De acuerdo con un memorando del Ministerio de Seguridad Nacional, citado por la agencia AFP, se ordenó que “todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos” con el fin de implementar un “ejercicio de deportación masiva”. Los venezolanos constituyen la principal comunidad migrante en el archipiélago, que en los últimos años ha sido uno de los destinos más frecuentes para quienes huyen de la crisis económica y política en Venezuela.

Las tensiones bilaterales aumentaron tras el atraque del destructor estadounidense USS Gravely en Puerto España, para participar en ejercicios militares regionales. La nave forma parte de una flota desplegada desde agosto con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico, aunque el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que estas operaciones buscan “provocar su derrocamiento”.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar, en el poder desde 2024, mantiene un discurso crítico hacia la migración venezolana y alineado con Washington, lo que ha marcado un cambio en la política exterior del país respecto a Caracas.

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En respuesta, Maduro anunció el lunes la ruptura de los acuerdos gasíferos bilaterales, un proyecto energético clave entre ambos países, separados por apenas diez kilómetros de mar. Además, el Parlamento venezolano prevé declarar persona non grata a Persad-Bissessar este martes, profundizando una crisis diplomática que amenaza con escalar en el Caribe.

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El programa, creado para permitir la rápida deportación de migrantes detenidos cerca de la frontera con México que hubieran ingresado en las dos semanas anteriores, fue modificado por la Administración Trump al inicio de su mandato en 2017. Bajo esa ampliación, el procedimiento podía aplicarse a cualquier persona en el país que no pudiera demostrar haber residido más de dos años en Estados Unidos, independientemente de su ubicación.

La jueza Jia M. Cobb, designada por el presidente demócrata Joe Biden, consideró en su fallo que esta práctica podía llevar a expulsiones “erróneas” y sin garantías mínimas de debido proceso. Según explicó, el esquema privaba a los migrantes de la oportunidad de demostrar el tiempo que llevaban viviendo en el país o de presentar otros argumentos de defensa.

“El Gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda, y solo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso”, escribió la jueza Jia Cobb. “Si esto fuera cierto, no solo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro”, advirtió.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a todas las personas frente a abusos de autoridad y garantiza la posibilidad de ser escuchado en un procedimiento judicial. La jueza recalcó que su decisión no cuestiona la legalidad del mecanismo en la frontera, sino su extensión indiscriminada al interior del país.

La magistrada Cobb también citó principios constitucionales que establecen que nadie puede ser expulsado sin haber tenido, al menos en algún momento, la posibilidad de defenderse ante un tribunal. Este razonamiento se suma a una serie de decisiones judiciales que, en los últimos años, han limitado los alcances de las políticas migratorias más restrictivas de la Administración Trump.

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La promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados fue uno de los ejes centrales de la campaña presidencial del republicano. Sin embargo, su programa de deportaciones masivas se ha enfrentado a múltiples obstáculos legales, en particular por vulnerar el derecho al debido proceso de las personas afectadas.

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“Frente a una actitud hostil de expulsión masiva tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas, han mantenido bases militares en nuestro territorio”, dijo la mandataria hondureña en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión.

La presidenta izquierdista agregó que “en este caso, las bases militares perderían toda la razón de existir en Honduras”. Estados Unidos tiene en Comayagua, en el centro de Honduras, la base de Palmerola, construida en 1982 y ha sido clave en las operaciones de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

“Esperamos que la nueva administración del presidente electo Donald Trump, sea abierta al diálogo, constructivo y amistoso, que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, que por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana”, refirió.

Por su parte, el vicecanciller hondureño Tony García, informó que unos 250.000 hondureños están en lista para ser deportados en 2025 desde Estados Unidos, y que Honduras no está preparada para recibir una cantidad de personas como esa.

Cerca de dos millones de hondureños viven en Estados Unidos, la mayoría indocumentados, que aportan más del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras.

Castro anunció que como presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe convocará junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres en enero con el fin de tratar el tema de la migración.

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La mandataria hondureña canceló en agosto de 2024 un tratado de extradición con Estados Unidos alegando que podría servir para preparar un “golpe de Estado” en Honduras, como el que derrocó en 2009 a su sposo, el expresidente Manuel Zelaya.

En base a este tratado vigente de 1912 y que caducará en febrero próximo, Tegucigalpa ha extraditado a Estados Unidos desde 2014 a medio centenar acusados de narcotráfico.

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“No es realista pensar en que va a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba”, dijo en rueda de prensa el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, al término de una reunión de trabajo en La Habana entre autoridades de los dos países, que se celebró mientras la isla vive un apagón a nivel nacional.

Fernández de Cossío calificó como “constructivo” y “franco” este quinto y último encuentro entre autoridades de los dos países para tratar asuntos de migración durante la administración de Joe Biden.

Por su parte, Brian Nichols, jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, dijo en su cuenta de la red social X que en la cita La Habana “destacó el éxito” de la parte estadounidense para “reducir la migración irregular cubana, tanto marítima como terrestre”.

Estas reuniones fueron retomadas en 2022, luego de que Trump las suspendiera en primer mandato (2017-2021).

