El plan del Fontainebleau Miami Beach contempla una transformación integral de su área de piscinas, con la incorporación de toboganes acuáticos, zonas interactivas y espacios diseñados para atraer turismo familiar. Aunque no se trata de un parque acuático abierto al público, el proyecto busca competir con complejos turísticos internacionales como Atlantis o Baha Mar, sin perder el estilo arquitectónico original del hotel, diseñado por el reconocido Morris Lapidus.

La propuesta incluye la reducción del número de piscinas actuales para dar paso a nuevas áreas de entretenimiento, así como la instalación de 11 toboganes, entre ellos una estructura de gran altura que sería visible desde edificios residenciales cercanos. La construcción estaba prevista para comenzar este año y desarrollarse en fases hasta 2027.

Sin embargo, el proyecto encontró una fuerte resistencia en Miami Beach, particularmente entre residentes de la zona de Mid-Beach y condominios cercanos como Sorrento y Tresor. Los vecinos han manifestado preocupación por el impacto visual, el aumento del ruido, el tráfico adicional y la posible alteración del carácter histórico del hotel.

La Historic Preservation Board de Miami Beach había frenado el avance del proyecto al considerar que requería modificaciones sustanciales y que su escala no era compatible con el entorno. La situación derivó en audiencias públicas con alta participación, protestas y críticas por parte de autoridades locales, incluido el alcalde, quien defendió la autonomía de la ciudad en decisiones de planificación urbana.

Ante la falta de aprobación a nivel municipal, el proyecto tomó un giro decisivo. La Legislatura de Florida aprobó una enmienda dentro del House Bill 399 que obliga a la ciudad a otorgar una “aprobación administrativa” al desarrollo, eliminando la necesidad de revisiones más estrictas o votaciones por parte de juntas locales.

Esta medida, impulsada tras un intenso proceso de cabildeo por parte del desarrollador Jeffrey Soffer, permite que el proyecto avance sin los obstáculos que previamente lo habían detenido. En la práctica, representa una intervención directa del estado en un proceso que tradicionalmente corresponde a las autoridades locales.

Polémico debate

La decisión ha generado un amplio debate sobre los límites de la autonomía municipal. Funcionarios y residentes han criticado la medida al considerar que debilita el rol de las juntas de zonificación y preservación histórica, y sienta un precedente que podría replicarse en otros proyectos en Florida.

En respuesta, la ciudad de Miami Beach evalúa posibles acciones legales para impugnar la normativa, lo que podría derivar en un nuevo frente judicial entre autoridades locales y estatales.

El futuro inmediato del proyecto depende ahora de la decisión del gobernador Ron DeSantis, quien deberá firmar o vetar la ley. De ser promulgada, el Fontainebleau tendría vía libre para iniciar su renovación, pese a la oposición local.

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Más allá del desarrollo turístico, el caso plantea una interrogante de fondo sobre quién tiene la última palabra en el crecimiento urbano del estado, en un contexto donde los intereses económicos, la preservación histórica y la participación ciudadana entran en tensión.

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 “Disfrazada como una medida para fortalecer la integridad electoral, la orden ejecutiva es, en realidad, un intento flagrante de suprimir las voces de un amplio sector de la ciudadanía estadounidense. En lugar de restringir la participación en las urnas, la administración debería centrarse en modernizar nuestro sistema electoral para satisfacer las exigencias del siglo XXI, como lo han hecho otras democracias”, enfatizó la organización a través de un comunicado.

A criterio de Voto Latino, la medida constituye un ataque directo a la América multicultural y al derecho al voto que por año ha defendido la organización con gran empeño. “Irónicamente, mientras que los conservadores suelen defender los derechos de los estados, esta orden ejecutiva socava esos derechos, al intentar federalizar las elecciones, despojando a los estados de su autoridad para gobernar sus propios procesos electorales”, resalta el escrito.

Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo un modelo de elecciones justas y transparentes. “Esta orden ejecutiva amenaza con desmantelar dicho sistema, lo que afecta a todos los estadounidenses, desde los votantes mayores y las mujeres casadas que enfrentan nuevos obstáculos de documentación hasta el personal militar en el extranjero cuyo acceso al voto en ausencia podría verse restringido”.

