De acuerdo con DeSantis, la eventual acusación se sustenta en leyes estatales de Florida consideradas “robustas” en materia de narcóticos y crimen organizado. Entre las figuras legales que se analizan se incluyen cargos por tráfico agravado de cocaína, lavado de dinero e importación criminal, algunos de los cuales contemplan penas severas, incluida la pena capital, según el marco legal vigente en el estado.

El gobernador sostuvo que Maduro habría tenido un rol directo en la expansión del narcotráfico con destino a Estados Unidos y, particularmente, a Florida. En declaraciones públicas, afirmó que durante su mandato en Venezuela se produjo la liberación de reclusos que posteriormente cruzaron la frontera estadounidense y se asentaron en distintos estados, entre ellos Florida. Entre los señalados se encuentran presuntos integrantes de la banda criminal Tren de Aragua, organización que ha sido vinculada a delitos violentos y actividades ilícitas transnacionales.

“Él vació sus prisiones y los mandó a Estados Unidos, y algunos terminaron en Florida”, expresó DeSantis, quien calificó estas acciones como “un acto muy hostil”. El gobernador agregó que residentes del estado han sido víctimas de delitos atribuidos a miembros de esa pandilla, lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de avanzar con acciones judiciales a nivel estatal.

Cargos estatales serían independientes del caso federal

La posible denuncia en Florida se sumaría al proceso federal que Maduro enfrenta en New York, donde él y su esposa, Cilia Flores, comparecieron recientemente tras ser arrestados en un operativo de fuerzas estadounidenses en Caracas. En ese expediente, el exmandatario venezolano es acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y uso de artefactos destructivos, cargos de los que se ha declarado inocente. Incluso, llegó a definirse como “prisionero de guerra” ante el tribunal.

DeSantis subrayó que los eventuales cargos estatales serían independientes del caso federal y seguirían un curso judicial distinto. “Es a través de la oficina del fiscal general que se pueden presentar estas cosas”, explicó, al remarcar que Florida tiene competencia para actuar si se determina que los delitos tuvieron impacto directo en el estado.

El contexto político y social también juega un papel relevante. Florida alberga la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos, una comunidad que, según el gobernador, ha sufrido las consecuencias del gobierno chavista. En ese sentido, DeSantis celebró la captura de Maduro y afirmó que en el sur del estado existe una población numerosa que “padeció el yugo” de la ideología impulsada por el exgobernante y su antecesor, Hugo Chávez.

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En paralelo, ciudadanos estadounidenses reactivaron en Miami una demanda civil contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos, incluida Delcy Rodríguez, actual mandataria encargada, a quienes acusan de delitos como secuestro, tortura y terrorismo. Mientras avanza el análisis legal, Florida mantiene abierta la puerta a convertirse en un nuevo frente judicial contra el exlíder venezolano, con implicaciones políticas y legales de alcance internacional.

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Golpe en pijama

En la madrugada del 28 de junio de 2009, militares aupados por empresarios y políticos de derecha sacaron de su cama, encañonado, al presidente Manuel Zelaya, amigo de la Venezuela de Hugo Chávez y acusado de querer perpetuar su poder. En ropa de dormir lo subieron a un avión, rumbo a Costa Rica.

El golpe de Estado dividió profundamente a los hondureños, quienes gobernados luego por mandatarios de derecha durante 12 años devolvieron a Zelaya al primer plano al elegir en los comicios de 2021 a su esposa Xiomara Castro como primera presidenta de Honduras.

Los hondureños se debaten ahora entre la continuidad de la izquierda, con el partido Libertad y Refundación (Libre), creado por Zelaya, o el regreso de la derecha con los tradicionales Partido Nacional (PN) y Partido Liberal (PL).

El “narco-Estado”

En abril de 2022, casi tres meses después de dejar la presidencia, Juan Orlando Hernández, que venía de gobernar dos periodos desde 2013 tras cuestionados comicios, fue extraditado en un avión de la DEA.

