Las elecciones presidenciales de 2024 desataron protestas que dejaron 28 muertes y 2.400 arrestos por el recrudecimiento de la represión policial después de que la oposición venezolana denunciara un fraude y ratificara la victoria de Edmundo González Urrutia, candidato apadrinado por la líder opositora María Corina Machado.

La justicia venezolana ha excarcelado a más de 2.000 detenidos desde entonces, según registros oficiales.

“Se han producido en las últimas horas 88 nuevas excarcelaciones, a personas privadas de libertad por delitos cometidos en el marco de acciones violentas, de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024”, informó el Ministerio del Servicio Penitenciario.

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El texto detalla que el presidente Nicolás Maduro instruyó evaluar “de manera individual cada situación y adopta, conforme a la ley, medidas cautelares”.

Horas antes, diversas oenegés habían informado sobre la excarcelación de al menos 87 personas, una menos que lo dicho por las autoridades, la mayoría procedentes de la cárcel de Tocorón, estado Aragua (norte).

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló que no cuentan con libertades plenas, porque “continúan en juicio y con medidas cautelares”.

La oenegé insiste en que “el país necesita una Amnistía General que otorgue libertad plena de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos”.

Estas excarcelaciones coinciden con un aumento de la presión contra el gobierno de Maduro por parte de Estados Unidos, que desde agosto movilizó tropas al Caribe, determinó un cierre informal del espacio aéreo venezolano y ahora incauta buques petroleros sancionados cerca de Venezuela.

“Pese al contexto de permanente asedio contra la Nación, el Estado venezolano garantiza a las personas privadas de libertad un trato digno, el respeto a sus derechos humanos y la atención integral”, alega el comunicado del ministerio.

Más liberados

El 25 de diciembre se anunció la excarcelación de un grupo de 99 personas, aunque oenegés como Foro Penal solo lograron verificar 61 casos en ese momento.

Se estima que aún hay más de 700 detenidos por motivos políticos en el país.

Tocorón era un centro de operaciones de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que fue clausurada en 2023 y reabierta en 2024 específicamente para albergar a cientos de detenidos en las protestas poselectorales.

Foro Penal, oenegé que lidera la defensa judicial de muchos de los detenidos, destaca que la medida de este 1 de enero incluye también a dos “presos políticos” de la cárcel Rodeo I, ubicada en el estado Miranda.

De acuerdo con testimonios, fueron trasladados en autobuses a las 4H00 locales (08H00 GMT) este jueves.

Detenciones recientes

En las últimas semanas se registró un repunte de arrestos por motivos políticos, que contrastan con las excarcelaciones recientes.

El Servicio de Inteligencia (Sebin) detuvo a José Elías Torres, líder de la principal central sindical del país, y a Nicmer Evans, director de un portal de noticias. Las familias de ambos denuncian sus casos como desapariciones forzadas.

También fueron detenidos José Patines, dirigente sindical, y Melquíades Pulido, integrante del partido Vente Venezuela de Machado, aunque ambos fueron liberados poco tiempo después.

Un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses en Venezuela.

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La oposición venezolana sostiene que estas liberaciones funcionan como una estrategia de “puerta giratoria”, mediante la cual salen unos presos e ingresan otros. También considera que los detenidos son utilizados con fines políticas.

“¡Son rehenes!, personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, denunció la semana pasada González Urrutia, quien desde 2024 vive en el exilio en España.

Por AFP

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El primer operativo ocurrió el 2 de septiembre frente al edificio del tribunal Juanita Kidd Stout, donde al menos dos o tres miembros de la comunidad inmigrante fueron detenidos por ICE.

Según información publicada por la organización en su cuenta de Instagram, las personas detenidas se habían presentado voluntariamente al tribunal para atender casos abiertos, confiando en el sistema judicial local.

“Al secuestrar a miembros de la comunidad frente a un tribunal, ICE está violando su derecho al debido proceso, mostrando total falta de respeto hacia las personas y sus derechos. La falta de acción de los tribunales para evitar estos arrestos los convierte en cómplices y socava su supuesto compromiso con la justicia”.

