“Se estima que más de 80 personas han perdido la vida, más de 20 se encuentran heridas y alrededor de 5.000 han sido desplazadas”, señaló en un comunicado este domingo William Villamizar, gobernador del departamento de Norte de Santander, al que pertenece la conflictiva región del Catatumbo.

Aterrorizados por la violencia armada, decenas de colombianos y venezolanos cargando apenas sus mochilas huían en botes este domingo hacia Venezuela, donde el gobierno activó el sábado un “operativo especial” para atender a los desplazados en dos municipios limítrofes, constató la AFP.

Otros miles se refugian en el municipio de Tibú a la espera de que cese el conflicto en sus poblados.

Desde el jueves, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la extinta FARC que se negaron a firmar la paz en 2016 se enfrentan a sangre y fuego por el control del Catatumbo, una estratégica región para la producción de cocaína. La población civil quedó en medio de las balas y también es blanco asesinatos selectivos, según autoridades.

La Defensoría del Pueblo indicó el sábado que unas 60 personas, incluidos siete excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, fallecieron debido a la violencia en cinco municipios de esa zona montañosa, históricamente dominada por organizaciones insurgentes.

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“Alarmante” situación

La entidad que vela por la protección de los derechos humanos también denunció que los rebeldes del ELN están yendo “casa por casa” en busca de personas que consideran afines a las disidencias de las FARC, para asesinarlos.

Villamizar tildó de “alarmante” la situación humanitaria en el Catatumbo.

En otra región del norte del país el ELN sostuvo enfrentamientos con el Clan del Golfo, el mayor cartel de la droga en Colombia, con un balance de nueve muertos, según autoridades. En todo el país, ya van casi 90.

Debido a la embestida del ELN, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender las negociaciones de paz con esa guerrilla, a la que acusó de perpetrar “crímenes de guerra”.

Más de 5.000 miembros de la fuerza pública se desplegaron en la región “para reforzar la seguridad de Norte de Santander”, indicó el Ejército en un comunicado.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, está en la ciudad fronteriza de Cúcuta (capital departamental) para liderar la ofensiva militar contra las guerrillas.

Civiles asesinados

“Hemos hablado con las comunidades y también les hemos ofrecido protección en nuestras bases militares”, expresó el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo.

Añadió que la fuerza pública esta activada para garantizar el ingreso de alimentos a las áreas en conflicto y la salida de personas hacia sitios seguros.

Los militares resguardan los improvisados albergues en varios municipios como en Tibú, el poblado con más narcocultivos del mundo según la ONU.

Cardozo dijo que la guerrilla planeó “con detalle” atacar a la desprotegida población civil. Los rebeldes “llegaron a sus casas, los sacaron de allí, los asesinaron”, confirmó.

Ante el conflicto, las clases fueron suspendidas en todo el Catatumbo y varios centros de educación convertidos en refugios para desplazados. Se declaró la alerta naranja en el área de la salud.

El gobernador Villamizar llamó a las guerrillas a que “cesen los enfrentamientos, respeten los derechos humanos y habiliten corredores humanitarios que permitan a las familias desplazarse sin poner en riesgo sus vidas”.

Por: AFP

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“Aún en medio de las operaciones militares pueden continuarse los procesos de paz, eso han hecho en varios momentos diferentes gobiernos, ahora no puede ser la excepción”, escribió García en la red social X.

El grupo rebelde fue señalado como responsable de un ataque perpetrado el martes contra un batallón del ejército en el poblado de Puerto Jordán, en el departamento de Arauca (noreste), donde murieron tres soldados y 28 resultaron heridos, según el balance oficial más reciente entregado el jueves.

Tras la ofensiva, la delegación del gobierno en las conversaciones, que comenzaron a finales de 2022, declaró el proceso “suspendido” y advirtió que solo se retomaría “con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” de los rebeldes.

Según García, los diálogos están “congelados” por “incumplimientos de acuerdos” alcanzados con el gobierno durante los ciclos de negociaciones llevados a cabo en Cuba, Venezuela y México.

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En respuesta, el presidente Gustavo Petro dijo en la misma red social estar “listo” en su oficina para dialogar con los rebeldes.

“Si el ELN no quiere romper el proceso de paz dígalo. No se silencien, que la paz es para gritarla y la violencia para enterrarla”, escribió.

La guerrilla, en armas desde 1964, ha escalado su ofensiva desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar una tregua que regía desde 2023.

Desde entonces, las Fuerzas Militares reanudaron las operaciones contra los rebeldes y el miércoles, tras el asalto en Arauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, declaró que los esfuerzos se van a “redoblar”.