La orden ejecutiva priva del derecho al voto a los votantes por:

• Requisitos de identificación más estrictos para los votantes: La orden ejecutiva introduce leyes de identificación más severas para los votantes, que afectan de manera desproporcionada a los votantes afroamericanos, quienes tienen menos probabilidades de tener las formas específicas de identificación que ahora se requieren.
• Reducción del voto anticipado y del acceso al voto por correo: La orden exige recortes en los días de votación anticipada y limita el acceso al voto por correo, lo que dificulta la participación de los votantes de la clase trabajadora, muchos de los cuales son latinos.
• Aumento de las purgas de votantes: La directiva exige purgas más agresivas de las listas de votantes, lo que crea un mayor riesgo de que los votantes de color elegibles sean eliminados por error y no puedan votar el día de las elecciones.
• Barreras adicionales para las mujeres votantes: La orden impone reglas de coincidencia de identificación más estrictas, lo que podría afectar desproporcionadamente a las mujeres casadas o divorciadas si su identificación no refleja su nombre legal actual, lo que les dificulta emitir su voto.

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Voto Latino, que hizo un llamado al Congreso para que tome medidas inmediatas para proteger el derecho al voto y evitar que esta extralimitación del ejecutivo socave la integridad de la democracia, reforzó su compromiso inquebrantable de seguir informando y empoderando a los votantes para que cuenten con los recursos y el apoyo necesarios para hacerse oír su voz.

Trump firmó recientemente un decreto destinado a imponer controles más estrictos para el registro de votantes y restringir el sufragio por correo en Estados Unidos.  Con este, se requeriría la presentación de prueba de ciudadanía estadounidense, como pasaporte o licencia de conducir, al registrarse para votar a nivel estatal.

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Este decreto requeriría la presentación de prueba de ciudadanía estadounidense, como pasaporte o licencia de conducir, al registrarse para votar a nivel estatal.

Sólo los ciudadanos estadounidenses son elegibles para votar en las elecciones federales, pero no todos los estados exigen esos documentos para sufragar, ya que algunos utilizan otros métodos para verificar la identidad del elector.

Los expertos consideran que el texto supone una extralimitación de los poderes del Ejecutivo y asociaciones civiles ya prometieron impugnarlo ante los tribunales.

Trump nunca reconoció su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 contra su antecesor, el demócrata Joe Biden, y denunció sin fundamentos probados un fraude electoral extendido, en particular en el voto por correo, método ampliamente utilizado en Estados Unidos.

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“Tal vez algunas personas piensen que no debería quejarme porque ganamos de forma aplastante el pasado noviembre” en las últimas elecciones, expresó el magnate republicano al firmar el decreto en la Casa Blanca.

“Pero tenemos que corregir nuestras elecciones. Este país está muy enfermo por culpa de las elecciones, de las elecciones falsas”, añadió. “Y vamos a arreglarlo de una forma u otra”, sentenció.

Por: AFP

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El texto magno data de 1999 y fue impulsado por el fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999-2013), que la modificó en 2009 para poder reelegirse indefinidamente.

Maduro presentó ante el Parlamento, de mayoría chavista, un “primer proyecto avanzado con 80 artículos” de la reforma: un documento empastado en rojo con el escudo nacional. No leyó ninguno y se limitó a presentar una mirada general de su propuesta.

“Es el momento preciso” para “una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance, la transición a la nueva modernidad”, indicó en el acto oficial.

La reforma está a cargo de una comisión presidida por el fiscal general, Tarek William Saab, y será sometida a un referendo este año, en una fecha aún por definir.

Maduro habló de “ampliación y perfeccionamiento de la democracia” -en medio de cuestionamientos a su última reelección en julio pasado- a través de la incorporación del “poder social, comunal y popular” entre los niveles de gobierno.

