La acción legal fue interpuesta ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida por organizaciones como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, UnidosUS y Latino Justice. Los demandantes sostienen que la normativa discrimina a diversos sectores de la población, incluidos ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

La ley, aprobada en marzo por la legislatura estatal, establece que los votantes deberán presentar documentos como pasaporte, certificado de nacimiento, certificado de naturalización, licencia de conducir con requisito REAL ID o identificación militar. Sin embargo, excluye otros documentos comunes como identificaciones estudiantiles o de asistencia pública.

Según la demanda, esta exigencia afectaría de manera desproporcionada a inmigrantes naturalizados, personas de bajos ingresos, adultos mayores y mujeres que han cambiado su apellido tras el matrimonio. También impactaría a comunidades latinas y rurales, donde el acceso a documentos oficiales puede ser más limitado.

Diversas organizaciones han advertido sobre la magnitud del problema. El grupo Voto Latino estima que cerca de 146 millones de estadounidenses no cuentan con un pasaporte vigente, mientras que unos 21 millones no tienen acceso inmediato a documentos como certificados de nacimiento o naturalización.

Caren Short, directora legal de la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos, calificó la medida como basada en “desinformación” y alertó sobre sus posibles consecuencias. En la misma línea, Amy Keith, de Common Cause Florida, advirtió que miles de ciudadanos podrían quedar excluidos del padrón electoral si no logran obtener la documentación requerida.

La legislación estatal se produce en un contexto nacional marcado por el impulso del presidente Donald Trump a la propuesta federal conocida como “Save America Act”, que busca endurecer los requisitos de identificación para votar en todo el país. Trump ha sostenido reiteradamente, sin pruebas concluyentes, que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden.

Las elecciones del 3 de noviembre

Aunque la ley de Florida no entrará en vigor hasta 2027, el debate se intensifica en un momento clave: las elecciones de mitad de mandato programadas para el 3 de noviembre de 2026. En estos comicios se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y 35 de los 100 del Senado de los Estados Unidos, configurando el 120.º Congreso del país.

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Además, se celebrarán elecciones para gobernador en 39 estados y territorios, así como contiendas para fiscales generales, legislaturas estatales y numerosos cargos locales. Estos comicios suelen ser determinantes para el equilibrio de poder en Washington y para la implementación de políticas públicas a nivel nacional y estatal.

Históricamente, las elecciones de medio término han servido como un referéndum sobre la administración en el poder, con una participación menor que en las presidenciales pero con un impacto significativo en la agenda legislativa. En este contexto, cualquier cambio en las reglas electorales puede influir en la participación y, potencialmente, en los resultados.

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La Cámara de Representantes estatal, de mayoría republicana, aprobó la iniciativa con 77 votos a favor y 28 en contra. La votación se produjo apenas un día después de que el Senado estatal diera su aprobación al proyecto, lo que deja el texto a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.

La legislación establece que los votantes deberán presentar documentos que acrediten su ciudadanía estadounidense y una identificación con fotografía válida. Entre los documentos aceptados se incluyen el pasaporte estadounidense, el certificado de nacimiento, el certificado de naturalización, una licencia de conducir que cumpla con el estándar federal REAL ID o una identificación militar. En cambio, el proyecto excluye documentos como credenciales estudiantiles, identificaciones de asistencia pública o carnés emitidos por asociaciones.

Según los promotores republicanos de la medida, el objetivo es reforzar la integridad del sistema electoral. Argumentan que exigir pruebas de ciudadanía permitirá evitar que personas no autorizadas participen en los comicios y fortalecerá la confianza pública en los resultados electorales.

Sin embargo, críticos del proyecto sostienen que la ley podría dificultar el acceso al voto para miles de ciudadanos. Legisladores demócratas y organizaciones cívicas advierten que la exigencia de documentos originales o certificados puede convertirse en una barrera para personas que no los poseen o que tienen dificultades para obtenerlos.

Los que no poseen prueba de ciudadanía

Investigaciones del Brennan Center for Justice publicadas en 2023 indican que más del 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar no tienen a mano documentos que prueben su ciudadanía. Este dato ha sido citado por organizaciones de defensa del derecho al voto como evidencia de que la normativa podría excluir a una parte significativa del electorado.

La presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Jessica Lowe-Minor, señaló que aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses no posee pasaporte, lo que podría dificultar el cumplimiento del nuevo requisito. “Más del 9% de los ciudadanos en edad de votar no tienen disponible su prueba de ciudadanía”, afirmó, advirtiendo que la medida puede generar obstáculos innecesarios para ejercer el derecho al voto.

Desde el Partido Republicano, la senadora estatal Erin Grall defendió la propuesta señalando que la mayoría de los residentes ya cuenta con documentos compatibles con los requisitos. Según explicó, alrededor de 20,6 millones de personas en Florida poseen una licencia de conducir que cumple con el estándar REAL ID, mientras que unas 872.408 no cuentan con este tipo de identificación.

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El debate también se produce en un contexto de discusiones a nivel federal. En Washington, el Congreso analiza la llamada SAVE Act America, una iniciativa respaldada por Trump que pretende exigir pruebas de ciudadanía para registrarse como votante en todo el país. Aunque la Cámara de Representantes aprobó el proyecto, su futuro en el Senado es incierto.

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El decreto, actualmente suspendido por órdenes judiciales, prohíbe al gobierno federal otorgar pasaportes o certificados de ciudadanía a niños nacidos en territorio estadounidense si su madre se encuentra en el país de manera irregular o temporal, y si su padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente. La restricción también afectaría a hijos de personas con visas de estudiante, trabajo o turismo.

La política desafía directamente el principio de jus soli, consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución desde 1868. Esta enmienda, aprobada tras la Guerra de Secesión, estableció que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país, una protección diseñada originalmente para garantizar los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes.

Aunque la Corte Suprema limitó recientemente la capacidad de los jueces federales para emitir bloqueos a nivel nacional contra medidas del poder ejecutivo, el tribunal no se había pronunciado sobre el fondo del decreto de Trump hasta ahora. La decisión de revisar el caso abre la puerta a un fallo que podría redefinir uno de los principios históricos de la ciudadanía estadounidense.

El gobierno de Trump sostiene que la ciudadanía automática actúa como un incentivo para la migración irregular. En un escrito presentado ante el tribunal, el fiscal general John Sauer argumentó que la “concesión errónea” de ciudadanía a hijos de personas en situación irregular ha “dañado sustancialmente” al país, afectando incluso su “integridad territorial”.

La orden ejecutiva debía entrar en vigor el 19 de febrero, pero varios jueces federales frenaron su implementación. Entre ellos, el juez John Coughenour, del estado de Washington, calificó la medida de “manifiestamente inconstitucional” y afirmó que rara vez había visto un caso “tan claro” en más de cuatro décadas de carrera judicial.

La composición actual de la Corte Suprema, con una mayoría conservadora de seis magistrados —tres de ellos nombrados por Trump durante su primer mandato—, agrega incertidumbre sobre el futuro del principio de ciudadanía por nacimiento.

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Organizaciones de derechos civiles se preparan para una nueva batalla legal. Cecilia Wang, directora jurídica nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), expresó su confianza en que el máximo tribunal “derogue esta orden perjudicial de una vez por todas”, y advirtió que despojar de ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos sería “devastador y profundamente cruel”.

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Las personas con doble nacionalidad estadounidense deben lealtad tanto a Estados Unidos como al país extranjero, o países, si son nacionales de más de uno. Están obligadas a obedecer las leyes de ambos países, y cualquiera de estos tiene derecho a hacerlas cumplir.

Las reclamaciones de otros países sobre las personas con doble nacionalidad estadounidense pueden dar lugar a obligaciones contradictorias según las leyes de cada país. Las personas con doble nacionalidad también pueden enfrentar restricciones en las protecciones consulares disponibles para los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, especialmente en el país de su otra nacionalidad.  

Los ciudadanos estadounidenses, incluidas las personas con doble nacionalidad, deben utilizar un pasaporte estadounidense para entrar y salir de Estados Unidos. El país de su otra nacionalidad también puede exigirles que usen su pasaporte nacional para entrar y salir de ese territorio.

Tal y como se describe en la página web del Departamento de Estado, las personas pueden tener doble nacionalidad por operación automática de diferentes leyes en lugar de por elección. Por ejemplo, un niño nacido en un país extranjero de padres nacionales estadounidenses puede ser nacional de Estados Unidos y nacional del país de nacimiento. O bien, una persona que tiene una nacionalidad al nacer puede naturalizarse posteriormente en otro país y convertirse en nacional con doble nacionalidad.

