El juez de distrito Brian E. Murphy, con sede en Massachusetts, resolvió que los inmigrantes afectados tienen derecho a recibir una “notificación significativa” y la oportunidad de impugnar su traslado antes de ser enviados a un país distinto al de origen. No obstante, aceptó suspender su decisión durante 15 días para dar tiempo al Gobierno a presentar una apelación.

El fallo se produce después de que la Corte Suprema de Estados Unidos respaldara el año pasado a la administración federal al pausar una orden previa del juez Murphy, lo que permitió que un vuelo con varios inmigrantes completara su traslado a Sudán del Sur, país devastado por la guerra y con el que los deportados no tenían lazos.

En su resolución más reciente, el juez de distrito Brian E. Murphy sostuvo que la política del Departamento de Seguridad Nacional “extingue impugnaciones válidas” al ejecutar las deportaciones antes de que puedan presentarse recursos legales. Citando el principio constitucional del debido proceso. El magistrado Murphy afirmó que ninguna persona en territorio estadounidense puede ser privada de libertad sin las garantías legales correspondientes.

La decisión judicial también menciona que, en marzo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladó al menos a seis integrantes del grupo demandante a El Salvador y México sin cumplir con una orden de restricción temporal vigente. Dos días después de esa orden, el Gobierno emitió nuevas directrices sobre deportaciones a terceros países.

En junio, la mayoría conservadora del Supremo avaló la potestad de las autoridades migratorias para acelerar deportaciones a otros destinos. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon, al considerar que el fallo otorgaba un trato preferencial al Ejecutivo.

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Según el juez, la política ha impactado incluso a inmigrantes con protección contra la deportación a sus países de origen por temor a tortura o persecución. Ocho hombres enviados a Sudán del Sur en mayo tenían antecedentes penales y órdenes finales de expulsión, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso vuelve a situar el debate migratorio en el centro de la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en Estados Unidos.

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La decisión añade presión al régimen cubano, que apenas puede suministrar la mitad de sus necesidades en materia de electricidad.

La orden ejecutiva es presentada por la Casa Blanca como una respuesta a “una emergencia nacional”, lo que permite iniciar “un proceso para imponer aranceles a las mercancías de países que venden o de otro modo proporcionan petróleo a Cuba, protegiendo así la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El texto no menciona qué países ni a qué porcentaje ascenderían esos gravámenes.

“Se podrá imponer un arancel adicional ‘ad valorem’ (según el valor) a las importaciones de bienes que sean productos de un país extranjero que venda o proporcione directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba”, indica el documento publicado por la Casa Blanca.

“El presidente puede modificar la orden si Cuba o los países afectados dan pasos significativos para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”, añade una hoja explicativa.

El jueves en la noche, el gobierno cubano tachó de “brutal acto de agresión” la orden ejecutiva del republicano.

“Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión contra Cuba y su pueblo, al que durante más de 65 años se ha sometido al más prolongado y cruel bloqueo económico jamás aplicado contra toda una nación”, escribió en la red social X el canciller Bruno Rodríguez.

El funcionario agregó que el documento presentado por la Casa Blanca estaba justificado en “una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es”.

“Una respuesta inmediata”

Trump advirtió tras la exitosa operación militar que derrocó al presidente venezolano Nicolás Maduro que Cuba debía negociar “antes de que sea demasiado tarde”.

Washington recuerda los reproches que le viene haciendo a La Habana desde hace décadas: “Alinearse y apoyar a numerosos países, organizaciones terroristas internacionales y actores hostiles a Estados Unidos”, entre ellos Rusia, China, Irán, Hamás y Hezbolá.

Cuba también es señalada en la orden ejecutiva de “desestabilizar la región mediante la inmigración y la violencia”, al tiempo que “propaga sus ideas, programas y prácticas comunistas”.

Después de la captura de Maduro, Trump puso bajo control estadounidense el sector petrolero de Venezuela, que desde los años 2000 ha sido el principal proveedor de petróleo de Cuba.

La nueva amenaza del dirigente republicano llega cuando la isla atraviesa ya una situación energética precaria.

Cuba, sometida a un embargo de Estados Unidos desde 1962, registra desde hace tres años escasez de combustible que tiene un impacto directo en su producción eléctrica.

México también suministra en la actualidad crudo vital para la isla.

