El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

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Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de “reconciliación presupuestaria”, que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas.

Por: AFP

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En una extensa jornada marcada por intensos debates y visiones encontradas, los legisladores floridanos dieron luz verde de forma mayoritaria a un plan de gastos públicos. Con esta histórica votación legislativa, el cuerpo gubernamental concluyó una compleja sesión especial convocada exclusivamente para destrabar el nuevo presupuesto estatal, una tarea esencial que lamentablemente no se pudo concretar dos meses atrás durante el periodo de sesiones ordinarias debido a las marcadas discrepancias políticas.

El resultado final reflejó un respaldo contundente en ambas cámaras. El Senado votó por unanimidad absoluta a favor del proyecto de ley fiscal denominado HB 5001-E, mientras que en la Cámara de Representantes la propuesta soberana prosperó con una holgada mayoría de 99 votos a favor frente a sólo seis legisladores en contra. En el amplio panorama geográfico, la totalidad de los representantes del noreste del territorio respaldaron activamente la iniciativa económica, deponiendo diferencias y exceptuando únicamente a la legisladora demócrata Angie Nixon, oriunda de Jacksonville, y registrándose la ausencia formal del legislador republicano Judson Sapp.

Inversiones estratégicas frente a fuertes críticas

En el desglose pormenorizado de las partidas aprobadas, el sector educativo acaparó gran parte de la atención pública estatal. El nuevo presupuesto general destina un monto histórico de 30.000 millones de dólares para las escuelas de nivel K-12. Dentro de este fondo, se contemplan 201 millones de dólares específicos para incrementos salariales de los docentes. No obstante, este beneficio financiero generó fuertes debates al revelarse que estará estrictamente limitado a profesionales con más de diez años de trayectoria laboral activa, con un tope financiero máximo de 3.000 dólares anuales por cada maestro veterano.

Los legisladores republicanos defendieron esta medida selectiva señalando que busca retener eficazmente el talento de los educadores más experimentados de la región. A pesar de esto, la firme oposición demócrata calificó los recursos de insuficientes frente a la creciente inflación y la pérdida progresiva de matrícula escolar en diversos distritos. De igual manera, causó profundo revuelo la eliminación completa de los fondos de preeminencia para investigación universitaria, afectando de manera directa a instituciones reconocidas como la prestigiosa Universidad de Florida Central.

Por otra parte, la producción agrícola recibió un espaldarazo financiero considerable y muy esperado. El presupuesto aprobado asigna 196 millones de dólares para rescatar a la industria local de los cítricos, fuertemente golpeada en los últimos tiempos por heladas climáticas recurrentes y plagas verdes devastadoras. Albritton enfatizó el compromiso estatal con este sector patrimonial e histórico. Paralelamente, los aumentos salariales del cuatro por ciento para oficiales penitenciarios y bomberos estatales causaron reclamos justificados de otros empleados públicos que quedaron completamente excluidos.

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Detalles clave del presupuesto

Educación y salarios: Incluye aumentos salariales para los maestros y fondos destinados a los distritos escolares. También se otorgaron decenas de millones de dólares para ayudar a las escuelas públicas con baja matrícula.

Medio Ambiente: Asigna 514 millones de dólares para la restauración de los Everglades y 425 millones de dólares para programas de conservación de tierras agrícolas.

Infraestructura: Contempla grandes inversiones en transporte público, mejoras en infraestructura y recursos para diversas comunidades locales.

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Burgos buscará continuar representando al distrito 197° en la Asamblea General, mientras que Giral hará lo propio por el distrito 180°. Ambos forman parte del grupo de candidatos que competirán por escaños legislativos en distintos distritos del estado, en unas elecciones consideradas fundamentales para definir el futuro político del estado.

Burgos fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes estatal en 2018, convirtiéndose en el primer dominicano electo para servir en la Asamblea General de Pennsylvania. Representa sectores del norte de Philadelphia como Kensington, Hunting Park, Glenwood y Feltonville.

Dominicano-americano de primera generación, nació en New York y se mudó a Philadelphia junto a su familia cuando tenía 10 años. Antes de ingresar a la política, abrió su primera tienda de comestibles en el norte de la ciudad y cofundó la Asociación Dominicana de Comerciantes de Philadelphia. También trabajó en proyectos de desarrollo comunitario y revitalización urbana junto a líderes locales.

Por su parte, José A. Giral fue elegido para su primer mandato como representante estatal del distrito 180 en 2022. Con más de dos décadas viviendo en Philadelphia, representa comunidades como Fairhill, Harrowgate, Juniata, Port Richmond y Kensington.

Antes de llegar a la legislatura estatal, desarrolló una pequeña empresa y participó activamente en iniciativas comunitarias y políticas. Como legislador, ha impulsado la obtención de fondos estatales para proyectos comunitarios y desarrollo local.

