La política, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, también incluye a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Con esta actualización, suman 50 las naciones sujetas a este requisito.

Según las autoridades, el objetivo es reducir la permanencia irregular de visitantes que exceden el tiempo autorizado en sus visas. La fianza funcionará como garantía y será devuelta íntegramente a quienes cumplan con las condiciones migratorias y abandonen el país antes del vencimiento del permiso.

En caso contrario, el monto podrá ser retenido por el gobierno estadounidense para cubrir costos asociados a procesos de deportación, lo que refuerza el enfoque de control migratorio.

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Especialistas señalan que la medida podría afectar el flujo de viajeros y generar barreras económicas para ciudadanos de países en desarrollo. No obstante, Washington sostiene que busca fortalecer el cumplimiento de sus leyes migratorias y reducir la carga administrativa vinculada a la supervisión de estancias temporales.

Desde el 21 de enero de 2026, Estados Unidos implementó una fianza reembolsable de entre 5.000 y 15.000 dólares para solicitantes de visas B1/B2 de ciertos países, incluyendo Venezuela y Cuba en Suramérica y el Caribe.

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En medio de una guerra de palabras entre los mandatarios, Washington retiró la visa y aplicó sanciones económicas contra Petro y varios miembros de su familia en septiembre. Trump incluso amenazó con acciones militares en Colombia tras el operativo y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el 3 de enero.

Los países históricamente aliados en la región resolvieron la crisis el 3 de febrero con una reunión en la Casa Blanca, en la que acordaron golpear conjuntamente al narcotráfico.

“Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato”, dijo en X Petro, que sale de la presidencia el 7 de agosto, sin posibilidad de reelección.

También pidió su salida de la lista negra de sanciones OFAC, usada en especial contra grandes narcos, terroristas y dictadores, que implica dificultades para tener cuentas bancarias, bloqueo de bienes en Estados Unidos y el acceso a cualquier empresa estadounidense entre otras restricciones.

“No hay razón alguna para estar allí”, añadió.

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El gobierno de Trump retiró en 2025 la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas, al considerar insuficientes sus esfuerzos para combatir a los poderosos grupos narco y detener el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

Colombia vive un repunte de violencia y es el principal productor de cocaína en el mundo, pero Petro asegura que durante su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.

Washington no incluyó a Bogotá en el llamado “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada recientemente para enfrentar amenazas de seguridad, pero los aliados clave sostienen una fuerte cooperación militar y comercial.

Por: AFP

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La medida, que afecta a migrantes que han llegado durante las últimas décadas en su mayoría latinoamericanos que huyen de la violencia, la pobreza o desastres naturales, revoca el derecho a audiencias de fianza ante jueces de inmigración, salvo en contadas excepciones.

Según el documento fechado el 8 de julio y firmado por el director interino de ICE, Todd Lyons, los migrantes permanecerán detenidos durante todo el proceso de deportación. A pesar del alto costo de esta decisión, el Congreso ha asignado 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención de ICE durante los próximos cuatro años.

La Constitución de EE.UU. establece que la prisión preventiva debe ser una excepción, garantizando el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, sectores del Partido Republicano respaldan la negación automática de la libertad bajo fianza como una forma de disuadir la migración irregular.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), han criticado la medida, argumentando que los migrantes deben tener la posibilidad de presentar su caso ante un juez.

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Trump ha endurecido su política migratoria desde su regreso al poder en enero, sellando prácticamente la frontera con México y desplegando tropas en la zona. No obstante, una encuesta de Gallup muestra un cambio en la percepción pública: el apoyo a la reducción de la inmigración cayó al 30%, y el 79% de los adultos considera que la inmigración es positiva para el país.

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Una forma común de trabajar de forma temporal en EE.UU como no inmigrante es que un posible empleador presente una petición ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Mientras que, si un extranjero tiene la combinación adecuada de habilidades, educación y experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en este país a través de una visa de inmigrante.

Visas de trabajador permanente

Cada año fiscal, que comienza cada el 1 de octubre y finaliza cada 30 de septiembre, se otorgan unas 140 mil visas para extranjeros a través del empleo que se emiten para solicitantes calificados bajo las estipulaciones de la Ley de Inmigración estadounidense.

Existen cinco categorías de trabajo permanente para inmigrantes y los requisitos para calificar varían de acuerdo con el tipo empleo. En algunos casos específicos, tanto conyugues como hijos menores solteros, menores de 21 años, pueden solicitar visas de inmigrante con quien haya obtenido una visa de empleo. Ellos deben completar los formularios de solicitud apropiados, obtener los documentos civiles requeridos, pagar las tarifas requeridas y someterse al examen médico.