Desde el año pasado, el mandatario ha aprobado recursos directos para la ejecución de proyectos de las comunas, organizaciones civiles creadas por el chavismo encargadas de tareas como la distribución de alimentos subsidiados y la captación de votantes.

También pidió “transformar de raíz” la estructura de gobernaciones y alcaldías.

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El presidente exigió además que en la Constitución quede “explícito y claro que Venezuela no tolerará de ninguna manera, ninguna una amenaza fascista”, un término que normalmente acuña a la oposición liderada por María Corina Machado, que le acusa de haberse robado las pasadas elecciones presidenciales.

“Venezuela ha sido víctima de todas las formas de conspiración” y “debe ser penada de la manera más dacroniana”, advirtió el presidente, que demandó que la comisión entregue el proyecto definitivo de reforma en tres meses.

Maduro convocó en 2017 a una Asamblea Constituyente para “pacificar” el país en medio de una ola de protestas que exigían su salida. La institución, que se declaró como plenipotenciaria, cesó en 2020 sin haber cambiado la Constitución. Expertos coinciden en que solo buscaba asumir las competencias del Parlamento, controlado en ese momento por la oposición.

Chávez planteó antes una reforma constitucional en 2007 que fue rechazada en referendo. Introducía entre otros cambios la reelección indefinida del presidente, que consiguió dos años después a través de una enmienda impulsada en el Parlamento.

Por: AFP

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“Yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales para pensar, junto a nuestro pueblo, en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano, a la ciudadana”, dijo Maduro en un acto transmitido por televisión.

Manifestó que el objetivo es consolidar la “soberanía nacional, la soberanía popular”, sin ofrecer mayores detalles sobre cuál sería la reforma a la Constitución que cumplió 25 años de vigencia este diciembre.

“Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos en un gran sentimiento de transformaciones, de cambios”, añadió.

El mes pasado, el presidente nicaragüense Daniel Ortega, aliado y amigo de su par Maduro, vía Parlamento aprobó una profunda reforma a la Constitución que sometió a todos los poderes del Estado bajo control del Ejecutivo, amplió el período presidencial a seis años y creó las figuras de co-presidente y co-presidenta, aumentando el poder de la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega.

La Constitución de Venezuela se aprobó en referendo el 15 de diciembre de 1999, con un 71% de votos a favor, en una jornada marcada por una alta abstención y un desastre natural en el norte del país en el que murieron miles de personas.

El 30 de julio de 2017, en medio de unas discutidas elecciones, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que no redactó una nueva Constitución ni reformó la vigente, sino que tomó funciones del Parlamento hasta diciembre de 2020, cuando su presidente, Diosdado Cabello, anunció la disolución de la institución.

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La ANC fue calificada de fraudulenta, entre otras razones porque fue constituida sin un referendo consultivo previo, como ocurrió en 1999 cuando se redactó la actual Constitución.

A pesar de las críticas de la oposición interna y de numerosos países, la Constituyente ejerció un poder irrefutable en Venezuela.

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La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

Aquí las claves de la reforma constitucional:

1. Elección popular

La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.

Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos.

López Obrador asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.

2. Caso único

La proyectada elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.

“No existe en otros países”, señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.

Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

3. Cirugía a la Suprema Corte

La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.

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4. Nuevo órgano de supervisión

La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera 90%, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes que impulsar una “demolición” del poder judicial.

5. Jueces sin rostro

La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.

Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.

Por: AFP

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Los senadores comenzarán a debatir el proyecto y podrían someterlo a votación este mismo martes o el miércoles, según el bloque de izquierda que domina el Congreso.

La iniciativa fue aprobada la semana pasada por la amplia mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, que debió sesionar en un polideportivo pues su sede en Ciudad de México fue bloqueada por trabajadores judiciales en huelga.

López Obrador, que entregará el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, asegura que la elección de jueces y magistrados, incluidos los de la Suprema Corte, es urgente porque el poder judicial está “podrido de corrupción”.

En vísperas del debate, la presidenta del máximo tribunal, Norma Piña, equiparó la enmienda con un intento de “demolición del poder judicial”, lo que fue rechazado por el mandatario, que acusa a la corte de estar al servicio de la élite política y económica.