Burgos y Giral forman parte del grupo de candidatos que competirán en noviembre por los distritos 10°, 170°, 172°, 173°, 174°, 175°, 177°, 179°, 180°, 181°, 182°, 184°, 185°, 186°, 188°, 190°, 191°, 192°, 194°, 195°, 197°, 198°, 200°, 201°, 202° y 203°.

Cargos clave para el estado

Las primarias también definieron candidaturas para el Congreso de Estados Unidos y el Senado estatal. En el distrito 2° del Congreso, el demócrata Brendan Boyle enfrentará a la republicana Jessica Arriaga. En el distrito 3°, el demócrata Chris Rabb avanzó como candidato de su partido, mientras que Mary Gay Scanlon competirá frente al republicano Nick Manganaro en el distrito 5°.

En cuanto al Senado estatal, la demócrata Christine Tartaglione avanzó por el distrito 2°. En el distrito 4°, el demócrata Art Haywood competirá frente al republicano Todd Johnson, mientras que Anthony Hardy Williams avanzó como candidato demócrata por el distrito 8°.

Además, dentro de este proceso también se eligieron candidatos para el Comité Estatal de Pennsylvania, organismo interno de los partidos políticos encargado de dirigir, organizar y coordinar las actividades partidarias a nivel estatal.

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Entre los candidatos al Comité Estatal avanzó la concejal demócrata y latina Quetcy Lozada por el distrito 2°. Representa al distrito 7° del Ayuntamiento de Philadelphia desde noviembre de 2022 y es residente de toda la vida de esa comunidad, donde ha vivido en sectores como Hunting Park, Fairhill, Juniata y actualmente Northwood. Ha desarrollado una trayectoria enfocada en el servicio público y el trabajo comunitario.

Las elecciones de noviembre volverán a colocar a Pennsylvania como uno de los estados más observados del país, en un escenario político donde el voto local podría influir en el panorama nacional.

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Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart apoyaron el proyecto, rompiendo la línea mayoritaria de su partido. Los tres representan distritos con una significativa población haitiana y buscan la reelección en noviembre próximo.

La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de todos los demócratas y diez republicanos. El proyecto establece que el Departamento de Seguridad Nacional debe designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a hasta 350.000 haitianos evitar la deportación y obtener permisos de trabajo en el país.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta ahora un camino incierto en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Además, requerirá la firma del presidente Donald Trump, quien ha impulsado previamente la eliminación de este programa.

El debate ocurre en medio de tensiones legales, luego de que la Administración intentara cancelar el TPS para haitianos el año pasado. Esa decisión fue bloqueada por un juez federal y posteriormente suspendida de forma indefinida mientras el caso espera revisión por la Corte Suprema.

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El TPS es un mecanismo que permite a ciudadanos de países afectados por crisis permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo protección legal.

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Una interrupción parcial en la financiación del gobierno ha dejado al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargado de inspeccionar pasajeros, equipaje y carga, trabajando sin cobrar desde mediados de febrero.

Los aeropuertos de varias ciudades han advertido a los viajeros que deben llegar horas antes de lo habitual debido a las largas filas en los controles de seguridad. 

La disputa por la financiación gira en torno a las exigencias de la oposición demócrata de reformar la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticada por sus tácticas agresivas contra inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones a inicios de este año.

Los senadores lograron ponerse de acuerdo y aprobaron un proyecto de ley poco después de las 02H00 de la madrugada (06H00 GMT) para financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto el ICE y la Patrulla Fronteriza, para 2026.

El proyecto de ley proporcionaría fondos para la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre otros organismos.

Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Más de 300 empleados de la TSA han renunciado y las ausencias no programadas se han disparado desde que comenzó el impasse presupuestario, lo que ha provocado amplias demoras en los viajes y ha creado dificultades en los aeropuertos para inspeccionar a los pasajeros.

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El gobierno federal comenzó a desplegar agentes del ICE para ayudar en la seguridad aeroportuaria, lo que suscitó fuertes críticas de demócratas, activistas de derechos humanos y algunos republicanos, quienes advierten que el personal del ICE no está capacitado para ese tipo de trabajo y que se corre el riesgo de agravar las tensiones en entornos ya de por sí estresantes.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que firmaría un decreto para intentar desbloquear el pago al personal de seguridad aeroportuaria.

Por: AFP

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La votación de los senadores fue de 54 a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, un exluchador y practicante de artes marciales que previamente representó a Oklahoma en el Senado estadounidense.

Mullin reemplaza a Kristi Noem a la cabeza del DHS, luego de que fue despedida a principios de este mes, en parte por su manejo del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, en el marco de los cuales agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

En su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin dijo que uno de sus objetivos es darle una nueva dirección al DHS y mantener fuera de los reflectores a los agentes de inmigración (ICE).

