El encuentro reunió a tres mujeres que, desde experiencias personales marcadas por la persecución, la cárcel y la incertidumbre, alzaron su voz para visibilizar la situación de cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país. Todas ellas forman parte del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, una red de familiares, amigos y defensores de derechos humanos que lucha por la libertad plena de quienes permanecen encarcelados.

El conversatorio, moderado por Arianne Bracho, representante de Casa de Venezuela Philadelphia, permitió mostrar la realidad que viven los presos políticos y sus familias, marcada por la angustia, las amenazas y la persecución constante.

“Una fe de vida después de 18 meses”

Aurora Superlano relató el drama de haber recibido una fe de vida de su esposo, Freddy Superlano, tras casi 18 meses sin saber de él. “Es acostarse y levantarse con la zozobra de no saber si tu familiar está vivo. No se puede permitir que queden en el olvido”.

 

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Denunció que, al igual que muchos presos políticos, Freddy Superlano ha sido víctima de violaciones de derechos humanos, desaparición forzada y tortura física y psicológica.

“Durante casi 18 meses no pude verlo ni comunicarme con él, ni su mamá, ni su papá, ni sus hijos. Y así como Freddy muchas historias más. Tener tanta información de lo que ocurre adentro también me torturaba afuera, pero me dio fuerza para no rendirme”, afirmó.

Freddy Superlano permanece detenido desde julio de 2024, cuando fue arrestado en medio de una ola de detenciones tras las protestas contra la reelección del presidente Nicolás Maduro. Superlano es político, profesor e ingeniero; fue diputado a la Asamblea Nacional en 2015, candidato a la gobernación del estado Barinas y líder del partido Voluntad Popular.

Denunciar para demostrar la verdad

Sairam Rivas, quien fue presa política en 2014 durante cinco meses por su liderazgo estudiantil, insistió en que la denuncia y la visibilización son fundamentales. “El silencio no es una opción. Muchos presos políticos lograron su libertad, aunque no plena, porque sus familiares no dejaron de denunciar, pese a las amenazas”.

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Para Rivas, esta lucha representa “verdad, memoria y libertad”. Desde diciembre de 2024 exige la liberación de su pareja, Jesús Armas, abogado, docente universitario y exconcejal de Caracas, detenido en medio de la crisis política. Es reconocido por su trabajo comunitario y su compromiso con la democracia.

Un compromiso moral con la justicia

Andreína Baduel subrayó la importancia de seguir visibilizando la realidad de los presos políticos. “Es un proceso muy doloroso que marca la vida, pero se transforma en resiliencia y en un compromiso moral para que nadie más viva la persecución, la tortura y las amenazas que nosotros hemos vivido”.

En el caso de Baduel, la persecución contra su familia comenzó con su padre, el general Raúl Isaías Baduel, quien pasó más de 12 años detenido bajo tratos inhumanos y procesos judiciales amañados, murió bajo custodia del Estado. Actualmente, su hermano Josnars Adolfo Baduel continúa encarcelado, acusado de participar en la Operación Gedeón, tras ser detenido en 2020.

Las participantes coincidieron en que la presión internacional, la denuncia constante y la visibilidad son claves para avanzar hacia la justicia y la libertad de todos los presos políticos en Venezuela.

Unos 780 presos políticos tras las rejas

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno interino de Venezuela impulsó desde el 8 de enero un proceso de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos.

Según el más reciente balance de la organización Foro Penal, hasta la fecha se han confirmado 154 personas excarceladas, aunque aún permanecen alrededor de 780 presos políticos tras las rejas, incluyendo a Freddy Superlano, Jesús Armas y Josnars Adolfo Baduel.

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Maduro y su esposa Cilia Flores, que se declararon no culpables, enfrentan junto a los demás coacusados cuatro cargos graves y podrían ser condenados a cadena perpetua si el jurado federal de Nueva York que eventualmente se encargará del caso los declara culpables.

Se espera que Maduro, de 63 años, impugne las acusaciones alegando que goza de inmunidad presidencial y su abogado, en la lectura de cargos del lunes, cuestionó la “legalidad de su secuestro” por fuerzas estadounidenses.

Los cargos específicos en la acusación son conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.

El cargo de conspiración para narcoterrorismo se deriva de acusaciones de que Maduro se asoció con los grupos rebeldes colombianos FARC y ELN, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, y el grupo venezolano Tren de Aragua para mover grandes cantidades de cocaína.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas y al Tren de Aragua como “organizaciones terroristas extranjeras”.