Su cartera ofreció una recompensa equivalente a 957.000 dólares por información sobre el paradero de los “máximos cabecillas” de esa guerrilla, que cuenta con unos 5.800 miembros, según inteligencia militar.

Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con varias guerrillas y bandas criminales. Pero enfrenta críticas de la oposición que denuncia un deterioro en la seguridad pública.

El Ejecutivo adelanta también diálogos con la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC), dos grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Por: AFP

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Los insurgentes, en tregua con la fuerza pública desde 2023, habían acordado “suspender de forma unilateral y temporal las retenciones de carácter económico” en enero de este año, luego de una crisis en las negociaciones motivada por el secuestro del padre del futbolista colombiano del Liverpool Luis Díaz.

En su anuncio de este lunes, la Dirección Nacional del ELN aseguró que dicho compromiso estaba condicionado a la puesta en funcionamiento de un “fondo multidonante” con recursos de la comunidad internacional que les serían entregados.

“El Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminada su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas”, dijo la dirigencia de esa guerrilla en su cuenta de la aplicación de mensajería Telegram.

La reanudación de los secuestros implica un nuevo golpe para un proceso de paz que avanza a paso lento y en medio de acusaciones de incumplimientos de ambos bandos, que dialogan desde finales de 2022 en sedes rotativas.

“La delegación del gobierno Colombiano siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene (…) justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción”, reaccionó el Ejecutivo en un comunicado.

“Esperamos que el ELN mantenga el compromiso adquirido ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional y ponga fin a cualquier forma de secuestro”, agregaron los delegados del presidente Gustavo Petro.

La estatal Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, afirmó en un comunicado que el ELN demostró “por enésima vez la poca voluntad que tiene para sacar adelante una conversación de paz”.

La negociación estuvo congelada varias semanas en abril por un acuerdo paralelo del gobierno con una facción disidente del ELN para el desminado de una región del sur del país. A mediados de ese mes, las partes reanudaron el proceso tras una “reunión extraordinaria” en Caracas.

Según el gobierno el “fondo multidonante” es para “la financiación de las actividades de paz contenidas en (…) los diálogos” y “de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro”.

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El rapto del padre de Luis Díaz se prolongó durante semanas y generó gran rechazo en un país donde unas 50.000 personas han sido víctimas de este delito en seis décadas de conflicto armado, según la estatal Comisión de la Verdad.

Mane Díaz fue liberado en noviembre y los rebeldes reconocieron que su secuestro fue un “error”.

Fundado en 1964, el ELN se inspira en la revolución cubana y la teología de la liberación.

Por: AFP

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El padre del futbolista fue entregado a una comisión humanitaria de la Misión de la ONU en Colombia y de la iglesia católica en las colinas de la serranía de Perijá, cerca de la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira, donde fue plagiado el pasado 28 de octubre. Díaz fue trasladado en un helicóptero a Valledupar, capital del departamento del Cesar.

La Federación Colombiana de Fútbol agradece al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, así como a todas las instituciones y funcionarios que hicieron posible la liberación de Luis Manuel Díaz, padre de nuestro jugador @LuisFDiaz19.

🔗… pic.twitter.com/sWuheyO2bR

— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 9, 2023

“¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación”, escribió en su cuenta de la red social X la Conferencia Episcopal de Colombia.

En dicha publicación el Episcopado divulgó dos fotografías en las cuales se observa al padre del futbolista, usando una chaqueta marón y gorra deportiva, siendo atendido por personal de la Misión de la ONU en Colombia y acompañado por los dos obispos.

¡Damos gracias a Dios por la liberación del Sr. Luis Díaz! 🙏🏽Con él ya se encuentran Mons. Francisco Ceballos, obispo de Riohacha y Mons. Héctor Henao, delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quienes conformaron la comisión humanitaria encargada de facilitar su liberación. pic.twitter.com/KK6SOvcyca

— Conferencia Episcopal de Colombia (@episcopadocol) November 9, 2023

El helicóptero MI8 de fabricación rusa partió del aeropuerto Alfonso López de Valledupar con la comisión humanitaria que recibió al padre de Luis Díaz en una zona montañosa del norte del país de manos del Frente de Guerra Norte del ELN.

El aparato aterrizó en ese aeropuerto a las 11:00 de la mañana (hora local) y minutos después el recién liberado bajo por su propio pie y camino hasta un vehículo que lo esperaba en la pista para ser llevado a un centro médico.

“Viva la libertad y la paz”, manifestó el presidente colombiano, Gustavo Petro, al compartir la noticia sobre a liberación de Luis Manuel Díaz.

