Parker recordó que Philadelphia ha sido durante mucho tiempo una ciudad acogedora, moldeada por las culturas, tradiciones y contribuciones de las comunidades inmigrantes. “Me enorgullece dar la bienvenida a estos nuevos líderes y a quienes regresan. Ellos ayudarán a conectar a nuestros vecinos con los programas y políticas de la ciudad que marcan una verdadera diferencia”.

A través de programas, alianzas y recomendaciones de políticas, el trabajo de estas comisiones comparte recursos y crea conciencia sobre la historia y la cultura de los pueblos africanos, caribeños, asiáticos y de las islas del Pacífico. Con la incorporación de nuevos miembros y la reincorporación de otros, se abre un espacio para ideas frescas y nuevas perspectivas, al tiempo que se reconoce la experiencia y el valioso conocimiento de quienes han prestado sus servicios anteriormente.

Charlie Elison, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes, afirmó que las comunidades inmigrantes contribuyen a que Philadelphia sea una ciudad única. “Estas comisiones brindan a los líderes comunitarios acceso directo a las políticas y programas de la ciudad. Es apropiado que anunciemos estos nombramientos cerca del Mes de la Herencia Inmigrante, un momento en el que honramos y celebramos las importantes contribuciones que los inmigrantes hacen a la sociedad y la cultura estadounidenses”.

Los miembros de las comisiones han liderado varias iniciativas clave, incluido el Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades para Inmigrantes Afroamericanos, que apoya a organizaciones de inmigrantes lideradas por afroamericanos. También han apoyado a Africatown y a la Corporación de Desarrollo del Barrio Chino de Philadelphia, iniciativas de desarrollo urbano que sirven al suroeste de Filadelfia y al centro de la ciudad, respectivamente.

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Los miembros también ayudan a organizar importantes eventos culturales, como el Festival Odunde , el  Mercado del Sudeste Asiático en FDR Park y el  Festival Caribeño en Cherry Street Pier . Además, promueven los servicios sociales y el desarrollo económico en las comunidades inmigrantes de la ciudad.

Los miembros de la Mayor’s Commission on African and Caribbean Immigrant Affairs son:

Reelección

• Jannie Blackwell
• Voffee Jabateh
• Eric Edi
• Youma Ba
• Christopher Chaplin
• Josephys Datils
• Barbara Wilson
• Rev. John Jallah
• Helenmay Bady
• Eve Elie
• Kylla Herbert
• Joy Ogoonnaya
• Alain Tchegnon
• Amber Harris

Nuevos miembros

• Jean Wintz-Dabney
• Raeann Billey
• Kimisha Simpson
• Maureen Smith
• Betty Mulugeta
• Michelle Tulloch- Neil

Los miembros de la Mayor’s Commission on Asian and Pacific American Affairs son:

Reelección

• Cliff Akiyama
• Dewi Broadhurst
• John Chin
• Aowtad Chowdhury
• Rubén David
• Grace Rustia
• Mathew Tharakan
• Andrew Toy
• Grace Wu Kong
• James Zhang

Nuevos miembros

• Noel Abejo
• Kenneth Wong
• Tiffany Chang
• Sophia Lee
• Roman Ventura
• Gao Ly Vang
• Samuel Chuen
• Michael Balan

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El número de indocumentados que entró en Estados Unidos a lo largo de la presidencia del demócrata Joe Biden (2017-2021) es objeto de polémica en Estados Unidos.

Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo al centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025.

Unos 14 millones están en situación irregular, un récord histórico, según datos de 2023.

“Hemos hallado a 146.000 chicos hasta ahora. Aún tenemos a cerca de 300.000 desaparecidos” declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Según el gobierno, la mayoría de los menores identificados estaban en hogares de acogida, donde eran enviados de forma provisional tras ser detenidos por las fuerzas del orden.

Según la directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), Angie Salazar, se identificaron “más de 81.000 direcciones que fueron utilizadas repetidamente para acoger a niños”.