El ya disuelto grupo rebelde marxista FARC fue retirado de la lista en 2021.

El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que controla regiones clave de producción de drogas en Colombia, permanece en la lista.

“Maduro y sus co-conspiradores han, durante décadas, colaborado con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos”, según la acusación.

Una acusación previa de Estados Unidos contra Maduro, de 2020, lo describía repetidamente como el líder de un grupo narcotraficante conocido como el Cartel de los Soles.

Sin embargo, la acusación sustitutiva revelada el sábado tras la captura de Maduro apenas menciona el Cártel de los Soles, que fue designado “organización terrorista extranjera” por el Departamento de Estado en noviembre.

Según algunos expertos en Venezuela, el Cártel de los Soles nunca ha existido como una organización formal.

Esta última acusación se refiere al cártel como un “sistema de clientelismo” para canalizar ganancias del narcotráfico hacia “funcionarios civiles, militares y de inteligencia de base corruptos”.

De acuerdo con el centro de estudios InSight Crime, el nombre fue acuñado irónicamente por medios venezolanos en 1993 después de que dos generales fueran capturados por narcotráfico. El sol es una insignia en los uniformes militares de los generales venezolanos.

El exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, el mayor general Hugo “Pollo” Carvajal, actualmente encarcelado en Estados Unidos, mandó en diciembre una carta al presidente Donald Trump reproducida por medios internacionales en la que afirmaba que el cártel pasó a ser “una organización criminal” para “utilizar la droga como arma contra Estados Unidos”.

“Secuestros, palizas y asesinatos”

Junto con Maduro fueron acusados su esposa, Cilia Flores, su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, el exministro del Interior Ramón Rodríguez Chacín, y el presunto líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores.

Estados Unidos no reconoce los resultados de las recientes elecciones presidenciales venezolanas, al igual que la Unión Europea y otros países, y la acusación describe a Maduro como el “gobernante de facto pero ilegítimo” de Venezuela.

La denuncia de 25 páginas remonta su presunta participación en el narcotráfico al menos hasta 1999.

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Maduro y los demás acusados “se asociaron con traficantes de narcóticos y grupos narcoterroristas, que despacharon cocaína procesada desde Venezuela hacia Estados Unidos mediante puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México”.

Maduro y “otros funcionarios corruptos” proporcionaron “cobertura policial y apoyo logístico” para el transporte de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, según la acusación.

Mientras fue canciller entre 2006 y 2008, Maduro presuntamente proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes, permitiéndoles trasladar ganancias ilícitas de drogas de México a Venezuela bajo cobertura diplomática, se indica.

La acusación sostiene que entre 2004 y 2015, Maduro y Flores, su esposa, “trabajaron juntos para traficar cocaína, gran parte de la cual había sido previamente incautada por las fuerzas del orden venezolanas”. 

Ordenaron “secuestros, palizas y asesinatos contra quienes les debían dinero de drogas o de otro modo perjudicaban su operación de narcotráfico”, señala.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 17 de marzo.

Por: AFP

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El líder de la derecha colombiana, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa.

Un juez del Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la sentencia de culpabilidad por ambos cargos, por la que había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar a Uribe, dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la “metodología” de la jueza que decidió en primera instancia.

El senador de izquierda Iván Cepeda, que presentó la demanda contra Uribe, anunció que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Tras seis horas de lectura del fallo, terminó la audiencia a la que asistió el expresidente Uribe (2002-2010) de manera virtual.

Luego de pasar una veintena de días en prisión domiciliaria, el exmandatario se defendió en libertad amparado por una decisión del mismo tribunal que ahora revocó la condena.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro en X, enemigo político de Uribe.

El expresidente logró una vez más zafarse de las acusaciones sobre su relación con los escuadrones de ultraderecha que sembraron terror con masacres, desapariciones y otras atrocidades en los peores años del conflicto armado.

Giro electoral

La decisión de este martes a favor de Uribe agita el ambiente político hacia las elecciones presidenciales de 2026, en las que las fuerzas de derecha buscarán arrebatarle el poder al oficialismo de izquierda.

Una de las precandidatas afines a Uribe festejó la decisión y no descartó que el mandatario se presente al Senado o sea candidato a la vicepresidencia.

Según el fallo de primera instancia, Uribe había presionado a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización.

El proceso judicial más mediático del siglo en el país arrancó en 2018, cuando la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por sus vínculos con paramilitares después de las denuncias del senador y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.