Este fue el momento en el que Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, se bajó del helicóptero tras su liberación después de pasar 12 días secuestrado por el ELN. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UXMFyPAPCP

— Revista Semana (@RevistaSemana) November 9, 2023

El pasado lunes 6 de noviembre unos 300 policías y militares colombianos que buscaban al padre de Luis Díaz comenzaron a replegarse de su área de operaciones para facilitar su liberación.

La decisión de retirar las tropas se produjo después de que el ELN dijera que la liberación de Luis Manuel Díaz se había retrasado por la presencia militar en la zona.

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Se espera que, tras ser sometido a exámenes médicos, el recién liberado sea trasladado a Barrancas, la ciudad donde vive su familia y donde fue secuestrado el pasado 28 de octubre.

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Se firman los Acuerdos de #Cuba 🇨🇺 entre el Gobierno de #Colombia 🇨🇴 y el ELN.

Acuerdos tomados:

✅️ El proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz.
✅️ El cese al fuego bilateral, nacional y temporal.#CubaPorLaPaz pic.twitter.com/O1d4FPdwSb

— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) June 9, 2023

Pero, el cese acordado tiene fases progresivas. La etapa de alistamiento es inmediata, después comienza el fin de operaciones ofensivas el 6 de julio hasta alcanzar una plena vigencia, de 180 días, a partir del 3 de agosto. Los mecanismos de monitoreo y verificación se instalarán en los próximos días y semanas, de manera que la tregua con la última guerrilla en armas debería estar en marcha en todo el territorio colombiano por lo que resta del 2023.

Este es el tercer ciclo de diálogos de paz, que se celebró desde el 2 de mayo en La Habana, y que las partes presentaron tras firmar los Acuerdos de Cuba, en presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias «Antonio García».

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Este es el alto el fuego más largo que han acordado hasta la fecha el Gobierno de Colombia y el ELN, además, las partes pactaron que la ONU y la Iglesia católica lo supervisarán.

Venezuela será sede el próximo ciclo de negociaciones entre el ELN y el Gobierno colombiano del 14 de agosto al 4 de septiembre.

«En mayo de 2025 cesa definitivamente la guerra de décadas entre ELN y el Estado», dijo Petro con solemnidad en el evento en los salones de protocolo del gobierno cubano en El Laguito, también habló sobre el legado de construcción de paz del M-19, la guerrilla a la que perteneció en su juventud y que tuvo un papel protagónico en la redacción de la constitución que hoy rige al país, la de 1991: «Yo soy presidente hoy gracias a esa Constitución».

#PAZ🕊️| Por primera vez en la historia de Colombia, este Gobierno ha logrado un cese al fuego bilateral con el ELN con mecanismos de monitoreo y verificación.

De igual forma se pactó que en la construcción de paz, la sociedad colombiana tendrá una clara participación para que… pic.twitter.com/1HkrQW58PT

— Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) June 9, 2023

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Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó este miércoles un informe de HRW.

El organismo presentó el informe “Los guerrilleros son la policía: Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure”, que documenta los crímenes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de una disidencia de las FARC y de las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).

La población de la zona “está en una situación de indefensión total pues la ley y el orden lo imponen estos grupos ilegales que operan con una impunidad total”, dijo Vivanco en Bogotá al comentar las conclusiones del estudio.

HRW visitó en agosto de 2019 la zona de Arauca, en el este de Colombia, donde entrevistó a líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Con los testimonios, según el director regional del organismo, determinaron que la situación es pavorosa y la gente está aterrada pues los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar su vida cotidiana mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de niños, asesinatos y abuso sexual.

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“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo porque las organizaciones criminales reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado, limpiando caminos o cocinando para ellos, generalmente en campamentos instalados en Venezuela”, afirmó Vivanco.

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.

HRW sostiene que bajo ese régimen el año pasado 16 civiles fueron ejecutados y sus cuerpos hallados con carteles en los que los acusaban de ser “informantes, violadores, traficantes de drogas o ladrones”.

El organismo enfatizó en que los grupos operan con una impunidad casi absoluta en ambos lados de la frontera e incluso en Venezuela existe connivencia con las fuerzas de seguridad y las autoridades locales.

Según el estudio, aunque Colombia ha tratado de arrebatar el poder a los grupos armados los abusos siguen impunes, mientras en Venezuela la situación es peor porque las guerrillas parecen sentirse aún más libres para operar.

HRW mostró especial preocupación por los migrantes venezolanos que llegan a Arauca huyendo de la crisis en su país y que por ignorar las “reglas” de los grupos armados se cuentan entre las víctimas de asesinatos.