Cada una de estas cinco clasificaciones está reservada a distintas profesiones o habilidades y en algunos casos se requiere que el solicitante tenga una oferta de trabajo de un empleador o patrocinador y que este mismo empleador presente una solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EE.UU. y obtenga una certificación laboral del Departamento del Trabajo (DOL).

A continuación se enumeran las categorías de preferencia de visa de trabajador permanente en EE.UU:

Primera preferencia EB-1: Se reserva para personas con aptitudes extraordinarias en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes; profesores o investigadores sobresalientes; y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales.

Segunda preferencia EB-2: Es para personas que sean profesionales y tengan títulos de posgrado o para quienes tengan aptitudes excepcionales en las artes, las ciencias o los negocios.

Tercera preferencia EB-3: Es para los profesionales, trabajadores especializados entre otros.

Cuarta preferencia EB-4: Es para “inmigrantes especiales”, entre los cuales se incluyen ciertos trabajadores religiosos, empleados de puestos del servicio exterior de EE.UU., personal retirado de organizaciones internacionales, extranjeros menores de edad que están bajo la protección de tribunales de EE.UU. entre otros casos.

Quinta preferencia EB-5: para los inversionistas que asignen 1.050.000 dólares o 800 dólares, si la inversión se realiza en un área de empleo identificada, en una nueva empresa que emplee al menos diez trabajadores de EE.UU. a tiempo completo.

Los primeros pasos

Para ser considerado para una visa de inmigrante bajo alguna de las categorías a través del empleo, el empleador o agencia prospectiva del solicitante debe obtener la aprobación de certificado del Departamento del Trabajo (DOL). Una vez aprobada y recibida, el empleador procederá a presentar una Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero, Formulario I-140, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) para la categoría apropiada de preferencia a través del empleo.

Las personas con habilidades extraordinarias en la categoría de empleo de primera preferencia pueden presentar sus propias peticiones. Cuando el solicitante presente la Petición de Inmigrante para Trabajador Extranjero, Formulario I-140, debe ver las instrucciones detalladas de los formularios, al igual que la información detallada sobre requisitos en el sitio web de Trabajadores Permanentes del USCIS.

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Los casos de visa de inmigrante a través empleo demoran debido al límite numérico de cada categoría. El tiempo varia por caso y algunos casos se tardan más porque los solicitantes no siguen las instrucciones cuidadosamente. Algunas solicitudes de visa requieren un procesamiento administrativo adicional, lo cual lleva tiempo extra después de que el oficial consular entrevista al solicitante.

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De acuerdo con los reportes oficiales, unas 8.000 personas entraron ilegalmente en el recinto que fue escenario del juego final del torneo, de las cuales 7.000 ya fueron identificadas gracias a las cámaras biométricas instaladas en los alrededores.

De igual forma, las autoridades del estado de Florida descubrieron que la mayoría de las personas involucradas en este caso no viajaron directamente desde Colombia. Se determinó que un gran número de los aficionados tienen residencia legal y habitan en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, lo que complica aún más su situación ante la ley.

Es por ello que las sanciones para los hinchas que fueron identificados podrían ir desde penas judiciales como cargos criminales que deriven en multas e incluso tiempo en prisión, revocación de visas o pérdidas de residencia lo que les impediría seguir viviendo legalmente en ambos países, y en los casos más severos los implicados podrían ser deportados.

En algunos casos extremos, si se demuestra que el residente estadounidense estuvo acompañado de su familia al partido al momento de participar en los disturbios, todos los miembros podrían ser deportados de Estados Unidos, siendo revocadas visa y residencia.

Estas medidas son parte de una política estricta contra los actos que se consideran una amenaza a la seguridad nacional.

Los reportes oficiales del día del suceso indican que casi 8.000 personas entraron ilegalmente al Hard Rock Stadium de Miami antes del inicio del partido entre Argentina y Colombia.

Gracias a cámaras biométricas instaladas en los alrededores del estadio fueron identificados al menos a 7.000 de esos aficionados que ingresaron sin boleto, muchos de ellos colombianos.

Una final empañada

La final de la Copa América 2024 se vio envuelta en un escándalo momentos antes del inicio del partido entre Argentina y Colombia. El Hard Rock Stadium Miami, sede de la final del evento deportivo, no estableció varios anillos de seguridad para chequear a los aficionados que no tenían entradas.

Durante la previa se desató un gran conflicto entre la seguridad del estadio y los hinchas que no tenían boletos y provocaron tumultos y avalanchas humanas. En pleno caos, miles de fanáticos ingresaron sin boleto a las instalaciones deportivas con la intención de ver el juego y la situación generó un retraso de poco más de una hora en el juego.

