La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Congreso en momentos en que rechaza cualquier intervención de Estados Unidos en la política nacional.

La gobernante izquierdista justificó la reforma al mencionar casos de presidentes electos recientemente en otros países de América Latina que tienen doble nacionalidad. Es el caso de los derechistas Daniel Noboa, en Ecuador, y Abelardo de la Espriella, en Colombia, ambos estadounidenses.

“No puedes jurar a dos banderas y ser representante del Estado mexicano”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

La mayoría oficialista del partido Morena avaló la iniciativa en el Senado con 86 votos a favor, justo los requeridos para modificar la Constitución, y 42 en contra.

En la Cámara de Diputados, el partido de Sheinbaum y sus aliados tienen una mayoría más holgada con la que dieron visto bueno a la propuesta.

Legisladores de oposición señalaron que la modificación restringe los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, muchos de los cuales son hijos de quienes migraron a Estados Unidos.

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Según datos divulgados por la propia Sheinbaum, casi 40 millones de personas de origen mexicano, de primera, segunda o tercera generación, viven en Estados Unidos.

La mandataria también logró reformar la Constitución para poder anular elecciones por “injerencia extranjera” y sancionar con más dureza el espionaje efectuado por extranjeros.

Por: AFP

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La ley bipartidista de Protección del Deporte Universitario regularía la forma en que las universidades pagan a los atletas, restringiría los traspasos y otorgaría a la NCAA —el organismo rector— una protección limitada frente a demandas antimonopolio, tras años de batallas judiciales que transformaron la economía del deporte colegiado. 

La votación fue una de las últimas iniciativas del Senado antes del receso por las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, que está en receso hasta después de los comicios, lo que deja poco margen para aprobarlo antes de que asuma el nuevo Congreso en enero.

A diferencia del deporte universitario en la mayoría de países, en Estados Unidos es una industria enorme.

En enero, más de 30 millones de televidentes vieron el campeonato nacional de fútbol americano universitario, mientras que las principales conferencias —que agrupan universidades por regiones— han firmado contratos de difusión multimillonarios.

Una reforma sin precedentes

La ley surge tras años de profundos cambios en el deporte universitario. Entre los más importantes, figuran el reconocimiento del derecho de los atletas a obtener ingresos por el uso de su imagen, y un acuerdo judicial que permitió a las universidades pagarles directamente a los deportistas.

La iniciativa que está en curso actualmente establecería reglas de alcance nacional para regular dichos pagos y permitiría a las instituciones educativas destinar casi 50 millones de dólares anuales a través de mecanismos de reparto de ingresos y otros fondos.

También permitiría a los atletas trasladarse de universidad sin tener que permanecer una temporada sin competir, y se limitarían al 5% los honorarios de los agentes.

El proyecto también contempla protecciones a largo plazo para becas y atención médica, y busca salvaguardar los deportes femeninos y olímpicos.

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Sus defensores argumentan que es necesario que el marco normativo tenga alcance nacional para evitar lo que actualmente es un salpicón de leyes estatales que deriva en constantes litigios.

“Los estudiantes atletas merecen recibir una remuneración. Merecen protecciones reales. Y los atletas de secundaria merecen una oportunidad justa para competir”, declaró el senador republicano Ted Cruz, coautor del proyecto de ley.

Sin embargo, la medida ha dividido a los demócratas y ha suscitado la oposición de activistas por la igualdad racial, sindicatos y el Caucus Negro del Congreso. 

Los críticos sostienen que sus disposiciones antimonopolio devuelven demasiado poder a la NCAA, al tiempo que limitan los derechos legales de los deportistas y no resuelven si los jugadores universitarios deberían ser considerados empleados con derecho a negociación colectiva.

La Cámara de Representantes podría buscar modificaciones, lo que obligaría a celebrar otra votación en el Senado y complicaría los esfuerzos para enviar la legislación al presidente Donald Trump antes de que finalice el mandato del actual Congreso.

Por: AFP

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Respaldos clave en la contienda

La candidatura de Vilchez Santiago cuenta con el apoyo de destacadas figuras e instituciones de la región:

Líderes políticos: El representante federal Maxwell Frost, el senador estatal Carlos Guillermo Smith, la representante estatal Anna Eskamani, el alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y la actual representante Johanna López.

