La audiencia en la que se dará a conocer la condena contra Carvajal se suspendió indefinidamente, según informó una fuente judicial a la AFP, sin especificar los motivos del aplazamiento.

Carvajal se declaró culpable en junio pasado de conspiración para exportar cocaína a Estados Unidos, participación en narcoterrorismo en nombre de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y delitos relacionados con armas.

Los cargos en su contra se derivan del mismo caso en el que se procesa al derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado en Caracas por Estados Unidos a principios de este año durante una espectacular operación militar.

Apodado “El Pollo”, Carvajal, antiguo colaborador cercano de Hugo Chávez, fue marginado gradualmente del poder por su sucesor antes de convertirse en opositor al gobierno.

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Tras refugiarse primero en la República Dominicana y luego en España, se sometió a varias cirugías estéticas para modificar su apariencia y usaba habitualmente bigotes, barbas y pelucas postizas.

Además, cambiaba de escondite cada tres meses y se aseguraba de no salir nunca en público.

Finalmente, fue encontrado, arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Por AFP

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Uribe, del partido opositor Centro Democrático, murió por heridas en la cabeza tras un brutal ataque a tiros durante un acto político en Bogotá en junio, que revive los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia. Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.

El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía en un comunicado.

No lo trasladarán a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador a la AFP.

Un tribunal penal especial para menores juzgó al adolescente por intento de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos a principios de agosto.

Siete días después, Uribe falleció en el hospital.

La ley colombiana no permite modificar los cargos contra un menor una vez aceptados, por lo que fue sentenciado por tentativa de asesinato y no por homicidio.

“Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor”, escribió en la red social X el abogado de la familia, Víctor Mosquera.

“Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, agregó.

El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá. Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Señalan a guerrilla

Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó.

El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza. Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.

El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.

Además del atacante, las autoridades han capturado a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.

Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado.

Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como la Segunda Marquetalia.

Uribe, huérfano de la violencia

Miguel Uribe dejó a un hijo pequeño y a tres adolescentes hijas de su esposa, que acogió como propias.

Su vida estuvo marcada por el poder y por la violencia del conflicto armado interno en Colombia, que sigue activo luego de seis décadas.

Su abuelo Julio César Turbay Ayala fue presidente entre 1978 y 1982. Su madre, la afamada periodista Diana Turbay, fue asesinada mientras estaba secuestrada por orden de Pablo Escobar en 1991, en un operativo de uniformados que intentaban rescatarla.

El capo de la cocaína ordenó su rapto en medio de una campaña de terror para evitar la extradición de narcotraficantes colombianos a Estados Unidos.

Uribe tenía cuatro años cuando quedó huérfano de madre junto a su hermana mayor María Carolina.

Luego se hizo también político, con una ideología centrada en la seguridad, en la ofensiva contra el narcotráfico y en la oposición al acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla FARC.

Tras el asesinato, el padre del senador, Miguel Uribe Londoño, decidió tomar su lugar como precandidato presidencial de la derecha en las elecciones de 2026.

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Con 79 años, Uribe Londoño se medirá en campaña con pesos pesados de su partido como las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Su partido elegirá a un candidato único en los próximos meses.

De 2016 a 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados en Colombia, según el centro de investigación Indepaz.

Por: AFP

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El exmandatario derechista de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, según un documento del veredicto filtrado por la prensa, y cuya autenticidad confirmó una fuente próxima a la contraparte bajo condición de anonimato.

Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes 25 de julio de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha que cometieron numerosos crímenes contra civiles durante el conflicto armado.

Esta decisión representa un hito judicial, dado el peso político y el historial de Uribe, quien fue presidente de Colombia por ocho años.

Según la información del caso, la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, sostuvo que la evidencia reunida en el expediente “es suficiente para desvirtuar cualquier presunción de inocencia”, lo que fundamentó la condena y la orden de confinamiento residencial.

