La decisión fue emanada de una corte de apelaciones del estado de Nueva York. Suspendió este jueves el título de abogado de Rudy Giuliani. La sanción aunque tiene carácter  temporal podría ser hecha indefinida. La medida surgió tras asegurar que el expresidente Donald Trump perdió la elección presidencial de 2020 debido a un fraude.

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Sobre esta medida la AFP divulgó algunos detalles. Giuliani ayudó a Trump a desafiar legalmente el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Llevó a varias instancias argumentos sin pruebas de que hubo fraude electoral y que las máquinas de votación fueron adulteradas.

Rudy Giuliani en Nueva York

El falló de la corte expuso el porqué de la medida tomada. “Existen pruebas no controvertidas de que el demandado hizo declaraciones falsas y engañosas a las cortes, a legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump y la campaña de Trump”.

La instancia judicial precisó que las declaraciones falsas buscaban “apuntalar inapropiadamente la narrativa del demandado”. Buscaban evidenciar “que debido a un amplio fraude en la votación se robó a su cliente la victoria en la elección presidencial”.

“Concluimos que la conducta del demandado amenaza inmediatamente el interés público. Amerita la suspensión interina de la práctica de la ley”. Esto sucederá hasta que el comité de quejas de abogados pueda estudiar el caso. Así está redactado en un fallo de 33 páginas.

Una revocación solicitada

La agencia francesa de noticias recordó que el pedido de revocación del título de Giuliani fue realizado por reconocidos abogados. Decenas de “ex colegas” dijeron actuar para defender la democracia estadounidense. Hasta ahora las acciones disciplinarias afectan a Rudy Giuliani en Nueva York.

Se ha confirmado que Giuliani puede apelar la decisión. Sin embargo  el fallo señala que posiblemente enfrente “sanciones permanentes sustanciales” al final del procedimiento.

La decisión es un duro golpe para Giuliani de 77 años. Además hay que recordar que también está en la mira de la justicia federal.

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Fiscales de Manhattan allanaron su domicilio y oficina en Nueva York a fines de abril. El procedimiento está en el marco de una investigación sobre sus actividades en Ucrania. En el operativo confiscaron varios aparatos electrónicos.

Giuliani asegura que no violó las leyes federales cuando ayudó a Trump a buscar información comprometedora de Joe Biden y su hijo Hunter vinculada a Ucrania en 2019, durante la campaña electoral.

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Desde hoy se comenzarán a celebrar un número limitado de audiencias. Se revisarán casos en los que la necesidad exija de la presencia de los actores de justicia. Las normas para impedir los contagios estarán vigentes. Además las cortes municipales de Filadelfia han adecuado sus espacios para hacerlos más seguros.

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De acuerdo al reporte de la periodista Kristen Johanson “es un despliegue lento, después de casi seis meses sin juicios”. Los datos editoriales de segunda mano que construyen este contenido fueron tomados de KYW Newsradio.

Cortes municipales de Filadelfia

Según boletín informativo todos los juicios, ya sea por juez o jurado, han estado en espera desde mediados de marzo. Desde entonces, algunas audiencias y sentencias se han realizado por videoconferencia o por teléfono. Las cortes de Filadelfia acogieron ese estándar en la mayoría de los procedimientos y así continuarán. Sin embargo, algunos asuntos urgentes serán manejados en persona. Tanto en el Centro de Justicia Penal como en el Tribunal de Familia.

Los fiscales y los abogados defensores han estado trabajando para establecer qué casos tienen prioridad. Las cortes municipales de Filadelfia comenzarán con los acusados que aún están en prisión.

Además se supo que las audiencias preliminares para los homicidios comenzarán el martes y el miércoles.

Cuando estén en la corte, los acusados, abogados y otro personal esencial estarán separados por seis pies de distancia. Cada persona en el edificio debe llevar una máscara en todo momento. Las cortes municipales de Filadelfia se han preparado muy bien para el regreso.

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Los funcionarios recomiendan a las personas que no están seguros de la situación de su caso a revisar el expediente. Una herramienta para hacerlos es el sitio web del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania. Allí pueden consultar courts.phila.gov para más información.

La Corte de Apelaciones se reanudará la semana que viene, así como el servicio de jurado y algunos juicios.

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La semana pasada, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito concedió una petición del gobernador Ron DeSantis para revisar y suspender una decisión de un juez del tribunal federal de Tallahassee fechada en mayo. Éste magistrado criticó el hecho de que Florida estableciera bloqueos para cientos de miles de delincuentes que buscan acceso a las urnas en virtud de una iniciativa aprobada por los votantes, reportó NBC Miami.

La corte de apelaciones ha programado una audiencia sobre el asunto para el 18 de agosto, el mismo día de las elecciones primarias en Florida. La fecha límite de registro para participar en esa elección es el 20 de julio.

