La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump y ratificada por la Corte Suprema, ha sido descrita por activistas y expertos como la mayor “ilegalización” colectiva de inmigrantes en la historia moderna de EE.UU.

DHS asegura que Venezuela ya no cumple con las condiciones del TPS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumentó que Venezuela “ya no cumple con las condiciones” necesarias para mantener el TPS, señalando supuestas mejoras en la economía y la seguridad del país.

Sin embargo, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos insisten en que la crisis humanitaria persiste bajo el régimen de Nicolás Maduro, con graves violaciones a los derechos humanos, escasez de medicinas y altos niveles de represión política.

La decisión afecta principalmente a los beneficiarios de la designación original de 2021, mientras que un pequeño grupo —aproximadamente 5.000 personas que lograron reinscribirse a tiempo— mantendrán su permiso de trabajo hasta octubre de 2026, amparados por órdenes judiciales previas.

Voces del exilio: “Esto es una pesadilla”

Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus y una de las principales defensoras de esta comunidad, describió la situación como “devastadora”.

“Los casos relacionados con la salud son los más dolorosos”, declaró Ferro en entrevista con Univisión. “Un hombre de 50 años perdió su lugar en la lista de trasplante de pulmón al quedarse sin seguro médico; otro requiere diálisis; un niño con cáncer; y una madre de mellizos teme ser detenida por ICE en el hospital, dejando a su bebé sobreviviente solo en terapia intensiva”.

Según Ferro, ya se registran autodeportaciones voluntarias de venezolanos que abandonan sus autos en aeropuertos para regresar a su país. También mencionó niños que pierden becas, deportistas que suspenden entrenamientos por miedo a ser detenidos y empresarios que cierran negocios ante la incertidumbre legal.

“Un ingeniero en Texas fue detenido recientemente pese a presentar su permiso de trabajo, ya que su TPS había expirado”, añadió.

Qué implica perder el TPS: deportación, desempleo y pérdida de derechos

El abogado migratorio Haim Vásquez explicó que, sin TPS, los venezolanos afectados pierden protección contra la deportación, la autorización de empleo, las licencias de conducir y el acceso a beneficios como seguros médicos o créditos educativos.

“Quedan expuestos inmediatamente a procesos de deportación”, advierte Vásquez, aunque subraya que todavía existen opciones limitadas, como solicitar asilo político (bajo criterios más estrictos) o visas humanitarias.

Muchos temen regresar a Venezuela por el riesgo de persecución política o inseguridad.

“Volver significaría desaparecer a manos del régimen”, sostuvo Ferro.

Algunos optan por la autodeportación voluntaria, incentivada con US$1.000, pero los expertos aconsejan consultar abogados migratorios antes de tomar decisiones que puedan afectar futuras solicitudes de estatus legal.

Redes sociales y reacción pública: “Una situación de terror”

En redes sociales, la comunidad venezolana en EE.UU. ha expresado su pánico y desesperación.

“Es una situación de terror”, resume un mensaje viral en red social X.

Activistas y organizaciones humanitarias subrayan que no se trata solo de un documento, sino de vidas enteras interrumpidas.

“Son familias arrancadas de manera brutal de su estabilidad y de su refugio temporal”, enfatizó Ferro.

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Litigios pendientes y llamados al Congreso

Aún existen litigios en curso que podrían extender temporalmente algunas protecciones, pero el reloj corre. Organizaciones proinmigrantes instan a la solidaridad ciudadana y piden al Congreso estadounidense que apruebe una solución permanente para los venezolanos que quedarán desprotegidos.

Para miles de familias, este 7 de noviembre marca el fin de un refugio temporal y el inicio de una pesadilla indefinida.

Con información de agencias

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La pérdida del TPS implica la anulación del permiso de trabajo y de la licencia de conducir, dejando a miles de familias sin medios legales para sostenerse. Ante este panorama, muchos venezolanos han optado por abandonar Estados Unidos. Algunos buscan oportunidades en España, aprovechando vínculos familiares o doble nacionalidad, mientras otros se dirigen a Colombia u otros países de América Latina.

Uno de ellos es Miguel Ángel García, residente en Florida, quien decidió emigrar junto a su esposa tras seis años bajo protección temporal. “Hemos tenido que vender barato, casi a precio de regalo. Nos vamos sin deseo de irnos”, declaró a Telemundo. Su doble nacionalidad española le permitirá reubicarse en Europa junto a sus hijos.

Otro caso es el de Maryhuska Méndez, también en Florida, quien perdió el asilo en 2019 y dependía del TPS para permanecer en el país. “Queremos irnos y comenzar desde cero en otro lugar”, dijo. Ella y su familia planean viajar a Colombia, aunque enfrentan trabas migratorias.