Señalado por la justicia estadounidense de convertir a Honduras en un “narco-Estado” y en una superautopista para la droga, fue condenado en 2024 a 45 años de prisión.

Su caso simboliza la penetración del narcotráfico en Honduras, donde políticos de todos los partidos han sido salpicados, incluido el gobierno de Castro, pues hace un año se filtró un video donde aparece el hermano de Zelaya negociando dinero de capos de un cartel local para la campaña de 2013.

Tierra de pandillas

Honduras, uno de los países más violentos de América Latina, sufre, igual que Guatemala, el terror de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

Desde diciembre de 2022, el gobierno de Castro mantiene un estado de excepción similar al que impuso el mandatario Nayib Bukele para reducir a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero ambas estrategias son criticadas por defensores de los derechos humanos.

Aunque los homicidios en Honduras bajaron de 38,1 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 26,8 en 2024 -según datos oficiales-, los pandilleros siguen extorsionando a transportistas y comerciantes, y el estado de excepción ha propiciado torturas y abusos de poder, según la oenegé de derechos humanos Cristosal.

Tesoros arqueológicos y naturales

Descritas por los arqueólogos como la “Atenas maya”, las ruinas de Copán, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, son el principal vestigio en Honduras de la cultura maya.

Sus escalinatas, estelas y estructuras de templos atrae a turistas, que sin embargo sucumben principalmente ante las paradisíacas islas de Roatán, de aguas turquesas en el Caribe. En montañas y costas habitan también las etnias maya-chorti, tolupanes, garífunas, misquitos y otras.

Honduras, nombrada así por las aguas profundas con que se encontraron los primeros navegantes españoles según la leyenda, tiene en sus costas caribeñas parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo, después de la de Australia.

Pobreza y migración

La pobreza, que golpea a un 60% de los 11 millones de hondureños, y la violencia criminal han empujado cada año a decenas de miles migrar a Estados Unidos.

Las remesas familiares representan 27% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras. En 2024 superaron los 10.000 millones de dólares, pero los expertos auguran que esa cifra descenderá.

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Migrar dejó de ser una opción para muchos hondureños con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su cacería de migrantes. En lo que va del año han sido deportados casi 27.000 hondureños, 10.000 más que en 2024, en un retorno forzada que aún no cesa.

Por: AFP

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Sus críticos lo ven como un golpe mortal a la democracia; sus seguidores, necesario para no volver al terror de las pandillas.

Cinco claves para entender cómo el autoproclamado “dictador cool” llegó hasta aquí:

Hartazgo

Bukele es expresión del rechazo al bipartidismo de derecha e izquierda que no resolvieron los graves problemas del país: la pobreza y las pandillas, dijo a la AFP el analista político Ricardo Navarro.

“Las maras extorsionaban a todos. La gente estaba cansada, decepcionada de los gobiernos anteriores. Eran los mismos de siempre, eso le permitió ganar en 2019 y rápido (52% de votos). Había hartazgo”, subrayó.

Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 llegaron a controlar el 80% del territorio y la tasa de homicidios era de 51 por cada 100.000 habitantes en 2018.

Según una investigación del diario digital El Faro, Bukele se valió de un pacto con las maras para que, por dinero y beneficios para pandilleros encarcelados, redujeran los asesinatos y pidieran el voto para él en las comunidades. El presidente lo niega tajantemente.

El Congreso, la llave

Con un Asamblea Legislativa adversa cuando llegó al poder, Bukele, amante de los golpes de efecto, irrumpió con militares en 2020 en el parlamento para exigir la aprobación de un crédito para su política de seguridad.

Para Celia Medrano, consultora internacional sobre política pública, esa es “la expresión más clara de la militarización de la política” que le ayudó a empoderarse.

Publicista con una aceitada maquinaria mediática, Bukele logró en 2021 que su partido ganara la mayoría en el Congreso y pudo cambiar a magistrados y fiscales que se le oponían. No hay un solo proyecto de ley que le hayan rechazado desde entonces.