El tema del acceso a las urnas de Florida ha estado en el centro de innumerables disputas legales, lo que indica el papel preponderante que tiene el estado en la determinación del equilibrio de poder no sólo en Florida sino también en Washington.

Con márgenes muy estrechos que a menudo deciden la carrera comicial, el resultado de esta batalla legal podría tener diversas ramificaciones porque los 774.000 delincuentes privados de sus derechos en Florida representan un bloque significativo.

Un gran número de esos delincuentes son afroamericanos y presumiblemente demócratas, y si se les permite votar podrían desempeñar un papel decisivo en el resultado de las primarias de agosto y en las elecciones presidenciales de noviembre.

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Por otro lado, el Southern Poverty Law Center (Centro Legal de la Pobreza del Sur), junto con otros grupos que representan a los delincuentes, solicitó al juez Clarence Thomas de la Corte Suprema, que anule la referida revocatoria exigida por DeSantis.

“Estamos pidiendo a la Corte Suprema que mantenga la orden de la Corte de Distrito que establece pautas claras y directas a seguir, para el estado y los condados, para que todos los floridanos (delincuentes) elegibles puedan votar en las elecciones del 2020″, dijo Nancy Abudu, subdirectora legal del Southern Poverty Law Center.

En 2018 los votantes de Florida aprobaron por abrumadora mayoría la Enmienda 4, que devolvería el derecho al voto a la mayoría de los delincuentes que habían cumplido sus sentencias. Pero inmediatamente surgió un debate sobre lo que significaba completar una sentencia, lo cual aún está en disputa legal.

Los defensores de los derechos de los votantes demandaron al estado en 2019 después que DeSantis firmara un proyecto de ley elaborado por los republicanos que estipulaba que, antes de que un delincuente pueda ser elegible para votar, además del tiempo de condena cumplido, también tendrían que estar resueltas todas las obligaciones financieras legales como multas y restitución impagada.

En su fallo de mayo el juez del tribunal de distrito Robert Hinkle, dijo que los legisladores de Florida habían ideado un “sistema de pago a los votantes” y ordenó al estado que permitiera votar a muchos delincuentes de Florida, independientemente de las deudas legales pendientes.

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La norma dictada por el presidente Donald Trump para desalentar la búsqueda de refugio en la nación otra vez ha sido desactivada jurídicamente tal como lo hizo el pasado miércoles el juez federal Timothy J. Kelly de Washington.

La regla del tercer país obliga a los solicitantes de asilo a pedirlo antes en terceros países, lo que constituye la segunda decisión judicial contraria a esta regla en menos de una semana. De acuerdo a los magistrados la regla del Gobierno es ilegal porque viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, además de no haber seguido los procedimientos requeridos para su aprobación.

El magistrado de Apelaciones William A. Fletcher tildó este lunes la norma de “inconsistente” y apuntó que el Gobierno sólo puede exigir que los inmigrantes pidan antes asilo en terceros países si estos han firmado antes un acuerdo con EE.UU. en que se comprometan a garantizar la seguridad de los solicitantes, así como a proveerles un proceso “completo y justo”.

La medida del “tercer país” fue promovida por Trump y aprobada a mediados de julio del año pasado, y restringe la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde deben dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.

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La decisión que fue tomada el miércoles permitirá a la Casa Blanca acceder a 3 mil 600 millones de dólares para el muro, una promesa clave de la campaña del presidente para las elecciones del 2016 y una pieza central de su campaña del 2020.

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Trump celebró la decisión en un tuit, compartiendo “Noticias de última hora”: El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revocar una decisión de un tribunal inferior y nos dio la luz verde para construir una de las secciones más grandes del tan necesitado Muro de la Frontera Sur, cuatro mil millones de dólares. Todo el Muro está en construcción o preparándose para comenzar”.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Hace menos de treinta días un juez de la corte de distrito dictaminó que la administración no podía gastar el dinero asignado por los legisladores para un propósito diferente. Pero la corte de apelaciones encontró que el dinero, aproximadamente un tercio de los 11 mil millones de dólares asignados hasta ahora para el muro, podría ser utilizado mientras que los desafíos legales continúan abriéndose paso a través de los tribunales federales.

Los datos para la elaboración de esta nota periodística fueron extraídos de The Washington Post, medio que advirtió que los funcionarios de la administración de Trump anunciarán el viernes que han completado la construcción de 100 millas de nuevas barreras a lo largo de la frontera sur con México.

De acuerdo a datos revelados por el diario capitalino, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, anunciará que la construcción se ha completado en Yuma, Arizona. A la cita se le unirán altos funcionarios de la frontera y la senadora Martha McSally (republicana).

El anuncio vendrá sólo unos días después de que una corte federal de apelaciones en Nueva Orleáns levantó una orden judicial de una corte inferior que había bloqueado la administración Trump de usar fondos militares para ayudar a construir el muro fronterizo.