En muchos de esos hogares las familias de acogida tenían numerosos menores a su cargo.

Sin detallar cuántos, la responsable afirmó además que algunos de los 146.000 menores identificados sufrieron abusos sexuales, algunos cometieron crímenes y otros fallecieron.

Las autoridades del gobierno anterior “permitieron que patrocinadores sin verificar vinieran a recoger a 450.000 niños en nuestras fronteras”, acusó Mullin.

De acuerdo a un informe interno del DHS de marzo de 2025, “de los 448.820 menores no acompañados que ICE (la agencia de control migratorio) transfirió a la ORRR entre 2019 y 2023, la mayoría fueron entregados a patrocinadores”.

Los menores indocumentados que ahora son adultos están en proceso de deportación.

Mullin afirmó que actualmente sólo hay una instalación, en Texas, para acoger a familias con menores que entran ilegalmente por el sur, porque los controles fronterizos redujeron drásticamente el problema.

Las medidas drásticas contra la inmigración ilegal, y las grandes dificultades para que los migrantes legales puedan asentarse en el país, han creado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

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Las redadas en ciudades como Los Ángeles o Mineápolis provocaron muertos durante las protestas ciudadanas, pero el gobierno federal asegura que esas grandes operaciones policiales continuarán próximamente en ciudades santuario como Nueva York.

“La única manera en que vamos a poder localizarlos [a los menores] es trabajar con fuerzas de seguridad locales” explicó en un evento organizado por la fundación Heritage John Fabbricatore, exconsejero del secretario de Salud.

Por: AFP

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“Doce meses seguidos con CERO liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump estamos logrando la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, se congratuló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

“Los días de captura y liberación se han terminado. Estamos haciendo cumplir las leyes de la nación y devolviendo a los extranjeros ilegales a sus países de origen”, añadió.

La Patrulla Fronteriza (CBP) “volvió a liberar a cero extranjeros ilegales en nuestro país este mes, a diferencia de abril de 2024, cuando más de 68.000 fueron liberados bajo el presidente [Joe] Biden”, dijo por su parte el comisionado de la agencia, Rodney S. Scott.

La política de “captura y liberación” (catch and release, en inglés) es objeto de polémica y vaivenes en Estados Unidos desde hace décadas.

Un inmigrante que entraba sin permiso a través de la frontera terrestre podía solicitar asilo, lo que congelaba la situación.

Otra consideración que llevaba al gobierno a liberar a los indocumentados era la falta de espacio en los centros de detención, o el caso particular de los menores.

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El primer gobierno de Trump (2017-2021) acabó con la posibilidad de solicitar asilo inmediatamente, tras una larga batalla legal, e impuso medidas drásticas y polémicas como la separación de familias.

El gobierno siguiente, del demócrata Joe Biden, volvió a disponer que los indocumentados que eran interceptados en la frontera pudieran quedar libres, bajo convocatoria ante un tribunal de migración.

Los críticos de esa política alertaron sobre la masiva entrada de ilegales y los años de retraso acumulado en los tribunales.

Ese fue uno de las grandes argumentos de la campaña electoral de Trump, que acabó con su regreso a la Casa Blanca.

Según cifras interanuales del Departamento de Seguridad Nacional, las detenciones en la frontera sur fueron un 94% inferiores que el promedio mensual registrado durante el gobierno de Biden.

En abril pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a un promedio de 298 personas por día.

La política migratoria de Trump es cuestionada regularmente ante los tribunales.

La Corte Suprema dictaminó en 2018 que el gobierno tenía potestad para efectuar expulsiones de forma expeditiva, sin esperar a largos procesos ante jueces de migración.

Pero dos años más tarde los magistrados del alto tribunal le dieron también libertad al gobierno de Biden para eliminar el programa “Permanecer en México”, es decir, la obligatoriedad de quedarse en el vecino del sur mientras un inmigrante aguarda el resultado de su solicitud de asilo.