Por ahora, el debate sobre la posible suspensión de la detención domiciliaria al expresidente Uribe Vélez cobra relevancia tras el anuncio de su condena en primera instancia, tal como detalló la juez.

Aunque varios penalistas indicaron al medio de comunicación colombiano Blu Radio, que la ejecución de la medida podría quedar en suspenso en caso de apelación, ya que “de acuerdo con el Código Penal colombiano, mientras no quede ejecutoriada una sentencia, es decir, mientras no queden firme, podría revocarse o quedaría suspendida la ejecución de esta sentencia”.

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El fallo absuelve a Álvaro Uribe Vélez de los cargos de soborno simple relacionados con el hecho denominado Hilda Niño Farfán, exfiscal vinculada al narcotráfico y condenada por estos hechos, así como del delito de fraude procesal en el caso “Pacho Cundinamarca”, vinculado a Harlington Mosquera.

No obstante, fue hallado culpable como “determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo”, cometidos en circunstancias documentadas dentro de la sentencia.

Con informacion de AFP y Agencias

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El lunes 28 de julio un tribunal halló culpable al exmandatario (2002-2010) de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha que en medio del conflicto armado con las guerrillas de izquierda cometieron numerosas masacres contra civiles.

El fallo en primera instancia, anunciado en una audiencia que se extendió por 11 horas, lo expone a pasar hasta 12 años en prisión. Pero la defensa del popular político derechista de 73 años anunció que apelará, lo que abre un nuevo capítulo de esta saga judicial.

El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la corte suprema al senador izquierdista Iván Cepeda por asegurar públicamente que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

El caso dio un giro en 2018 y el expresidente pasó de demandante a investigado, al ser señalado de manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

En medio de las investigaciones en 2020 Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros e hizo que el caso pasara a la justicia ordinaria.

Estos son los caminos que se abren ahora:

¿En prisión o en libertad?

El viernes “conoceremos cuál es el monto de la sanción”, es decir cuántos años debería pasar Uribe en prisión, y si la jueza ordenará que sea capturado de “inmediato” o si “le va a permitir, como lo dice la ley, defenderse en libertad”, explica a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.

Para los delitos por los que fue condenado, denominados “soborno en acción penal” y “fraude procesal”, el código penal dispone penas de máximo ocho y 12 años respectivamente, precisó Dalila Henao, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Los juristas coinciden en que el escenario más probable es que Uribe se defienda en libertad mientras se resuelve su apelación, recurso que la defensa deberá anunciar luego de que el viernes la jueza exponga el detalle de las más de 1.000 páginas del veredicto.

La fiscalía pidió nueve años de prisión domiciliaria.

Apelación

La defensa anunció que el 11 de agosto presentará una apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Según el equipo jurídico del exgobernante, “esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”.

Ante la apelación, el Tribunal Superior tendrá dos caminos: “confirmar la decisión de la jueza”, es decir la condena, o “revocar el fallo de primera instancia y absolverlo”, dice Henao.

Uribe insiste en que la grabación con una cámara instalada en un “reloj espía” para registrar el soborno de uno de sus abogados fue manipulada y no puede usarse como prueba.

En ella el jurista Diego Cadena, que enfrenta su propio juicio, intenta sobornar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente de haber conformado un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago.

La defensa del exmandatario también sostiene que las interceptaciones a su teléfono son una violación a la privacidad.

Prescripción

Miguel Ángel del Río, uno de los abogados de la contraparte, explicó a la AFP que el Tribunal Superior de Bogotá debe tomar una decisión antes del 16 de octubre o “de lo contrario prescribirá la acción penal” y el caso se archivará.

El deseo de los demandantes es que “cada uno de esos hechos jurídicamente relevantes se confirmen y se materialicen” tras un proceso de más de una década.

Pese a la carrera contrarreloj, Henao ve poco probable que el proceso prescriba “por ser un caso tan relevante”.