Entre enero y noviembre de 2019 la Policía de Colombia contabilizó 30 venezolanos asesinados en Arauca, muchos de ellos, según líderes comunitarios, por violar las “reglas”.

Además existen testimonios de venezolanas explotadas sexualmente, lo que HRW describe como una grave muestra de la trata de personas en la región.

Colombia y Venezuela, que no tienen relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde operan grupos guerrilleros, bandas criminales herederas de los paramilitares, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes.

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La instancia elevó la solicitud formal a La Habana para que entregue también a otros tres dirigentes rebeldes conocidos como Aureliano Carbonel, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán. Éstos serían requeridos por los delitos de “concierto para delinquir, daños a terceros y homicidio” por la masacre de 1998 en Machuca en Antioquia.

Alias “Gabino” de 69 años es buscado por la Interpol por acciones atribuidas al grupo guerrillero ELN en el marco de un levantamiento armado que inició en 1964. El pedido de extradición, formalizado por la Cancillería colombiana, responde a la “solicitud del juez segundo de ejecución de penas de Antioquia” por un delito por el que “Gabino” ya había sido condenado por un juez de la República, en este caso por secuestro agravado, explicó Ceballos a periodistas.

Ceballos aseguró que La Habana ha reconocido que el líder del ELN está en la isla, sin embargo, líderes cubanos han rechazado el pedido alegando que los protocolos acordados en el fallido proceso de paz, incluían una garantía de retorno seguro de la delegación rebelde en caso de ruptura de las negociaciones.

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Según La Habana, “Gabino” llegó a la isla a mediados de julio de 2018 para recibir atención médica.

El ELN inició en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz con el anterior Gobierno colombiano que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana. No obstante, la guerrilla perpetró en enero de 2019 un atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá que dejó 22 muertos, lo que materializó la ruptura de las ya estancadas negociaciones y llevó al presidente colombiano Iván Duque, a reactivar las órdenes de captura contra los negociadores del ELN y pedir a Cuba que los entregue.

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El Presidente aseguró que el nuevo jefe de la Defensa tendrá “enormes tareas y enormes retos”, como alcanzar este año “cifras récord en incautación de drogas” y enfrentar a “los grupos armados organizados en todo el territorio nacional”.

Duque no hizo ninguna referencia sobre quién reemplazará a Trujillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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También le encargó “consolidar la seguridad” en el departamento del Cauca sumido en una espiral de violencia, principalmente por el asesinato de indígenas y líderes sociales en medio de una guerra entre disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales que se disputan el control de esa región para el narcotráfico.

Sin referirse directamente a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas, y a la controvertida operación militar en la que murieron los ocho menores reclutados por las disidencias de las FARC, Trujillo dijo que debe quedar claro que las faltas contra los derechos humanos “no se toleran” en Colombia. “El uso de la fuerza debe sujetarse al respeto de las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, manifestó.

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Según documentos reservados del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin) y del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) considerados ultrasecretos por Venezuela, a los que Semana habría tenido acceso exclusivo, el propio Ceofanb estaría relacionado con estos grupos al punto de suministrar armamento, alimentos, protección y entrenamiento.

De acuerdo con la información publicada por la revista, en un comunicado fechado el 9 de agosto de 2019 el almirante Remigio Ceballos, comandante del Ceofanb, habría notificado a las fuerzas militares venezolanas que por orden de Nicolás Maduro, “deberán evitar entablar enfrentamiento con personal de los grupos rojos (guerrillas colombianas)” y “brindar apoyo logístico y entrenamiento”, además de “garantizar los derechos humanos y satisfacer necesidades básicas de higiene y alimentos”.

Este documento indicaría que la orden de no atacar y ayudar a los guerrilleros colombianos entró en vigencia el 10 de agosto de 2019. Diecinueve días después, el 29 de agosto, fue difundido el video en el que Iván Márquez junto con un grupo de disidentes de las Farc anunció su regreso a las armas.

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Semana puntualizó que las Fuerzas Militares colombianas estiman que en territorio venezolano hay unos mil hombres del ELN y otros 600 de las disidencias de las Farc. La revista dice además que en uno de los escritos reservados a los que tuvo acceso, que esa cifra puede llegar a los dos mil guerrilleros, de los cuales entre 15 % y 20 % son venezolanos reclutados por los grupos irregulares.

La investigación periodística refiere además que de acuerdo a datos de los servicios de inteligencia venezolana, el gobierno de Maduro conocería en detalle la ubicación de los campamentos del ELN que “prácticamente, se encuentran en todos los estados de Venezuela”.

