Estos 8,1 billones están vinculados a las pérdidas de productividad causadas por enfermedades derivadas de la alimentación (diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares…), según el informe anual de la agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

Esta suma, en gran parte invisible, se suma al costo de salud ya conocido, como los gastos médicos, lo que duplica el costo sanitario real de nuestra alimentación.

A nivel mundial, el impacto en la salud representa el 70% de todos los costos ocultos de la producción alimentaria, que también tiene costos ambientales y sociales.

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Una dieta baja en cereales integrales (reemplazados por productos refinados -algo común excepto en algunos países africanos o en India-), dietas bajas en frutas (un problema global) y dietas ricas en sal son responsables de la mitad de este costo sanitario.

Le siguen las dietas altas en carnes procesadas (como salchichas y embutidos), en carne roja y pobres en verduras y hortalizas.

Según los países, esta carga oculta representa hasta un 10% del PIB, especialmente en algunos Estados emergentes, según el informe, que abarca a 153 países y al 99% de la población mundial.

Esta estimación es mínima ya que el cálculo no incluye fenómenos de desnutrición, que también tienen un alto costo, subraya la FAO, que destaca “la necesidad de compromisos nacionales más ambiciosos” a todos los niveles, desde productores hasta consumidores.

Por: AFP

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Este nivel récord incluye a 570 mil personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen. Pero incluso con ayuda alimentaria, muchas personas en el mundo sufren desnutrición aguda, incapaces de satisfacer sus mínimas necesidades alimentarias, el peligro recurrente en estos países, por ejemplo, es muerte por inanición.

El aumento es resultado de diversos factores, destacan conflictos bélicos hasta crisis ambientales y climáticas, económicas o sanitarias, y claro está, la pobreza y desigualdad. La cifra ha seguido aumentando desde 2016, fecha de la primera publicación de este informe.

«Los resultados del informe de este año demuestran aún más la necesidad de abordar colectivamente la inseguridad alimentaria aguda a nivel mundial en contextos humanitarios, de desarrollo y de paz», dijo el director general de la FAO, Qu Dongyu.

«El conflicto, la crisis climática, el COVID-19 y el aumento de los costos de los alimentos y el combustible han creado una tormenta perfecta, y ahora tenemos la guerra en Ucrania acumulando una desgracia sobre otra. Millones de personas en decenas de países están al borde de la inanición. Necesitamos urgentemente fondos de emergencia para sacarlos del abismo y revertir esta crisis mundial antes de que sea demasiado tarde», apuntó David Beasley, el director ejecutivo del PMA.

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De acuerdo con los datos de la FAO y el PMA, 12,76 millones de personas se encuentran en «situación de crisis o peor» en: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El número supone un aumento de un millón de personas en un año. El informe subraya que el impacto de la pandemia empeoró la crisis económica en esos países, ya afectada por las catástrofes naturales.

Según la organización benéfica con sede en el Reino Unido The Hunger Project, 690 millones de personas en todo el mundo viven con hambre crónica, 850 millones están en riesgo de pobreza debido a covid-19. De esos 690 millones, el 60% son mujeres.

Sobre la nutrición

En la actualidad, no existe mucha información oficial sobre los niveles de nutrición que permita una adecuada investigación. Sin embargo, el sobrepeso está aumentando entre los niños. De 2019 a 2021 la emaciación estuvo dentro del rango «muy bajo» para todos los países, menos Haití, donde se le clasificó como de gravedad «media».

En Haití, en los primeros tres meses de 2021, el número de admisiones de niños con emaciación severa en centros de salud en el país aumentó en un 26% en comparación con el mismo periodo en 2020.

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These are some of its consequences of the Russian invasion on Ukraine:

Raw materials skyrocket

The conflict has triggered the prices of raw materials, starting with oil. A barrel of North Sea Brent was worth $90 in February and reached $139.13 on March 7, the highest level since the 2008 financial crisis. Since then, it has remained highly volatile.

Unlike the United States, the European Union, very limited by its dependence on Moscow, decided not to impose an embargo on Russian hydrocarbons for now, although it wants to become independent from Russian energy in 2027.

Breaks in supply chains have returned, especially in the automotive industry.

Threats to food security

“The war in Ukraine means famine in Africa,” warned the International Monetary Fund (IMF) and the United Nations warned of a “hurricane of famines.”