Por: AFP

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En el norte del condado Miami-Dade, la demanda de técnicos calificados continúa en aumento, especialmente en áreas vinculadas a la construcción y servicios especializados. Cada noche, tras finalizar su jornada laboral, numerosos estudiantes asisten a clases con el objetivo de obtener certificaciones que respalden sus habilidades.

Según el MDC, el acceso a empleos mejor remunerados en sectores técnicos depende en gran medida de la formación continua y de la obtención de certificaciones reconocidas por el Estado. La creciente demanda de mano de obra calificada facilita el ascenso laboral para quienes invierten en capacitación formal.

Formación alineada con la demanda

Los programas vocacionales del MDC están diseñados para responder a las necesidades inmediatas del mercado laboral. El auge de la construcción en Florida, impulsado por el crecimiento urbano y la necesidad de adaptar infraestructuras ante fenómenos climáticos como huracanes, ha incrementado la demanda de trabajadores especializados.

De acuerdo con estimaciones de la industria, se requerirán cientos de miles de nuevos empleados en el sector de la construcción en los próximos años. Este déficit abre oportunidades para quienes cuentan con formación técnica, con salarios que superan los promedios de otros sectores.

En el área de Miami, el ingreso anual mediano de un trabajador de la construcción a tiempo completo ronda los 47.000 dólares. Sin embargo, los técnicos certificados pueden alcanzar ingresos más altos, fundamentalmente en especialidades como HVAC/R, donde las remuneraciones oscilan entre 18 y 40 dólares por hora, dependiendo de la experiencia y las licencias obtenidas.

Los instructores destacan que, además de las habilidades técnicas, cualidades como la puntualidad y la responsabilidad son fundamentales para el éxito en estos campos. Durante su formación, los estudiantes reciben capacitación práctica en laboratorios equipados, donde aprenden a diagnosticar fallas y aplicar normas de seguridad laboral.

La certificación de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) es uno de los requisitos clave. Este programa proporciona herramientas para identificar riesgos en el entorno de trabajo, lo que incrementa la empleabilidad de los graduados.

Asimismo, la licencia de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) permite a los técnicos manipular refrigerantes conforme a la normativa vigente, ampliando sus oportunidades laborales y su capacidad de trabajar de manera independiente.

El acceso a estos programas también se ve facilitado por alianzas con organizaciones comunitarias que brindan orientación y apoyo a inmigrantes. Estas iniciativas ayudan a integrar a los participantes en el mercado laboral y a identificar oportunidades de crecimiento.

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Además de HVAC/R, el MDC ha ampliado su oferta educativa hacia áreas emergentes como la instalación de redes de banda ancha y fibra óptica. Estos cursos, desarrollados en colaboración con empresas del sector, ofrecen formación con tecnología de última generación y la posibilidad de inserción laboral directa.

En conjunto, los cursos vocacionales representan una herramienta clave para el progreso de la comunidad inmigrante en el sur de Florida, al facilitar el acceso a empleos calificados y promover la estabilidad económica a través de la capacitación.

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Esto equivale a alrededor de 320.000 recién nacidos de un total de 3,6 millones, un número que refleja cambios recientes en la población inmigrante y en los patrones de fertilidad dentro de este grupo.

Del total de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas o temporales, alrededor de 260.000 bebés no habrían obtenido la ciudadanía estadounidense por nacimiento si la orden ejecutiva propuesta por la administración de Donald Trump hubiera estado en vigor.

Entre estos, aproximadamente 245.000 nacieron de madres indocumentadas y padres que no eran ciudadanos ni residentes permanentes legales, mientras que unos 15.000 nacieron de madres con estatus legal temporal y padres sin ciudadanía ni residencia permanente.

Nacimientos Vs. evolución de la migración

Históricamente, los nacimientos de hijos de madres indocumentadas han seguido de cerca la evolución de la población inmigrante irregular en Estados Unidos. Entre 1990 y 2007, el número de inmigrantes indocumentados se triplicó, y los nacimientos de sus hijos registraron un patrón similar, pasando de 120.000 en 1990 a un máximo de aproximadamente 380.000 en 2006. Para aquel año, los nacimientos de madres indocumentadas representaban alrededor del 9% del total nacional, frente al 3% registrado en 1990.