En Estados Unidos, la doble nacionalidad es reconocida, aunque no incentivada, y representa una realidad para millones de personas que tienen lazos con más de un país.

Quién puede tener la doble nacionalidad

La posibilidad de obtener la doble nacionalidad depende de las reglas del segundo país, donde la persona solicita la nacionalidad.

Doble ciudadanía para ciudadanos de otro país

Algunos países permiten que las personas mantengan su ciudadanía después de convertirse en ciudadanos estadounidenses, mientras que otros no.

Si la persona se encuentra en Estados Unidos, debe ponerse en contacto con la embajada o el consulado del otro país para averiguar si le reconocen la doble nacionalidad estadounidense.

Si una persona cumple con los requisitos para obtener la doble nacionalidad y quiere obtener la ciudadanía estadounidense, debe cumplir con los siguientes pasos:

1. Emigrar a Estados Unidos.
2. Solicitar la residencia permanente de Estados Unidos.
3. Obtener la nacionalidad o ciudadanía estadounidense.

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Doble ciudadanía estadounidenses

Si una persona es ciudadano estadounidense y desea obtener la ciudadanía de otro país, para tener doble nacionalidad, primero debe investigar si el otro país reconoce la doble nacionalidad con Estados Unidos. Para ello, se debe poner en contacto con la embajada o el consulado del otro país para saber su cumple con los requisitos.

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La decisión surge como respuesta directa a un reciente recorte de fondos federales que afectó al sistema de escuelas públicas del condado Miami-Dade. Este recorte puso en riesgo la continuidad del programa “Fast Track to Citizenship”, que durante décadas ha sido una herramienta clave para residentes permanentes legales en su camino hacia la ciudadanía estadounidense. Según reportó el Miami Herald, la suspensión de estos recursos dejó en vilo a numerosos inmigrantes que dependen de estas clases para preparar su examen de naturalización y completar el extenso formulario de solicitud de 20 páginas requerido por el gobierno federal.

“El apoyo que brindamos no es solo económico. Es una declaración de nuestros valores como comunidad”, afirmó el comisionado Ralph Rosado durante el encuentro con los medios de comunicación social. “En Miami creemos que la diversidad es nuestra fortaleza, y garantizar el acceso a estos cursos es una forma concreta de apoyar esa visión”.

Antes de la pérdida de financiamiento federal, las clases eran gratuitas y estaban disponibles a través de las escuelas públicas del condado. Desde los años 70, este sistema educativo ha mantenido su compromiso con la enseñanza de los cursos de ciudadanía, primero con fondos estatales y más recientemente con financiamiento federal. La reciente eliminación de estos fondos generó preocupación tanto entre autoridades locales como en organizaciones de apoyo a inmigrantes.

La iniciativa municipal busca cubrir ese vacío de forma temporal mientras se exploran soluciones a largo plazo. Los fondos aportados por la oficina del comisionado permitirán pagar la matrícula de los cursos, cuyo costo individual puede alcanzar los 65 dólares, para residentes de la ciudad de Miami. Se estima que la financiación estará disponible una vez que expire el subsidio federal actual, previsto para el próximo otoño. No obstante, el equipo del comisionado Ralph Rosado estudia mecanismos para adelantar la implementación si fuera necesario.

Solo para los residentes de Miami

El impacto de la pérdida de este programa gratuito fue especialmente significativo en una ciudad como Miami, donde el 58% de la población nació fuera de Estados Unidos y el 70% se identifica como hispana, según datos recientes del U.S. Census Bureau.

Por el momento, el programa estará limitado a los residentes de la ciudad de Miami, excluyendo al resto del condado. Los interesados podrán inscribirse a través de la página web www.adulteducationworks.com o llamando al 305-58-8800.

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Fuentes del distrito escolar confirmaron al Miami Herald que ya se están coordinando con la oficina del comisionado para facilitar la reanudación inmediata del programa bajo el nuevo esquema de financiamiento. La medida representa una señal clara de compromiso local ante la incertidumbre generada por decisiones federales que afectan directamente a las comunidades inmigrantes.

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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington. Lo consideran inconstitucional.

Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias.

Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados de los cuales seis son conservadores. Le pide que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.

“Los tribunales han emitido 40 medidas cautelares universales contra el gobierno federal”, afirmó el asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial.

“Las medidas cautelares universales exceden la facultad judicial (…) y perturban el delicado equilibrio constitucional de la separación de poderes”, añadió. Las comparó con un “arma nuclear” que restringe al presidente.

“Atrápame si puedes”

Los jueces expresaron su preocupación por el uso creciente de órdenes judiciales nacionales pero parecieron divididos sobre cómo abordar el problema.

Sonia Sotomayor, una de las progresistas, afirmó que si las medidas cautelares no se aplicaran a todos los afectados cada uno de ellos se vería obligado a presentar un recurso por separado o uno colectivo.

“Si hablamos de los cientos y miles de personas que no participaron en la sentencia del tribunal, todas tendrían que presentar demandas individuales, o una demanda colectiva. Una demanda colectiva sería algo sin sentido”, dijo.

La también jueza progresista Ketanji Brown Jackson alertó del riesgo de convertir el sistema judicial “en un régimen de ‘atrápame si puedes'” donde “todos tienen que tener un abogado y presentar una demanda para que el gobierno deje de violar los derechos de las personas”.

Sauer respondió que el “‘atrápame si puedes’ opera en la dirección opuesta, donde tenemos al gobierno corriendo de jurisdicción en jurisdicción, teniendo que, de alguna manera, despejar la mesa para poder implementar una nueva política”.

El juez conservador Samuel Alito estimó que los fallos judiciales nacionales plantean un “problema práctico” porque hay cientos de jueces de tribunales de distrito y todos están “convencidos de que tienen razón”.

Otros presidentes estadounidenses se quejaron de las medidas cautelares durante sus mandatos porque los ataban de manos, pero ninguno se enfrentó a tantas en tan poco tiempo.

Jeremy Feigenbaum, el procurador general de Nueva Jersey, uno de los 23 estados que han presentado demandas contra el intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, reconoció que hay problemas con las órdenes judiciales universales, pero dijo que hay “una base extraordinaria para esta”.

“Un caos”

Permitir decisiones judiciales separadas sobre el tema en diferentes estados llevaría a un “caos en el terreno donde la ciudadanía de las personas se enciende y se apaga al cruzar las fronteras estatales”, opinó Feigenbaum.

En un mensaje en su red Truth Social, Trump instó a la Corte Suprema a fallar a su favor.

“La ciudadanía por nacimiento no estaba destinada a personas que toman vacaciones para convertirse en ciudadanos permanentes de Estados Unidos de América, y traen a sus familias con ellos, riéndose todo el tiempo de los ‘TONTOS’ que somos”, dijo.

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Sauer sostuvo que el decreto de Trump “refleja el significado original de la 14ª Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a los hijos de los antiguos esclavos, no a los migrantes ilegales o visitantes temporales”.

En 1898 la Corte Suprema rechazó este argumento.

Por: AFP

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El 13 de marzo la administración Trump pidió al máximo tribunal que interviniera en la batalla legal y suspendiera las decisiones de cortes inferiores.

La Corte Suprema dio tres semanas a las partes adversas para responder al recurso y este jueves fijó una audiencia para el 15 de mayo.

Por el momento rechazó la solicitud de suspensión presentada por el gobierno contra los fallos de cortes de apelación federales.

El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de los decretos más criticados.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado en los tribunales y su aplicación se suspendió en todo el país.

Por eso el gobierno pidió a la Corte Suprema que limite el alcance de los fallos de cortes inferiores únicamente a los afectados, es decir a aquellos que han emprendido acciones legales.

Denuncia una “epidemia” de suspensiones a nivel nacional emitidas por los tribunales desde el inicio del segundo mandato de Trump.

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Como mínimo el Ejecutivo pide a la Corte Suprema que permita a las agencias federales emitir pautas para implementar la orden ejecutiva presidencial.

El decreto prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos de forma ilegal o temporal y cuyo padre no es estadounidense o residente permanente, es decir titular de la famosa tarjeta verde (“green card”).

También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante, trabajo o turista.

Por: AFP

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La Oficina de Asuntos Inmigrantes de la ciudad de Philadelphia creó y publicó una guía en su portal web para informar sobre el proceso de ciudadanía y conectar a los aspirantes a ciudadanos con recursos locales.