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Las imágenes de aficionados sin tickets intentando ingresar al estadio por medios no autorizados se hicieron virales en las redes sociales lo que aumentó la percepción de desorganización.

Las fuerzas de seguridad intentaron controlar la situación, pero no lograron evitar que miles de personas quedaran atrapadas sin poder acceder a sus asientos a pesar de tener entradas válidas mientras que quienes no tenían boletos lograron colarse.

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“El Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar nuestro país”, indicó un comunicado del ministerio.

La cancillería señaló que la medida se da “ante el anuncio unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, y en aplicación del Principio de Reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos”.

México exigirá visa a los peruanos a partir del próximo 20 de abril.

Comunicado de prensa: El Perú impondrá visas a ciudadanos mexicanos para visitas de corta duración.

📄 https://t.co/PY9x5otOaq pic.twitter.com/vCEKyEAZ1B

— Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 7, 2024

“El Perú lamenta esta decisión de México que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países”, agregó el ministerio.

Perú hará algunas excepciones que precisará en un próximo Decreto Supremo.

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En ese sentido, la cancillería explicó que no se exigirá visado a ciudadanos mexicanos que cuenten con la visa Schengen, del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón.

Tampoco a los que posean residencia permanente en esos países y en los demás miembros de la Alianza del Pacífico: Chile y Colombia.

Por:AFP

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A finales de 2023, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó la lista de países habilitados para solicitar este documento esencial, registrando un cambio significativo.

Los ciudadanos de los siguientes países de Latinoamérica pueden solicitar la visa H-2B para trabajos temporales no agrícolas en Estados Unidos. La lista está sujeta a cambios y actualizaciones por parte del servicio USCIS:

• Argentina
• bolivia
• brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• República Dominicana
• México
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay

Un nacional de un país que no esté en la lista puede ser beneficiario de una petición aprobada de visa H-2B sólo si el Departamento de Seguridad Nacional determina que es del interés de Estados Unidos que esa persona sea beneficiaria de tal petición.

¿Qué es la visa H-2B?

La H-2B es una visa de trabajo que permite a ciudadanos de países específicos trabajar en Estados Unidos en empleos no agrícolas temporales o de temporada. Este documento está destinado a: 

• Trabajadores que buscan oportunidades laborales en Estados Unidos en sectores como construcción, hostelería, turismo, jardinería o industria forestal.
• Empleadores que necesitan cubrir temporalmente una demanda de mano de obra en puestos no agrícolas

La visa H-2B se puede adquirir por un lapso de hasta 6 meses, con la opción de prorrogarla por un período adicional de otros seis meses más, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

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¿Cuáles son los requisitos para obtenerla

• Oferta de trabajo de un empleador estadounidense.
• Certificación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
• Pasaporte válido.
• Visa de entrada válida, si es necesaria.
• Prueba de solvencia económica.
• Examen médico.
• Pago de tasas de solicitud.

¿Cuál es la cantidad máxima reglamentaria H-2B?

Existe una cantidad máxima reglamentaria, o “tope máximo” en el total de personas que pueden obtener una visa H-2B u la clasificación de No Inmigrante H-2B durante un año fiscal.

Actualmente, el Congreso ha establecido la cantidad máxima de visas H-2B en 66,000 por año fiscal, de las cuales 33,000 son para trabajadores que comienzan empleo durante la primera mitad del año fiscal, del 1 de octubre al 31 de marzo, y 33,000 para los que hagan lo propio durante la segunda mitad del año fiscal, del 1 de abril al 30 de septiembre.

Cualquier cantidad de visas de la primera mitad del año fiscal que no se haya utilizado durante ese período estará disponible para trabajos que interesen contratar trabajadores H-2B durante la segunda parte de dicho año fiscal. Sin embargo, la porción de visas H-2B que no sea utilizada durante un año fiscal no podrá ser transferida al próximo año.

Todas las personas interesadas en obtener una visa H-2B pueden obtener información adicional, a través de la página web del United States Citizenship and Immigration Services

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Chile es el único país de América Latina que forma parte del Programa de exención de visa (Visa Waiver Program) que permite viajar a Estados Unidos por turismo o negocios y permanecer en territorio estadounidense por un máximo de 90 días.

No se requiere visa, pero sí un permiso tramitado a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA).

La Administración del presidente Joe Biden estima que el ingreso de Chile dicho programa en mayo de 2014, ha permitido que se cuadrupliquen los viajes. Pero reconoce, al igual que algunos congresistas, que algunas personas se aprovechan de él para entrar en Estados Unidos y cometer delitos.

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Durante una sesión en la Cámara de Representantes, el republicano Tom McClintock calificó el programa como un “nuevo fenómeno turístico del crimen” a través del cual bandas criminales chilenas llevan a cabo “robos de millones de dólares”.