Bernate coincide: “El tribunal nunca deja prescribir un caso”.

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Regreso a la corte suprema

Sin importar cuál sea la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, si cualquiera de las partes apela, el caso podría volver a donde todo empezó: la Corte Suprema de Justicia.

En caso de estar en desacuerdo con la decisión del tribunal, la defensa, la fiscalía o el ministerio público pueden presentar un recurso de casación ante la corte, que tiene hasta cinco años para dar un dictamen, explica Henao.

Una vez lo haga, no habrá espacio a ninguna acción adicional.

Por: AFP

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Juan Merchan dictaminó la semana pasada que la sentencia de Trump debe seguir adelante a pesar de la toma de posesión del magnate republicano dentro de dos semanas.

Los abogados del magnate han decidido apelar el fallo de Merchan, que confirma la condena de Trump por un jurado de Nueva York. Estiman que el juez debe interrumpir el caso.

Exigen una “suspensión automática” del proceso, que, según una orden emitida el 3 de enero por un juez del tribunal penal de Manhattan, prevé una audiencia el 10 de enero a las 09H30 (13H30 GMT) para que Trump conozca la “sentencia”.

Será diez días antes de su investidura en Washington, aunque no se espera que el líder republicano reelegido el 5 de noviembre vaya a la cárcel.

“El tribunal debería cancelar la vista de sentencia prevista para el 10 de enero de 2025 y suspender todos los plazos en este caso hasta que todos los recursos basados en la inmunidad del presidente Trump se hayan agotado total y definitivamente, y el caso sea finalmente desestimado”, escribieron los abogados Todd Blanche y Emil Bove en un recurso fechado el domingo.

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Estos letrados han sido nominados para convertirse en los próximos número dos y tres del Departamento de Justicia.

El juez Merchan, que presidió todo el juicio de “Stormy Daniels” y dictó la condena penal el 30 de mayo, tiene hasta las 14H00 horas del lunes (19H00 GMT) para dar su respuesta, dicen Blanche y Bove.

Trump fue declarado culpable en mayo de 34 cargos de “falsificación contable agravada para ocultar” los pagos hechos a una exactriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial que ella asegura haber mantenido con él en 2006, de modo que no le perjudicara en las elecciones de 2016.

Inicialmente estaba previsto que conociera la sentencia el 11 de julio, pero se retrasó después de que la Corte Suprema dictaminara que un expresidente estadounidense goza de amplia inmunidad penal.

Por: AFP

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El magistrado Juan Merchan indicó que Trump, el primer exmandatario estadounidense condenado por un delito, puede comparecer en persona o virtualmente.

En una decisión de 18 páginas, Merchan rechazó varias mociones de los abogados de Trump que buscaban que se anulara su condena.

El juez dijo que no se inclina por imponer una pena de cárcel contra el magnate, que volverá a la Casa Blanca el 20 de enero como el 47 presidente de Estados Unidos. En cambio, optaría por una libertad sin condiciones.

Sin embargo, la sentencia haría que Trump volviera al Despacho Oval como un delincuente convicto.

El presidente electo rechazó el viernes por la noche la decisión de Merchan en su plataforma Truth Social, al calificarla como un “ataque político ilegítimo” que “no es más que una farsa amañada”.

Sentencia sin cárcel a Trump

Trump, de 78 años, fue condenado en Nueva York en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago a la exestrella porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016 y así evitar que revelara un supuesto encuentro sexual entre ambos en 2006.

Los abogados de Trump habían intentado que se desestimara el caso bajo varios argumentos, entre ellos una histórica sentencia de la Corte Suprema del año pasado según la cual los expresidentes estadounidenses gozan de una amplia inmunidad judicial por actos oficiales realizados durante su mandato.

Merchan rechazó ese alegato, pero señaló que Trump gozará de inmunidad judicial una vez que jure como presidente.