Entre enero y septiembre del año pasado, la petrolera mexicana Pemex exportó a la isla 17.200 barriles de crudo diarios y 2.000 de derivados, por un total de 400 millones de dólares, según datos oficiales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró el jueves que su gobierno seguiría siendo “solidario” con Cuba, ante reportes de la prensa que indicaban que la presión estadounidense iba en aumento.

Trump y Sheinbaum hablaron telefónicamente el jueves, y ambos calificaron de “productiva” la conversación.

Cuba “persigue y tortura a opositores políticos, niega la libertad de expresión y prensa, se beneficia de forma corrupta de las dificultades del pueblo cubano”, afirma el texto divulgado el jueves por la Casa Blanca.

“Estas acciones constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, requiriendo una respuesta inmediata”, añade la Casa Blanca.

Por AFP

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Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo del Banco Mundial, precisó que las normas son centrales y, al mismo tiempo, están poco valoradas. “Cuando se establecen debidamente, pasan desapercibidas: el barco navega por el canal, el edificio resiste un terremoto, un kilogramo pesa lo mismo en Kenya que en Canadá, y nadie se detiene a pensar en los beneficios que eso genera”.

“Este informe es la primera evaluación del papel que cumplen las normas en el desarrollo económico, y un llamado a que los países en desarrollo las incorporen como elemento central de sus estrategias de desarrollo”.

Actualmente, las normas constituyen un elemento esencial de la infraestructura económica y son vitales para la prosperidad como las carreteras o los puertos, se precisa en el informe sobre el desarrollo mundial 2025: Normas para el desarrollo.

En este se señala que la estandarización de los contenedores, al facilitar considerablemente el transporte de mercancías, impulsó el comercio mundial en mayor medida que todos los acuerdos comerciales de los últimos 60 años.

Sin embargo, desde el cambio de siglo, las normas también se han convertido en armas en las guerras comerciales: las medidas no arancelarias, como las especificaciones sobre plaguicidas o los requisitos de etiquetado, afectan actualmente al 90% del comercio mundial, frente a tan solo el 15% registrado a fines de la década de 1990.

Interés por las normas

El interés mundial por las normas se ha incrementado considerablemente. Más de la mitad de las 20.000 normas emitidas por la ISO en las últimas siete décadas se ha creado desde el año 2000, señala el informe.

Solo en 2024, los principales organismos internacionales de normalización emitieron más de 7.000 normas.

Cuando se redactan las normas, no hay suficientes países en desarrollo sentados a la mesa de negociaciones, porque a menudo carecen de los recursos y los conocimientos especializados necesarios para participar.

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En promedio, integran menos de un tercio de los comités técnicos que determinan las normas internacionales en la ISO y una proporción aún menor en otros organismos.

Apoyar una participación más amplia y estratégica es clave para garantizar que las normas sean pertinentes a nivel mundial y reflejen las diversas necesidades y contextos de desarrollo.

Una estrategia deliberada

Convertir las normas en un trampolín para el desarrollo requiere una estrategia deliberada. En el informe se propone un marco de adaptación-alineación-formulación para países en diferentes etapas de desarrollo.

Cuando el nivel de desarrollo es bajo, los países deben adaptar las normas internacionales a las realidades locales, de modo que las empresas puedan aprender y los mercados puedan crecer. No es prudente copiar ciegamente las normas mundiales más estrictas, ya que las aspiraciones locales deben corresponderse con la capacidad local.

Conforme aumenta la capacidad local, los países pueden alinearse con las normas internacionales, reduciendo la duplicación, facilitando el ingreso al mercado y ayudando a las empresas a competir en el extranjero.

Al mismo tiempo, pueden dar forma a las normas internacionales, asegurándose de que reflejen las prioridades nacionales. Por último, a medida que se vuelven más ricos, los países en desarrollo deben formular nuevas normas o actualizar las existentes.

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Las personas con doble nacionalidad estadounidense deben lealtad tanto a Estados Unidos como al país extranjero, o países, si son nacionales de más de uno. Están obligadas a obedecer las leyes de ambos países, y cualquiera de estos tiene derecho a hacerlas cumplir.

Las reclamaciones de otros países sobre las personas con doble nacionalidad estadounidense pueden dar lugar a obligaciones contradictorias según las leyes de cada país. Las personas con doble nacionalidad también pueden enfrentar restricciones en las protecciones consulares disponibles para los ciudadanos estadounidenses en el extranjero, especialmente en el país de su otra nacionalidad.  