El reportaje de Semana señala que los guerrilleros retribuyen con información estratégica la protección que les ofrece el régimen de Maduro. Esta alianza entre militares e inteligencia venezolana y guerrilleros colombianos estaría orientada a “elaborar planes en los que analizan puntos estratégicos de la infraestructura colombiana, así como instalaciones gubernamentales, militares, puertos, aeropuertos, puentes y carreteras”, según detalla otro de los documentos secretos en poder del medio de comunicación.

“Varias cosas sorprenden de este extenso documento secreto. Una de ellas, y posiblemente la más grave, es el alto grado de detalles y conocimiento de los blancos en territorio colombiano (…). Resulta muy llamativo que en este caso en particular los servicios de inteligencia y las Fuerzas Militares venezolanas cuenten con la guerrilla como parte fundamental de sus planes de inteligencia y brazo armado”. 

Semana también reveló que poseen dos documentos titulados “Zamora” y “Centauro Negro”, en los que las FANB diseñan un plan de defensa ante una supuesta invasión de Estados Unidos desde Colombia.

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Al cabo de más de cinco horas de debate, el canciller peruano, Néstor Popolizio, leyó una declaración de 15 puntos, en la que los 12 países que integran el grupo reiteran su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan “al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro” a favorecer el proceso de transición democrática que comenzó en ese país desde el pasado 23 de enero cuando Juan Guaidó se proclamó como presidente encargado y a la fecha es reconocido por más de 55 países de todo el mundo.

En cuanto a la fracturada relación con Colombia, país que más ha recibido inmigrantes venezolanos en la región y sufre serios problemas en la frontera que los divide, el bloque regional acusó al régimen de Maduro de proteger a “grupos terroristas” en Colombia y rechazó cualquier intento de amenaza contra la vida del presidente colombiano Iván Duque.

Los cancilleres del Grupo de Lima “rechazan la amenaza que representa la protección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a grupos terroristas que operan fuera del territorio de Colombia, rechazan cualquier intento de desestabilización de la institucionalidad colombiana, rechazan cualquier intento de atentado contra la vida e integrad del presidente Iván Duque y rechazan cualquier intento de menoscabar la seguridad nacional”.

La declaración, según explicó el canciller Carlos Holmes Trujillo, se dio después de que Colombia revelara informes de inteligencia sobre planes de ataque contra el mandatario colombiano.

Según el Canciller colombiano, “hay actividades realizadas por el régimen de Maduro para afectar al Estado colombiano, como el apoyo operacional al ELN y coordinaciones de intervencionismo”.

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Holmes Trujillo aseguró que el Gobierno de Maduro “ha apoyado financiera, logística y operacionalmente a la guerrilla”, y esto se “refleja en apoyos desde el punto de vista militar, en lo que tiene que ver con despliegue de redes de inteligencia por diferentes regiones de Colombia, en el suministro de armamento y explosivos al ELN”.

Sobre este punto, el canciller aseguró que se han descubierto municiones venezolanas en Medellín, supuestamente pertenecientes a grupos de esa guerrilla.

Indicó también, “que hay apoyo financiero de Venezuela al ELN que se refleja en el entrenamiento de milicias y colectivos y en el uso de territorio venezolano como retaguardia y zona de control” para esa organización terrorista.

En cuanto al supuesto apoyo financiero a la guerrilla, el canciller Trujillo dijo que está documentado “la entrega de zonas para explotación minera”.

Colombia denunció que hay “intervencionismo” sobre la gobernabilidad en el país y señaló que hubo “asesorías del régimen ilegítimo de Maduro infiltradas en la Minga”, que mantuvo cerrada la vía Panamericana durante varias semanas, hace un mes.

Dijo, además, que están documentadas reuniones de delegados de Maduro con sectores políticos, que no especificó, “para diseñar estrategias que atenten contra la estabilidad social en Colombia”.

Grupo de Lima rechaza cualquier intento de atentado contra el Presidente @IvanDuque y de desestabilización de la institucionalidad colombiana pic.twitter.com/GHlTlEJ2LK

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 3, 2019

Por otro lado, en la reunión, los cancilleres acordaron “proponer al Grupo de Contacto Internacional (integrado por Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Bolivia, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.) una urgente reunión de representantes de ambos grupos para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela”.

La reunión de emergencia se realizó para evaluar la crisis en Venezuela tras la fallida sublevación de un grupo de militares en respaldo al líder opositor Juan Guaidó, a quien el bloque diplomático reconoce como mandatario interino.

El comunicado está suscrito por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Venezuela estuvo representada por el dirigente opositor Julio Borges y el embajador de Guaidó en Lima, Carlos Scull.

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