El tribunal desestimó las “múltiples versiones contradictorias” del testigo estrella en el caso, el exparamilitar encarcelado Juan Guillermo Monsalve. La fiscalía había denunciado cómo el abogado de Uribe, Diego Cadena, intentó sobornarlo para cambiar su testimonio y lo grabó con una cámara escondida en su reloj.

La justicia colombiana condenó a Cadena a siete años de prisión domiciliaria por soborno en el mismo entramado.

Uribe siempre ha negado vínculos con paramilitares y sostiene que su judicialización es fruto de una persecución de la izquierda, bajo el liderazgo del presidente Petro.

Pero su nombre aparece en al menos tres investigaciones más por la fundación y financiación de un grupo paramilitar, varias masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos. Todas están en manos de la Fiscalía colombiana.

Petro versus Trump

Cuando el caso llegue a la Corte Suprema, el máximo tribunal primero estudiará si es válido y en caso tal la resolución podría tardar meses o años.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, rechazó la decisión del tribunal, en medio de críticas por su intromisión en la justicia.

El mandatario vinculó la decisión con la peor crisis que atraviesa con Estados Unidos por sus constantes choques con el presidente Donald Trump.

Junto a Cepeda, Petro ha denunciado desde hace décadas los supuestos vínculos de poderosos políticos con narcos y paramilitares.

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“Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar (…) con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo”, dijo el presidente en X, y convocó a marchas el viernes.

Uribe es muy popular por su feroz cacería contra la guerrilla durante dos mandatos consecutivos.

Sin embargo, autoridades registraron en esa época graves violaciones de derechos humanos como el asesinato de miles civiles a manos del Ejército, presentados como guerrilleros abatidos a cambio de beneficios.

Por AFP

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En agosto de 2023 Morin salió a correr por una ruta de senderismo de Maryland (este) y nunca regresó a casa. Su pareja denunció la desaparición y al día siguiente la policía descubrió su cuerpo.

El salvadoreño Víctor Martínez-Hernández, que entró sin visa en Estados Unidos, fue condenado este lunes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la violación y asesinato de Morin.

Según el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el salvadoreño golpeó “la cabeza de Morin con piedras y violó su cadáver” y después intentó esconderlo “en un desagüe”.

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El caso suscitó una gran conmoción en Estados Unidos y un debate sobre el control migratorio.

Trump suele ponerlo como ejemplo para justificar su política de seguridad en la frontera con México y las deportaciones de migrantes en situación irregular.

“Este extranjero ilegal criminal nunca debería haber estado en nuestro país”, afirmó su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, en un comunicado publicado tras conocerse la sentencia.

En abril Patty Morin, madre de la mujer asesinada, criticó en la Casa Blanca al senador demócrata Chris Van Hollen por viajar a El Salvador para mediar en el caso del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, expulsado por “error” a su país y traído de vuelta a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de migrantes que él niega.

Por: AFP

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Tres jueces de un tribunal de apelaciones de la megaciudad avalaron a la jueza de primera instancia Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien el 11 de julio falló a favor de una denuncia presentada por varios migrantes extranjeros, dos ciudadanos estadounidenses y diversas asociaciones.

Los denunciantes aseguraron entonces haber sido víctimas de discriminación racial y haber experimentado obstáculos y obstrucciones para acceder a asistencia legal durante su detención. 

La jueza Frimpong hizo mención a la “montaña de pruebas presentadas” por los demandantes.

“Esta es una confirmación más de que la invasión paramilitar de Los Ángeles por parte de la administración (del presidente Donald) Trump violó la Constitución y causó daños irreparables en toda la región”, comentó Mohammad Tajsar, abogado de la organización de derechos civiles ACLU, en un comunicado.

En Los Ángeles y otros seis condados de California, la Agencia Federal de Inmigración y Refugiados (ICE) ya no podrá realizar detenciones que estén motivadas en cuatro factores: el origen étnico de la persona, que hable español o inglés con acento extranjero, su ocupación o el hecho de que se encuentre en lugares como una parada de autobús, un lavadero de autos, una granja o una ferretería.

La intensificación de las redadas policiales en este tipo de sitios donde trabajan latinoamericanos ha sido motivo de controversia en Los Ángeles desde principios de junio.

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El gobierno de Trump ordenó el despliegue de la Guardia Nacional contra la voluntad del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.

La inmigración proporciona mano de obra esencial al sector agrícola estadounidense. El 42% de los trabajadores agrícolas no tienen autorización para trabajar en el país, según un estudio de 2022 del Departamento de Agricultura.