“Parece apropiado en esta coyuntura dar a conocer la inclinación de la Corte a no imponer ninguna sentencia de encarcelamiento”, aseguró el magistrado, señalando que los fiscales tampoco creen que una pena de prisión sea una “recomendación factible”.

“Al no encontrar ningún impedimento legal para dictar sentencia y reconociendo que la inmunidad presidencial probablemente se aplique una vez que el acusado asuma su cargo, corresponde a esta Corte fijar la imposición de la sentencia antes del 20 de enero de 2025”, aseguró el juez.

Se espera que Trump presente una apelación que podría retrasar su sentencia.

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“Violación de inmunidad”

“La orden de hoy del profundamente conflictivo juez interino (Juan) Merchan en la caza de brujas del fiscal de distrito de Manhattan es una violación directa del fallo de inmunidad de la Corte Suprema y otra jurisprudencia”, afirmó luego de conocida la decisión un portavoz de Trump, Steven Cheung.

“Este caso ilegal nunca debió presentarse y la Constitución exige su sobreseimiento inmediato”, dijo Cheung en un comunicado.

Para el vocero, se le debe permitir a Trump “continuar la transición presidencial y ejecutar los deberes fundamentales de la Presidencia, sin obstrucciones”.

“Trump va a seguir luchando contra estos engaños hasta que todos estén enterrados”, agregó.

Trump también se enfrentó a dos casos federales presentados por el fiscal especial Jack Smith, pero ambos fueron retirados en virtud de una antigua política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.

El multimillonario fue acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente a Joe Biden y de retirar grandes cantidades de documentos confidenciales tras abandonar la Casa Blanca tras su primer gobierno (2017-2021). Ninguno de estos casos llegó a juicio.

Trump además afronta cargos en Georgia por sus esfuerzos para subvertir los resultados de los comicios de 2020 en ese estado sureño, pero probablemente el proceso se congelará mientras esté en la Casa Blanca.

Por: AFP

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Márquez, también exdirectivo del Consejo Nacional Electoral por la oposición, introdujo el pasado 26 de septiembre, junto a una veintena de chavistas disidentes, un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ al asegurar que la sentencia que ratificó la victoria del mandatario izquierdista estaba marcada por “vicios de inconstitucionalidad”. 

En su nueva decisión, la máxima corte, señalada de favorecer con sus decisiones al oficialismo, declaró “inadmisible la solicitud de revisión constitucional de la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024, dictada por la Sala Electoral” del TSJ luego de un recurso interpuesto por el propio Maduro para certificar su triunfo.

“Toda vez que, en el marco del proceso del recurso contencioso electoral interpuesto, la referida sala recabó y examinó todas las pruebas necesarias conforme a los hechos y al derecho incluyendo un peritaje de manera exhaustiva, detallada y completa”, indicó la sentencia.

Según la corte, el peritaje “comprobó la integridad inobjetable de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales arrojaron que el candidato electo para el período presidencial 2025-2031 fue el ciudadano Nicolás Maduro”.

Al consignar la solicitud, Márquez, uno de los diez candidatos en los comicios de julio, señaló que la decisión de la sala electoral del TSJ incurría en una “violación de la soberanía popular recogida en el sufragio del debido proceso”.

Se refiere a la certificación que hizo la máxima corte del país de los resultados de las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado vencedor mientras la oposición denunciaba fraude y reivindicaba la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.

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Ya el TSJ había indicado que la sentencia emitida el pasado 22 de agosto con la ratificación de la victoria de Maduro es inapelable.

La reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 27 muertos, entre ellos dos militares, y más de 2.400 detenidos, 164 de estos menores de edad, a quienes Maduro ha tildado de “terroristas”.

Por: AFP

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La Corte Suprema, de mayoría conservadora, dictaminó que Trump -y todos los presidentes- tienen “inmunidad absoluta” frente a procesos penales por “actos oficiales” durante su mandato, pero aún pueden enfrentar sanciones penales por “actos no oficiales”.

