Según un detallado informe publicado por la firma Henley & Partners, especializada en el seguimiento de las dinámicas de mudanzas de la riqueza mundial, la ciudad de Miami ha experimentado un asombroso incremento del 94% en su población de millonarios durante la última década (2014-2024). Actualmente, la metrópoli alberga a unos 38.800 individuos de alto patrimonio. A nivel global, este crecimiento vertiginoso coloca a Miami en el quinto lugar entre las urbes con mayor aumento de millonarios, superada únicamente por: Shenzhen (China),  Hangzhou (China), Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Bahía de San Francisco (Estados Unidos).

El éxodo de magnates como Zuckerberg ocurre en un momento de marcada polarización impositiva dentro de Estados Unidos. Por un lado, jurisdicciones como California y New York buscan endurecer las cargas a las grandes fortunas. De hecho, sindicatos californianos impulsan actualmente una iniciativa ciudadana para instaurar un “impuesto de emergencia” del 5% dirigido a residentes con un patrimonio igual o superior a los 1.000 millones de dólares. Por otro lado, Florida ofrece un panorama diametralmente opuesto pues no cuenta con un gravamen estatal sobre los ingresos, e incluso su gobernador, Ron DeSantis, ha propuesto la eliminación de los impuestos a la propiedad.

Mauricio Ordóñez, fundador de The QKapital Group y experto en asesoría a inversores inmobiliarios, señala que la política fiscal es “el factor número uno” que motiva estas reubicaciones. Sin embargo, también destaca que el fenómeno cobró fuerza años antes, impulsado por el traslado del presidente Donald Trump a Palm Beach.

“El dinero atrae dinero y el hecho de Trump de haberse venido a vivir acá genera seguridad. Los ricos del mundo quieren vivir en ciudades que sean seguras para su familia”, explica Ordóñez, desmitificando que el éxodo inició exclusivamente durante la pandemia de covid.

Un imán para el capital latinoamericano

Más allá del ámbito económico, Miami seduce a los ultrarricos mediante un ecosistema exclusivo que amalgama un sector sanitario en constante expansión y un innegable estilo de vida. La ciudad ofrece experiencias prémium que abarcan desde la posibilidad de atracar yates y asistir a la Fórmula 1, hasta prestigiosos eventos de arte, espectáculos de primer nivel y deportes de élite. En su nuevo hogar, Zuckerberg compartirá vecindario con figuras como Jeff Bezos, el exjugador de la NFL Tom Brady y la empresaria Ivanka Trump.

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Pero la atracción no se limita a las fortunas estadounidenses. Los inversionistas latinoamericanos juegan un rol crucial, representando el 86% de los compradores extranjeros de vivienda nueva en el sur de Florida en 2025, de acuerdo con la asociación Miami Realtors. A menudo impulsados por la inestabilidad institucional o la llegada de gobiernos de izquierda a sus países, estos inversores buscan salvaguardar su patrimonio, muchas veces desde el anonimato.

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Krasner reiteró que ninguna agencia ni ningún agente está por encima de la ley. “Cuando los agentes federales exceden su autoridad legal, los fiscales locales tienen la facultad y el deber de actuar. El proyecto existe para garantizar que la rendición de cuentas sea real, coordinada y se aplique a través de instituciones legítimas”.

La coalición surge en medio de una creciente preocupación por las entradas sin orden judicial, las detenciones ilegales y las tácticas coercitivas de aplicación de la ley por parte de agentes federales. Su objetivo es asegurar que los límites constitucionales al poder federal se apliquen activamente mediante mecanismos institucionales legítimos.

Entre los fiscales fundadores se encuentran representantes de Minneapolis, como Mary Moriarty; Philadelphia, Larry Krasner; Austin, Texas, José Garza; Fairfax, Virginia, Steve Descano; Falls Church y Arlington, Virginia, Parisa Dehghani-Taft; Portsmouth, Virginia, Stephanie Morales; Norfolk, Virginia, Ramin Fatehi; Dallas, Texas, John Creuzot; y el condado de Pima, Arizona, Laura Conover.

La coalición compartirá estrategias y mejores prácticas entre los fiscales, brindará actualizaciones públicas periódicas sobre las iniciativas para frenar conductas ilegales federales, educará al público sobre las vías legales disponibles y coordinará acciones de rendición de cuentas en todas las jurisdicciones.