Organizaciones y medios: Diversos sindicatos locales, el comité de acción política de la Asociación de Hoteles y Alojamiento del Centro de Florida, y el consejo editorial del periódico Orlando Sentinel.

Trayectoria académica y liderazgo comunitario

Vílchez Santiago llegó a Estados Unidos como asilado político desde Venezuela y creció en el sector de Azalea Park, en Orlando. Tras graduarse de la Colonial High School, cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Princeton y posteriormente obtuvo una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford.

En 2023 hizo historia al ser electo presidente del Partido Demócrata del condado de Orange, convirtiéndose en el líder local más joven y el único hispano en ocupar dicho cargo en Florida. En el ámbito de la gestión pública, ha destacado por:

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Derechos civiles e inmigración: Se desempeñó como director de campaña de All Voting Is Local en 2020 y como director estatal en la American Business Immigration Coalition, donde colaboró en iniciativas relativas al Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa de permiso humanitario CHNV.

Gestión local y ambiental: Fue el miembro más joven en la Comisión de Revisión de la Carta del Condado de Orange, promoviendo iniciativas para la protección del agua limpia y la preservación del bosque Split Oak Forest.

Actualmente, Vílchez Santiago se desempeña como gerente senior en la organización sin fines de lucro ActBlue.

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El sistema electoral de Florida opera bajo el modelo de primaria cerrada. Esta normativa establece que únicamente los ciudadanos registrados oficialmente en un partido político, ya sea Demócrata o Republicano, tienen derecho a votar para seleccionar a los abanderados de sus respectivas organizaciones. Sin embargo, existe una excepción clave conocida como Contienda Primaria Universal; si todos los aspirantes a un cargo pertenecen a la misma agrupación y no enfrentarán oposición en noviembre, la votación se abre a la totalidad del padrón sin importar la filiación.

Para facilitar la participación ciudadana, las autoridades electorales determinaron que el periodo de votación anticipada se desarrollará del 8 al 15 de agosto de 2026, con fechas adicionales según la jurisdicción local. Asimismo, quienes opten por el voto por correo deberán tramitar la solicitud formal a más tardar el 6 de agosto de 2026.

Contiendas clave y cargos judiciales en definición

La renovación del Poder Ejecutivo estatal encabeza la atención pública. Dado que el actual gobernador, Ron DeSantis, no puede postularse a la reelección por los límites de mandato constitucional, la contienda por la gobernación permanece totalmente abierta. En la primaria republicana destacan nombres como el congresista federal Byron Donalds, el teniente gobernador Jay Collins, el exportavoz parlamentario Paul Renner y el empresario James Fishback. Por su parte, diversos aspirantes demócratas compiten por la nominación en un intento por recuperar el mando estatal.

De manera paralela, se llevará a cabo una Elección Especial para el Senado de los Estados Unidos con el propósito de completar el período de seis años iniciado por Marco Rubio en 2022, quien dejó el escaño tras asumir como Secretario de Estado. La disputa republicana incluye a la senadora interina Ashley Moody, Chris Gleason, Neelam Perry y Ernie Rivera. En el bando demócrata, se miden el exoficial Alex Vindman y la representante estatal Angela Nixon.

La jornada de agosto abarca también la selección de candidatos para el Gabinete Ejecutivo de Florida —Fiscal General, Director Financiero y Comisionado de Agricultura—, los 28 distritos de la Cámara de Representantes federal, el Senado estatal y la totalidad de los 120 escaños de la Cámara de Representantes local.

A diferencia de los puestos ejecutivos o legislativos, las contiendas judiciales y locales poseen un carácter no partidista que puede resultar definitivo durante esta misma fecha. En el caso de los jueces de circuito y de condado, si un postulante supera el 50% de los votos en agosto, asegura su elección directa sin necesidad de competir en noviembre. En esta categoría se eligen también comisionados de condado y miembros de las juntas escolares.

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En el plano de las leyes, las enmiendas a la Constitución estatal se reservan para noviembre, requiriendo el 60% de aprobación. En estas primarias, las papeletas incluirán únicamente medidas y referéndums locales sobre impuestos de infraestructura, educación, bonos municipales y reformas a cartas constitutivas de los condados.