“En la práctica, la decisión de hoy significa casi con toda seguridad que no hay límites a lo que un presidente puede hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo, y es un precedente peligroso”, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca.

La sentencia adoptada por seis votos de los magistrados conservadores contra tres de los progresistas, puede retrasar aún más un proceso federal contra Trump, acusado de cargos penales por sus intentos de anular la derrota en las elecciones de 2020 frente a Biden.

El juicio de Trump por este caso debería haber comenzado el 4 de marzo, mucho antes de su revancha electoral en noviembre contra Joe Biden, pero la Corte Suprema aceptó en febrero examinar el argumento sobre la inmunidad presidencial, dejando el caso en suspenso.

https://x.com/JoeBiden/status/1807949910504796262

“El pueblo estadounidense debe decidir si quiere confiar… una vez más, la presidencia a Donald Trump, sabiendo que ahora estará más envalentonado para hacer lo que quiera, cuando quiera”, dijo Biden.

El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, escribió en nombre de la mayoría que un presidente “no está por encima de la ley”, pero tiene “inmunidad absoluta” frente a un proceso penal por actos oficiales realizados mientras estaba en el cargo.

“Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad procesal por todos sus actos oficiales”, dijo Roberts. 

“En cuanto a los actos no oficiales de un presidente, no hay inmunidad”, añadió Roberts.

Tanto un tribunal de distrito como un panel de tres jueces de la corte de apelaciones rechazaron el reclamo de inmunidad por parte de Trump.

Pero con la nueva sentencia y a sólo cuatro meses de las elecciones presidenciales, la máxima corte envió el caso de nuevo a un tribunal inferior para determinar cuáles de los cargos que enfrenta el expresidente implican una conducta oficial.

Trump es acusado de conspirar para defraudar a Estados Unidos, así como de obstruir un procedimiento oficial, es decir la sesión conjunta del Congreso celebrada el 6 de enero de 2021 para certificar la victoria de Biden.

El expresidente de 78 años también está acusado de conspirar para negar a los estadounidenses el derecho a votar y a que se cuenten sus votos.

Indignación ante el dictamen de la Corte Suprema

La jueza Sonia Sotomayor recalcó que “nunca en la historia” del país “un presidente ha tenido motivos para creer que sería inmune a un proceso penal si utilizaba los atributos de su cargo para violar la ley penal”.

“Por miedo por nuestra democracia, disiento”, escribió.

“¿Ordena al Equipo Seal 6 de la Armada que asesine a un rival político? ¿Inmune? ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? ¿Inmune? ¿Acepta un soborno a cambio de indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”, dijo.

El director adjunto de campaña de Biden, Quentin Fulks, expresó su indignación. “Acaban de entregar a Donald Trump las llaves de una dictadura”, protestó.

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“Gran victoria”

En mensajes en su red Truth Social, Trump calificó el dictamen de “gran victoria” para la “Constitución y democracia”.

“La histórica decisión de hoy de la Corte Suprema debería poner fin a toda la cacería de brujas del corrupto Joe Biden contra mí”, dijo.

En mayo, fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York por “falsificación contable agravada para ocultar” los pagos hechos a una exactriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial que ella asegura haber mantenido con él en 2006, de modo que no le perjudicara en los comicios de 2016.

Conocerá la condena el 11 de julio.

Pero esta primera condena penal, sin precedentes para un expresidente de Estados Unidos, es la menos grave políticamente de las cuatro inculpaciones en lo penal y posiblemente sea la única antes de las elecciones.

A fuerza de recursos, los abogados de Trump han conseguido aplazar los otros juicios, a nivel federal por retención de documentos clasificados tras su salida de la Casa Blanca, y en los tribunales del estado clave de Georgia (sureste) por presunta injerencia electoral en 2020.

Si gana las elecciones, Trump podría -una vez que preste juramento en enero de 2025- ordenar la paralización de los procesos federales abiertos en su contra.