A lo largo de su campaña electoral, Trump despotricó contra los migrantes en situación irregular, calificando de “invasión” su entrada sin visa en territorio estadounidense. Para “liberar”, según él, a su país, proyecta “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos” en cuanto asuma el cargo el 20 de enero.

Entre enero de 2022 y octubre de este año, más de 900.000 cubanos emigraron a Estados Unidos de manera irregular y mediante el Parole, un permiso de permanencia temporal implementado en enero de 2023.

Los planteamientos de Trump “parecen bastante drásticos y yo diría que bastante injustos”, agregó el funcionario.

La emergencia que vive la isla con la caída en la madrugada de este 5 de diciembre de su sistema energético nacional por una falla en su principal termoeléctrica fue parte del intercambio entre ambas partes, admitió Fernández de Cossio.

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“Por supuesto fue algo que comentamos”, dijo el subsecretario, quien aseguró que Washington está muy consciente de “los daños que producen” las sanciones aplicadas contra Cuba desde hace más de 60 años.

No hay “duda de que el gobierno de los Estados Unidos tiene plena conciencia sobre el efecto que produce el bloqueo económico sobre nuestro país y los daños que producen” al pueblo cubano, señaló Fernández de Cossio.

Por: AFP

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Trump confirmó sus propósitos en días pasados a través de su red Truth Social, en la que reaccionó con un “¡ES CIERTO!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien ya había asegurado que el nuevo Gobierno estaba planeando “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo las deportaciones.

“Buenas noticias: según algunos reportes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas”, escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.

Trump que asume el cargo el próximo 20 de enero respondió al mensaje con un “¡ES CIERTO!”.

Para ejecutar este procedimiento, Trump tendría previsto apelar a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que concede al Presidente poderes extraordinarios y le permite evadir al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

El presidente electo ya utilizó este recurso durante su primer mandato, en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares concedidos al Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó varias  demandas judiciales.

Durante toda su campaña, el republicano también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones e incluso sugirió reubicar tropas asentadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.

Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas estadounidenses, pues la legislación de este país prohíbe rigurosamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según especifica Brennan Center for Justice en su página web.

Se calcula que en Estados Unidos residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, según indica America’s Voice, una organización que defiende a los migrantes.

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Dichas deportaciones podrían costar miles de millones de dólares al año y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector de servicios, de acuerdo con la organización American Immigration Council.

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Esta reunión se celebró para discutir “la condenable decisión del Gobierno dominicano de deportar a 500.000 migrantes (al año) a Haití, desafiando sus derechos y las convenciones internacionales en la materia”, aseveró el Consejo en una publicación en sus redes sociales.

El organismo se reunió la víspera para tratar también el asunto de las deportaciones de haitianos residentes en República Dominicana.

A dicha reunión, que estuvo presidida por el nuevo presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, asistieron el ministro de Justicia, Carlos Hercule, y varios otros ministros, entre ellos el de Economía, Defensa y Salud.

Las discusiones se enfocaron centraron en la seguridad nacional y la repatriación “incontrolada” de haitianos por parte de República Dominicana.

El pasado martes 8 de octubre, el primer ministro de Haití, Garry Conille, anunció la creación de un comité interministerial para dar respuesta diplomática y humanitaria a las deportaciones masivas desde República Dominicana.

Conille afirmó en su cuenta en la red social X, que giró instrucciones para que desde ese día se organice esta célula interministerial con el propósito de “coordinar y reforzar” la respuesta diplomática y humanitaria de Haití frente a lo que califica de “deportación forzada y en masa” de haitianos. Ello constituye, denunció el primer ministro haitiano, “una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana”.

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Por su parte, el Gobierno dominicano confirmó el pasado miércoles 9 de octubre que se ejecutará un operativo de repatriación de 10.000 migrantes irregulares por semana.

“Se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación, con el objetivo de repatriar hasta a 10.000 inmigrantes por semana hacia su país de origen”, anunciaron las autoridades dominicanas.

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El 12 de octubre pasado se dio a conocer que la administración Biden solo permitiría el acceso de 24.000 migrantes de Venezuela de manera legal, en un sistema similar al aprobado para Ucrania.

Dana Graber, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dijo en entrevista con CNN que desde el pasado 12 de octubre, cuando México y EE.UU. firmaron un acuerdo migratorio, se tiene un estimado de casi 5.000 ciudadanos venezolanos que fueron deportados al lado mexicano.

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A diario miles de migrantes venezolanos que huían de la crisis humanitaria son expulsados de EE.UU y objeto de deportación. Luego México se encarga de devolverlos a su país. Las autoridades estiman que la cifra de venezolanos que buscan alcanzar EE.UU. ha aumentado 30 veces desde abril.

El nuevo programa de Biden permitirá que 24.000 venezolanos soliciten residencia legal. No obstante, tienen que aplicar desde su país de origen y deben demostrar que cuentan con un patrocinador y los medios financieros para sostenerse en EE.UU.

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El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió ayudar a los venezolanos. También le tendió una mano al régimen de Caracas y pidió a Biden que se reconcilie con Maduro.

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