“Quiero proteger el país” añadió. “Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia”.

✅ CONFIRMED

Markwayne Mullin has officially been confirmed by the Senate as Secretary of the Department of Homeland Security. 🇺🇸 pic.twitter.com/P0L2Bjv00W

— The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Mullin también expresó su disposición a exigir órdenes judiciales para los operativos de inmigración, un posible cambio con respecto a la política actual y una demanda clave de los demócratas en las negociaciones de financiación en curso.

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La financiación del DHS está suspendida desde el 14 de febrero, mientras los legisladores demócratas buscan implementar reformas en la aplicación de las leyes migratorias.

Por: AFP

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El proyecto debe aún ser aprobado en la Casa de Representantes, donde no tiene el camino despejado.

Con las elecciones de medio término de noviembre acercándose, demócratas y republicanos buscan mostrar que abordan la crisis de asequibilidad en el país. 

El proyecto de ley CAMINO hacia la vivienda del siglo XXI fue aprobado en la cámara alta del Congreso por 89 votos contra 10.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario, de Vivienda y de Asuntos Urbanos de la cámara alta, aseguró que con este proyecto se enfrentará “la raíz de la crisis al construir más casas en todas las comunidades del país”.

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Como incentivo, se incluyen programas para convertir edificios abandonados en complejos de viviendas y subvenciones para renovar propiedades existentes.

En la Cámara de Representantes, republicanos conservadores han manifestado sus objeciones a los términos de la ley y advertido que el proyecto requeriría de cambios significativos.

La Cámara ya aprobó un proyecto propio sobre vivienda este año, también con apoyo bipartidista. Pero los líderes republicanos han dicho que la propuesta del Senado se aparta de esa versión en aspectos clave.

Por: AFP

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La legislación determina que al menos el 50% de los empleados con derecho a voto deben participar en el proceso electoral de recertificación del sindicato. Además, para que la organización mantenga su estatus legal, la mayoría de quienes participen en esa votación deberá pronunciarse a favor de la continuidad del gremio.

El proyecto, aprobado con 25 votos a favor y 14 en contra, forma parte de una serie de reformas impulsadas en los últimos años para modificar el funcionamiento de los sindicatos públicos en el estado. Sin embargo, la medida mantiene una excepción significativa; no se aplica a los sindicatos de policías, bomberos ni técnicos de emergencias médicas.

Los críticos consideran que esa exclusión crea un trato desigual entre trabajadores del sector público. Legisladores opositores sostienen que la medida afecta principalmente a organizaciones como los sindicatos de maestros, que históricamente han tenido tensiones con el liderazgo político conservador del estado.

Para comprender el alcance del nuevo proyecto es necesario remontarse a 2023, cuando Florida aprobó una ley que exigía a los sindicatos del sector público —también con la exclusión de los socorristas— mantener al menos al 60% de sus miembros elegibles pagando cuotas sindicales. Si una organización caía por debajo de ese nivel de afiliación, perdía automáticamente su certificación y debía someterse a un proceso de recertificación.

Esa normativa generó una ola de procesos de recertificación en todo el estado. Decenas de sindicatos que representan a miles de trabajadores, incluidos maestros, enfermeras y conductores de autobús escolar, tuvieron que organizar votaciones para demostrar su respaldo entre los empleados que representan.

Exigencias para esas elecciones

El nuevo proyecto de ley eleva aún más las exigencias para esas elecciones. A partir de ahora, los sindicatos deberán garantizar que al menos la mitad de todos los trabajadores elegibles participe en la votación. Posteriormente, la mayoría de los votos emitidos deberá respaldar la continuidad del gremio para que este conserve su reconocimiento legal.

El senador Jonathan Martin, principal promotor de la iniciativa, defendió la medida al señalar que busca garantizar que las organizaciones sindicales realmente representen a sus miembros. Según explicó, la propuesta pretende eliminar a los sindicatos que no mantienen una conexión activa con los trabajadores que dicen representar.

Martin citó como ejemplo un conflicto ocurrido en su distrito del condado de Lee, donde una asociación de maestros presentó una demanda para bloquear un programa de incentivos económicos destinado a profesores dispuestos a trabajar en escuelas con bajo rendimiento académico.

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Desde la oposición, legisladores demócratas rechazaron la propuesta y afirmaron que forma parte de un esfuerzo sostenido para debilitar a los sindicatos del sector público. El senador Carlos Guillermo Smith recordó que la ley de 2023 ya había colocado a muchas organizaciones en riesgo de perder su certificación debido a los requisitos de afiliación.

Smith aseguró que la nueva iniciativa representa un paso más en lo que describió como una campaña prolongada para reducir la influencia de los sindicatos públicos en Florida.