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Antes de asumir su nuevo cargo, Clayton se desempeñó como Fiscal Federal del Distrito Sur de New York, una de las fiscalías más importantes del país. Durante su gestión, la oficina priorizó la lucha contra la violencia armada; las organizaciones criminales; el narcotráfico, incluidas las redes vinculadas a cárteles y gobiernos extranjeros, los delitos de odio, la trata de personas, la explotación infantil, el terrorismo, los ciberataques, el fraude informático, los delitos bursátiles y el lavado de dinero.

Entre los casos más relevantes impulsados durante su administración figuran la acusación contra 19 personas por distribuir millones de dosis de fentanilo y crack en Washington Square Park; las condenas de Alon, Oren y Tal Alexander por delitos federales de trata sexual; la declaración de culpabilidad del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios y las acciones judiciales contra Nicolás Maduro por cargos relacionados con narcoterrorismo; la acusación contra Emir Balat e Ibrahim Kayumi por un presunto ataque terrorista ocurrido en New York; además de numerosas investigaciones sobre explotación infantil, homicidios vinculados a pandillas, narcotráfico y fraude corporativo.

Con anterioridad, Clayton presidió la U.S. Securities and Exchange Commission entre mayo de 2017 y diciembre de 2020. Durante ese período impulsó una agenda enfocada en la protección de los inversores minoristas, el fortalecimiento de la integridad de los mercados y la modernización del marco regulatorio.

Bajo su liderazgo, la U.S. Securities and Exchange Commission emprendió más de 2.300 acciones de cumplimiento que derivaron en más de $10.000 millones en multas y restituciones, además de recuperar más de $3.000 millones para inversores afectados por fraudes.

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Mientras estuvo al frente de la comisión, también integró diversos organismos de supervisión económica y financiera, entre ellos el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Mercados Financieros, el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, la Junta de Estabilidad Financiera y la Junta de Supervisión de la Financiación de la Vivienda Federal.

Asimismo, compareció en numerosas ocasiones ante el Congreso para abordar temas como la regulación de los activos digitales, la ciberseguridad, la respuesta regulatoria durante la pandemia de Covid-19 y la relación económica entre Estados Unidos y China.

Tras dejar la U.S. Securities and Exchange Commission 

Tras dejar la comisión, fue presidente de Apollo Global Management y regresó al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP como asesor senior. También integró el directorio de American Express y desarrolló actividades académicas como profesor adjunto en la Universidad de Pennsylvania y en la Escuela de Negocios Wharton.

Ingeniero por la Universidad de Pennsylvania, economista por la Universidad de Cambridge y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pennsylvania, Clayton ha desarrollado una carrera centrada en la regulación financiera, la aplicación de la ley y la seguridad nacional, credenciales que sustentaron su reciente confirmación para dirigir la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

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El nombramiento de este exfiscal fue aprobado con 51 votos a favor y 47 en contra, todos demócratas.

Clayton, que también dirigio la comisión reguladora de los mercados bursátiles (SEC) durante el primer mandato de Trump, reemplazará a Tulsi Gabbard, quien dimitió el mes pasado.

Será el nuevo responsable de una red de 18 agencias de inteligencia, incluidas la CIA y la NSA, encargado de presentar un informe diario al presidente.

“Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director”, dijo Trump en una publicación en Truth Social poco después de la votación.

Clayton fue confirmado en el cargo en momentos en que crece la preocupación por la aparente intención de Trump de arrastrar a las agencias de seguridad nacional de sembrar dudas sobre el próximo proceso electoral.

A comienzos de este mes, en un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump difundió información de inteligencia desclasificada que, según él, demostraba interferencia china de cara a las votaciones.

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Al mismo tiempo insistió en su versión falsa de que le robaron las elecciones en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

La nominación de Clayton en junio se produjo tras una viva polémica después de que Trump designara a su estrecho aliado Bill Pulte como director de Inteligencia Nacional interino.

Pulte usó su otro cargo como regulador federal de vivienda para remitir a varios de los adversarios políticos de Trump para una posible imputación, y supervisó drásticos recortes en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

Por: AFP

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El proyecto de ley financiaría a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato de Trump, otorgando al líder republicano una importante victoria en uno de sus temas emblemáticos tras meses de disputas en el legislativo.

