El informe del comité del City Council fue elaborado mediante la realización de entrevistas a familias afectadas por el sistema y responsabiliza al departamento de innumerables abusos, como la separación de familias, el castigo a las madres por ser víctimas de abuso doméstico y perpetuación de los prejuicios sistémicos de raza y clase.

De acuerdo a un reporte realizado por Billy Penn, las serias fallas reveladas durante la investigación han provocado el llamamiento urgente a la implantación inmediata de reformas en el desempeño de la instancia cuestionada.

Jon us on Friday, April 22, at 12 noon in @LOVEParkPhilly for the publication of @PHLCouncil Special Committee on Child Separation’s report. @Philasunnews @PhillyTrib @ScoopusaM @PhillyInquirer @onwurd @heat100radio @cindybassphilly @PhilaSheriff pic.twitter.com/Ab6n1EHp9p

— David Oh (@DavidOhPhilly) April 21, 2022

El informe incluye estudios de casos de cuatro padres y una abuela que supuestamente fueron maltratados por los asistentes sociales y los tribunales, y separados indebidamente de sus hijos, por motivos que van desde las represalias y falsos testimonios de los asistentes sociales, hasta la denegación a los padres y a los niños de las garantías procesales y la oportunidad de testificar.

Capacidad comprometida

La investigación determinó que el número de niños excede la capacidad de los centros de atención sobrecargando sus recursos y comprometiendo su capacidad para cumplir su misión central de mantener a los menores protegidos.

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Estas son las principales conclusiones del informe y las soluciones sugeridas:

El DHS debería apoyar a las familias en situación de pobreza, en lugar de separarlas. La idea es evitar que se desintegre a las familias por motivos exclusivamente económicos, de modo que las condiciones que pueden remediarse mediante la prestación de ayuda concreta.

Debe evitarse castigar a las mujeres por abusos domésticos. Las madres temen denunciar el abuso doméstico, porque la ciudad está tomando los niños de los hogares donde las mujeres han “permitido” que los niños sean testigos del abuso de su pareja. A los niños se les traumatiza aún más cuando se les separa de sus madres. El alejamiento de los niños también revictimiza a las víctimas de la violencia en los términos más duros posibles.

Las familias deben recibir el debido proceso. Deben contar con un abogado de alta calidad y un trabajador social que ayude durante el proceso.

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La presentación de informes obligatorios debe ser abolida. Esta medida exige que determinadas clases de trabajadores informen de cualquier sospecha de abuso. El informe sostiene que esto obliga a los trabajadores a dejar de utilizar su propio juicio profesional y a actuar de forma preventiva por miedo a infringir una ley.

Abrir los tribunales para aumentar la transparencia. Se recomienda que los tribunales se abran al público y a los medios de comunicación para fomentar la transparencia y unos procesos más profesionales.

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No es la primera vez que la Oficina del Sheriff está en un predicamento similar. Según Gym el contrato justificaba el escrutinio del Consejo. La reputación de la Oficina del Sheriff es “tumultuosa”. El anterior titular, John Green, sigue en la cárcel, en parte, debido a las ventas del sheriff.

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Esta historia periodística floreció en las manos de Marina Affo, parte del staff de The Inquierer Philadelphia. El problema no es tan agudo con relación a las últimas subastas, debido a que fueron diferidas para septiembre. El problema está en las cinco transacciones que se llevaron a cabo en abril, y 223 casas y propiedades fueron vendidas.

Ventas del sheriff

La consejera Helen Gym ha encontrado muchas incongruencias. El Departamento de Derecho no fue consultado sobre las operaciones con propiedades de la ciudad. Además el Banco de Tierras, no fue consultado antes de que las ventas fueran virtuales.

Los consejeros también han cuestionado la duración del contrato. La carta de la ciudad dice que si un contrato es más de un año, tiene que ser autorizado por el Consejo. El contrato de la Oficina del Sheriff con Bid4Assets es de seis años.

Todos los datos expuestos en este trabajo fueron confirmados por la consejera Gym. “En las comunidades con dificultades, en particular, queremos asegurarnos de que se han puesto en marcha los procesos adecuados. No sólo por una cuestión de burocracia, sino porque garantizan que hay inclusión, que hay diálogo y consideración de las necesidades más amplias de la ciudad”, dijo Gym.

Prelación del tribunal

Aunque los tribunales han aplazado la venta hasta septiembre, el Departamento Jurídico está revisando la legalidad del contrato. La magistratura quiso calibrar el efecto de los $350 millones de dinero federal que se destinan a Pensilvania. Los recursos para ayudar a los propietarios de viviendas que se han retrasado en el pago de sus hipotecas e impuestos sobre la propiedad.

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Las ventas del sheriff de forma online podrían originar un conflicto de intereses. Aunque el contrato no le cuesta nada a la Oficina del Alguacil, con el tiempo, Bid4Assets recauda una prima del comprador colocada en las propiedades. En una ejecución fiscal, la empresa cobra una prima del 10% del precio de venta de la propiedad y en una ejecución hipotecaria una prima del 1,5%.

Con la legalidad del contrato en tela de juicio, la siguiente pregunta es: ¿Qué pasa con las ventas realizadas en abril?.

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