“Ha eliminado a la oposición política con una combinación de maniobras legales, intimidación militar, control de los medios de comunicación y políticas populares como la represión de las pandillas”, opinó la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Régimen de excepción

Tras 87 muertos un fin de semana en marzo de 2022, Bukele declaró su “guerra” antipandillas e impuso un estado de excepción bajo el que han sido detenidas 88.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices.

Según el gobierno, los homicidios cayeron a 1,9 por cada 100.000 habitantes en 2024. Pero oenegés como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) o Cristosal, denuncian torturas y miles de arrestos arbitrarios.

“El régimen de excepción le permitió aumentar la popularidad y al mismo tiempo establecer una amenaza para cualquiera que critique o se anime a disentir”, dijo a la AFP Juan Pappier, subdirector para América de HRW.

Una encuesta de junio de la Universidad Centroamericana (UCA) señaló que un 60% de salvadoreños defiende el régimen de excepción.

“Había muchos mareros y este presidente los puso en su lugar. Sería buena” su reelección, declaró Federico Quintanilla, un septuagenario vendedor de lotería.

“Hablar de apoyo popular (…) donde seis de cada diez salvadoreños manifiestan temor de expresar su opinión sobre el gobierno, no es más que una ficción”, matizó Medrano, al referirse a otro dato de la misma encuesta.

Reelección “inconstitucional”

Pese a que la reelección estaba prohibida en la Constitución, magistrados -nombrados por su partido- interpretaron la ley y le permitieron postularse.

En la cima de su popularidad, fue reelecto en febrero de 2024 con un 85% de votos, pulverizó a la oposición y obtuvo un dominio casi absoluto del Estado. De los 60 diputados, 57 son oficialistas.

“Aquí es donde años de manipulación constitucional gradual conducen al desmantelamiento de la democracia. Al capturar las instituciones, silenciar a los críticos y reescribir la Constitución, ha creado un sistema electoral autoritario”, dijo WOLA.

Hace unos meses, el Congreso aprobó la vía expedita para reformar la Constitución, como ocurrió el jueves.

El “amigo” Trump

La vuelta al poder de Donald Trump le dio un nuevo aire. Su lealtad hacia el presidente de Estados Unidos la selló al mantener cuatro meses encarcelados a 252 venezolanos deportados por Washington.

“Sabe que Trump no le pondrá límites y que está completamente dispuesto a hacer la vista gorda ante la destrucción de la democracia salvadoreña”, comentó Pappier.

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Para el director de Cristosal, Noah Bullock, “Bukele se siente de alguna manera blindado por su asocio” con Trump.

Envalentonado por esa relación, el gobierno detuvo este año a defensores de derechos humanos y forzó a periodistas, activistas y oenegés como Cristosal al exilio.

Por: AFP

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Abinader -en el poder desde 2020- presentó su rendición de cuentas ante el Congreso, la primera de su segundo mandato.

El gobernante ha mantenido una política de mano dura respecto a Haití, con la construcción de un muro en la frontera y masivas deportaciones, a medida que se degrada la situación en ese país, donde Naciones Unidas reportó el año pasado 5.600 asesinatos a manos de estas bandas.

“Desgraciadamente, hoy, la situación de seguridad en Haití continúa deteriorándose”, lamentó Abinader, que informó del “decreto que declara como organizaciones terroristas a las bandas criminales haitianas”.

“Cualquier persona perteneciente a una de estas bandas que ingrese en territorio dominicano será perseguida, apresada y juzgada bajo las leyes antiterroristas de nuestro país”, alertó el presidente. “Nuestras fuerzas de seguridad están advertidas para actuar con toda severidad en estos casos”.

El mandatario lamentó que la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) -que lidera Kenia- “no ha recibido el apoyo requerido” y cuestionó “un desinterés e incapacidad de la comunidad internacional sobre esta tragedia”.

El jefe de la ONU, António Guterres, recomendó el miércoles al Consejo de Seguridad apoyo logístico y financiero a la misión, aunque descartó por el momento el envío de cascos azules.