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Los participantes del proyecto subrayaron que la rendición de cuentas es clave para mantener la confianza en el sistema legal.

Mary Moriarty, fiscal de distrito del condado de Hennepin, advirtió a través de un comunicado, que la ausencia de consecuencias frente a acciones ilegales transmite el mensaje de que el estado de derecho se está debilitando.

“Eso es lo opuesto a la seguridad. El pueblo estadounidense merece y necesita saber que los líderes locales trabajan juntos para defender sus derechos constitucionales”.

Los fiscales planean reunirse a principios de febrero para intercambiar estrategias destinadas a contrarrestar acciones ilegales de fuerzas federales en estados y ciudades de todo el país.

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En un contexto económico y político en constante evolución y plagado de incertidumbre, “creemos que la diligente labor del estado para reconstruir y preservar, en cierta medida, un nivel más sólido de reservas, a la vez que aborda con diligencia los importantes desafíos de sus pasivos heredados, ayudará a mitigar la presión presupuestaria a medida que surja”, escribió S&P Global Ratings en el análisis en el que anunció la mejora.

Esta es la octava mejora de la calificación crediticia del estado de New Jersey desde que Murphy asumió el cargo.

Murphy detalló que desde realizar cinco pagos consecutivos de pensiones completas hasta reducir el déficit estructural y generar un superávit sólido y confiable para ayudar a capear la volatilidad económica, “hemos logrado enormes avances para reestructurar la situación fiscal de New Jersey tras décadas de mala gestión por parte de ambos partidos”.

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“Este anuncio sobre la mejora de la calificación crediticia por parte de S&P es un testimonio de las difíciles decisiones que hemos tomado para abordar los altos niveles de endeudamiento que heredamos al asumir el cargo. Si bien el próximo gobernador aún tiene mucho trabajo por delante, me enorgullece que hayamos actuado correctamente con los contribuyentes al abordar los desafíos fiscales de larga data que se acumularon durante décadas”, enfatizó a través de un comunicado.

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La demanda, liderada por la fiscal general de New York, Letitia James, impugna nuevas normas que limitan el acceso de inmigrantes indocumentados a programas comunitarios como Head Start (preescolar), clínicas de salud y educación para adultos. Aunque históricamente los inmigrantes sin autorización han tenido acceso limitado a beneficios individuales como cupones de alimentos o ayuda financiera universitaria, estas nuevas directrices amplían las restricciones a programas comunitarios tradicionalmente inclusivos.

James denunció que el Gobierno no cumplió con el debido proceso legal al implementar las nuevas reglas y no notificó adecuadamente los cambios a los estados receptores de fondos federales. “Este es un ataque infundado a programas públicos eficaces e inclusivos”, expresó.

Las restricciones anulan interpretaciones previas de las leyes federales que datan de la era Clinton y fueron impulsadas por los Departamentos de Salud, Educación, Trabajo y Justicia. La demanda advierte que exigir verificación del estatus migratorio podría resultar inviable para muchos programas, afectando también a ciudadanos estadounidenses que dependen de estos servicios.

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En el caso de Head Start, los proveedores afirman no contar con los recursos para verificar documentación migratoria. La demanda subraya que, de aplicarse estas exigencias, muchos programas pequeños podrían cerrar por no poder absorber los costos administrativos adicionales.

Los servicios de salud mental en escuelas, líneas de crisis y programas de tratamiento por adicción también se verían afectados por esta medida.

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“Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia ha sido politizado como nunca antes. (…) Por lo tanto, he ordenado el cese de TODOS los fiscales estadounidenses de la ‘era Biden’ que quedan”, dijo el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

“Debemos ‘limpiar la casa’ inmediatamente, y restaurar la confianza”, agregó. “La Edad de Oro de Estados Unidos debe tener un Sistema de Justicia justo: ¡Esto comienza hoy!”.

En Estados Unidos es una práctica habitual que un presidente entrante reemplace a los fiscales federales designados por la administración anterior.

El país cuenta con 93 fiscales, uno por cada uno de sus 94 distritos judiciales federales. Dos de esas demarcaciones comparten fiscal.

Varios de estos funcionarios que fueron designados bajo la administración del demócrata Biden ya habían dimitido tras la victoria electoral de Trump en noviembre en previsión de ser sustituidos.