Por: AFP

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La historia del Día del Orgullo se remonta a los disturbios ocurridos en Greenwich Village, New York, en junio de 1969. Fue cuando la policía allanó el bar gay, Stonewall Inn, y comenzó a sacar a los clientes al exterior.

Las tensiones aumentaron rápidamente cuando los clientes se resistieron al arresto y una creciente multitud de transeúntes arrojó botellas y monedas a los oficiales. La comunidad gay de New York, harta tras sufrir acoso por años por parte de las autoridades, estalló en disturbios en los vecindarios que se prolongaron durante tres días.

El levantamiento se convirtió en un catalizador para un movimiento emergente que luchaba por los derechos de los homosexuales cuando se formaron organizaciones como el Frente de Liberación Gay y la Alianza de Activistas Gay, siguiendo el modelo por los derechos civiles y de las mujeres.

Los miembros realizaron protestas, se reunieron con líderes políticos e interrumpieron encuentros públicos. Un año después de los disturbios de Stonewall, se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo Gay del país.

En 2016, el área alrededor del Stonewall Inn, que sigue siendo un popular local nocturno, fue designado monumento nacional.

Día del Orgullo: desfiles, marchas, conciertos, color y retroceso 

El Día del Orgullo está dirigido a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen en acompañamiento a esta celebración que destaca por los mensajes, el vestuario y por el colorido de su bandera.

Los desfiles, marchas y conciertos que tienen lugar en todo el país, y en el mundo, no solo marcan el presente, sino que conmemoran la historia de resistencia de una comunidad que se ha enfrentado durante décadas al estigma, la violencia y la exclusión. Aunque las celebraciones varían en tamaño, estilo y tono, todas comparten un espíritu común de resistencia, memoria, clamor y protesta.

En Estados Unidos, algunas de las ciudades más emblemáticas para vivir el Día del Orgullo son New York, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, Washington, Houston, Philadelphia y Miami. Cada una ofrece una versión distinta de la fecha, que van desde los eventos multitudinarios hasta celebraciones más locales y comunitarias, pero con el mismo mensaje.

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En el contexto actual, marcado por retrocesos legislativos en varios estados de Estados Unidos, la población LGBTQ+ enfrenta nuevos desafíos que ponen en riesgo derechos que se creían consolidados. Las leyes que restringen el acceso a la atención médica de afirmación de género son solo una muestra de cómo una parte del colectivo vive en un clima de incertidumbre y exclusión.

Quienes más sufren con las medidas adoptadas en contra de la comunidad LGBTQ+ son, en muchos casos, jóvenes, personas migrantes, afroamericanas, latinas y especialmente trans, quienes ya enfrentan múltiples formas de discriminación.

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Los hermanos fueron condenados a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional por el parricidio que sacudió a Estados Unidos en los años 1990.

Pero tras una cruzada legal que ganó apogeo  con el apoyo de la opinión pública, este martes el juez Michael Jesic alteró esta sentencia a una de 50 años a toda la vida, lo que permitiría introducir un pedido de libertad condicional ante la junta correspondiente.

Durante la emocional audiencia, los hermanos se dirigieron a la corte a través de una videollamada desde la prisión en San Diego, donde están recluidos.

“Maté a mi mamá y a mi papá. No tengo excusas”, dijo Lyle, de 57 años, de acuerdo con periodistas presentes en el juzgado. 

“Asumo toda la responsabilidad de mis elecciones (…) La elección de apuntar un arma a mi mamá y a mi papá, de recargar, de correr y esconderme, y de hacer todo lo que podía para salirme con la mía”.

Erik, de 54 años, también dijo estar consciente de sus acciones. “Disparé cinco veces a mis padres, y fui por más munición. Le mentí a la policía, a mi familia. Lo siento mucho”, contó.

Este era un punto central de la Fiscalía de Los Ángeles que se oponía a aligerar la sentencia de los hermanos, argumentando que no sólo no habían asumido la responsabilidad de sus actos, sino que durante décadas habían ofrecido diferentes versiones del crimen y sus motivos.

La audiencia de este martes fue producto de una intensa campaña legal de casi dos años, que ganó vapor gracias al éxito de una miniserie y un documental de Netflix que presentaron el caso a una nueva generación.

Este martes varios familiares de Lyle y Erik imploraron al juez Jesic por su liberación afirmando que los hombres frente a la justicia hoy en día no eran los mismos que empuñaron las armas contra José y Kitty Menéndez en su lujosa mansión en Beverly Hills.