Entre 2006 y 2019, el número anual de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas disminuyó más del 40%, hasta situarse en 215.000. Esta caída se debió a varios factores, entre ellos una reducción gradual de la población inmigrante indocumentada, la mayor edad promedio de quienes permanecían en el país y la disminución de las tasas de fertilidad tanto en la población general como entre los inmigrantes indocumentados.

Pero, a partir de 2019, el número de nacimientos volvió a aumentar, alcanzando los 300.000 en 2023, en consonancia con un repunte de la población indocumentada en el país.

Entre 2006 y 2023, se registraron aproximadamente 5,1 millones de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas. De estos, casi 4,4 millones tenían padres que no eran ciudadanos ni residentes legales permanentes, lo que significa que no habrían sido ciudadanos estadounidenses de aplicarse la orden ejecutiva de Trump.

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Actualmente, se estima que alrededor de 4,6 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado, mientras que 1,4 millones de adultos nacidos en el país permanecen bajo el mismo criterio, sumando más de 6 millones de personas afectadas.

La mayoría, 3 millones de niños y 1 millón de adultos, no tienen un padre con estatus legal permanente, lo que los convierte en ciudadanos por nacimiento en la actualidad.

En cuanto a las madres con estatus legal temporal, sus nacimientos se han mantenido entre 15.000 y 30.000 por año desde finales de los años 90, alcanzando los 20.000 en 2023. Estas incluyen estudiantes extranjeras, trabajadoras invitadas y otras categorías temporales.

Debido a la naturaleza temporal de su estatus, la mayoría de sus hijos no permanecen de manera permanente en Estados Unidos, y su ciudadanía podría verse condicionada por la situación legal de la madre.

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Shapiro mantiene su compromiso de proteger los intereses de todos los residentes. “No queremos estos centros de detención en nuestras comunidades; representan graves riesgos para la salud, la seguridad y la economía de los habitantes de los condados de Berks y Schuylkill. Si el gobierno federal continúa adelante con estos planes, mi administración buscará enérgicamente todas las opciones para evitar que estas instalaciones abran y perjudiquen innecesariamente a la buena gente del estado”.

A principios de febrero, Shapiro y líderes de su administración enviaron dos cartas separadas a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en las que describen posibles violaciones por parte del departamento de varias leyes de Pennsylvania y detallan el daño que estos centros de detención de ICE causarían a las comunidades del Commonwealth.

Condado de Berks

En Berks, el DHS ha propuesto un centro de detención en el municipio de Upper Bern, que, según informes públicos, podría albergar hasta 1.500 personas. Esto duplicaría la población del municipio y causaría diversos perjuicios:

• Sobrecarga de la infraestructura local: Con un aumento significativo de la población, la infraestructura local se vería seriamente sobrecargada, incluida la producción repentina de hasta 14 veces la cantidad de aguas residuales legalmente permitida, abrumando la planta de tratamiento de agua local y la infraestructura de tuberías de agua.
• Amenaza a la seguridad pública: El municipio de Upper Bern cuenta con un solo departamento de bomberos voluntarios y depende completamente de la Policía Estatal de Pennsylvania para sus servicios policiales, con solo dos hospitales de cuidados intensivos en las cercanías. Duplicar la población del municipio pondría en peligro la capacidad de los residentes para recibir ayuda en caso de emergencia.
• Quitarles dinero a los habitantes de Pennsylvania: El centro de detención propuesto por el DHS costaría aproximadamente $800,000 más al año en ingresos perdidos por impuestos a la propiedad, privando a la comunidad de recursos críticos, incluida una pérdida de $199,620 para el condado de Berks y una pérdida de $31,229 para el municipio de Upper Bern, hasta una pérdida de $597,110 para el distrito escolar del área de Hamburgo.