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El Departamento de Justicia, al que Trump ha acusado de perseguirlo injustamente, ha sido objeto de una amplia reorganización desde que el magnate asumió el cargo el 20 enero. Varios altos funcionarios han sido despedidos, degradados o reasignados.

Entre los cesados se encuentran miembros de la oficina del fiscal especial Jack Smith, que presentó dos causas penales contra Trump ahora archivadas.

Por: AFP

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Trump fue condenado por ocultar pagos a una estrella porno a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos, en un intento por preservar su imagen de cara a las elecciones de 2016.

Juan Merchan, el juez del caso -el único en el ámbito penal contra Trump que ha ido a juicio-, pospuso indefinidamente la sentencia de Trump en una audiencia el 22 de noviembre, debido a su victoria en las presidenciales del 5 de noviembre.

El tribunal “debería rechazar la moción del acusado para desestimar ‘inmediatamente’ la acusación y (para) anular el veredicto de culpabilidad del jurado en función del resultado de la reciente elección presidencial”, dijo el fiscal Alvin Bragg en un expediente judicial.

Los abogados de Trump habían citado, como justificación para pedir que se anule la condena, un fallo de julio de la Corte Suprema que otorga a los presidentes una amplia inmunidad por actos oficiales cometidos mientras están en el cargo.

Los fiscales aceptan que Trump debería recibir un tratamiento especial para evitar que el caso interfiera en su segundo mandato en la Casa Blanca. Pero argumentan que su intento de anularlo va “mucho más allá” de lo necesario para preservar la Presidencia.

“Múltiples arreglos que no lleguen al sobreseimiento (…) satisfarían ese objetivo, incluida una suspensión de los procedimientos durante su mandato”, indica el expediente.

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Merchan ahora tendrá que decidir si desestima el caso por completo o suspende cualquier consecuencia legal hasta que termine el mandato de Trump, que comenzará el 20 de enero.

Bragg había argumentado durante el juicio que los pagos se hicieron para encubrir un escándalo que habría perjudicado la campaña de Trump contra la demócrata Hillary Clinton, a quien finalmente derrotó.

Trump ha negado constantemente haber tenido un romance con la estrella porno Stormy Daniels.

En cuanto al juicio en lo civil por fraude financiero de la empresa familiar Trump Organization, la justicia de Manhattan condenó a Trump en febrero al pago de 454  millones de dólares en multas, junto a sus hijos Eric y Donald Jr.

Pero su abogado John Sauer, que pronto será el número 4 del departamento de Justicia, exigió por escrito en noviembre a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, “abandonar por completo el caso contra Donald J. Trump, su familia, sus empresas y anular el juicio y los pagos por daños y perjuicios”.

En una carta de respuesta al abogado de Trump,  publicada en las redes sociales, la procuradora general adjunta de Nueva York, Judith Vale, denegó la petición.

“Su carta no presenta bases para que esta oficina busque anular el juicio final o para desestimar esta causa”, se lee en una parte del texto.

Por: AFP

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Trump fue condenado por ocultar pagos a una estrella porno a cambio de su silencio sobre un supuesto encuentro sexual entre ambos, en un intento por preservar su imagen de cara a las elecciones de 2016.

Juan Merchan, el juez del caso -el único en el ámbito penal contra Trump que ha ido a juicio-, pospuso indefinidamente la sentencia de Trump en una audiencia el 22 de noviembre, debido a su victoria en las presidenciales del 5 de noviembre.

El tribunal “debería rechazar la moción del acusado para desestimar ‘inmediatamente’ la acusación y (para) anular el veredicto de culpabilidad del jurado en función del resultado de la reciente elección presidencial”, dijo el fiscal Alvin Bragg en un expediente judicial.

Los abogados de Trump habían citado, como justificación para pedir que se anule la condena, un fallo de julio de la Corte Suprema que otorga a los presidentes una amplia inmunidad por actos oficiales cometidos mientras están en el cargo.

Los fiscales aceptan que Trump debería recibir un tratamiento especial para evitar que el caso interfiera en su segundo mandato en la Casa Blanca. Pero argumentan que su intento de anularlo va “mucho más allá” de lo necesario para preservar la Presidencia.

“Múltiples arreglos que no lleguen al sobreseimiento (…) satisfarían ese objetivo, incluida una suspensión de los procedimientos durante su mandato”, indica el expediente.