En la citada sesión realizada en el subcomité de Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Ley de Inmigración, participó Bradley Schoenleben, fiscal adjunto de la oficina del fiscal del condado de Orange, en California.

“Existe una laguna en el programa de exención de visado ESTA del departamento de Seguridad Nacional que ha permitido la entrada a Estados Unidos de cientos de miles de ciudadanos chilenos, incluidos delincuentes violentos, sin que se hayan comprobado sus antecedentes penales”, aseveró el fiscal Schoenleben.

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Considera además que esto ha abierto “una vía directa” para que las redes transnacionales de delincuencia organizada introduzcan en territorio estadounidense a delincuentes, por lo que solicitó que se suspenda la participación de Chile en el programa hasta que se subsane el problema.

Según el fiscal Schoenleben, solo en 2022 más de 350.000 ciudadanos chilenos entraron en Estados Unidos gracias a este programa.

Por su parte Lou Correa, congresista demócrata, afirma haber hecho gestiones para averiguar lo que está pasando y llegó a la conclusión de que el problema son “las bases de datos de criminalidad que no están del todo conectadas allí”.

“O se arregla o ese programa de visados es revocado, como debe ser”, alegó, refiriendo que no se trata solo de delincuentes chilenos sino que existen bandas europeas que también se aprovechan.

Hace unas semanas el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, pidió la suspensión del programa para Chile hasta que se resuelva el problema.

Chile negocia para mantenerlo y se ha comprometido a realizar cambios que permitan que las fuerzas de seguridad de los dos países “intercambien información de manera inmediata”, declaró en junio el embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, a una radio chilena.

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“Los nacionales de República Federativa del Brasil que pretendan ingresar al país como visitantes deberán tramitar visa en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, informó la Secretaría de Gobernación mexicana.

El diario oficial del Gobierno azteca divulgó el convenio de la Secretaría de Gobernación que cancela el acuerdo de no visado vigente desde febrero de 2004 y que quedará sin efectos a partir del 11 de diciembre, cuando se requerirán las visas a los turistas de Brasil.

De acuerdo con el gobierno mexicano, “se ha identificado un incremento sustancial de nacionales brasileños” que llegan al país “con una finalidad distinta a la permitida” por dicho acuerdo.

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La decisión ya fue informada a Brasil y es de carácter temporal, aunque no determina su vigencia.

En octubre pasado, cuando se anunciaron lineamientos migratorios, la Gobernación señaló que entre abril y agosto de 2021 se identificaron a más de 38.000 brasileños que intentaron cruzar ilegalmente a Estados Unidos desde territorio mexicano.

Según la autoridad, se han detectado a brasileños “cuyo perfil no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en sus documentos”.

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El juez de distrito de Portland, Michael Simon, dictaminó que la proclamación del Presidente “que exige a los inmigrantes legales entregar pruebas de seguro médico antes de que el Departamento de Estado emita una visa es incompatible con el INA”, en referencia a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

En una opinión por escrito el magistrado explicó que la norma no entrará en vigor mientras se resuelve una demanda que impugna su constitucionalidad introducida por una organización sin fines de lucro.

La regla emitida por Trump en octubre le exigiría a los solicitantes de visa verificar que están protegidos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su entrada a Estados Unidos. Esta política está dirigida solamente a las personas que aspiran a una visa de inmigrante desde el extranjero y no a aquellas que ya se encuentran dentro del país.

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El juez Simon ya había emitido un interdicto temporal de emergencia el 3 de noviembre, justo cuando entraba en vigor la regla, en respuesta a la demanda y escuchó argumentos antes de la opinión que emitió este martes.

La demanda fue litigada por representantes del Centro de Acción de Justicia (JAC), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), y el Laboratorio de Derecho de la Innovación, junto con la oficina de abogados Sidley Austin LLP, quienes los representaron.

Los demandantes argumentan que la norma impediría que casi dos terceras partes de los inmigrantes elegibles recibieran la visa y también eliminaría o reduciría significativamente el número de migrantes que ingresa a Estados Unidos con visas patrocinadas por sus familiares.

La Casa Blanca había dicho que estaba en total desacuerdo con la decisión de Simon de impedir que el decreto entrara en vigencia, declarando que era “incorrecto e injusto” que un juez en un solo distrito judicial emita un fallo que frenara una política a nivel nacional.

El Gobierno sostiene que la medida es necesaria porque los proveedores de atención médica y los contribuyentes “corren con costos sustanciales en el pago de gastos médicos en los que incurren las personas que carecen de seguro médico o no tienen la capacidad de pagar por atención médica”.

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