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Condado de Schuylkill

En el condado de Schuylkill, el DHS ha propuesto un centro de detención de ICE en el municipio de Tremont, que, según informes públicos, podría albergar hasta 7.500 personas. Estos planes causarían un daño significativo a la comunidad local:

• Poniendo en peligro la salud y la seguridad: Con el servicio de una sola compañía de ambulancias y cinco departamentos de bomberos de las comunidades aledañas, y solo tres centros de atención aguda en todo el condado de Schuylkill, el aumento repentino de la población con detenidos dejaría a los residentes vulnerables en momentos de necesidad crítica.
• Drenaje del suministro de agua de la comunidad: La instalación propuesta podría requerir hasta 800.000 galones de agua por día, más del doble de la capacidad actual del sistema, lo que podría drenar el depósito de la comunidad en un solo día, dejando hogares sin agua y vidas en riesgo en caso de incendio.
• Quitarles dinero a los habitantes de Pennsylvania: El centro de detención del municipio de Tremont costaría aproximadamente $1 millón al año en ingresos por impuestos a la propiedad perdidos, incluyendo una pérdida de $222,574.31 para el condado de Schuylkill y una pérdida de $195,953.73 para el municipio de Tremont, hasta una pérdida de $555,630.01 para el distrito escolar del área de Pine Grove.

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La principal causa de esta desaceleración fue una disminución histórica de la migración internacional neta. De acuerdo con Christine Hartley, subdirectora de Estimaciones y Proyecciones del organismo, la migración internacional neta pasó de 2,7 millones entre julio de 2023 y junio de 2024 a 1,3 millones entre julio de 2024 y junio de 2025, una caída del 53,8%.

“Dado que los nacimientos y las defunciones se mantuvieron relativamente estables en comparación con el año anterior, la marcada disminución de la migración internacional neta es la principal razón de la tasa de crecimiento más lenta que observamos”.

El Medio Oeste retoma impulso demográfico

El crecimiento de 0,5% representa el ritmo más bajo desde 2021, cuando en pleno impacto de la pandemia de COVID-19 la población creció apenas 0,2%, el mínimo histórico registrado. La desaceleración contrasta además con el repunte observado en 2024, cuando el país sumó 3,2 millones de personas y creció 1%, la tasa anual más alta desde 2006.

El menor dinamismo poblacional se sintió en todo el territorio. Las cuatro regiones censales registraron crecimiento, pero a un ritmo más lento que en años recientes. El Sur, tradicional motor demográfico, vio caer su crecimiento de 1,4% entre 2023 y 2024 a 0,9% en el periodo más reciente. El Noreste experimentó la mayor caída, al pasar de 0,8% a 0,2%.

El Medio Oeste fue la única región donde todos los estados aumentaron su población entre julio de 2024 y julio de 2025. Tras perder habitantes en 2021 y mostrar un leve repunte en 2022, la región consolidó su recuperación en 2023, 2024 y 2025.

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Según el demógrafo sénior Marc Perry, el Medio Oeste también registró migración interna neta positiva por primera vez en la década, con un saldo de 16.000 personas. Aunque modesto, el dato contrasta con las pérdidas superiores a 175.000 registradas en 2021 y 2022.

Estados como Ohio y Michigan ejemplifican esta tendencia, al pasar de fuertes salidas netas a ganancias en 2025.

A nivel estatal, Carolina del Sur se convirtió en el estado de más rápido crecimiento, con un aumento de 1,5% impulsado principalmente por la migración interna neta. Idaho y Carolina del Norte le siguieron de cerca.

Texas también mostró un crecimiento sólido, gracias a la combinación de cambio natural y migración internacional, aunque esta última se desaceleró notablemente.

En términos generales, el cambio natural, la diferencia entre nacimientos y defunciones, se mantuvo cercano a 519.000 personas, similar al año previo, pero muy por debajo de los niveles de décadas anteriores. En 2017 fue de 1,1 millones y durante la década de 2000 osciló entre 1,6 y 1,9 millones.