The current conflict involves two agricultural superpowers, Russia and Ukraine, which represent 30% of world wheat exports, so the rise in grain and oil prices became immediate.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) warns that if the war continues, between 8 and 13 million additional people could suffer from malnutrition worldwide.

At the moment no ships are leaving Ukraine and the spring planting could be 25-40% lower than usual.

Although the United States, India and Europe could substitute part of the missing wheat, the situation is more complex for sunflower oil and corn, of which Ukraine was the world’s first and fourth largest exporter, respectively.

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Sanctions and fear of a Russian default

Western sanctions have crippled parts of the Russian banking and financial system and caused the ruble to fall to 177 rubles per dollar on March 7. In addition, 300,000 million dollars of Russian reserves abroad were frozen.

These measures raised fears of a Russian default for the first time since 1998, which ultimately did not take place. The Moscow stock exchange was closed for almost three weeks.

The dilemma of west companies

Hundreds of Western companies have announced their withdrawal or at least the freezing of their activities in Russia, voluntarily or involuntarily, either for fear of sanctions, public opinion or political pressure.

Large companies such as the British oil company BP, Ikea, McDonald’s or Coca-Cola decided to freeze their activities in Russia, while others decided to continue their activity, arguing that they could not abandon their employees or deprive the population of basic products.

Brake to economic growth

The Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) forecasts a reduction of one point in world economic growth due to the impact of the war in Ukraine whilst IMF plans to lower its forecast, currently 4.4% for 2022.

On March 18, the European Bank for Reconstruction & Development (EBRD), the IMF and the World Bank said they were “deeply concerned” about “slowing growth, trade disruptions” and a particularly serious impact on “the poorest and most vulnerable.”

Guillaume KLEIN/AFP

Translation: César Heredia

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El análisis del organismo de la ONU es el primer informe elaborado sobre el tema, señaló además que las cadenas de valor agrícolas utilizan anualmente 12,5 millones de toneladas de productos plásticos, o que se utilizan otros 37,3 millones en el envasado de alimentos.

Por sectores, el agrícola y el ganadero son los que más productos plásticos utilizan de forma conjunta con 10,2 millones de toneladas anuales, mientras que la pesca y la acuicultura usan 2,1 millones y la silvicultura 200.000 toneladas.

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Por regiones, Asia encabeza el uso de plásticos destinados a la producción agrícola, con casi la mitad del consumo mundial. La FAO añadió que, a falta de alternativas viables, la demanda de plástico en la agricultura no hará más que aumentar.

Como claro ejemplo de esta situación, se prevé que la demanda mundial de láminas para invernaderos, acolchado y forraje aumentará un 50% al pasar de los 6,1 millones de toneladas consumidas en 2018 a los 9,5 millones proyectados en 2030.

Por ello, desde el organismo se apunta la necesidad de alcanzar un punto de equilibrio entre los costes y los beneficios que aporta el plástico. «Este informe sirve como un llamado a una acción coordinada y determinante que permita la aplicación de buenas prácticas de gestión y frene el desastroso uso de los plásticos en todos los sectores agrícolas», resalta en el prólogo del estudio la directora general adjunta de la FAO, María Helena Semedo.

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) forma parte del proyecto junto a otros 30 países que busca prevenir y reducir la basura marina, incluida la plástica, de los sectores del transporte marítimo y la pesca.

El proyecto GloLitter liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO) y la Organización Marítima Internacional busca disminuir el uso de plásticos en estas industrias e identificar oportunidades para reciclarlos, proteger mejor el frágil entorno marino, así como las vidas humanas y los medios de subsistencia.

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«La basura plástica tiene un impacto devastador en la vida marina y la salud humana. Esta iniciativa es un paso importante para abordar el problema y ayudará a proteger el ecosistema oceánico, así como los medios de vida de quienes dependen de él», aseguró en un comunicado Manuel Barange, director de Pesca y Acuicultura de la FAO.

La iniciativa ayudará al sector a aplicar las mejores prácticas para la prevención y reducción de la basura marina plástica, incluidos los aparejos de pesca perdidos o desechados, en un intento por salvaguardar los recursos marinos costeros y globales.

También examinará la disponibilidad y la situación de las instalaciones portuarias; así como busca sensibilizar a los sectores del transporte marítimo y la pesca.

Diez países han sido confirmados como socios principales y otras 20 naciones como socios del proyecto GloLitter. Los socios principales asumirán roles de liderazgo en sus respectivas regiones para defender las acciones nacionales. Los 10 países socios principales son: Brasil, Costa Rica, Costa de Marfil, India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Madagascar, Nigeria y Vanuatu.