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Merchan ahora tendrá que decidir si desestima el caso por completo o suspende cualquier consecuencia legal hasta que termine el mandato de Trump, que comenzará el 20 de enero.

Bragg había argumentado durante el juicio que los pagos se hicieron para encubrir un escándalo que habría perjudicado la campaña de Trump contra la demócrata Hillary Clinton, a quien finalmente derrotó.

Trump ha negado constantemente haber tenido un romance con la estrella porno Stormy Daniels.

En cuanto al juicio en lo civil por fraude financiero de la empresa familiar Trump Organization, la justicia de Manhattan condenó a Trump en febrero al pago de 454  millones de dólares en multas, junto a sus hijos Eric y Donald Jr.

Pero su abogado John Sauer, que pronto será el número 4 del departamento de Justicia, exigió por escrito en noviembre a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, “abandonar por completo el caso contra Donald J. Trump, su familia, sus empresas y anular el juicio y los pagos por daños y perjuicios”.

En una carta de respuesta al abogado de Trump,  publicada en las redes sociales, la procuradora general adjunta de Nueva York, Judith Vale, denegó la petición.

“Su carta no presenta bases para que esta oficina busque anular el juicio final o para desestimar esta causa”, se lee en una parte del texto.

Por: AFP

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Trump se dirigió a sus partidarios y aseguró que las investigaciones contra su persona son algo sacado directamente del espectáculo del terror de la Rusia.

“Desde el principio ha sido una caza de brujas y una investigación falsa tras otra”.

La legisladora republicana, Marjorie Taylor Greene, también se dirigió a los presentes y enfatizó que es el momento de recuperar el Departamento de Justicia.

In case the mainstream media tries to tell you no one showed up to Pres. Donald Trump’s Waco rally.

You be the judge.@OANN pic.twitter.com/ZZWPgEDuTT

— Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) March 25, 2023

“Deben entenderlo, no solo van a por el presidente Trump, van por ustedes, y él es el único que se interpone en su camino”

Un portavoz de la campaña de Trump detalló que se eligió Waco para el discurso, ya que está situado entre varios centros de población importantes y tenía la infraestructura para albergar un gran evento. Se esperaba la asistencia de unas 15 mil personas.

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Trump está siendo investigado por los fiscales de Manhattan por violaciones de financiación de campaña derivadas de su presunto pago por silencio a una actriz de cine para adultos antes de las elecciones de 2016.

Un abogado especial designado por el Departamento de Justicia está investigando las acusaciones de que Trump acaparó documentos secretos y planeó un complot que buscaba anular las elecciones de 2020.

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Pelosi hizo el anuncio acompañada por los legisladores en rueda de prensa en el Capitolio, donde esta tarde se espera que la propuesta sea sometida a votación para el posterior envío de los cargos imputados a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso para el inicio del proceso, que podría comenzar el próximo martes.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, nombró a siete gerentes que harán el papel de fiscales en el proceso de juicio político al presidente Donald Trump.

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Pelosi destacó las nuevas evidencias que revelan que Rudy Giuliani, abogado particular del presidente Trump, presionó para que hubiera una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelesnky, a quien se le pediría investigar al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter.

Pidió que el Senado debería ahora realizar su labor en esta parte del proceso.

“Esperamos que se extienda la cortesía y que veamos cuál sería el proceso en el Senado”, dijo. “El tiempo ha sido nuestro amigo en todo esto porque ha arrojado evidencia incriminatoria, más verdad al dominio público”.

La presidenta de la Cámara dijo que hay un caso “fuerte” contra el presidente Trump, pero se quejó de que el Senado no haya definido las reglas.

“No hemos visto las reglas”, dijo. Éstas deberían ser delineadas por el presidente del Senado, Mitch MacConnell.

Nadler defendió las pruebas contra el presidente Trump y afirmó que el caso es “fuerte”.

“Tenemos un caso fuerte… con pruebas más allá de la duda razonable”, dijo. “La evidencia es sobrecogedora”.

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Pelosi destacó el perfil como litigantes de los gerentes, un elemento importante para el ‘impeachment’.

“El énfasis está en hacer el caso más sólido posible para proteger y defender nuestra Constitución, para buscar la verdad para el pueblo estadounidense”, dijo.

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