Si las tendencias actuales continúan, la migración internacional neta podría caer a unos 321.000 para julio de 2026, lo que anticipa un escenario de crecimiento aún más moderado.

Mientras tanto, Puerto Rico continúa su declive demográfico. La isla perdió 17.686 habitantes en el último año y su población se redujo a 3,2 millones, impulsada principalmente por un cambio natural negativo, con casi el doble de muertes que nacimientos.

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La instalación, creada por la artista local Michelle Angela Ortiz, pone el foco en los empresarios inmigrantes que han dado forma al mercado durante generaciones. A través de retratos iluminados y reflexiones personales, la muestra celebra no solo el trabajo diario, sino la fe, la familia y la resiliencia que sostienen a estas pequeñas empresas y a sus comunidades.

Voces del 9th Street Market

En esta edición, la exposición destaca a:

• Cristina Martínez.

Cristina Martínez es una chef mexicana y activista de inmigración que hace vida en Filadelfia. Es conocida por ser la creadora de los restaurantes South Philly Barbacoa y Casa México, famosos por sus delicias caseras.

• Javier Ríos Sandoval

Javier Ríos Sandoval, propietario de Mole Poblano en el sur de Philadelphia, brinda una experiencia gastronómica inolvidable que honra la herencia de la cocina mexicana, creando un ambiente cálido y acogedor para sus comensales.

• Brenda Méndez

Brenda Méndez, fundadora de ByJ Estampados, ofrece servicios de estampado y más, que combinan creatividad, identidad cultural y espíritu emprendedor

Cada uno representa una historia de esfuerzo y arraigo en Philadelphia. Sus trayectorias, marcadas por desafíos y esperanza, reflejan la profunda conexión entre los pequeños negocios y el tejido social de la ciudad.

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“Our Market” es una iniciativa del Philadelphia International Airport que busca celebrar y apoyar a vendedores, empresarios y vecinos inmigrantes que han sido parte esencial del 9th Street Market por generaciones. Ahora, en uno de los espacios más transitados de la ciudad, sus historias encuentran una nueva audiencia internacional.

Al pasar por la Terminal C, vale la pena detenerse unos minutos. Entre vuelos y maletas, esta exposición recuerda que detrás de cada negocio hay un rostro, una familia y un sueño que ilumina a toda Philadelphia.

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El aumento en los arrestos de inmigrantes alimenta la demanda de más centros de retención, y las autoridades han comenzado a considerar centros logísticos vacíos para ello.

“Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos”, dijo a la AFP frente a un gran edificio blanco William Angus, de 55 años, que lidera las protestas contra los planes en la localidad de Roxbury.

Con casi 46.500 metros cuadrados de superficie, la estructura tiene varios puertos de carga para camiones y se encuentra junto a otro almacén en funcionamiento.

Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha comprado o alquilado al menos ocho instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención.

Sin embargo, la agencia federal encargada de la ofensiva migratoria se ha retirado de algunos lugares por el rechazo de la población.

“No somos un pueblo carcelario”

Con la esperanza de disuadir a ICE de instalarse en su localidad, unas 500 personas en Roxbury —un suburbio con baja criminalidad que votó por Trump en 2024— se apostaron esta semana a lo largo de una acera.

“No somos un pueblo carcelario”, se leía en las pancartas de los manifestantes. “ICE, fuera de nuestro vecindario”, mostraban otras.

Algunos evocaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis en enero, que provocaron indignación en todo el país.

Las encuestas sugieren que ICE ha perdido apoyo entre los estadounidenses debido a sus tácticas agresivas.

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“No quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey”, dijo Heidi, una enfermera de 50 años que prefirió no dar su apellido.

El ayuntamiento republicano aprobó una resolución mayormente simbólica en contra de una posible instalación de ICE en Roxbury, a unos 40 kilómetros al oeste de Nueva York.

La manifestación recibió el apoyo de conductores que tocaban su bocina al pasar. Pero un pequeño grupo se mostró en desacuerdo y les gritó “Váyanse a casa”.