La oposición, Estados Unidos, expertos de Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch aseguran que el voto directo socavará la independencia judicial y dejará a los jueces a expensas del narcotráfico.

Suspenso

El trámite en el Senado está marcado por el suspenso, ya que al oficialismo le faltaría un solo voto para completar los 86 (dos tercios) necesarios para aprobar reformas constitucionales, aunque el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sostiene que 85 serían suficientes.

Con un pasado de deserciones y escándalos, el opositor PRI anunció que concentrará a sus senadores en un hotel tras denunciar amenazas del crimen organizado.

“Al güey que vote en contra (de lo acordado por la oposición, que) lo linchen al pendejo”, instó a su vez la senadora del conservador PAN, María de Jesús Díaz.

Estados Unidos y Canadá advierten además de un daño a la democracia y al acuerdo de libre comercio T-MEC en caso de litigios, en momentos en que México se consolida como principal socio comercial de su vecino del norte tras desplazar a China.

López Obrador, quien rechaza esas expresiones como “injerencistas”, insiste en que el voto directo acercará la justicia a la gente en este país donde diariamente se registran unos 80 homicidios y la impunidad supera el 90%, según oenegés.

El mandatario, cuya popularidad ronda el 70%, planteó la reforma en el marco de un enfrentamiento con la Suprema Corte que le ha bloqueado total o parcialmente reformas en los sectores energético y de seguridad.

“Batalla hasta el final”

Al denunciar el domingo el intento de “demolición”, la presidenta de la corte presentó dos propuestas de reforma elaboradas por el poder judicial que plantean mayor presupuesto para los tribunales locales, así como la formación y certificación de fiscalías y policías de investigación.

En medio del choque de poderes, López Obrador instó la semana pasada a la corte a no bloquear la reforma, luego de que la ministra Piña resolviera consultar con sus colegas si ese tribunal es competente para frenar la iniciativa, como pidieron funcionarios judiciales en huelga mediante un recurso legal.

El único caso similar en América Latina es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular, mientras los jueces ordinarios son designados por un consejo de la judicatura.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor, el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han dicho que votarán contra la iniciativa, al tiempo que denuncian presiones desde el oficialismo.

“Ya lo hemos dicho y lo reiteramos: daremos la batalla hasta el final para evitar este atropello a la República y a la democracia”, escribió en la red social X la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.

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Expertos señalan que las preocupaciones de los inversionistas sobre la reforma han contribuido a una caída en la cotización del peso frente al dólar.

Pero López Obrador aseguró el lunes que los movimientos en la moneda “tienen que ver fundamentalmente con factores externos”.

Por: AFP

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Phelps y Schmitt hicieron el pronunciamiento durante una comparecencia ante el Subcomité de supervisión e investigaciones del Congreso estadounidense, celebrado en Washington.

Ambas figuras deportivas, junto con el director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA), Travis Tygart, señalaron a la AMA por las recientes revelaciones de que 23 nadadores chinos dieron positivo en 2021 por trimetazidina (TMZ), un medicamento para el corazón prohibido desde 2014.

Los deportistas, algunos de los cuales compitieron y ganaron medallas en los Juegos de Tokio en 2021, no fueron suspendidos ni sancionados pues la AMA aceptó las explicaciones de las autoridades chinas según las cuales los resultados fueron producto de una contaminación alimentaria en un hotel.

En días pasados, el New York Times dio a conocer que tres de esos nadadores, entre ellos dos medallistas de oro en Tokio y un plusmarquista mundial, ya habían dado positivo por sustancias prohibidas varios años antes.

La AMA se ha defendido de las acusaciones de encubrimiento y China también negó cualquier irregularidad en este asunto que explota en la antesala de los Juegos Olímpicos de París-2024 que se disputarán del 26 de julio al 11 de agosto.

En sus testimonios, Phelps y Schmitt criticaron la gestión del caso por parte de la AMA y afirmaron que el escándalo había dañado la confianza de los atletas en el organismo de vigilancia antidopaje global.