La MMAS empezó a desplegarse el verano boreal pasado con algo más de 1.000 policías de seis países, aún lejos de los 2.500 previstos.

República Dominicana comparte con Haití la isla La Española, con 340 km de frontera.

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Abinader indicó que el tramo proyectado para 2024 de la verja fronteriza se completó en 90% y que se extiende ahora por 176 km.

El Gobierno inició su construcción en 2021 y anunció que buscará extenderla otros 11 km. Al tiempo, mantendrá sus planes de deportación a gran escala, que desde octubre, cuando inició el segundo mandato, suman 142.378 haitianos expulsados. Solo en 2024 fueron 276.000.

Por: AFP

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“Cuando uno no respeta (el debido proceso), es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel… claro, la gente dice ‘¡Oh!, qué eficiente’, que es el caso de El Salvador”, aseguró Bachelet en un foro sobre democracia realizado en la ciudad colonial de Antigua.

“Pero la verdad es que allí (en El Salvador) se han violado los derechos humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”, fustigó la expresidenta (2006-2010 y 2014-2018), en el evento organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 que permite arrestos sin orden judicial.

Unos 82.000 pandilleros han sido arrestados bajo esa herramienta criticada por grupos de derechos humanos que denuncian abusos y detención de personas inocentes, aunque el presidente justifica que la cruzada convirtió a El Salvador en “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”.

Sobre los desafíos que enfrenta la democracia en Latinoamérica, la ex alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018-2022) y exjefa de ONU Mujeres (2010-2013) consideró que la región atraviesa momentos “complejos”.

“En América Latina perdíamos la democracia por golpe de Estado, pero hoy día lo que vemos es algo mucho más complejo y es que son líderes electos democráticamente que cuando llegan al poder empiezan a cerrar parlamentos, empiezan a echar jueces, empiezan a arrestar a fiscales que están luchando contra la corrupción”, señaló.

Este jueves 3 de octubre, Bachelet compartió el foro con el expresidente peruano Francisco Sagasti (2020-2021) y el exgobernante de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien cargó contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señalado de perseguir a sus críticos.

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También lo hizo contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela en las elecciones del 28 de julio en medio de denuncias de fraude de la oposición.

“¿Qué duda cabe que Daniel Ortega es un dictador horroroso? Y lo mismo pasa en Venezuela, en donde se robaron las elecciones de manera impúdica”, indicó Solís.

Por: AFP

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“Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país”, aseguró Bukele en la red social X.

Luego de las fuertes lluvias que han causado deslizamientos de tierra e inundaciones desde junio, cuadrillas de presos participan en diferentes tareas para mitigar los daños, sobre todo en la red vial. De esa forma, los presos “podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad”, señaló Bukele.

El Jefe de Estado publicó también en la red social X un video en el que aparecen reclusos haciendo labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones y reparación de equipos electrónicos, entre otras.

En el poder desde 2019, Bukele libra desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción, que suma más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue decretado por el Congreso a petición del mandatario como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.

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Con una población reclusa que sobrepasa 111.000 internos, según organismos humanitarios independientes, El Salvador tiene  1.764 encarcelados por cada 100.000 habitantes, uno de los promedios más altos del mundo.

La cruzada contra las pandillas redujo las actividades criminales en el país y favoreció la reelección de Bukele, quien inició su segundo mandato el 1 de junio.

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“Hace exactamente 14 años, el 20 de junio de 2010, vivimos uno de los episodios más crueles perpetrados por los pandilleros terroristas, quienes prendieron fuego a un microbús, quemando vivas a 17 personas y disparándole a quemarropa a los que intentaban escapar de las llamas”, escribió Bukele en la red social X.

El ataque, que dejó también 15 heridos, fue realizado por pandilleros del Barrio 18 en la ciudad de Mejicanos, periferia norte de San Salvador.