 

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Las detenciones en o cerca de tribunales han sido duramente criticadas por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, incluida Juntos, ya que disuaden a las personas de acudir a audiencias judiciales, incluso en casos donde son víctimas o testigos.

Juntos también reportó otro operativo de ICE ocurrido el pasado 3 de septiembre en la intersección de 3rd Street y Snyder Avenue, donde cinco inmigrantes fueron arrestados.

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Hasta el momento, la organización no ha podido establecer contacto con los familiares de las personas detenidas. Ha pedido a la comunidad que, si alguien identifica a las personas afectadas, se comuniquen con su línea de emergencia al 814-205-3293, con el fin de ofrecer apoyo.

Juntos ha reiterado su compromiso de acompañar a las familias afectadas y exigir a las autoridades locales que garanticen que los espacios judiciales sean seguros para todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

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El régimen venezolano anunció el arresto de 38 “mercenarios” que ingresaron desde Colombia por la frontera terrestre y en vuelos comerciales, vinculados con supuestos actos “terroristas” para sabotear los comicios. Ese mismo día Caracas cerró la conexión aérea con Colombia.

“Han pretendido ingresar mercenarios, ya hoy llevamos capturados más de 50 mercenarios que ingresaban a poner bombas o lanzar ataques violentos al país”, dijo Maduro durante el cierre de campaña acompañado de su esposa Cilia Flores y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, ambos candidatos a diputados.

“Todos tenemos que estar ojo avizor, todo el mundo mosca (atentos)”, dijo el mandatario izquierdista desde una enorme tarima en el centro de Caracas.

Varios de los detenidos son extranjeros, entre ellos un argentino, un español y un argelino, dijo el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Venezuela restringirá el acceso terrestre, marítimo y aéreo entre este viernes 23 y el lunes 26 de mayo a la medianoche, según una resolución conjunta de los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia.

La medida contempla un “estricto control del desplazamiento fronterizo de personas, tanto por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos”.

El reforzamiento del control fronterizo tiene el “objeto de resguardar la inviolabilidad de las fronteras y prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad de Venezuela con motivo de las elecciones”.

Las denuncias de complot para derrocar al gobierno de Maduro son frecuentes.

Unos 21 millones de personas están empadronadas para elegir a 24 gobernadores y 285 legisladores el próximo domingo 25 de mayo.

La mayor coalición opositora del país, que reclama el triunfo de su candidato, el exiliado Edmundo González Urrutia, en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado, ha llamado a la abstención.

La votación incluye por primera vez al Esequibo, una región rica en petróleo y recursos naturales que se encuentra en disputa territorial con Guyana desde hace más de un siglo.

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Unos 400.000 efectivos de las fuerzas del orden estarán desplegados para la seguridad del proceso.

Un ala disidente de la oposición encabezada por el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, que aspira a un escaño parlamentario, decidió participar en los comicios.

Por: AFP

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Fue durante el primer encuentro con la prensa acreditada en el Vaticano y un día después de llamar a la paz en Ucrania y Gaza al grito de “¡nunca más la guerra!”.

“Permítanme reiterar la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por haber buscado y contado la verdad, y pedir su liberación”, dijo el segundo papa de las Américas a los periodistas en el Aula Pablo VI de la Santa Sede.

“La Iglesia reconoce en estos testigos –-pienso en aquellos que relatan la guerra incluso a costa de sus vidas-– el coraje de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres”, añadió.

Reporteros sin Fronteras (RSF) calculó que al 1 de diciembre de 2024 había unos 550 periodistas tras las rejas y otros 55, secuestrados.

La oenegé celebró un “gesto fuerte enviado a los profesionales de la información del mundo entero” y pidió al papa “prolongar su declaración a través de actos concretos en favor del derecho a la información” y “apoyar a los periodistas injustamente encarcelados”.

Interrogantes sobre el papa León XIV

Robert Francis Prevost, de 69 años, sucede a Francisco, el jesuita argentino que tuvo a los pobres y a las “periferias” del mundo en el centro de sus 12 años de pontificado reformista.