El texto pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén abordarlo a principios de la próxima semana y enviarlo al despacho de Trump para su sanción.

La votación ocurre tras el cierre parcial récord del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a principios de este año, cuando los demócratas se negaron a apoyar nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración sin restricciones.

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Estas incluían tácticas como las redadas y el uso de máscaras por parte de los agentes.

Los republicanos rechazaron esas exigencias y optaron en su lugar por financiar a ICE y a la Patrulla Fronteriza mediante el proceso acelerado de “reconciliación presupuestaria”, que les permite sortear la oposición demócrata si consiguen mantener unidos a sus propios miembros.

La votación del Senado se produjo tras una jornada maratónica el jueves donde se votaron varias enmiendas.

Por: AFP

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En una extensa jornada marcada por intensos debates y visiones encontradas, los legisladores floridanos dieron luz verde de forma mayoritaria a un plan de gastos públicos. Con esta histórica votación legislativa, el cuerpo gubernamental concluyó una compleja sesión especial convocada exclusivamente para destrabar el nuevo presupuesto estatal, una tarea esencial que lamentablemente no se pudo concretar dos meses atrás durante el periodo de sesiones ordinarias debido a las marcadas discrepancias políticas.

El resultado final reflejó un respaldo contundente en ambas cámaras. El Senado votó por unanimidad absoluta a favor del proyecto de ley fiscal denominado HB 5001-E, mientras que en la Cámara de Representantes la propuesta soberana prosperó con una holgada mayoría de 99 votos a favor frente a sólo seis legisladores en contra. En el amplio panorama geográfico, la totalidad de los representantes del noreste del territorio respaldaron activamente la iniciativa económica, deponiendo diferencias y exceptuando únicamente a la legisladora demócrata Angie Nixon, oriunda de Jacksonville, y registrándose la ausencia formal del legislador republicano Judson Sapp.

Inversiones estratégicas frente a fuertes críticas

En el desglose pormenorizado de las partidas aprobadas, el sector educativo acaparó gran parte de la atención pública estatal. El nuevo presupuesto general destina un monto histórico de 30.000 millones de dólares para las escuelas de nivel K-12. Dentro de este fondo, se contemplan 201 millones de dólares específicos para incrementos salariales de los docentes. No obstante, este beneficio financiero generó fuertes debates al revelarse que estará estrictamente limitado a profesionales con más de diez años de trayectoria laboral activa, con un tope financiero máximo de 3.000 dólares anuales por cada maestro veterano.

Los legisladores republicanos defendieron esta medida selectiva señalando que busca retener eficazmente el talento de los educadores más experimentados de la región. A pesar de esto, la firme oposición demócrata calificó los recursos de insuficientes frente a la creciente inflación y la pérdida progresiva de matrícula escolar en diversos distritos. De igual manera, causó profundo revuelo la eliminación completa de los fondos de preeminencia para investigación universitaria, afectando de manera directa a instituciones reconocidas como la prestigiosa Universidad de Florida Central.

Por otra parte, la producción agrícola recibió un espaldarazo financiero considerable y muy esperado. El presupuesto aprobado asigna 196 millones de dólares para rescatar a la industria local de los cítricos, fuertemente golpeada en los últimos tiempos por heladas climáticas recurrentes y plagas verdes devastadoras. Albritton enfatizó el compromiso estatal con este sector patrimonial e histórico. Paralelamente, los aumentos salariales del cuatro por ciento para oficiales penitenciarios y bomberos estatales causaron reclamos justificados de otros empleados públicos que quedaron completamente excluidos.

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Detalles clave del presupuesto

Educación y salarios: Incluye aumentos salariales para los maestros y fondos destinados a los distritos escolares. También se otorgaron decenas de millones de dólares para ayudar a las escuelas públicas con baja matrícula.

Medio Ambiente: Asigna 514 millones de dólares para la restauración de los Everglades y 425 millones de dólares para programas de conservación de tierras agrícolas.

Infraestructura: Contempla grandes inversiones en transporte público, mejoras en infraestructura y recursos para diversas comunidades locales.