“Por las víctimas de ese fatídico día y por las 150.000 personas que asesinaron, además de los extorsionados, asaltados, heridos y las que violaron; por ellos es que luchamos contra estos terroristas sin retroceder un tan solo paso”, enfatizó el mandatario.

El Barrio 18 y su rival la Mara Salvatrucha (MS-13) establecieron un estado paralelo que controlaba el 80% del territorio.

En el poder desde 2019, Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 y que suma más de 80.000 presuntos pandilleros detenidos.

El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue decretado por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.

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“Nunca olvidemos de dónde venimos, para JAMÁS regresar a ese pasado tan oscuro, que se había vuelto nuestro día a día”, enfatizó Bukele.

Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción.

Por: AFP

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El 27 de marzo de 2022 Bukele declaró una “guerra” a las temidas pandillas que controlaban buena parte del territorio salvadoreño y ahora proclama que su país es el “más seguro” del continente. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos bajo el régimen de excepción, que permite a militares y policías hacer arrestos sin orden judicial.

Amnistía afirmó que la tendencia “a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores […], sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele podría haber una profundización de la crisis [en derechos humanos] que se ha observado durante los últimos años”. 

“De no corregir el rumbo, la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse”, agregó la organización humanitaria en un comunicado.

Bukele rechaza las críticas de organismos humanitarios y en septiembre, en un discurso en Naciones Unidas, declaró que no hace caso a recetas extranjeras contra el crimen.

Hoy cumplimos 2 años del Régimen de Excepción 🇸🇻

Today we mark 2 years of the Exception Regime 🇸🇻 pic.twitter.com/9N74btnjaQ

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 28, 2024

“Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas (…) menos cuando éstas ni siquiera funcionan en nuestros países”, afirmó.

Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido arrestados en estos dos años, según cifras oficiales, lo que devolvió la seguridad a las calles y favoreció que Bukele fuera reelegido en febrero con el 85% de los votos para otro mandato de cinco años.

“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos –como el de la violencia y la criminalidad–, de manera aparentemente sencilla. Sin embargo, no puede ser un éxito reducir la violencia pandilleril sustituyéndola por violencia estatal”, afirmó Amnistía.

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“Además, [el presidente] demuestra su incapacidad para diseñar medidas integrales de largo plazo que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía, citada en el comunicado.

Oenegés locales han registrado “327 casos de desapariciones forzadas […], una situación de hacinamiento carcelario del 148% aproximadamente, y al menos 235 muertes bajo custodia estatal”, señaló Amnistía.

“Las autoridades salvadoreñas deben centrar la respuesta estatal en políticas integrales y respetuosas de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones de largo plazo”, insistió. 

Asimismo, llamó a la comunidad internacional a “condenar cualquier modelo de seguridad pública que se base en la violación de los derechos humanos”.

Por: AFP

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En estos dos años, también fueron decomisadas 3.939 armas de fuego y 8.000 vehículos a las pandillas, entre otros bienes, según un informe oficial.

El balance anterior de presos era de 77.300.

“Esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por veinte años estuvo en este país”, declaró el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al estatal canal 10 de televisión.

Las pandillas, que habían establecido fronteras en sus disputas por zonas para delinquir, controlaban el 80% del territorio del país, según el gobierno.

“Ya no existen esas fronteras imaginarias”, y la población “ya no tiene que rendirle ningún tipo de tributo, ni pago [de extorsiones] a nadie para poder moverse y poder salir de su casa”, enfatizó Villatoro.

El ministro de la Defensa, René Francis Merino, destacó en el mismo programa de TV la coordinación del ejército y la policía en esta cruzada.

“Lo que en estrategia se llama daño colateral, en El Salvador ha sido mínimo […] y por esa razón es algo atractivo para otros países”, afirmó.

Organismos humanitarios cuestionan la detención de inocentes al amparo del régimen de excepción, que permite arrestos sin orden judicial, y advierten posibles repercusiones a futuro.

Para Katya Salazar, de la ONG Fundación Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene “una bomba de tiempo, porque es una cosa no sostenible” en el tiempo.