El mundo descubre poco a poco al nuevo papa, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano tras años de vida misionera en el país andino.

En sus primeros encuentros protocolarios, aprovechó para desvelar algunas de las líneas de su pontificado. Explicó por ejemplo, en un encuentro con cardenales el sábado, que eligió su nombre en homenaje al compromiso social de León XIII (1878-1903).

Pero aún quedan interrogantes, desde el lugar donde vivirá hasta los grandes desafíos que asume en una Iglesia dividida: la crisis de vocaciones, el papel de las mujeres y los casos de agresiones sexuales.

Mientras que Francisco a veces irritaba a los líderes mundiales por su estilo más directo, los observadores del Vaticano estiman que su sucesor se servirá de un modo más tranquilo para lograr mejores resultados.

Invitación a Ucrania

Prevost se marchó de Perú para servir en el gobierno de Francisco en el Vaticano y después convertirse en papa.

Al igual que su predecesor, León XIV ha insistido en llamar a la paz en sus alocuciones públicas.

“La paz”, dijo a los periodistas, “comienza con cada uno de nosotros”. “La manera en que nos comunicamos es de importancia fundamental: debemos decir “no” a la guerra de las palabras y las imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra”.

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También llamó a la paz poco después de ser elegido el jueves pasado y de nuevo en su primera bendición dominical en la plaza de San Pedro, cuando llamó a la paz en Ucrania y Gaza en línea con su antecesor.

“¡Nunca más la guerra!”, clamó el nuevo pontífice, que llamó a evitar el “dramático escenario” de una tercera guerra mundial cuando en 2025 se cumplen 80 años del fin de la Segunda.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció este lunes que invitó al 267º pontífice de la Iglesia a visitar su país, en su “calurosa” y “constructiva” primera conversación telefónica.

Su agenda esta semana también prevé recibir al cuerpo diplomático el viernes, antes de la misa prevista el 18 de mayo en la plaza de San Pedro ante líderes mundiales.

Durante esta celebración, recibirá los símbolos del poder papal, desde la imposición del palio hasta la entrega del anillo del pescador, que anteriormente se utilizaba para sellar documentos.

Por: AFP

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La Corte Suprema estadounidense ordenó detener hasta nuevo aviso las deportaciones de migrantes supuestamente vinculados a pandillas venezolanas desde Texas a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

“No aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela”, dijo Petro en su cuenta de X. Calificó el fallo del tribunal como “universal”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua y enviarlos a El Salvador. 

Un grupo de venezolanos fue deportado bajo el amparo de esta legislación el mes pasado. Los abogados de las familias de los detenidos y defensores de derechos humanos aseguran que los migrantes no pertenecían a ningún grupo criminal.

“Ningún latinoamericano demócrata puede aceptar (…) que por los crímenes de la banda llamada ‘Tren de Aragua’ se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio”, sostuvo Petro.

“Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Déjen libre al pueblo venezolano”, escribió el izquierdista en X.

El mandatario repitió que tratar a los migrantes como criminales es una idea “facha”, derivada del fascismo.

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Hasta ahora, esta ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses, y en las dos guerras mundiales del siglo XX.

El gobierno de Trump presentó el sábado una moción contra el fallo judicial para retomar las deportaciones y cumplir con su promesa de campaña de expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos.

El penal Cecot en El Salvador, adonde ya fueron trasladados varios venezolanos y al menos un colombovenezolano, es el más grande de Latinoamérica con capacidad para 40.000 reclusos. También acumula denuncias de hacinamiento, malas condiciones y restricciones en las visitas.

Por: AFP

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La redada tuvo lugar en una residencia de dicho condado, en la ciudad de San Marcos, vecina de Austin, capital de Texas y la acción policial contó con la participación de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Departamento del Alguacil del condado de Hays junto con funcionarios del FBI, que contaban con una orden judicial.

En el operativo detuvieron a 25 hombres, 13 mujeres y 9 menores, todos venezolanos y de acuerdo con el reporte oficial emitido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), la redada se dio porque oficiales de inteligencia del FBI dijeron tener información sobre una posible reunión de personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua, indicó el portal de noticias Efecto Cocuyo.