“Creo que es una oportunidad de limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente”, declaró Gordon Taylor, un gerente de fábrica jubilado de 71 años.

“Personas como paquetes”

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, el número de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos casi se ha duplicado.

Según la ONG Consejo de Inmigración de Estados Unidos, la cifra ha pasado de 114 a 218 hacia finales de noviembre.

La organización también documentó al menos 30 muertes de detenidos en cárceles de ICE en 2025, y ha denunciado problemas de hacinamiento y de salud en esos centros.

“La administración Trump trata a las personas como paquetes”, dijo a la AFP Nayna Gupta, directora de políticas de esta ONG .

Tanto demócratas como republicanos se han opuesto a que se instalen centros de ICE en sus zonas.

La oposición local, sin embargo, tiene una capacidad limitada para impedir que ICE adquiera almacenes de propiedad privada, más allá de presionar a la agencia y a los propietarios para que den marcha atrás.

Los residentes de Roxbury no solo temen la instalación de una cárcel en su vecindario, sino también que los agentes de inmigración comiencen a realizar detenciones.

Pablo Arceo, empleado en un restaurante mexicano cercano al almacén vacío, está inquieto ante la posibilidad de que los funcionarios de ICE intimiden a sus compañeros.

“Es una preocupación. Ya hemos tenido policías que se aparecen por cosas menores y todo el mundo se pone nervioso”, señaló el joven de 20 años.

Por: AFP

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Cepeda-Freytiz cuestionó que “la aplicación de ICE ha provocado consecuencias devastadoras para las familias y las comunidades, incluida la separación familiar, las redadas agresivas y el objetivo de personas que no representan una amenaza para la seguridad pública. Estas acciones han creado miedo e inestabilidad, particularmente dentro de las comunidades de inmigrantes”.

“ICE se está preparando para establecer una operación de detención en el condado de Berks. Esta decisión corre el riesgo de provocar miedo, perturbar a las familias y poner en peligro el bienestar de nuestros vecinos, independientemente de su estatus de ciudadanía. El patrón de crueldad y falta de responsabilidad que hemos visto de ICE no tiene caber en el condado de Berks ni en ningún lugar de Pennsylvania”. 

La representante recordó que el condado de Berks se ha enfrentado a un centro de detención de ICE antes, y después de años de defensa comunitaria sostenida, ese centro finalmente cerró.

“Si bien quedan muchas preguntas sobre el alcance y las operaciones de esta instalación propuesta, continuaré usando todas las herramientas disponibles para exigir transparencia, proteger el debido proceso y defender a nuestros vecinos más vulnerables”.

Cepeda-Freytiz animó a los residentes a mantenerse comprometidos e informados a medida que surjan más detalles.

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“Insto a los miembros de la comunidad a mantenerse conectados, participar en conversaciones públicas y hacer oír sus voces exigiendo responsabilidad y supervisión de los tomadores de decisiones”.

Cepeda-Freytiz firmó recientemente como copatrocinador de la legislación H.R. 402, que insta al Congreso a retener la financiación del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional a menos que se promulguen reformas y supervisión significativas.

El Distrito Legislativo 129, que representa Cepeda-Freytiz, es casi un 40% hispano, uno de los porcentajes más altos de Pensilvania. El distrito incluye partes de Reading y Spring Township, así como los distritos de Sinking Spring, West Reading y Wyomissing.

Por su parte, Nelson indicó que se está viendo un claro movimiento de ICE para plantar raíces en Pennsylvania una vez más.  “Sus acciones han traído terror a nuestros vecinos, especialmente a las comunidades inmigrantes y a las comunidades de color. Estamos unidos en la lucha demasiado familiar por los derechos civiles”.

El almacén de Upper Bern Township, ubicado en 3501 Mountain Road, está aproximadamente a 20 millas del centro de Reading. Es una de las dos instalaciones que ICE supuestamente planea utilizar como centros de detención de inmigrantes en Pennsylvania, y la segunda se encuentra en Tremont, condado de Schuylkill.

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