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La iniciativa fue rechazada con una votación de 53 a 47. El demócrata John Fetterman, que apoya la guerra, votó en contra, mientras que el republicano Rand Paul fue el único miembro de su partido en respaldarla.

La votación tuvo lugar en el quinto día de un conflicto en rápida expansión regional en el que ya murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varias figuras de alto rango en Teherán, así como soldados estadounidenses.

La resolución bipartidista, presentada por Paul y el demócrata Tim Kaine, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorizara la campaña.

Los demócratas argumentaron que Trump pasó por encima del Congreso de manera inconstitucional cuando ordenó el ataque aéreo en Teherán y aseguraron que la administración ha cambiado varias veces sus justificaciones de la guerra.

“En esa sala no se presentó ninguna prueba (…) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán”, declaró Kaine a la AFP tras una sesión informativa reservada el martes con funcionarios del gobierno.

La resolución buscaba afirmar la autoridad del Congreso frente a un presidente que ha ampliado el control del poder ejecutivo sobre el legislativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump estaba la cuestión de la “amenaza inminente”.

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Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza “inminente” que, según él, representaba Irán.

El debate en el Congreso sobre la autoridad de Trump para declarar la guerra refleja una inquietud más amplia en el Capitolio sobre el alcance y la duración de la campaña militar.

Funcionarios del gobierno dijeron a congresistas en deposiciones clasificadas esta semana que la operación podría durar semanas y podría requerir presupuesto adicional por parte del Congreso.

Políticos de ambos partidos afirman que el Pentágono pronto podría solicitar fondos de emergencia para reponer las reservas de armas y sostener la operación.

Los demócratas reconocían las pocas probabilidades de que la resolución fuera aprobada, pero señalaron que era esencial obligar a los legisladores a asumir una postura pública sobre la guerra.

Por: AFP

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González Colón explicó que el Cheque de Alivio Contributivo permitirá que las personas con ingresos netos iguales o menores a $150.000 perciban una reducción directa en sus contribuciones. “Lo van a poder sentir como un beneficio directo todos aquellos que ganen menos de $150.000 en la Planilla 2025, a través de un incentivo en forma de cheque directo por parte del Departamento de Hacienda, cumpliendo así nuestro compromiso programático de aliviar la carga contributiva de la gente”.

“Vamos a estar del lado del pueblo. Le agradezco a la Cámara y al Senado que estuvieron del lado del pueblo. Acabo de cumplir uno de los compromisos programáticos de reducir las contribuciones a la gente a través de la aprobación de esta resolución conjunta, que se verá reflejado en este ciclo contributivo”.

Según informó el Senado en su sitio web, la resolución asignará aproximadamente $554 millones del presupuesto gubernamental a los ciudadanos, en un momento en que no se han logrado avances significativos para reformar el código tributario del territorio.

Esta medida permite que miles de familias reciban un apoyo económico real, calculado según su ingreso neto, con deducciones adicionales por dependientes y libre de contribuciones. pic.twitter.com/8wS8ffZH38

— Jenniffer González (@Jenniffer) February 3, 2026

La iniciativa permitirá que los contribuyentes experimenten un beneficio tangible mediante un cheque directo, entregado por el Departamento de Hacienda, como parte de un incentivo económico destinado a aliviar la carga contributiva.

La aprobación de la medida se dio con amplio respaldo legislativo. En la Cámara de Representantes, la resolución obtuvo 49 votos a favor y cuatro ausentes, mientras que en el Senado contó con 26 apoyos y un solo rechazo, emitido por el senador independiente Eliezer Molina. Tras este respaldo bipartidista, la gobernadora González Colón firmó la propuesta, convirtiéndola en ley.

Requisitos para acceder al cheque

Para poder recibir este beneficio, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber radicado la Planilla 2025 en o antes de la fecha establecida por la ley.
• Haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año natural 2025.
• Tener ingreso neto sujeto a contribución igual o menor a $150.000.
• No haber optado por la Contribución Opcional ni estar sujeto al pago de la contribución básica alterna.

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Forma de pago

El pago del Cheque de Alivio Contributivo se realizará mediante depósito directo en la misma cuenta bancaria utilizada para recibir el reintegro de la Planilla 2025.

En los casos en que el contribuyente no reclame reintegro con la Planilla 2025, el Departamento de Hacienda habilitará un enlace en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para que la persona pueda proporcionar los datos de su cuenta bancaria y recibir el pago.

Si el contribuyente confirma que no posee una cuenta bancaria, el pago se enviará mediante cheque por correo a la última dirección registrada en los archivos del Departamento de Hacienda.

Con esta medida, el gobierno de Puerto Rico busca ofrecer un alivio económico tangible a la clase trabajadora y media, reafirmando su compromiso con la reducción de la carga contributiva y con el apoyo a los contribuyentes en un contexto de desafíos económicos y fiscales persistentes en el territorio.

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