Hasta la fecha se desconocen las identidades de los detenidos ni el lugar donde fueron recluidos. Lo que sí fue confirmado por las autoridades de Texas, es que todas las personas detenidas entraron a Estados Unidos a través de pasos fronterizos terrestres.

Trascendió que en el caso de que las personas detenidas estuviesen vinculadas a la banda criminal venezolana, la Administración Trump no podría trasladarlos hacia la mega cárcel de El Salvador, como ya hizo con otros 238 migrantes venezolanos el pasado 15 de marzo, ya que una orden del juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, prohibió al Presidente repetir esa acción e invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

No obstante, fuentes medios de comunicación estadounidenses han reportado que el gobierno norteamericano estaría presionando al juez Boasberg para que anule su decisión y permita los vuelos al país centroamericano.

La versión oficial de lo ocurrido en el operativo refiere que en el lugar de la detención de las personas se encontraron drogas, pero no hubo reportes de armas. También se informó que a todos los detenidos, incluyendo los niños, fueron enviados a centros de reclusión de ICE, que los mantendrá detenidos mientras se realice y culmine la investigación.

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El reporte del DPS también indica que esta operación tomó más de un año, ya que el FBI habría pasado más de 12 meses investigando a las personas que, presuntamente, están vinculadas con la banda criminal Tren de Aragua.

Ahora el caso está manos de los fiscales locales, quienes evaluarán las pruebas para proceder con las acusaciones y determinar los delitos de las personas detenidas.

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En fecha reciente el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) publicó un comunicado titulado For the Record, en el cual explica las operaciones de control migratorio que se están ejecutando en diversas ciudades estadounidenses.

De acuerdo con dicho documento, estas acciones tienen como objetivo la detención de inmigrantes que residan en el país y que cuenten con un historial criminal, sean considerados una amenaza para la seguridad nacional o representen un peligro para la comunidad. Estos casos son prioritarios para las autoridades.

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Pero el director de ICE, Tom Homan, aclaró que aunque una persona no sea prioridad de deportación, si se encuentra en la misma propiedad o lugar de trabajo de un individuo que sí lo es, también podría ser detenido y el Gobierno podría iniciar un proceso de deportación en su contra.

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Asimismo, si un migrante se encuentra en un trámite migratorio que te permite permanecer de forma regular en Estados Unidos en espera de una respuesta, tiene un permiso de trabajo, un número de seguro social, paga impuestos y contribuye a la sociedad, no es una prioridad para la deportación en este momento.

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En las últimas semanas, los operativos realizados en el sur del estado, específicamente en los condados de Miami-Dade y Broward han generado preocupación y un ambiente de tensión entre las comunidades migrantes de la zona. No obstante, las autoridades aseguran que el objetivo son personas con antecedentes judiciales.

Entre los casos que se destacan las autoridades confirmaron varias detenciones de migrantes, uno acusado de agresión agravada con arma mortal, así como de otro jamaiquino que enfrenta cargos relacionados con la posesión de oxicodona; ambos de distintas nacionalidades.

De acuerdo con información aportada por el ICE, estos operativos tienen la finalidad de capturar a personas con antecedentes penales o que representen una amenaza para la seguridad pública.

Sin embargo, varias organizaciones civiles pro inmigrantes y líderes comunitarios han denunciado que en algunos casos se detiene a inmigrantes sin historial delictivo, lo que ha aumentado el temor en dichas comunidades.

La oficina de Seguridad Nacional de Investigaciones (HSI Miami) publicó en la red social X imágenes de varios inmigrantes detenidos durante las redadas. Dichas fotografías muestran el alcance de los operativos y han generado un extenso debate en redes sociales, donde abundan por igual los comentarios de respaldo y las críticas a las medidas adoptadas contra la inmigración ilegal.

Todas estas acciones forman parte de una estrategia federal más extensa que busca endurecer las políticas migratorias del nuevo gobierno. Luego de la juramentación del presidente Donald Trump, se pusieron en marcha órdenes ejecutivas orientadas a reforzar la seguridad fronteriza y a acelerar los procesos de deportación, marcando un importante giro con respecto a las políticas de la Administración Biden.