Los ciudadanos estadounidenses, incluidas las personas con doble nacionalidad, deben utilizar un pasaporte estadounidense para entrar y salir de Estados Unidos. El país de su otra nacionalidad también puede exigirles que usen su pasaporte nacional para entrar y salir de ese territorio.

Tal y como se describe en la página web del Departamento de Estado, las personas pueden tener doble nacionalidad por operación automática de diferentes leyes en lugar de por elección. Por ejemplo, un niño nacido en un país extranjero de padres nacionales estadounidenses puede ser nacional de Estados Unidos y nacional del país de nacimiento. O bien, una persona que tiene una nacionalidad al nacer puede naturalizarse posteriormente en otro país y convertirse en nacional con doble nacionalidad.

En Estados Unidos, la doble nacionalidad es reconocida, aunque no incentivada, y representa una realidad para millones de personas que tienen lazos con más de un país.

Quién puede tener la doble nacionalidad

La posibilidad de obtener la doble nacionalidad depende de las reglas del segundo país, donde la persona solicita la nacionalidad.

Doble ciudadanía para ciudadanos de otro país

Algunos países permiten que las personas mantengan su ciudadanía después de convertirse en ciudadanos estadounidenses, mientras que otros no.

Si la persona se encuentra en Estados Unidos, debe ponerse en contacto con la embajada o el consulado del otro país para averiguar si le reconocen la doble nacionalidad estadounidense.

Si una persona cumple con los requisitos para obtener la doble nacionalidad y quiere obtener la ciudadanía estadounidense, debe cumplir con los siguientes pasos:

1. Emigrar a Estados Unidos.
2. Solicitar la residencia permanente de Estados Unidos.
3. Obtener la nacionalidad o ciudadanía estadounidense.

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Doble ciudadanía estadounidenses

Si una persona es ciudadano estadounidense y desea obtener la ciudadanía de otro país, para tener doble nacionalidad, primero debe investigar si el otro país reconoce la doble nacionalidad con Estados Unidos. Para ello, se debe poner en contacto con la embajada o el consulado del otro país para saber su cumple con los requisitos.

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El acuerdo marco alcanzado prevé que TikTok “pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos”, dijo Scott Bessent a la prensa en Madrid, escenario de la ronda de negociaciones.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo. Es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales han sido acordados”, agregó, cuando le preguntaron por el algoritmo de esta red social.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping “hablarán el viernes para completar el acuerdo”, afirmó Bessent.

Minutos antes, Trump había adelantado en Truth Social un acuerdo sobre una “‘cierta’ compañía que los jóvenes de nuestro país realmente querían salvar”, al agregar que el viernes hablaría con Xi.

TikTok es propiedad de la empresa de internet china ByteDance. Una ley federal que exige la venta o prohibición de TikTok por motivos de seguridad nacional debía entrar en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

Sin embargo, el presidente republicano suspendió esa prohibición y a mediados de junio extendió por 90 días más el plazo para que la aplicación encontrara un comprador no chino, como condición para no ser prohibida en Estados Unidos.

Ese nuevo plazo vence el 17 de septiembre.

“Buenas discusiones”

Las conversaciones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, destinadas a resolver las divergencias sobre el comercio y la tecnología que han tensado sus relaciones, tuvieron lugar el domingo y el lunes en la sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores, en el centro de Madrid.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Bessent, por un lado, y por el vice primer ministro chino, He Lifeng, por el otro.

“Tuvimos muy buenas discusiones”, estimó Bessent al final de este nuevo ciclo de diálogo, al precisar que los contactos en Madrid se “centraron las discusiones en TikTok”.

“Realizaremos nuevas negociaciones comerciales en aproximadamente un mes en otro lugar, pero hablamos de muchas cosas que podríamos hacer en el futuro”, agregó.

Sin embargo, en una señal de que las tensiones bilaterales no se calman, Pekín acusó el lunes al gigante estadounidense de chips Nvidia de haber violado sus leyes antimonopolio y anunció una “investigación exhaustiva”.

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“Tras una investigación preliminar, se ha determinado que Nvidia Corporation violó la ley antimonopolio de la República Popular China”, afirmó la administración estatal para la regulación del mercado en un comunicado, sin especificar de qué violaciones se trataba.

El regulador chino de mercados profundizará así en la “investigación preliminar” que había iniciado en diciembre sobre Nvidia.

Esa compañía, que tiene sede en California, es líder mundial en la producción de semiconductores para la IA y  se ha visto envuelta en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Washington, de hecho, restringe los chips que Nvidia puede exportar a territorio chino por motivos de seguridad nacional.