Phelps, ganador de un récord de 23 medallas de oro olímpicas, comparó la situación actual con la de 2017, cuando pidió cambios en la AMA en una audiencia ante legisladores estadounidenses por el escándalo de dopaje en Rusia tres años antes.

“Para mí está claro que cualquier intento de reforma de la AMA se ha quedado corto, y que sigue habiendo problemas sistémicos profundamente arraigados que perjudican la integridad del deporte internacional y el derecho de los atletas a una competición justa, una y otra vez”, dijo Phelps.

“Yo insto al Congreso a que utilice su considerable influencia sobre la AMA para que la organización sea independiente y efectiva”, demandó.

Phelps dijo que “amigos cercanos” se habían visto potencialmente afectados por la decisión de permitir que los nadadores chinos compitieran en Tokio.

“Muchos de ellos vivirán con el ‘y si…’ durante el resto de sus vidas”, dijo Phelps. “Como atletas, nuestra fe ya no puede depositarse ciegamente en la Agencia Mundial Antidopaje, una organización que demuestra continuamente que es incapaz o no está dispuesta a hacer cumplir sus políticas de forma consistente en todo el mundo”.

Schmitt, de 34 años, formó parte del equipo estadounidense de relevos 4x200m libres que terminó en segundo lugar en Tokio por detrás de China.

Esa prueba estuvo entre las cinco en las que obtuvieron medallas algunos de los nadadores chinos que dieron positivo por TMZ.

Schmitt explicó que, aunque había oído “rumores de dopaje por parte del equipo chino” a lo largo de su carrera, en principio no tenía motivos para dudar de la legitimidad del oro chino en los 4x200m de Tokio.

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“Respetamos su actuación y aceptamos nuestra derrota”, afirmó. “Pero ahora, al saber que el relevo chino estaba formado por atletas que no habían cumplido una suspensión, miro atrás con dudas”.

“Pido, en nombre de los atletas estadounidenses, que la AMA y el sistema mundial antidopaje rindan cuentas. Si ganamos, que sea porque nos lo hemos ganado. Y si perdemos, que sea porque la competición ha sido justa”, reclamó.

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Las encuestas muestran que la inmigración es una prioridad para los votantes antes de los comicios de noviembre, en los que habrá una revancha entre Biden y su rival republicano, el exmandatario Donald Trump, en momentos en que los cruces ilegales alcanzan máximos históricos.

La reforma de la ley migratoria fue redactada por ambos partidos tras meses de negociaciones, pero los republicanos la rechazaron en febrero después de una intervención de última hora de Trump (2017-2021), quien está haciendo de la frontera un tema central de su campaña para volver al Gobierno.

Los demócratas la llevaron nuevamente al pleno este jueves, donde cayó ante el primer obstáculo: una votación de procedimiento para iniciar el debate, en la que los legisladores del Partido Republicano rechazaron de nuevo el paquete.

Biden reaccionó en un comunicado acusando a los republicanos de poner la política partidista por delante del país para oponerse a “la aplicación de la ley fronteriza más dura de la historia”, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se comprometió a seguir aplicando la ley “con los limitados recursos” que tiene.

El líder republicano en la Cámara Alta, Mitch McConnell, había ayudado a negociar el paquete cuando se lo adjuntó al de 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Entonces, lo aclamó como un “gran éxito desde cualquier punto de vista objetivo”.

Sin embargo, McConnell desestimó el plan de volver a presentarlo esta semana como “una artimaña” destinada a impulsar a los demócratas antes de las elecciones reñidas y desviarse del historial de Biden en los problemas de la frontera, la cual registró un récord de entradas ilegales a Estados Unidos hacia finales del año pasado.

Más estricta

La votación se produjo en un momento en que el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, estaba desesperado por aferrarse a su mayoría de 51 a 49 en el Senado, pero enfrentaba sin embargo un panorama difícil. Los republicanos defenderán en noviembre solamente 10 escaños, mientras que los demócratas verán en juego 23 bancas.