Manuel Morales, jefe de la policía de Miami, en un intento por tranquilizar a la comunidad de inmigrantes, afirmó que los oficiales locales no están autorizados para solicitar documentación migratoria durante las inspecciones rutinarias.

“En nuestra ciudad de Miami, las personas no deben temer por su estatus migratorio. La policía no revisa eso”, aseguró Morales. Sin embargo, también aclaró que, en caso de que el ICE emita una orden de detención contra una persona, la policía local responderá y notificará a las autoridades migratorias.

Apoyo de iglesia y organizaciones legales

La parroquia Corpus Christi, en colaboración con los Servicios Legales Católicos de la Arquidiócesis de Miami (CLS), anunció nuevas actividades enmarcadas en su programa para proporcionar información y asistencia legal a inmigrantes.

Cientos de personas se han reunido en la citada sede religiosa para asistir a sesiones informativa organizadas por CLS, según informó el ente rector de la Iglesia en Miami.

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Dichas jornadas tienen el propósito de disipar rumores y ofrecer datos sobre los derechos de los inmigrantes, asi como información sobre posibles cambios en las leyes y procedimientos de inmigración durante la Administración Trump.

Abogados de CLS en trabajo coordinado con un equipo de voluntarios, ofrecen  orientación y recuerdan a los asistentes la importancia de mantener su documentación en orden y conocer sus derechos, que incluyen el derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado en caso de ser abordados por las autoridades.

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“Algunos de ellos eran violadores, otros asesinos, algunos habían abusado de niños. ICE está haciendo su trabajo. Está priorizando, tal y como el Presidente dijo que haría. Está haciendo su trabajo de forma excelente sobre el terreno y continuará haciéndolo cada día”, dijo el funcionaria a la cadena Fox News.

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Pero todavía el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de hacer cumplir las leyes migratorias, no ha ofrecido detalles sobre estas supuestas detenciones.

El día que asumió la Presidencia de Estados Unidos, Trump fue enfático al decir que cumpliría su promesa de campaña de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes ilegales en la historia del país.

En el primer día al frente del Gobierno también declaró una “emergencia nacional” en la frontera con sur del país mediante la cual autorizó el uso de las fuerzas militares en la zona fronteriza con México para “asegurarla” y repeler “formas de invasión”, incluyendo la migración hacia Estados Unidos el tráfico de drogas.

En el documento también ordenó a las autoridades “deportar inmediatamente” a todas las personas que entren de manera irregular en territorio estadounidense y adelantó que se restaurarán las deportaciones en caliente.

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“En estos momentos nos estamos concentrando en los peores”, dijo Homan en Fox News, señalando que se trata de gente que representa una amenaza para la seguridad nacional o pública y subrayando que no puede haber una seguridad nacional “fuerte” si la frontera no está asegurada.

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Maduro aseguró el martes 7 de enero que siete “mercenarios” extranjeros, dos de Estados Unidos, dos de Colombia y tres de Ucrania, habían sido capturados en un complot por el que responsabiliza a Washington.

Los dos estadounidenses, aseguró ahora el mandatario izquierdista en un acto oficial, son “un alto funcionario del FBI y el otro un alto funcionario militar”.

De acuerdo con Maduro han sido capturados 125 extranjeros, de 25 nacionalidades, en “una agresión mercenaria extranjera financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos”.

El gobernante venezolano se alista para su investidura de cara a un tercer mandato seguido de seis años (2025-2031), el viernes 10 de enero, entre denuncias de fraude en su reelección. La oposición liderada por María Corina Machado, que reclama una victoria de Edmundo González Urrutia en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, convocó a protestas para el jueves 9 de enero.

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Las autoridades pusieron en marcha un amplio operativo de seguridad, con el despliegue de militares y policías fuertemente armados.

La reelección de Maduro desató protestas que se saldaron con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos, acusados de terrorismo y encerrados en prisiones de máxima seguridad. Tres de los arrestados murieron en prisión y unos 1.500 han sido excarcelados.

Por: AFP

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