Mark Dannels, alguacil del condado Cochise, dijo en una entrevista con agencias de noticias internacionales que la propuesta no otorga los fondos necesarios a los departamentos de policía para su aplicación.

“Arrestar a traficantes de drogas y el decomiso de fentanilo ya ha agregado millones de dólares a nuestro presupuesto, aplicar esta legislación tendría un efecto triple”, argumentó Dannels.

La propuesta amplía los poderes de los departamentos de policía y las cortes en Arizona para arrestar, encarcelar y deportar a migrantes que no estén autorizados para vivir en Estados Unidos.

“Esta propuesta es malísima, es una completa estupidez, quieren obligar a que departamentos como el mío se conviertan en agentes de la Patrulla Fronteriza”, dijo por su parte David Halhaway, alguacil del condado Santa Cruz, donde está la ciudad de Nogales.

Halhaway refirió que una de sus mayores preocupaciones es el daño que el proyecto de ley HCR-2060, podría causar entre las comunidades de minorías en caso de ser aprobado.

En este condado, que cubre parte de la frontera de Arizona con México, el 95% de sus residentes es de origen hispano.

“Tienen apellidos latinos como González y Martínez, hablan con acento y escuchan música en español, cómo voy a tener que verificar los documentos de casi todas las personas, incluyendo aquellos que viven en Nogales”, cuestionó el alguacil.

En caso de ser aprobada, la nueva ley también obligaría a las agencias estatales a verificar el estatus migratorio de las personas que solicitan asistencia pública, y establecería sanciones más severas contra aquellos que presentan documentación falsa para solicitar empleo o beneficios públicos.

“Esta es una propuesta sumamente racista, solamente está siendo impulsada por intereses políticos de republicanos que buscan reelegirse”, dijo Halhaway.

La propuesta fue aprobada por el Legislativo de Arizona para ser sometida a votación y de esa forma evitar el veto de la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, quien en el pasado ha vetado iniciativas similares.

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Hathaway considera que aplicar las leyes de inmigración corresponde solo al gobierno federal. “Es absurdo pensar que tendremos que llenar las cárceles locales con inmigrantes indocumentados, no es lógico”, dijo.

“El número de agentes fronterizos en mi condado son tres veces más que el número de agentes que yo tengo, sería casi imposible poder proporcionar seguridad a nuestra comunidad al mismo tiempo que tengamos que agregar funciones de agentes migratorios”, subrayó.

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Con el argumento de que podría generar problemas en materia de seguridad del tráfico vehicular, por citar solo una de las dificultades que acarrearía, la Asociación de Sheriffs de Florida y la Asociación de Jefes de Policía de este mismo estado manifestaron estar opuestos a la propuesta a una enmienda constitucional que permitiría el uso de marihuana recreativa.

La asociación de sheriffs del “estado del sol” anunció que sus miembros aprobaron una resolución oponiéndose a la iniciativa durante una reunión realizada en fecha reciente.

“El bienestar y la salud de los ciudadanos de Florida se ven amenazados por la legalización y normalización del consumo recreativo de marihuana”, refirió el presidente de la Asociación de Sheriffs de Florida, Bill Prummell, sheriff del condado de Charlotte, en una declaración por escrito que fue difundida por medios locales.

“Nuestra prioridad es la seguridad de nuestras comunidades, y los datos muestran claramente que la legalización (de la marihuana) conduce a un aumento de los problemas de salud pública, de la seguridad vial y del consumo de marihuana entre los jóvenes. Debemos adoptar una actitud para proteger a nuestros ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes, de los efectos negativos de la marihuana”, agregó.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Jefes de Policía de Florida, Charles Vázquez, quien se desempeña como jefe del Departamento de Policía del Aeropuerto Internacional de Tampa, formuló una declaración en la que expuso que “con base en la experiencia de otros estados, sabemos que los recursos policiales, así como la salud pública y otros servicios gubernamentales, se verán afectados por el nuevo volumen de llamadas debido a la naturaleza del deterioro por marihuana y su relación con la criminalidad, incluida la victimización y la salud mental”.

Una posición opuesta

Por su parte, Smart & Safe Florida, un comité político que lidera los esfuerzos para aprobar la enmienda constitucional propuesta, cuestiona los argumentos según los cuales permitir el uso recreativo de la marihuana conduciría a un aumento del crimen y de problemas como contrariedades en la seguridad vial.

“Si bien la marihuana puede afectar la capacidad de conducir, la afirmación de que la legalización conduce a un número significativamente mayor de muertes por conducir bajo los efectos del alcohol no está respaldada por pruebas”, indica la información que aparece en el sitio web del comité Smart & Safe Florida.

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La iniciativa sobre la rectificación constitucional, que aparecerá en la boleta electoral el próximo noviembre como Enmienda 3, expresa, en parte, que permitiría “a los adultos de 21 años o más poseer, comprar o usar productos de marihuana y accesorios de marihuana para consumo personal no médico, ya sea fumándolos, ingiriéndolos o de otra manera”.

En 2016 los votantes aprobaron una enmienda constitucional que permitía la marihuana medicinal.