Por: AFP

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Tras un día y medio de deliberaciones, el jurado de 12 personas anunció su veredicto unánime poco antes de la 1:30 de la tarde (hora local), en los tres cargos de los que le acusaba la Fiscalía. Fue declarado culpable de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos y para traficar y poseer armas.

Ahora el juez Kevin Castell debe dictar la sentencia, que podría ser de varias cadenas perpetuas. Su condena será anunciada el 26 de junio, anunció la fiscalía.

Hernández escuchó el veredicto -unánime- sin hacer gestos, pero al levantarse y salir de la sala, se volteó hacia el público, miró a sus dos cuñadas y les dijo: “Soy inocente. Las quiero mucho, díganselo al mundo”.

Medio centenar de hondureños que estaban fuera del tribunal comenzaron a festejar apenas conocieron el veredicto.

Acompañado por sus abogados, tras escuchar del juez Kevin Castel que el jurado había alcanzado un veredicto, el expresidente parecía rezar.

La fiscalía sostiene que el exmandatario creó un narcoestado durante su presidencia entre 2014 y 2022. Lo acusó de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos, así como conspirar para traficar armas y portar ametralladoras.

Según los investigadores, Hernández protegió desde 2004 a 2022, como diputado, jefe del Congreso y luego presidente de la República, a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

A cambio de esa ayuda, el exmandatario habría recibido millones de dólares de los carteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

Honduras era una “súper autopista” por donde pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos, aseguró la fiscalía durante el juicio.

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El fiscal Jacob H. Gutwillig recordó al jurado que el acusado mantenía un doble discurso: en público promovía leyes contra el narcotráfico y las extradiciones de narcos a Estados Unidos y se reunía con funcionarios y autoridades estadounidenses, pero “nada de esto deshace lo que el acusado hizo por detrás de las puertas, es un narcotraficante”, dijo.

Hernández seguirá así los pasos de su hermano Tony Hernández y de Geovanny Fuentes, un estrecho colaborador de éste, que cumplen cadena perpetua en Estados Unidos. Otros condenados por el mismo delito son Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), y el diputado Fredy Renán Nájera.

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Nicaragua reclamó ante la Corte de La Haya delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.

READ HERE: summary of the #ICJ Judgment on the merits of the case concerning Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 nautical miles from the Nicaraguan Coast (#Nicaragua v. #Colombia) https://t.co/smkROhvvqm pic.twitter.com/aFwa9mIjIl

— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 13, 2023

La decisión es considerada como una “gran victoria” por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien refirió que “la CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental”.

La opinión de Petro, que se espera viaje este mismo jueves al archipiélago de San Andrés por este motivo, fue publicada en su cuenta de Twitter.

Con 13 votos a favor y 4 en contra, la Corte rechazó la petición de Nicaragua y aseguró que la nación centroamericana no tiene derecho a una plataforma continental extendida dentro de la línea base de millas náuticas del archipiélago de San Andrés y Providencia, que pertenece a Colombia.

“Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago”, escribió Petro en la misma red social dando por resuelta una disputa que lleva más de 10 años en La Haya.

Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2023

Ante el reclamo de Nicaragua en el tribunal de la ONU, Colombia defiende que la plataforma continental del archipiélago de San Andrés “se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana”.

En la sentencia del 19 de noviembre de 2012, por una querella por Nicaragua presentada en 2001, Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó 12 millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

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Ante la decisión de Colombia de no aplicar el fallo y declarar una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, Nicaragua volvió a la CIJ en septiembre de 2013.

En ese tiempo, solicitó a la Corte que se declarara el “rumbo exacto” de la frontera marítima, “más allá” de los límites de 200 millas definidos en el fallo de noviembre de 2012, así como que se le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” y la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que laboran en las aguas en disputa.

Una petición que la Corte Internacional de Justicia negó este jueves con un fallo contra el que no cabe el recurso de apelación

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