Los 20 países socios son: Argentina, Cabo Verde, Colombia, Ecuador, Gambia, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Senegal, Sri Lanka, Islas Salomón, Sudán, República Unida de Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tonga y Vietnam.

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Según el Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2019, Venezuela es el cuarto país de la región con mayor tasa de mortalidad neonatal, con 19,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, solo por detrás de Haití, Dominica y República Dominicana. 

La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años es aún mayor en el país petrolero y, de acuerdo con los datos más recientes supera las 30 muertes por cada 1.000nacidos vivos.

Ambas cifras están lejos de alcanzar la meta fijada por las agencias de las Naciones Unidas para la región. La FAO destaca que se quiere reducir las muertes evitables de recién nacidos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos, al igual que disminuir las muertes de niños menores de cinco años a una tasa de 25 niños por cada 1.000 nacidos vivos.

Desde mayo  de 2017 no existe información oficial sobre las cifras de mortalidad infantil y neonatal en Venezuela, cuando bajo la gestión de la ministra de Salud Antonieta Caporale, se publicó el boletín epidemiológico correspondiente a la semana N° 52 de 2016. El documento señalaba que ese año se registraron 11.466 muertes, que se tradujeron en 30,12% más que en 2015, cuando hubo 8.812 decesos. Tras la divulgación del boletín, la ministra fue destituida.

De acuerdo con el último Anuario de Mortalidad publicado por el Ministerio de Salud venezolano, correspondiente a 2014, en ese año murieron 6.647 bebés menores de 28 días y fallecieron 2.418 niños de entre 28 días y 11 meses de nacidos. Pero ni el boletín epidemiológico de 2016 ni el anuario de 2014 incluyen las tasas de mortalidad infantil ni neonatal por cada 1.000 nacidos vivos.

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La tasa oficial más reciente que se conoce data del año 2011, según el documento denominado “Cumpliendo las metas del milenio 2012”, presentado en septiembre de 2013 por el gobierno de Nicolás Maduro. En esa oportunidad, la tasa de mortalidad en niños y niñas menores de cinco años se ubicó en 16,95 por cada 1.000 nacidos vivos. En comparación con la cifra más actual de la FAO, la mortalidad en menores de cinco años aumentó 13,05 puntos en ocho años.

Huniades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (Svpp), considera que muchas de las muertes ocurridas en los últimos años pudieron haberse evitado o prevenido y exhorta al Estado a “asumir su responsabilidad” y propiciar la llegada de ayuda humanitaria.

Casi un mes antes de la publicación del reporte de la FAO, la Federación Médica de Venezuela alertaba sobre el aumento de la morbimortalidad en el país y denunciaba la falta de información epidemiológica actualizada. Días antes, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna advirtió que la mortalidad en general en el país está al mismo nivel de 1969.

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Un comunicado presentado el pasado lunes por  la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), advierte que el año pasado que 42,5 millones de personas fueran afectadas por el hambre en la región. Señaló además que el flagelo afecta con particular fuerza a Venezuela, país que se encuentra sumido en una profunda crisis política y económica. 

Suramérica es afectada por la extensa y profunda crisis económica que vive Venezuela. En los últimos años, la prevalencia de la subalimentación en el país caribeño se multiplicó casi cuatro veces, pasando de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018.

“En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación han aumentado en los últimos años, en gran parte como consecuencia de la situación en América del Sur, donde el porcentaje de personas con hambre aumentó del 4,6% en 2013 al 5,5% en 2018”, señala el comunicado.

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“Durante los primeros 15 años de este siglo, América Latina y el Caribe redujo la subalimentación a la mitad. Pero desde 2014 el hambre fue aumentando”, alertó Julio Berdegué, representante regional de la FAO.

El nuevo informe sobre el estado mundial de la seguridad alimentaria y la nutrición sostiene que el porcentaje de hambrientos en la región aumentó del 6,2 % de la población en 2015 al 6,5 % en 2017.

La principal razón de ese incremento se encuentra en Suramérica, que acoge a la mayoría de las personas desnutridas de la región y donde la prevalencia de subalimentación subió del 4,6 % en 2013 al 5,5 % en 2017. 

La desaceleración económica y la recesión observadas entre 2012 y 2016 en las economías de la zona están asociadas al declive de los precios internacionales de las materias primas que exportan en un contexto de débil recuperación de la crisis financiera global.