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“Creemos que 35 años son suficientes”, dijo Anamaria Baralt, prima de los Menéndez.

“Nuestra familia los ha perdonado de forma universal”, agregó Baralt. “Ellos merecen una segunda oportunidad”.

El fallo llevó las emociones afuera del juzgado.

“Quiero agradecer al juez Jesic por ser justo”, dijo Baralt a los periodistas apostados a la salida del tribunal.

“Estoy muy feliz de haberme puesto rímel a prueba de agua porque he llorado todo el día, pero estas son lágrimas de alegría”.

Su abogado, Mark Geragos, dijo que la decisión probaba que la “redención es posible”.

“Lo cierto es que los hermanos Menéndez han hecho un trabajo notable y hoy es un gran día tras 35 años”, dijo.

La decisión de Jesic permitirá a Lyle y a Erik continuar su cruzada legal ante una junta de libertad condicional. Una audiencia está prevista para el próximo mes.

Los hermanos Menéndez y un asesinato estremecedor

El sangriento asesinato del poderoso empresario musical de origen cubano y de su esposa estremeció a Estados Unidos en 1989.

Los hermanos, en la época de 21 y 18 años, abrieron fuego a sangre fría contra sus padres mientras estos veían televisión. Dispararon varias veces, e incluso recargaron y asesinaron a su madre.

Inicialmente intentaron armar una coartada y le achacaron el brutal homicidio a la mafia.

Pero tras la confesión de Erik con su terapeuta, las autoridades no demoraron en ponerlos tras las rejas.

En un juicio muy mediático, su defensa afirmó que el crimen fue consecuencia de años de abuso psicológico y sexual a manos de un padre violento y una madre negligente.

Pero la Fiscalía los acusó de planear el homicidio doble para hacerse con una millonaria herencia.

Un primer jurado no alcanzó un veredicto unánime, pero el segundo juicio terminó con la condena a cadena perpetua.

Por: AFP

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En un comunicado publicado este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) informó que los cuatro jueces del tribunal de apelaciones decidieron por unanimidad dar la razón al exfutbolista y anular una sentencia condenatoria en la que hallaron “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias”.

El tribunal de apelaciones habla también de “insuficiencias probatorias” en la sentencia y describe el testimonio de la denunciante como “no fiable”.

Aun así, no se atreve afirmar que “la hipótesis verdadera” de lo que ocurrió fuera la de Alves, sino que la acusación no quedó suficientemente “acreditada”.

Por ello, los jueces absolvieron al exjugador del Barça de 41 años, que ya estaba en libertad condicional a la espera de la resolución del recurso, y anularon las medidas cautelares.

“Estamos muy felices. Es inocente y se ha demostrado. La justicia ya ha hablado”, dijo a la radio RAC1 la abogada de Alves, Inés Guardiola, que se encontraba con él.

“Ha sido muy emocionante”, añadió Guardiola.

Los hechos ocurrieron en los baños de una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre 2022, cuando Alves pasaba unos días en la ciudad tras regresar del Mundial de Catar, que disputó con Brasil, y antes de regresar a México para reincorporarse al equipo de los Pumas.

Alves ingresó en prisión preventiva en enero de 2023, poco después de los hechos, y fue finalmente condenado el 22 de febrero de 2024. El 25 de marzo de 2024 salió en libertad condicional, tras 14 meses, a cambio del pago de una fianza de un millón de euros.

“Divergencia” entre lo relatado y lo ocurrido

El tribunal de apelación rechazó los recursos de la fiscalía, que pedía aumentar la pena a 9 años, y de la acusación particular, que solicitaba 12 años.

Alves y la denunciante se conocieron en una parte reservada de la discoteca. El deportista estaba allí con un amigo, y la denunciante con una prima y una amiga.

Tras invitarlas a champán, Alves habría convidado a la joven a entrar en otra área exclusiva donde estaba un pequeño baño, en el que ocurrieron unos hechos sobre los que ambos discreparon en el juicio.

La primera parte del encuentro, cuando ambos se conocieron, quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, pero no la segunda, la del presunto delito en los baños.

La sentencia original constató que el relato de la mujer sobre los hechos que estaban grabados no se correspondía con lo que se veía, pero dio credibilidad a los hechos ocurridos fuera de cámara porque el relato era “coherente” y por las lesiones que presentaba.

Sin embargo, el tribunal de apelación estima que “la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato”.

Asimismo, estima que “las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia”.

