de transformar sus anhelos en leyes y en este caso los “dreamers” ganaron por esperar.

En el mar de las medidas Ejecutivas está la del secretario de Seguridad Nacional, Chad Wolf. El funcionario aprobó este verano un memorando en el que rechazaba nuevas solicitudes al programa DACA. Además reducía la extensión a los beneficiaros actuales de dos a un año.

Wolf aprobó este memo después de que en junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera mantener en pie el programa. Su acción buscó dejar listos para la deportación a casi 650.000 jóvenes indocumentados. El fallo de mediados de año fue un enorme revés para el presidente Donald Trump.

Los tribunales activos

El memorando se topó en seguida con demandas en los tribunales para reactivar DACA. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés) durante el mandato de Trump ha sido objeto de numerosos litigios.

Antes de la reciente orden de reactivar el programa, Garaufis ya decidió en noviembre que Wolf asumió su cargo de manera ilegal. Para el Juez fue viable invalidar todas las disposiciones del memorando firmado por Wolf este verano.

El juez advirtió además al Gobierno de Trump de que no podía crear sus propias leyes. Dijo que sus ataques a este programa eran un “uso triste e inapropiado de la supuesta autoridad ejecutiva”. Una forma mezquina “para negar a los beneficiarios de DACA y a aquellos que son elegibles la capacidad de ejercer sus derechos”.

El impacto de la acción

Alrededor de 1 millón de adultos y adolescentes ahora serán elegibles para postularse a DACA. Cerca de 640.000 personas están actualmente inscritas en el programa.

Antes del fallo del juez, el presidente electo Joe Biden había prometido restaurar completamente DACA al asumir el cargo en enero. Biden anunció que estaba escogiendo Alejandro Mayorkas como su nominado para dirigir el DHS.

Mayorkas se desempeñó anteriormente como director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y subdirector del DHS.

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Los defensores de la comunidad hispana y los activistas de inmigración elogiaron la selección. Dijeron que Mayorkas es un profesional de seguridad nacional con empatía personal por los inmigrantes. Es cierto que la DHS de Trump reabrió el chance a los DACA, pero no es garantía.

“Estamos encantados con la histórica selección del presidente electo Biden de Alejandro Mayorkas para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

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El dictamen del juez de la corte del distrito Este de Nueva York, Nicholas Garaufis, ordena al Departamento de Seguridad Nacional restituir el programa DACA a solicitudes nuevas que había sido suspendido por la administración de Trump en septiembre de 2017.

Desde la citada fecha el programa no toma solicitudes nuevas según informó Karen Tumliun, abogada del National Immigration Law Center.

El juez Nicholas Garaufis también ordenó que ya para el próximo lunes 7 de diciembre, el Estado debe publicar en los respectivos sitios web la información sobre la aceptación de nuevas solicitudes de DACA, peticiones de renovación y permiso de viaje “advance parole” que permite a quienes realizan estos trámites, salir y regresar a Estados Unidos de forma legal.

El mismo fallo indica que las peticiones de renovación de Daca, aproximadamente 66.000 trámites por un año que fueron emitidas después del memorando del Departamento de Seguridad Nacional en el que se modificaba el programa, de forma automática se extenderán a dos años.

Desde su creación en 2012 el programa DACA había brindado protección a miles de jóvenes inmigrantes para que no fuesen deportados y además les permitía estudiar, trabajar y viajar. Este beneficio será restaurado en todo el país y volverá a ser como era antes de septiembre de 2017.

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El noviembre pasado el juez Garaufis estipuló que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, había asumido dicho cargo de manera ilegal y por esa razón invalidó todas las disposiciones aludidas en el memorando suscrito por el funcionario.

Después que el presidente Trump derogó DACA, varios beneficiarios del programa en acción coordinada con la organización “Se hace camino en Nueva York“, impugnaron la decisión. El caso fue asignado al juez Garaufis y luego llegó a la Corte Suprema.

El electo presidente Joe Biden, prometió en su campaña que una de las primeras diligencias que haría al llegar a la Casa Blanca sería promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los jóvenes inmigrantes.

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El demócrata Joe Biden prometió en su campaña presidencial algunas cosas que dijo haría desde su primer día en la Casa Blanca. Una de ellas es el hacer permanente al programa que protege a algunos inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños.

Otro tema prometido y de gran importancia para la región, fue el darle a los venezolanos el Estatus de Protección Temporal o TPS. Sin embargo más allá de asuntos puntuales, quien será el cuadragésimo sexto presidente de EEUU dijo que modernizaría las leyes migratorias del país.

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Sobre estos asuntos escribió para WITF Anthony Orozco, un extraordinario becario de Report for America. En su nota periodística describió el estado de ánimo de los inmigrantes ilegales como cauteloso frente a las promesas.

Make The Road Pennsylvania

Maegan Llerena, directora ejecutiva del grupo de defensa de los latinos Make The Road Pennsylvania, expresó su opinión. “Tenemos que asegurarnos de que lo hacemos responsable [a Biden] desde el primer día”

“Porque no es como hablar con Trump – eso es un muro de ladrillos. En realidad es hablar con alguien que realmente se preocupa por estos temas. Sólo necesita ser empujado un poco más, para tomar las decisiones correctas.”

Todos los ofrecimientos de campaña están bajo la consideración de los activistas. Sin embargo tienen la experiencia de los últimos cuatro años bajo Trump. También tienen fresco el anterior mandato de Biden en la Casa Blanca como vicepresidente del presidente Barack Obama. Esos recuerdos hacen que los organizadores sean mas cautelosos

“Ya hemos dicho que ya no aceptamos lo mínimo. Vamos a hacer que la gente sea responsable de más”, dijo Llerena. “Esto es, ahora mismo, lo mínimo, porque es algo que Trump nos ha tenido que quitar en 2017”.

Implacable la era de Trump

Desde Make The Road Pennsylvania, tienen como implacables las políticas migratorias de Donald Trump. Su proceder galvanizó a las organizaciones cívicas de todo el estado y el país en los últimos cuatro años. Esas políticas también han enfrentado una ráfaga de oposición legal. Aunque algunas han sido rotundamente derrotadas por los tribunales.

Esperanzas con Alejandro Mayorkas

Biden seleccionó a Alejandro Mayorkas esta semana como su candidato para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Mayorkas, que nació en Cuba, sería el primer latino en estar al frente de la agencia. Desde esa instancia se implementan gran parte de las políticas de inmigración de la nación.

Mayorkas también es considerado el arquitecto del programa DACA cuando sirvió bajo el ex presidente Obama. Fue el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y también trabajó como subsecretario del DHS. No obstante Make The Road Pennsylvania será cauteloso con sus movimientos.

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El presidente electo también dijo que buscará vías legales para proteger a las familias de los beneficiarios de DACA y que tiene como objetivo “modernizar” el sistema de inmigración de la nación.

El historial de Biden en materia de inmigración es una mezcla para algunos defensores.

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