Beneficios de la ciudadanía estadounidense

Convertirse en ciudadano estadounidense tiene muchos beneficios, entre ellos:

Financiero

• Permite postularse a más empleos privados y gubernamentales.
• Permite ahorrar dinero a lo largo del tiempo sin tarifas de renovación de tarjeta verde.
• Permite acceder a más subvenciones, becas, ayudas y beneficios públicos.

Compromiso cívico

• Brinda la oportunidad de votar en las elecciones.
• Puede servir en un jurado.
• Puede postularse y ocupar un cargo electivo.

Inmigración familiar

• Ayuda a los miembros de su familia a inmigrar más rápido.
• Permite otorgar ciudadanía automática a los niños menores de 18 años.

Viajar

• Permite viajar sin visado a determinados países.
• Permite obtener visas más fácilmente para otros países.
• Permite viajar más fácilmente hacia y desde Estados Unidos
• Permite viajar durante períodos más largos fuera de Estados Unidos

Certeza

• La ciudadanía es permanente. No te la pueden quitar.

¿Cómo obtener la ciudadanía?

La naturalización es el proceso mediante el cual una persona nacida fuera de Estados Unidos se convierte voluntariamente en ciudadana estadounidense. Hay cinco pasos básicos para naturalizarse como ciudadana estadounidense:

1. Cumplir con los requisitos para la ciudadanía estadounidense.
2. Completar y presentar el Formulario N-400, solicitud de ciudadanía.
3. Tomarle las huellas dactilares.
4. Aprobar la entrevista y el examen de ciudadanía.
5. Asistir a una ceremonia de juramento.

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Requisitos para la ciudadanía estadounidense

Para ser elegible para la ciudadanía a través de la naturalización, la persona debe:

• Tener 18 años de edad o más.
• Ser residente permanente legal, tener una “green card” durante 5 años o más, o tres años si la persona está casada con un ciudadano estadounidense.
• Tener una residencia en Pennsylvania o en el distrito de USCIS durante al menos tres meses o más.
• No haber salido de Estados Unidos por más de un año en los últimos cinco años.
• Ser capaz de hablar, leer y escribir inglés básico.
• Ser capaz de aprobar un examen sobre historia y educación cívica de Estados Unidos.
• Tener buen carácter moral.
• Mostrar lealtad a la Constitución de Estados Unidos.

Recursos de ciudadanía

Una lista de recursos locales en Philadelphia puede brindar ayuda con el proceso de ciudadanía a aquellas personas interesadas:

Asistencia jurídica

Las organizaciones locales de asistencia legal sin fines de lucro ofrecen ayuda gratuita o de bajo costo para completar y presentar una solicitud de ciudadanía. Muchas de estas también brindan asistencia en otras áreas del derecho migratorio.

Exámenes y clínicas de ciudadanía de la New Americans Campaign

Take Action Philly y la New Americans Campaign (NAC) han unido fuerzas  para expandir los esfuerzos de naturalización en toda la ciudad. Philadelphia apoya a seis organizaciones sin fines de lucro, que realizan talleres de ciudadanía:

• HIAS PA
• Catholic Social Services
• Esperanza Immigration Legal Services
• La Southeast Asian Mutual Assistance Associations Coalition (SEAMAAC)
• La African Cultural Alliance of North America (ACANA)
• El Welcoming Center for New Pennsylvanians

Los socios de la NAC organizan eventos gratuitos para ayudar a los residentes legales permanentes. El proceso consta de dos pasos:

1. Los clientes primero deben asistir a una evaluación de ciudadanía para revisar su caso de ciudadanía.
2. Los candidatos elegibles serán remitidos a una clínica de ciudadanía para completar su solicitud con un abogado.

Las personas pueden saber si cumplen con los requisitos para la ciudadanía asistiendo a una de las evaluaciones que se indican a continuación. Deben llevar la tarjeta de residencia permanente y el pasaporte. No es necesario inscribirse previamente para asistir.