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Abogados y organizaciones comunitarias advierten que quienes no consigan un nuevo estatus deberán abandonar el territorio estadounidense. Ante el creciente impacto humanitario, varias entidades han solicitado a la Administración Trump considerar una Salida Forzosa Diferida (DED) que permita una transición menos abrupta para los afectados.

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En un comunicado difundido en sus redes sociales, Fraga recordó que Doral alberga “una de las comunidades venezolanas más grandes de los Estados Unidos” y advirtió que la decisión judicial tendrá “un impacto directo y doloroso” en miles de familias del sur de la Florida. “Son hombres y mujeres que huyeron de un régimen opresivo, trabajan arduamente y contribuyen a nuestra economía. Deportarlos no refleja los valores que compartimos como estadounidenses”, señaló.

La alcaldesa hizo un llamado a los líderes federales, tanto del Congreso como de la Administración, a buscar una solución “responsable, humana y de largo plazo” que permita a los venezolanos continuar en el país de manera legal. “Debe existir un camino claro para quienes han cumplido con nuestras leyes y no tienen antecedentes criminales”, afirmó.

El fallo del máximo tribunal mantiene vigente el TPS solo para quienes completaron su re-registro o extensión antes del 5 de febrero de 2025, incluidos los beneficiarios del grupo de 2021. Según Adelys Ferro, presidenta del Venezuelan American Caucus, los solicitantes posteriores a esa fecha, incluidos los que habían recuperado el estatus en 2023, pierden la protección y podrían enfrentar procesos de deportación.

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“Esto no es política, es sobre personas”, insistió Fraga, reafirmando el compromiso de la ciudad de Doral con la comunidad venezolana. La alcaldesa aseguró que continuará abogando por su seguridad, dignidad y oportunidad de seguir persiguiendo el sueño americano.

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El alto tribunal confirma así una decisión que había tomado en mayo y revoca nuevamente una decisión de un tribunal federal de California (oeste), que falló sobre el fondo de este caso en septiembre.

El tribunal californiano había prohibido a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocar el TPS que da amparo a alrededor de 350.000 venezolanos.

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, y se concedía a los inmigrantes cuya seguridad no estaba garantizada si regresan a su país debido a conflictos, desastres naturales u otras condiciones “extraordinarias”.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, suspende hasta nueva orden de su parte, o de una corte de apelaciones federal, la decisión del tribunal californiano, limitándose a reafirmar que las razones que justificaron su fallo en mayo siguen siendo válidas.

El auto de los magistrados es sucinto. En él, los tres jueces progresistas de los nueve que conforman la corte, expresaron su desacuerdo de forma más explayada.

Una de ellas, Ketanji Brown Jackson, reprocha a sus colegas de la mayoría conservadora por dar una vez más prioridad a la emergencia invocada por el gobierno de Trump sobre el interés de las personas afectadas y sobre las conclusiones de los tribunales inferiores.

“Una vez más, utilizamos nuestro poder de arbitraje para permitir que este gobierno perturbe tantas vidas como sea posible, tan rápido como sea posible”, escribió.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una prioridad absoluta de su mandato, mencionando una “invasión” de los Estados Unidos por “criminales provenientes del extranjero”.

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Durante el anterior gobierno de Estados Unidos, encabezado por el demócrata Joe Biden, entraron en el país una cifra récord de indocumentados a través de la frontera sur con México, que algunos expertos cifran en cerca de 10 millones de personas.

El programa de deportaciones masivas ha sido frustrado o ralentizado por múltiples decisiones judiciales, incluso por parte de la Corte Suprema, principalmente con el argumento de que las personas afectadas deben poder hacer valer sus derechos.

El TPS fue otorgado en gran medida a los venezolanos bajo el mandato de Biden, ya que Washington considera al Venezuela de Nicolás Maduro como un régimen autoritario.

El pulso en torno al TPS afecta a otras nacionalidades, como los hondureños, nicaragüenses y nepaleses, que también se acogen a este estatuto.

Una juez federal bloqueó hasta noviembre la decisión final en este caso.

El TPS supone un desaire diplomático, ya que ese país pasa a ser considerado, a ojos de Estados Unidos, como peligroso para esos propios ciudadanos que quieren una mejor vida.

A pesar de ello, Maduro criticó en mayo la decisión de Trump de quitarles la protección a los venezolanos, ya que era una “protección mínima” que tenían en Estados Unidos, a su juicio.

Por: AFP

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Este fallo anula la orden de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien canceló la protección migratoria a finales de enero bajo el argumento de que los demócratas se habían precipitado en otorgar una extensión, dado que las condiciones en Venezuela habían mejorado. También criminalizando a una comunidad entera.