El fin de semana, China también lanzó investigaciones en el sector de los semiconductores en Estados Unidos.

China llama al “respeto mutuo”

China y Estados Unidos se acusan mutuamente de agravar las tensiones comerciales que llevaron a ambas partes a imponer este año unos aranceles que llegaron a alcanzar los tres dígitos.

Desde entonces, Washington y Pekín pactaron un acuerdo para rebajar tensiones, reduciendo temporalmente sus gravámenes al 30% por parte de Estados Unidos y al 10% por parte de China.

En agosto, retrasaron la reimposición de aranceles más altos otros 90 días, hasta el 10 de noviembre.

El Ministerio chino de Comercio instó el viernes a Washington a “trabajar con China sobre la base del respeto mutuo y consultas iguales, para resolver las preocupaciones mutuas mediante el diálogo y encontrar una solución al problema”, según un comunicado.

Las reuniones en Madrid podrían sentar las bases para una posible cumbre entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, más adelante este año.

Por: AFP

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Desde un aumento de los precios para los consumidores, hasta la reducción de los márgenes para las empresas y la pérdida de competitividad, este es el panorama sobre los principales afectados por las tarifas aduaneras del magnate republicano:

Consumidores: Aranceles

Frente a gravámenes del 15% a los autos japoneses, 20% sobre las camisetas de Vietnam o la amenaza de uno del 100% para los semiconductores, los compradores estadounidenses podrían tener que pagar más por sus productos, a menos que se decanten por sus equivalentes locales, siempre que haya oferta.

El presidente de la Reserva Federal (banco central), Jerome Powell, estimaba en julio que el impacto de las tarifas adicionales comenzaba a materializarse en “ciertas categorías de bienes”.

A modo de ejemplo, los juguetes de la empresa estadounidense Hasbro creadora de clásicos como Monopoly o Furby, la mitad de los cuales proceden de China, comenzaron a subir de valor en mayo y junio, según constató el grupo.

Los aranceles son aún más problemáticos en sectores en los que Estados Unidos no tiene producción local, subrayó Philippe Chalmin, profesor emérito de la Universidad Paris-Dauphine.

El cobre, importado en gran parte desde Chile, su principal productor mundial, iba a verse inicialmente afectado por gravámenes estadounidenses del 50%.

“Dado que la mitad de las necesidades de Estados Unidos se importan de Chile, el precio del cobre en el mercado estadounidense aumentó un 25% con respecto a la referencia mundial tras el anuncio”, estimó Chalmin.

Finalmente, la administración Trump decidió dar marcha atrás y gravar solo los productos semimanufacturados de ese metal.

Pérdida de competitividad

La factura también podría recaer sobre las empresas exportadoras, ya que el aumento del precio de sus productos provocaría una pérdida de competitividad en Estados Unidos.

Esto preocupa especialmente al sector europeo de los vinos y bebidas espirituosas. Por el momento, la Unión Europea no ha obtenido ninguna excepción para ese sector, especialmente sensible para países como Francia e Italia.

¿Serán sustituidos el chianti o el champán por el vino californiano? El impacto “será aún más brutal” ya que los aranceles van acompañados de la caída del dólar estadounidense, lo que encarece las botellas, alertó el presidente de la Federación de Exportadores de Vinos y Bebidas Espirituosas de Francia, Gabriel Picard.

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Este último incluso estimó en un comunicado que este efecto combinado podría suponer “una pérdida de 1.000 millones de euros” (1.100 millones de dólares) para los productores franceses.

“Habrá diferencias sectoriales e incluso dentro de un mismo sector, dependerá del poder de negociación de cada uno”, entre el productor, el mayorista y el minorista, consideró Bruno de Moura Fernandes, responsable de investigación macroeconómica de Coface.

Sin embargo, el economista estima que el efecto será especialmente notable en las industrias que ya tienen dificultades para competir con sus rivales estadounidenses, en particular en los sectores químico y siderúrgico en Europa.

Márgenes a la baja

Algunas empresas ya han anunciado que recortarán sus márgenes para compensar los efectos de la guerra comercial.

Los fabricantes de automóviles se ven especialmente afectados. Para 2025, la alemana Mercedes prevé unas ventas muy inferiores a las del año pasado, así como un margen operativo inferior al previsto.