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Burgos buscará continuar representando al distrito 197° en la Asamblea General, mientras que Giral hará lo propio por el distrito 180°. Ambos forman parte del grupo de candidatos que competirán por escaños legislativos en distintos distritos del estado, en unas elecciones consideradas fundamentales para definir el futuro político del estado.

Burgos fue elegido por primera vez para la Cámara de Representantes estatal en 2018, convirtiéndose en el primer dominicano electo para servir en la Asamblea General de Pennsylvania. Representa sectores del norte de Philadelphia como Kensington, Hunting Park, Glenwood y Feltonville.

Dominicano-americano de primera generación, nació en New York y se mudó a Philadelphia junto a su familia cuando tenía 10 años. Antes de ingresar a la política, abrió su primera tienda de comestibles en el norte de la ciudad y cofundó la Asociación Dominicana de Comerciantes de Philadelphia. También trabajó en proyectos de desarrollo comunitario y revitalización urbana junto a líderes locales.

Por su parte, José A. Giral fue elegido para su primer mandato como representante estatal del distrito 180 en 2022. Con más de dos décadas viviendo en Philadelphia, representa comunidades como Fairhill, Harrowgate, Juniata, Port Richmond y Kensington.

Antes de llegar a la legislatura estatal, desarrolló una pequeña empresa y participó activamente en iniciativas comunitarias y políticas. Como legislador, ha impulsado la obtención de fondos estatales para proyectos comunitarios y desarrollo local.

Burgos y Giral forman parte del grupo de candidatos que competirán en noviembre por los distritos 10°, 170°, 172°, 173°, 174°, 175°, 177°, 179°, 180°, 181°, 182°, 184°, 185°, 186°, 188°, 190°, 191°, 192°, 194°, 195°, 197°, 198°, 200°, 201°, 202° y 203°.

Cargos clave para el estado

Las primarias también definieron candidaturas para el Congreso de Estados Unidos y el Senado estatal. En el distrito 2° del Congreso, el demócrata Brendan Boyle enfrentará a la republicana Jessica Arriaga. En el distrito 3°, el demócrata Chris Rabb avanzó como candidato de su partido, mientras que Mary Gay Scanlon competirá frente al republicano Nick Manganaro en el distrito 5°.

En cuanto al Senado estatal, la demócrata Christine Tartaglione avanzó por el distrito 2°. En el distrito 4°, el demócrata Art Haywood competirá frente al republicano Todd Johnson, mientras que Anthony Hardy Williams avanzó como candidato demócrata por el distrito 8°.

Además, dentro de este proceso también se eligieron candidatos para el Comité Estatal de Pennsylvania, organismo interno de los partidos políticos encargado de dirigir, organizar y coordinar las actividades partidarias a nivel estatal.

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Entre los candidatos al Comité Estatal avanzó la concejal demócrata y latina Quetcy Lozada por el distrito 2°. Representa al distrito 7° del Ayuntamiento de Philadelphia desde noviembre de 2022 y es residente de toda la vida de esa comunidad, donde ha vivido en sectores como Hunting Park, Fairhill, Juniata y actualmente Northwood. Ha desarrollado una trayectoria enfocada en el servicio público y el trabajo comunitario.

Las elecciones de noviembre volverán a colocar a Pennsylvania como uno de los estados más observados del país, en un escenario político donde el voto local podría influir en el panorama nacional.

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Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart apoyaron el proyecto, rompiendo la línea mayoritaria de su partido. Los tres representan distritos con una significativa población haitiana y buscan la reelección en noviembre próximo.

La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de todos los demócratas y diez republicanos. El proyecto establece que el Departamento de Seguridad Nacional debe designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a hasta 350.000 haitianos evitar la deportación y obtener permisos de trabajo en el país.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta ahora un camino incierto en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Además, requerirá la firma del presidente Donald Trump, quien ha impulsado previamente la eliminación de este programa.

El debate ocurre en medio de tensiones legales, luego de que la Administración intentara cancelar el TPS para haitianos el año pasado. Esa decisión fue bloqueada por un juez federal y posteriormente suspendida de forma indefinida mientras el caso espera revisión por la Corte Suprema.

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El TPS es un mecanismo que permite a ciudadanos de países afectados por crisis permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo protección legal.

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