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El juez dijo que la posición de Noem al revocar el TPS “no solamente fue sin precedentes en cuanto a la forma en que se hizo y la velocidad a la que se quiso implementar, sino que viola la ley”, y añadió que “por 35 años el estatuto de TPS ha sido aplicado fielmente por administraciones presidenciales de ambos partidos […] con la consulta y participación del Departamento de Estado y de otras agencias, en procesos que implican análisis y revisiones cuidadosas”.

El TPS es una designación que se le otorga a personas en Estados Unidos si las condiciones en sus países de origen se consideran inseguras para regresar debido a un desastre natural, inestabilidad política u otras condiciones peligrosas. Las designaciones se otorgan por períodos de seis, doce o dieciocho meses, y pueden extenderse mientras las condiciones sigan siendo graves. Los beneficiados no pueden ser deportados y pueden trabajar. Ya se les ha otorgado a personas de 16 países.

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De acuerdo con la legislación estadounidense, al menos 60 días antes de la expiración de una designación de TPS, el Departamento de Seguridad Nacional debe revisar las condiciones del país beneficiario y decidir si se justifica su extensión. En este caso, la administración de Donald Trump concluyó que Venezuela ya no cumple con los requisitos legales.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el TPS, mantener o ampliar esta medida socava directamente los esfuerzos por asegurar nuestra frontera sur”, afirmó Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en un comunicado.

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La decisión, según el DHS, se adoptó tras consultar con agencias interinstitucionales y con base en una revisión del Departamento de Estado. El Gobierno argumenta que mantener el programa es contrario al interés nacional.

.@DHSgov has announced termination of the 2021 designation of Temporary Protected Status for Venezuela. “Weighing public safety, national security, migration factors, immigration policy, economic considerations, and foreign policy, it’s clear that allowing Venezuelan nationals to… pic.twitter.com/iAqEwcqvri

— USCIS (@USCIS) September 3, 2025

Como parte del anuncio, las autoridades recomendaron a los venezolanos acogidos al TPS utilizar la aplicación CBP Home de Aduanas y Protección Fronteriza para notificar su salida voluntaria. El programa contempla un boleto de avión sin costo, un bono de salida de 1.000 dólares y la posibilidad de aplicar en el futuro a beneficios migratorios legales.

La medida ocurre mientras se desarrolla una batalla judicial. Un Tribunal de Apelaciones ratificó recientemente que poner fin al TPS podría ser ilegal, lo que mantiene en suspenso el destino de más de 600.000 venezolanos protegidos bajo las designaciones de 2021 y 2023. Una resolución judicial en los próximos días podría frenar temporalmente la decisión de la administración Trump.

Con información de uscis.gov

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El fallo, emitido por un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones, ratifica una decisión previa que mantenía vigentes las protecciones mientras el caso continúa en los tribunales.

No está claro qué efecto inmediato tendrá la resolución sobre los 350.000 venezolanos cuyas protecciones vencieron en abril. Sin embargo, el fallo cobra relevancia porque otro grupo de 250.000 venezolanos enfrenta el vencimiento de su TPS el 10 de septiembre próximo.

Argumentos de la corte

El panel judicial dictaminó que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en su alegato de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no cuenta con autoridad para revertir o anular una extensión previa del TPS. Según la corte, el estatuto redactado por el Congreso no otorga al DHS la facultad para eliminar dichas protecciones de manera unilateral.

Hasta el momento, el DHS no ha emitido comentarios oficiales tras conocerse la decisión.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo temporal a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que impiden un retorno seguro.

En el caso de Venezuela, el TPS ha representado un alivio para cientos de miles de migrantes que buscan estabilidad en Estados Unidos, mientras persiste la crisis humanitaria en su país de origen.

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Impacto político y comunitario

El fallo del Noveno Circuito representa un revés para la política migratoria de Trump, que durante su mandato buscó limitar y cancelar varios programas de protección humanitaria. Por otro lado, la decisión ofrece un respiro para la comunidad venezolana, que se mantiene a la expectativa de nuevas definiciones legales y administrativas en torno a su estatus migratorio.

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Inicialmente, el alcance de la medida se limitaba a hondureños, nicaragüenses y haitianos. Con la actualización emitida por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), los venezolanos con TPS válido también podrán tramitar o renovar licencias e identificaciones estatales. Según la directriz oficial, quienes recibieron documentación relacionada con el TPS el 5 de febrero de 2025 o antes mantienen la validez de su estatus mientras continúa el litigio en curso. Con base en ello, el FLHSMV autorizó que puedan gestionar sus documentos hasta el 2 de octubre de 2026.