Evaluaciones de la NAC realizarán evaluaciones de ciudadanía en las siguientes fechas:

• Jueves 10 de mayo | 5:00 pm – 7:00 pm
  Esperanza College (cafeteria)
  4261 N. 5TH Street, Philadelphia, PA 19140
• Lunes 14 de mayo | 4:30 pm – 7:30 pm
  SEAMAAC
  2110 S. 8^th Street, Philadelphia, PA 19148
• Lunes 4 de junio | 5:30 – 7:30
  SEAMAAC
  2110 S. 8th ^Street, Filadelfia, PA 19148
• Sábado 16 de junio | 10:00 am – 2:00 pm
  Northeast Regional Library
  2228 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19149
• Sábado 23 de junio | 10:30 am – 2:30 pm
  Northeast Regional Library
  2228 Cottman Avenue, Philadelphia, PA 19149

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Clínicas de ciudadanía de Take Action Philly

El Colegio de Abogados de Philadelphia, con el apoyo de la ciudad y varias organizaciones de asistencia legal sin fines de lucro, formó Take Action Philly (TAP), una iniciativa que ofrece protección y asistencia a los residentes necesitados.

TAP ofrece evaluaciones y clínicas de ciudadanía gratuitas, atendidas por abogados voluntarios que ayudan a los residentes legales permanentes elegibles a completar los formularios necesarios para obtener la ciudadanía. También contribuye con los refugiados a ajustar su estatus a residente legal permanente, un paso necesario en el proceso de ciudadanía.

• Servicios Legales de Inmigración Esperanza: Brinda servicios legales directos a ciudadanos estadounidenses y personas nacidas en el extranjero de bajos ingresos y sus familias que necesitan ayuda con asuntos de inmigración, todos los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 am a 12:30 pm, tanto en persona como por teléfono. 4261 North 5th Street Philadelphia, PA 19140 (215) 324-0746, ext. 298
• HIAS: Ofrece servicios legales de inmigración y reasentamiento de refugiados. Su programa de ciudadanía ofrece educación sobre la naturalización y servicios legales a residentes de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidad en toda la ciudad. 2100 Arch Street, 3.er piso Philadelphia, PA 19103 (215) 832-0900
• Centro de Servicios de Nacionalidades: Brinda representación legal a personas de bajos ingresos en asuntos de leyes de inmigración. Las consultas iniciales sin cita previa se programan los viernes a la 1:00 pm. Para más información sobre las consultas, llame. 1216 Arch St., 4to piso Philadelphia, PA 19107
  (215) 893-8400

¡Evita el fraude!

Obtener la ayuda adecuada evita caer en manos de personas fraudulentas. Solo un abogado con licencia o un representante acreditado está autorizado y cualificado para ayudar con casos de inmigración.

Las personas que consideren que han sido víctimas de un fraude en servicios de inmigración, pueden comunicarse a través de Philly 311, marcando 311 o al (215) 686-8686.

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Varios jueces de primera instancia bloquearon la aplicación de este decreto, uno de los más controvertidos del mandatario republicano.

Tras su investidura el 20 de enero, Trump firmó un decreto que revisa el derecho de suelo, un principio consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución y aplicado desde hace más de 150 años en Estados Unidos.

Junto a una serie de normativas destinadas a remodelar el sistema migratorio de Estados Unidos, un punto principal de su campaña electoral, este decreto establece que el derecho a la ciudadanía por nacimiento aplica solamente para los hijos de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes. 

El recurso de amparo provisional fue presentado por el Departamento de Justicia para intentar que el texto entre en vigor, pero fue rechazado por los tres jueces de apelaciones, designados por los mandatarios Donald Trump, George W. Bush y Jimmy Carter.

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“El gobierno no ha demostrado que tenga un derecho legítimo” a una decisión inmediata, afirmó la jueza Danielle Forrest, según el texto de la decisión al cual tuvo acceso la AFP.

“Decidir cuestiones importantes y sustanciales en una semana no forma parte de nuestro proceso habitual de toma de decisiones”, señaló la magistrada, para añadir que las circunstancias “no nos obligan a hacerlo”.

El decreto de Trump prohibiría a los entes del gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos en condición irregular o temporal, y cuyo padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente -o sea, titular de la denominada Tarjeta Verde (green card)-.

Al firmar el decreto, el propio Trump reconoció que esperaba impugnaciones en los tribunales. También consideró que el principio de ciudadanía por nacimiento era “ridículo” y alegó que Estados Unidos sería “el único” país en aplicarlo.

Por: AFP

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