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“El Salvador no se puede quedar con 78.000 personas en la cárcel [y] que no sean juzgadas, tiene que haber algún tipo de respuesta de solución judicial”, aseguró.

Según Salazar, El Salvador debe aplicar un debido proceso a los encarcelados, de lo contrario “tarde o temprano van a haber condenas de tribunales internacionales, indemnizaciones que pagar”.

A las pandillas, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120.000 homicidios en tres décadas, superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de cruenta guerra civil (1980-1992).

Por: AFP

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La “guerra” contra las maras, lanzada hace 14 meses por el presidente Nayib Bukele, ha propiciado un ambiente de seguridad que ha incentivado a la gente a ocupar los espacios públicos.

“Aquí se vive un ambiente muy bonito, yo hago bailar a los cojos”, dice sonriente a la AFP Sonia Isabel Aguilar, de 75 años, conocida popularmente como Yajaira, mientras sacude su minifalda blanca con flores estampadas.

Los músicos de la banda Cuscatlán, que tocan en la plaza, sobreviven con las monedas que les da el público.

“Llevo la música en las venas”, asegura Yajaira, aunque admite que baila para “olvidar las penas”. Hace 11 años la violencia pandillera le arrebató a su hijo Carlos Antonio Cornejo, de 31 años. Ella debió ayudar a criar a su nieta, ahora quinceañera.

Antes de que el Congreso decretara un régimen de excepción, que ha llevado a prisión a casi 69.000 presuntos pandilleros, según cifras oficiales, era arriesgado aventurarse en una plaza salvadoreña.

Para todos estaba vedado cruzar del “territorio” dominado por una pandilla al de otra, por lo que la gente optaba simplemente por encerrarse temprano en sus casas.

Las maras fueron tomando el control territorial en el país tras el fin de la guerra civil (1980-1992). El Gobierno les atribuye 120.000 muertes, muchas más que las que dejó el conflicto armado (75.000).

Nueve de cada 10 salvadoreños apoyan la cruzada contra las pandillas, según encuestas, pero los métodos de Bukele son criticados por la Iglesia Católica y organismos de derechos humanos, que aseguran que entre los detenidos hay muchos inocentes.

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“El punto rojo”

Rodeada de antiguos edificios con grandes portales, la Plaza Libertad era un territorio en disputa entre la Mara Salvatrucha y una facción del Barrio 18. Ambas bandas extorsionaban a los comerciantes del sector y, por supuesto, no había baile.

Ahora más de un centenar de personas, sobre todo mayores, se quedan bailando allí hasta después de que oscurece. Además, salvadoreños y turistas acuden a las cafeterías y bares que han abierto en el corazón de San Salvador.

“El centro histórico vive un renacer y es uno de los lugares más seguros del país”, dijo recientemente el alcalde de la capital, Mario Durán. Antes “era el más peligroso, era el punto rojo de lo rojo”, añadió en una entrevista en la televisión local.

María Teresa Belloso, de 66 años, da fe de ello. Ahora “hay más seguridad, ya uno se puede venir a sentar a los parques, porque antes uno venía con temor”, dice a la AFP mientras espera a alguien para bailar.

A un costado de la catedral de San Salvador, la pareja mexicana de Alejandro Magallón, de 38 años, y Lorena Melo, de 30, se gana la vida como estatuas humanas, vestidos con trajes dorados de charros. “Que bueno que El Salvador está haciendo algo por la cultura”, comenta Magallón al celebrar que en la capital se están “liberando los espacios”.

Casi a la par con la cruzada contra las pandillas, la comuna capitalina llevó adelante un plan de reordenamiento para sacar a unos 3.500 vendedores que tenían puestos callejeros en la zona central.

La mayor seguridad y la eliminación de puestos de venta ha permitido que la gente pueda caminar libremente por las aceras y redescubra viejos edificios comerciales, cines y hasta la iglesia El Rosario, de estilo gótico.

Por: AFP

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