El reinicio de este proceso permitió que cientos de migrantes retomaran gestiones que permanecían en pausa desde febrero cuando los trámites habían sido suspendidos. Ahora, con la inclusión de venezolanos, se espera un incremento en la demanda de servicios en oficinas estatales y locales.

Los solicitantes deberán presentar toda la documentación exigida por el FLHSMV para comprobar su elegibilidad. Entre los requisitos principales se encuentran: identificación original con nombre completo, comprobante de Seguro Social, prueba de domicilio en Florida, documentación actualizada emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) con al menos 30 días de vigencia, y la aprobación de los exámenes de audición, visión, teoría y práctica.

En el condado de Miami-Dade, el recaudador de impuestos Dariel Fernández confirmó que su oficina ya brinda asistencia siguiendo estrictamente la guía del FLHSMV. “Si sus documentos están en orden, cumpliremos con todas las leyes estatales y federales y brindaremos los servicios permitidos”, aseguró.

Las autoridades recomiendan a los interesados consultar directamente el sitio oficial de USCIS para verificar los requisitos más recientes con el fin de evitar contratiempos durante el trámite. Cabe destacar que USCIS es la única autoridad que define la validez del TPS y la documentación aceptada.

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De acuerdo con las disposiciones actuales, hondureños y nicaragüenses podrán renovar licencias hasta noviembre de 2025; los haitianos, hasta el 3 de febrero de 2026; y los venezolanos con documentos emitidos antes del 5 de febrero de 2025, hasta el 2 de octubre de 2026.

Con esta ampliación, Florida busca dar certeza a miles de beneficiarios del TPS, mientras se definen en tribunales los próximos pasos sobre la vigencia de este programa migratorio.

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Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la protección que otorga permisos de trabajo y frena la deportación, estaba programada para expirar el 2 de septiembre de 2025. Sin embargo, tras el fallo del Tribunal del Distrito Este de New York, se estableció que cualquier finalización del programa no podrá ser efectiva antes de febrero de 2026.

El TPS para Haití beneficia actualmente a más de 520.000 inmigrantes y ha sido renovado en múltiples ocasiones debido a las prolongadas crisis humanitarias, políticas y de seguridad que afectan al país caribeño, como el terremoto de 2010 y la creciente violencia de pandillas.

Pese a la extensión ordenada por la corte, el DHS expresó su desacuerdo con la decisión judicial. En un comunicado publicado en su sitio web, la agencia recordó que la Corte Suprema había sentado un precedente favorable a la revocación del TPS en mayo, al permitir a la administración Trump finalizar la protección para más de 300.000 venezolanos.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, había dispuesto en febrero de este año modificar el periodo de extensión concedido previamente por el expresidente Joe Biden, estableciendo el 3 de agosto como fecha de término formal, con un plazo de gracia hasta el 2 de septiembre. Durante ese periodo, alentó a los beneficiarios a abandonar voluntariamente el país.

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El Ejecutivo estadounidense argumentó que la situación ambiental y humanitaria en Haití “ha mejorado lo suficiente” para justificar el fin del programa. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos migratorios y expertos en la región advierten que las condiciones en el país siguen siendo extremadamente precarias.

Además del TPS, los inmigrantes haitianos ya habían sido afectados anteriormente por la eliminación del “parole humanitario”, que otorgaba un estatus legal temporal a nacionales de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, tras una decisión del Tribunal Supremo que respaldó las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump.

El Gobierno aún no ha definido cómo responderá a la decisión judicial, aunque el DHS informó que está evaluando los pasos legales a seguir.

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El fundador de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) en Florida, José Antonio Colina, manifestó a medios de comunicación locales que el fallo causa “tristeza y profunda decepción” en el llamado “estados del sol” donde reside uno de cada tres migrantes con TPS en Estados Unidos y casi el 60% son venezolanos según un informe del Congreso.

Aunque el litigio seguirá en cortes inferiores, el Tribunal Supremo permitió al Gobierno continuar con la eliminación del TPS para los venezolanos, como se decidió el 20 de enero cuando la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios como “desgraciados” y “criminales”.

Por su parte, la venezolana Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), también describió el fallo como “un mensaje desalentador para quienes creyeron en el compromiso de este país con la protección de los más vulnerables. Esta revocatoria abre la puerta a la inestabilidad, al miedo y al desarraigo”, señaló en declaraciones a los periodistas.

Las dos agrupaciones trabajan con congresistas demócratas y republicanos para que el TPS sea una protección por ley federal y no por orden ejecutiva.

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El Pew Research Center ha reportado que en Florida viven casi la mitad de los venezolanos en Estados Unidos, más de 300.000 del total de 640.000.

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