En América Central y el Caribe los porcentajes de personas afectadas por hambre siguen en retroceso, con 6,1% y 18,4%, respectivamente, pero aún por encima del dato de América del Sur (5,5%).

A nivel subregional, los mayores índices del hambre se dieron en el Caribe, donde ese problema afectaba el año pasado al 18,4 % de la población (7,8 millones de individuos), y en Centroamérica, con el 6,1 % (11 millones en total).

Con estos números, “tenemos que rescatar, en promedio, a más de 3,5 millones de personas del hambre cada año desde ahora hasta 2030 si queremos alcanzar la meta de hambre cero, del Objetivo de Desarrollo Sostenible”, aseguró Berdegué.

La caída del PBI y el aumento del desempleo en muchos países provocó que retrocediera el ingreso en los hogares, provocando una recaída en la lucha contra la pobreza.

Tras varios años de caída en los índices de pobreza, “el número de personas pobres aumentó de 166 millones a 175 millones entre 2013 y 2015, aumentando de 28,1% al 29,2% de la población”, puntualizó la FAO.

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“La obesidad afecta actualmente a alrededor de un cuarto de la población” en América Latina y el Caribe, señala el informe, titulado “Perspectivas agrícolas 2019-2028”.  El documento denuncia la grave situación alimentaria en toda la región así como el aumento de las personas en situación de inseguridad alimentaria. 

El texto da cuenta de una triple carga de la malnutrición, una mezcla de subalimentación, obesidad y falta de micronutrientes que crea un problema de salud pública cada vez más grave.

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Los expertos de la FAO y la OCDE alertan que el fenómeno parece seguir avanzando, especialmente para los sectores pobres de la población, las mujeres, las poblaciones autóctonas, las personas de ascendencia africana y en ciertos casos, los niños.

Las tasas de sobrepeso, que son claramente superiores a los niveles medios mundiales desde hace más de 40 años, son comparables a los de los países de ingresos altos. Actualmente la región se sitúa en segunda posición en la clasificación mundial, justo después de América del Norte, precisa el documento.

Al mismo tiempo, a pesar de que la producción agrícola y alimentaria en América Latina es “excedentaria”, la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria, es decir que padecen hambre, “aumentó por tercer año consecutivo”.

“Garantizar una senda más sostenible e inclusiva para el futuro crecimiento agrícola dependerá de los avances en las áreas de la nutrición, protección social y ambiental y apoyo a los medios de subsistencia”, aconsejan los expertos.

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El acuerdo promovido  por la FAO a nivel mundial, tiene como objetivo evitar que las embarcaciones que han practicado la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) utilicen los puertos para descargar sus capturas o acceder a reabastecimiento y servicios portuarios.

El Amerp es considerado por la comunidad internacional como el medio más rentable y recio para hacer frente a la pesca Indnr, destacó en un comunicado la oficina local de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

“Este acuerdo se encuentra bajo consideración de las autoridades competentes, las cuales han manifestado su intención de formalizar la adhesión y han encaminado el proceso nacional para que el país sea parte de este convenio internacional en el futuro próximo”, aseguró Carmelo Gallardo, representante de la FAO en Dominicana.

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Gallardo explicó que el Gobierno de República Dominicana, a través del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), solicitó a FAO asistencia técnica para evaluar las necesidades nacionales para implementar el tratado y formular una estrategia nacional y una hoja de ruta que permitan al país fortalecer su capacidad para hacer frente a la pesca ilegal.

Como respuesta a dicha solicitud, en septiembre de 2018 se realizó un taller que contó con la participación de más de 50 representantes de las instituciones nacionales responsables quienes consensuaron una estrategia nacional y hoja de ruta para la adopción del Amerp.

El representante de FAO explicó que los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Agricultura han dado su visto bueno al acuerdo a través de una opinión técnica favorable para su adopción, lo cual deberá ser refrendado por el Congreso Nacional para su formalización y puesta en marcha, luego de agotar el proceso de control en el Tribunal Constitucional.

El sector pesquero dominicano contribuye a la economía del país principalmente a través de la creación de fuentes de empleo y la formación de la oferta de alimentos, con un impacto significativo para la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones costeras y rurales, agregó la FAO en el comunicado.

Sin embargo, el organismo señaló que el incremento del consumo de pescado representa un reto para República Dominicana, a fin de que la población pueda acceder a proteína de alta calidad procedente de los productos de la pesca y acuicultura.

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