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En un comunicado DeSantis afirmó que esta alianza es el resultado de una reunión que celebró semanas atrás en Arizona con alguaciles de ese estado y de Nuevo México, Texas, Idaho y Georgia.

“La inmigración ilegal no solo ha devastado las comunidades a lo largo de la frontera sur, sino que también ha dañado a los estados de todo el país con la afluencia mortal de fentanilo traficado por carteles y tasas más altas de delitos violentos”, refirió el gobernador floridano quien está en campaña presidencial para las elecciones primarias republicanas.

"Something needs to be done.” – Sgt. Yuknavage, Florida Highway Patrol pic.twitter.com/uqGKovtHqx

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 19, 2023

La oficina del gobernador publicó una carta suscrita por los alguaciles que forman parte de la coalición, en su mayoría de Florida, pero también de estados fronterizos como Arizona, California, Texas y Nuevo México, y de los cuatro puntos del territorio estadounidense desde Oregón a Georgia, pasando por Nueva York, Virginia, Nueva Jersey, Oklahoma, Arkansas, Ohio, Illinois y Dakota del Norte y del Sur, entre otros.

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En la carta, los alguaciles refieren que el gobierno federal no ha cumplido con sus responsabilidades de proteger las fronteras estadounidenses y que las consecuencias de su abandono en ese terreno se sienten en todo el país.

Los alguaciles concluyen su carta con un llamado a otras agencias de aplicación de la ley para que se unan a Florida en la lucha contra la crisis fronteriza.

Antes de entrar en campaña electoral, DeSantis promovió una de las leyes más duras de Estados Unidos contra la inmigración irregular, que entrará en vigencia el proximo 1 de julio.

Además se sumó a la iniciativa del gobernador de Texas, Greg Abbott, de enviar a solicitantes de asilo indocumentados a estados y ciudades con mandatarios demócratas, y trasladó a medio centenar de venezolanos a Massachusetts en septiembre de 2022 y a otro grupo de inmigrantes desde Texas a California este año.

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En la ciudad de Sierra Vista, DeSantis organizó una mesa redonda en la que habló sobre los efectos de la inmigración ilegal en las comunidades fronterizas con alguaciles de Arizona, Nuevo México, Texas, Idaho y otros estados quienes expresaron la urgencia de “asegurar la frontera”.

Governor DeSantis Hosts a Roundtable at the Southern Border https://t.co/KaBftK2953

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 7, 2023

El mandatario floridano hizo énfasis en las “acciones exitosas de su estado para combatir la inmigración ilegal” y señaló nuevos métodos para batallar contra contrabando de personas y el tráfico de drogas por las fronteras.

DeSantis también se refirió a “la reubicación de extranjeros ilegales que desean ser transportados a los llamados estados y ciudades santuario”, un programa estatal que contempla el transporte de indocumentados vía aérea a dichas localidades que ha generado críticas y demandas judiciales.

“Joe Biden está abandonando el desempeño de sus funciones y se niega a defender las fronteras de nuestra nación”, sentenció el gobernador de Florida que aspira llegar a la Casa Blanca en 2024.

The chaos we are witnessing at our southern border is a direct result of the President’s dereliction of duty

If Joe Biden won’t do his duty to protect our people and our borders, Florida will step up. pic.twitter.com/TeYBKh2M8m

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 7, 2023

En su estado, DeSantis ha promovido una ley contra los indocumentados que entrará en vigencia el próximo 1 de julio, catalogada como una de las legislaciones más duras del país.

“En Florida estamos dando un paso al frente incluso cuando el gobierno federal fracasa en el trabajo. Promulgamos una legislación sólida para combatir la inmigración ilegal, enviamos equipos y agentes del orden público a la frontera y tenemos recursos dedicados para desviar a los migrantes a jurisdicciones santuario”, dijo en la reunión.

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Por su parte, el alguacil de Arizona Mark Dannels, manifestó que “esto no se trata de política sino de hacer lo correcto”. “Les prometemos a todos nuestros gobernadores, alguaciles, fuerzas del orden público, fiscales y alcaldes trabajar unidos para arreglar y asegurar estas fronteras y recuperar a Estados Unidos”.

I was proud to announce that Florida will be partnering with sheriffs across the nation to work together to uphold the law.

We will step up to fill the void left by the Biden administration’s dereliction of duty. pic.twitter.com/rXigv2FJXJ

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 8, 2023

La iniciativa de esta coalición nacional contra la inmigración ilegal que impulsa DeSantis incluye un programa de capacitación desarrollado por la Patrulla de Carreteras de Florida y el Grupo de Trabajo Antidrogas de la Guardia Nacional de dicho estado, que estará disponible para las agencias de aplicación de la ley en todo Estados Unidos.

El conjunto de medidas que patrocina DeSantis incluye la emisión de una “orden ejecutiva que prohíba a las agencias estatales de Florida brindar apoyo para el reasentamiento de extranjeros ilegales en este estado y prohíba la concesión de licencias a instalaciones que alberguen a menores no acompañados”.

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