Por su parte, Porsche ya solo espera un beneficio operativo de entre el 5% y el 7%, frente al 10%-12% previsto a principios de año.

Pero, ante todo, “probablemente habrá un periodo de espera para ver qué pasa, cómo se comportan los competidores y si la empresa consigue repercutir las subidas de precios”, subraya De Moura Fernandes.

Los aranceles podrían tener consecuencias más amplias para la economía mundial, con una posible caída de la demanda.

Las petroleras ya han advertido de una rebaja de sus beneficios, como ha hecho la británica Shell. Esta última informó en el primer semestre de un desplome de sus beneficios netos, debido a los menores márgenes y precios, ya que el aumento de las tarifas aduaneras está reduciendo la demanda mundial de energía.

Por: AFP

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Pese a que la decisión emitida el pasado 27 de junio, 22 estados y el Distrito de Columbia mantienen bloqueos judiciales vigentes que impiden temporalmente la aplicación de esta medida, lo que significa que la ciudadanía por nacimiento sigue protegida en esos territorios.

La orden ejecutiva que limita las personas con derecho a obtener la nacionalidad estadounidense todavía no se implementa en:

• Arizona
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Hawái
• Illinois
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michigan
• Minnesota
• Nevada
• New Jersey
• Nuevo México
• Nueva York
• Carolina del Norte
• Oregón
• Rhode Island
• Vermont
• Washington
• Wisconsin
• Distrito de Columbia

El fallo de la Corte Suprema responde a la práctica de jueces federales de emitir interdicciones de alcance nacional, como las dictadas en Massachusetts, Maryland y Washington, que habían frenado la aplicación general de la orden ejecutiva.

La decisión limita el alcance de esas medidas cautelares únicamente a los estados que participaron en las demandas específicas, lo que abre la puerta a que, en los estados no cubiertos por estas sentencias, la orden ejecutiva pueda entrar en vigor en un plazo de 30 días a partir del fallo, a menos que se interponga y prospere una nueva acción judicial.

El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.

La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas afroamericanas, incluidas las que solían ser esclavos, tuvieran ciudadanía.

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La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración.

La ciudadanía por derecho de nacimiento, o ius soli, derecho del suelo, ha sido una de las medidas de Trump que ha generado grandes cuestionamientos, al considerarse que altera un pilar de los valores estadounidenses.

Países que la otorgan

Estados Unidos es uno de los al menos 30 países en el mundo que otorgan la ciudadanía por nacimiento, que también se aplica en: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chad, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiyi, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Lesoto, México, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela.

Estos son países que, o bien tienen sistemas legales derivados del derecho consuetudinario británico, donde se desarrolló la práctica del “jus soli”, o bien instauraron la medida de otorgar la ciudadanía instantánea con el fin de atraer gente a sus países, como sucede en naciones de centroamericanas y sudamericanas.

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En una sentencia sin firma, el máximo tribunal dio la razón al Departamento de Justicia que pedía levantar una suspensión judicial, aunque no explicó la decisión y las tres juezas liberales discreparon.

En abril, el juez de distrito Brian Murphy ordenó la suspensión de las deportaciones a terceros países porque considera que los migrantes deben poder impugnar sus casos.

En mayo estimó que la expulsión de un grupo de migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur violaba este derecho a la impugnación.

Para ser deportados a un tercer país los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo “mínimo de diez días” para apelar como dicta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, afirmó entonces Murphy.

Si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) considera que el miedo a ser torturados o maltratados es infundado, debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión, agregó.

Los migrantes estaban siendo trasladados a Sudán del Sur, un país empobrecido y devastado por la guerra, cuando se emitió la orden de Murphy y desde entonces han permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía.

El caso será examinado por un tribunal de apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema permite que las expulsiones sigan adelante por ahora.

La jueza progresista de la Corte Suprema Sonia Sotomayor acusó al gobierno de “conducta flagrantemente ilegal” que “expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte”.

El Departamento de Seguridad Interior aplaudió la decisión por considerarla una “victoria para la seguridad” de los estadounidenses.

“Si estos jueces activistas se salieran con la suya, extranjeros tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan, incluyendo asesinos convictos, violadores de menores y narcotraficantes, andarían libres por las calles estadounidenses”, afirmó el DHS en un mensaje en la red social X.

“Aviones de deportación”

“El DHS ahora puede ejercer su autoridad legal y expulsar a los migrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos”, sostuvo. “Enciendan los aviones de deportación”, añadió.