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Lula criticó a Alves

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se pronunció sobre el caso Alves cuando este quedó en libertad condicional, criticando la existencia de una justicia para ricos y otra para pobres.

“Vemos que Daniel Alves puede ser liberado previo pago. Aprendí en Pernambuco, cuando era pequeño, que una persona que poseía 20 contos de reis [antigua moneda brasileña] no iba a prisión. Esto sigue siendo así”, lamentó el mandatario en marzo de 2024.

“El dinero que tiene Daniel Alves, el dinero que alguien podría prestarle, no puede redimir la ofensa de un hombre hacia una mujer que él violó”, añadió.

Por: AFP

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Ahora los 37 reos quedan condenados a cadena perpetua “sin posibilidad de libertad condicional”, precisó el mandatario demócrata en un comunicado.

Biden está en contra de la pena de muerte y durante su gobierno el Departamento de Justicia emitió una moratoria sobre las ejecuciones en el sistema federal, que es distinto de las condenas emitidas por los jueces en los estados.

Los tres condenados que no se beneficiaron del perdón presidencial fueron Djokhar Tsarnaev, uno de los autores del ataque contra la maratón de Boston en 2013, Dylann Roof, un supremacista blanco que mató a nueve personas negras en una iglesia de Charleston en 2015, y Robert Bowers, condenado por matar a once personas en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.

Entre los beneficiados hay nueve condenados por matar a otros prisioneros, cuatro por asesinatos cometidos durante robos a bancos y uno que mató a un guardia penitenciario.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lo lamento por las víctimas de sus actos despreciables y me duele que muchas familias hayan sufrido pérdidas inimaginables e irreparables”, dijo Biden.

“Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia… estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal”, agregó.

Durante su campaña electoral este año, Trump defendió el uso de la pena de muerte para castigar a migrantes que asesinen a ciudadanos estadounidenses y a traficantes de drogas y de personas.

Durante el primer gobierno del magnate republicano (2017-2021), Estados Unidos suspendió una moratoria sobre las ejecuciones en la jurisdicción federal que regía desde 2003.

En los últimos seis meses de su mandato hubo 13 ejecuciones a nivel federal, más que cualquier otro presidente estadounidense en 120 años. La última se llevó a cabo mediante inyección letal en una prisión de Indiana, en enero de 2021, cuatro días antes de que Trump dejara la Casa Blanca.

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La pena de muerte fue abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos y en otros seis (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) rige una moratoria.

En 2024 hubo 25 ejecuciones en el país, todas ordenadas en la esfera estatal.

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El presidente demócrata indultó el domingo a su hijo, quien se enfrentaba a condenas en dos casos penales por evasión fiscal y posesión ilegal de de un arma de fuego, aduciendo que “fue procesado de forma selectiva e injusta”, solo “porque es mi hijo”.

En la moción para sobreseer el caso enviada al juez instructor Juan Merchán y divulgada este martes, los abogados de Trump recuperan los argumentos utilizados por Biden.

“Estos comentarios equivalían a una condena extraordinaria del propio Departamento de Justicia (DOJ) del presidente Biden. Este es el mismo DOJ que coordinó y supervisó la caza de brujas motivada políticamente, la interferencia electoral dirigida contra el presidente Trump”, señalan en su escrito de 69 páginas dirigido al magistrado del Tribunal Supremo de Manhattan.

Asimismo, la defensa invoca la doctrina de la inmunidad presidencial (dictaminada por la Corte Suprema que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad por sus actos oficiales) y la Ley de transición presidencial, entre otras, para “desestimar inmediatamente la acusación y anular los veredictos del jurado”, en el único de los numerosos frentes judiciales abiertos que logró sentar a Trump en el banquillo.

Trump, de 78 años, fue declarado culpable en mayo de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares en la recta final de las elecciones de 2016 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial que habrían mantenido diez años antes, y que el magnate siempre ha negado.

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Ante la situación inédita que generó su elección el 5 de noviembre, el juez Merchan aplazó el pasado día 22, de manera indefinida, la sentencia al magnate y aceptó que la defensa presentara un recurso antes del 2 de diciembre para sobreseer el caso.

Ahora el juez tendrá que decidir si anula todo el proceso o solo suspende cualquier decisión sobre la condena hasta que termine el mandato del republicano, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, como sugirió el fiscal Alvin Bragg ante las “circunstancias sin precedentes” que generó su victoria electoral. 

La fiscalía argüía que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña presidencial de 2016, que finalmente ganó frente a la demócrata Hillary Clinton.

Por: AFP

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