Al clasificar a sus ciudadanos según la raza, la Comisión “redujo a los miamenses a nada más que sus orígenes raciales, negándoles así la igual protección de las leyes que promete la Decimocuarta Enmienda”, expresa el fallo del documento de 83 páginas elaborado por el juez de distrito Michael Moore.

En la conclusión, el magistrado califica que los cinco distritos de los planes emitidos en 2022 y 2023 son inconstitucionales y que el tribunal fijará una reunión para “debatir posibles remedios que incluyen, entre otros, la imposición de elecciones especiales o un mapa correctivo”, diferente.

En diciembre de 2022 el ayuntamiento de Miami fue demandado por grupos activistas comunitarios y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, por “manipulación racial” en la división de los vecindarios.

“Esta es una gran victoria para Miami, para la representación, al dar voz a todos los ciudadanos de Miami y sus comunidades y estamos encantados con este fallo de hoy”, dio el director legal de la ACLU Florida Daniel Tilley.

La demanda presentada en un tribunal de distrito en Miami, afirma que el objetivo de la Comisión de Miami de dibujar su mapa era separar los grupos raciales en diferentes distritos más allá de lo que exige la Ley de Derechos Electorales.

En la causa, que llegó al tribunal tras un juicio celebrado los pasados 29 y 30 de enero, los demandantes argumentaron que “los cinco distritos de la ciudad de Miami, según lo establecido en la resolución, constituyen una manipulación racial que viola la 14 Enmienda de la Constitución estadounidense”.

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La demanda fue interpuesta por las organizaciones Derechos de Grove y Equidad Comunitaria (Grace), Engage Miami, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (Naacp) y cinco ciudadanos a nivel particular quienes solicitaron a los tribunales la elaboración de un nuevo “mapa alternativo”.

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El magistrado T. Kent Wetherell, de un tribunal en Pensacola, dictaminó que el gobierno que conduce el gobernador Ron DeSantis puede oponerse a la liberación de miles de inmigrantes indocumentados, y que en este caso no aplica la restricción que el Tribunal Supremo estadounidense impuso a los estados de Texas y Luisiana sobre una política migratoria semejante.

La decisión del juez Wetherell ocurre luego de que en días anteriores un panel del Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones indicara que es este magistrado quien debe pronunciarse si es que la decisión del Supremo de junio del año pasado aplicaba en el caso de Florida.

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El pasado año el juez Wetherell impidió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos implementara una política conocida por sus críticos como “catch and reléase” (captura y liberación), y que en aras de aliviar el hacinamiento en centros de detención de inmigrantes, permite la liberación de indocumentados pero con grilletes y supervisión.

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El dictamen del juez de la corte del distrito Este de Nueva York, Nicholas Garaufis, ordena al Departamento de Seguridad Nacional restituir el programa DACA a solicitudes nuevas que había sido suspendido por la administración de Trump en septiembre de 2017.

Desde la citada fecha el programa no toma solicitudes nuevas según informó Karen Tumliun, abogada del National Immigration Law Center.

El juez Nicholas Garaufis también ordenó que ya para el próximo lunes 7 de diciembre, el Estado debe publicar en los respectivos sitios web la información sobre la aceptación de nuevas solicitudes de DACA, peticiones de renovación y permiso de viaje “advance parole” que permite a quienes realizan estos trámites, salir y regresar a Estados Unidos de forma legal.

El mismo fallo indica que las peticiones de renovación de Daca, aproximadamente 66.000 trámites por un año que fueron emitidas después del memorando del Departamento de Seguridad Nacional en el que se modificaba el programa, de forma automática se extenderán a dos años.

Desde su creación en 2012 el programa DACA había brindado protección a miles de jóvenes inmigrantes para que no fuesen deportados y además les permitía estudiar, trabajar y viajar. Este beneficio será restaurado en todo el país y volverá a ser como era antes de septiembre de 2017.

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El noviembre pasado el juez Garaufis estipuló que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, había asumido dicho cargo de manera ilegal y por esa razón invalidó todas las disposiciones aludidas en el memorando suscrito por el funcionario.

Después que el presidente Trump derogó DACA, varios beneficiarios del programa en acción coordinada con la organización “Se hace camino en Nueva York“, impugnaron la decisión. El caso fue asignado al juez Garaufis y luego llegó a la Corte Suprema.

El electo presidente Joe Biden, prometió en su campaña que una de las primeras diligencias que haría al llegar a la Casa Blanca sería promover una legislación que garantice un estatus migratorio permanente a los jóvenes inmigrantes.

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