Mark Morgan, el comisionado en funciones de Aduanas y Protección de la Frontera de EE.UU., dijo a los reporteros el mes pasado que la meta de la agencia era completar 450 millas para finales de 2020, pero agregó que “es difícil en este momento ser capaz de decir si todavía vamos a ser capaces de cumplir con ese objetivo, pero estoy seguro de que vamos a estar cerca”, informó el Post.

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Morgan también dijo el mes pasado que se habían construido 93 millas de muro durante la administración de Trump, informó Reuters de acuerdo al Post. Sin embargo, al menos 90 millas de eso reemplazaron estructuras que ya estaban en pie.

El presupuesto para el 2020 aprobado por el Congreso el mes pasado mantuvo los fondos para la construcción de la barrera fronteriza estancados a partir del 2019 en 1.4 mil millones de dólares, en comparación con los 5 mil millones de dólares que la Casa Blanca buscaba inicialmente.

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Es así que los abogados que han llevado a tribunales el determinar la legalidad de los fondos destinados por el Gobierno de Donald Trump a construir un muro fronterizo con México, un proyecto que ya está en marcha, están urgiendo al poder judicial en la toma de una decisión.

Dror Ladin, abogado de la Unión de Libertades Civiles de EE.UU., pidió a la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones que lleva el caso que tome una decisión “tan rápido como pueda” para evitar que, en caso de un fallo favorable a sus intereses, la construcción haya avanzado más.

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La urgencia fue argumentada por Dror Ladin tras explicar que “estamos yendo a contrarreloj para prevenir daños irreversibles a la Constitución, el medio ambiente y las comunidades fronterizas por parte de la obsesión xenófoba de Trump con el muro. Si las cortes permiten que el presidente se salga con la suya con este abuso de poder, otros le seguirán sin que se pueda impedir”.

El pasado julio, en una ajustada votación, los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo se impusieron a los cuatro progresistas y dieron un visto bueno temporal al Gobierno para la utilización de 2.500 millones de dólares procedentes de las arcas del Pentágono para la renovación del muro fronterizo con México.

Ese presupuesto estaba inicialmente destinado a combatir el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional que declaró en febrero en la frontera sur.

Es precisamente la desviación de fondos lo que los demandantes alegan que es ilegal, al considerar que el Ejecutivo no puede modificar de esta forma una decisión tomada por el poder legislativo, ya que fue el Congreso el responsable de aprobar el presupuesto federal.

La decisión del Supremo, sin embargo, no es definitiva, y solo tumba la prohibición de que el Gobierno use los 2.500 millones para la construcción del muro tal y como había impuesto un tribunal inferior, pero no entra a valorar la legalidad de la desviación.

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Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el Noveno Circuito de Apelaciones, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.

Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallase en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta lleve el caso al Supremo para que tome una decisión definitiva.

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De acuerdo a informaciones divulgadas por medios de comunicación locales, la corte federal sostuvo una decisión de un tribunal de menor rango que ordenaba al gobierno de Donald Trump entregar artículos de aseo a los niños migrantes detenidos en la frontera con México.

La decisión judicial amplió más su alcance y estableció que el Gobierno debe garantizar a los niños inmigrantes que están en custodia “que coman suficiente comida comestible, que beban agua limpia, que estén alojados en instalaciones higiénicas, con baños limpios, que tengan jabón y pasta de diente y que no estén privados de sueño constituyen sin duda condiciones esenciales de la seguridad de un niño”, dijo el tribunal.

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La decisión es un revés para el gobierno de Trump que había suspendido medida dada hace dos años por un tribunal que le obligó a dar a los niños artículos de aseo y a garantizarles condiciones adecuadas de temperatura, así como un lugar para dormir, comida y agua.

Los tres jueces que analizaron la apelación determinaron que los productos de higiene básicos y las condiciones adecuadas para dormir son elementos esenciales dispuestos en una ley de 1997 que exige que las instalaciones sean “seguras e higiénicas”.

“La corte de distrito elaboró correctamente su argumentación al requerir estas condiciones en lugar de permitir que el gobierno decida si quiere darlas”, agregaron los magistrados.

Esta sentencia se produce después de que varios reportes de congresistas y de organizaciones de derechos humanos denunciaron las condiciones anti higiénicas y enfermedades en los centros de detención para inmigrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador.

El Departamento de Seguridad Nacional había apelado esta decisión argumentando que la ley no establecía específicamente qué artículos debían ser entregados.

El mes pasado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró “profundamente impactada” por las condiciones de detención de los migrantes en Estados Unidos y subrayó que no habría que separar nunca a los niños de sus padres.

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“Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente impactada de que unos niños sean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a cuidados sanitarios o a alimentos adecuados y en malas condiciones sanitarias”, declaró Bachelet.

El presidente de Estados Unidos ha descrito los informes de los niños utilizando ropa inmunda, amontonados en celdas donde proliferan las enfermedades en la frontera con México como una “farsa”.

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