Trump hizo campaña prometiendo expulsar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

El presidente republicano se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante.

El máximo tribunal intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.

Pero la Corte, de mayoría conservadora, también ha dado victorias al republicano en temas migratorios, con la oposición sistemática de las magistradas progresistas.

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La Corte Suprema autorizó al gobierno revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, y dio luz verde para cancelar el Estatus de protección temporal (TPS) de unos 350.000 venezolanos que los protegía de ser expulsados.

En ambos casos la decisión es temporal, hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo.

Por: AFP

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El gobierno espera que la medida frene la llegada de refugiados y restrinja aún más la inmigración ilegal, cuando la administración Trump amplía su arremetida contra los extranjeros indocumentados.

La prohibición incluye a Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, de acuerdo con la Casa Blanca.

Muchos de los países afectados por la prohibición tienen rivalidades con Estados Unidos, como Irán y Afganistán, mientras que otros enfrentan crisis internas severas como Haití y Libia.

La prohibición de entrada obedece a “Ataque terrorista”

La semana pasada, cuando anunció la prohibición de entrada, Trump afirmó que lo hacía tras un “ataque terrorista” contra judíos en el estado occidental de Colorado.

Un hombre de origen egipcio, que según las autoridades se encontraba en el país ilegalmente, atacó a un grupo de manifestantes judíos a favor de la liberación de los rehenes israelíes en Gaza.

“El reciente ataque terrorista en Boulder, Colorado, ha subrayado los peligros extremos que representa la entrada de ciudadanos extranjeros que no están debidamente verificados”, dijo Trump en un video publicado en X.

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También impuso una restricción parcial de entrada a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, aunque serán permitidas algunos visados temporales de trabajo de estos países.

Trump advirtió que otros países pueden agregarse a la la lista “cuando en el mundo emergen nuevas amenazas”.

Copa Mundo, JJOO y diplomáticos

La prohibición no aplica a los futbolistas clasificados al Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México, tampoco a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tampoco aplicará al personal diplomático de los países afectados.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que “la amplitud de la nueva prohibición de viaje genera preocupación desde la perspectiva del derecho internacional”.

Legisladores demócratas calificaron el veto como una medida inconstitucional.

“Conozco el dolor que inflige la cruel y xenofóbica prohibición de Trump a las entradas al país porque mi familia lo sufrió de primera mano”, afirmó el domingo en X la congresista Yassamin Ansari, quien tiene la doble nacionalidad estadounidense e iraní.

“Lucharemos contra este veto con todo lo que tenemos”, agregó.

Las autoridades estadounidenses dijeron que el sospechoso del ataque en Colorado, Mohamed Sabry Soliman, estaba en el país con una visa de turismo vencida, aunque había solicitado asilo en septiembre de 2022.

La nueva prohibición de ingreso no incluye a Egipto.

La orden señala que Afganistán, gobernado por los talibanes, y Libia, Sudán, Somalia y Yemen, asolados por la guerra, carecen de autoridades “competentes” para tramitar pasaportes y hacer investigaciones.

Irán fue incluido por ser un “estado patrocinador del terrorismo”, y para los otros países la orden de Trump cita la posibilidad de que personas de esos países se queden más tiempo del permitido en sus visados.

Por: AFP

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Chile se ha consolidado como el país líder en inteligencia artificial en América Latina. Con un puntaje de 72,67 sobre 100 en el primer índice latinoamericano de IA, superando significativamente a sus vecinos. Este liderazgo no es casualidad; es el resultado de un fuerte enfoque en la infraestructura, la investigación y la gobernanza.

Brasil y México ocupan el segundo y quinto lugar en el índice, respectivamente. Estos dos países son responsables de más del 95% de las patentes de IA en la región, lo que demuestra su capacidad para innovar y desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas.

En cuanto a Uruguay y Argentina, ocupando el tercer y cuarto lugar en el índice, respectivamente, también están haciendo progresos significativos en el campo de la IA.

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Pese a los avances registrados en ciertos países en cuanto a la IA, América Latina enfrenta grandes desafíos en términos de conectividad e infraestructura básica, siendo Perú un claro ejemplo de esto. Aunque cuenta con iniciativas para fomentar este tema, las limitaciones en la conectividad y el acceso a servicios básicos como el agua y el saneamiento dificultan su avance.

La IA en América Latina presenta un panorama diverso y dinámico, ya que algunos países lideran y otros luchan por ponerse al día.

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