A pesar del fracaso, sirvió al objetivo de Schumer de proteger a sus senadores más vulnerables, todos en distritos donde la inmigración es tema principal, de los ataques de que los demócratas son laxos en materia de seguridad fronteriza.

El proyecto de ley, que exige una reforma del sistema de asilo y refugio, dotación de personal adicional en la frontera sur y poderes de emergencia para cerrarla cuando los cruces superen cierto umbral, representa la iniciativa más estricta contra la migración en años.

Al final ni siquiera pudo obtener una mayoría simple, y mucho menos los 60 votos necesarios para superar las tácticas de bloqueo en la Cámara, ya que varios demócratas también se posicionaron en contra.

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La Cámara de Representantes aprobó el año pasado una “Ley para Resguardar la Frontera” que, según los republicanos, pondría fin a la crisis mediante medidas que incluyen la reanudación de la construcción del muro fronterizo iniciado por Trump y el restablecimiento de una política del magnate que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en México.

El proyecto de ley vetado por el Senado tiene como objetivo depurar Estados Unidos de trabajadores indocumentados a través de una vigilancia masiva, al tiempo que dificulta la solicitud de asilo, recorta los servicios a los inmigrantes sin permiso y reduce las protecciones para los niños migrantes.

Por: AFP

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El informe del comité del City Council fue elaborado mediante la realización de entrevistas a familias afectadas por el sistema y responsabiliza al departamento de innumerables abusos, como la separación de familias, el castigo a las madres por ser víctimas de abuso doméstico y perpetuación de los prejuicios sistémicos de raza y clase.

De acuerdo a un reporte realizado por Billy Penn, las serias fallas reveladas durante la investigación han provocado el llamamiento urgente a la implantación inmediata de reformas en el desempeño de la instancia cuestionada.

Jon us on Friday, April 22, at 12 noon in @LOVEParkPhilly for the publication of @PHLCouncil Special Committee on Child Separation’s report. @Philasunnews @PhillyTrib @ScoopusaM @PhillyInquirer @onwurd @heat100radio @cindybassphilly @PhilaSheriff pic.twitter.com/Ab6n1EHp9p

— David Oh (@DavidOhPhilly) April 21, 2022

El informe incluye estudios de casos de cuatro padres y una abuela que supuestamente fueron maltratados por los asistentes sociales y los tribunales, y separados indebidamente de sus hijos, por motivos que van desde las represalias y falsos testimonios de los asistentes sociales, hasta la denegación a los padres y a los niños de las garantías procesales y la oportunidad de testificar.

Capacidad comprometida

La investigación determinó que el número de niños excede la capacidad de los centros de atención sobrecargando sus recursos y comprometiendo su capacidad para cumplir su misión central de mantener a los menores protegidos.

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Estas son las principales conclusiones del informe y las soluciones sugeridas:

El DHS debería apoyar a las familias en situación de pobreza, en lugar de separarlas. La idea es evitar que se desintegre a las familias por motivos exclusivamente económicos, de modo que las condiciones que pueden remediarse mediante la prestación de ayuda concreta.

Debe evitarse castigar a las mujeres por abusos domésticos. Las madres temen denunciar el abuso doméstico, porque la ciudad está tomando los niños de los hogares donde las mujeres han “permitido” que los niños sean testigos del abuso de su pareja. A los niños se les traumatiza aún más cuando se les separa de sus madres. El alejamiento de los niños también revictimiza a las víctimas de la violencia en los términos más duros posibles.

Las familias deben recibir el debido proceso. Deben contar con un abogado de alta calidad y un trabajador social que ayude durante el proceso.

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La presentación de informes obligatorios debe ser abolida. Esta medida exige que determinadas clases de trabajadores informen de cualquier sospecha de abuso. El informe sostiene que esto obliga a los trabajadores a dejar de utilizar su propio juicio profesional y a actuar de forma preventiva por miedo a infringir una ley.

Abrir los tribunales para aumentar la transparencia. Se recomienda que los tribunales se abran al público y a los medios de comunicación para fomentar la transparencia y unos procesos más profesionales.

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