El juez de distrito Waverly Crenshaw dictaminó que la acusación de tráfico de personas presentada por el Departamento de Justicia contra este inmigrante se trató de “un abuso del poder de enjuiciar” de la fiscalía.

Ábrego García, residente en el estado de Maryland y casado con una estadounidense, fue una de las más de 200 personas enviadas por el gobierno de Trump a la megacárcel Cecot de El Salvador en marzo de 2025, la mayoría por presunta pertenencia a una banda venezolana.

El salvadoreño había estado viviendo en Estados Unidos bajo estatus legal de protección desde 2019, cuando un juez resolvió que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

Los abogados del Departamento de Justicia admitieron que había sido expulsado a El Salvador debido a un “error administrativo”.

Finalmente fue devuelto a Estados Unidos en junio pasado, pero fue detenido en el estado de Tennessee y acusado de tráfico de personas.

Ábrego García impugnó este proceso, alegando que se trataba de una venganza de las autoridades por su batalla judicial para evitar ser expulsado del país de manera definitiva.

Al desestimar los cargos de tráfico de personas, el juez Crenshaw dijo que “las pruebas objetivas en este caso demuestran que, de no haber sido por la demanda exitosa de Ábrego impugnando su expulsión a El Salvador, el gobierno no habría presentado este proceso penal”.

Pese a esta victoria en el plano penal, aún debe dirimirse el caso migratorio de este salvadoreño sin residencia legal en Estados Unidos desde que llegó con 16 años, en 2012.

La administración Trump ha dicho que buscará deportarlo sea como sea.

El incidente de Tennessee, donde Ábrego García fue detenido por la policía de tránsito transportando inmigrantes indocumentados, fue añadido al expediente de expulsión del salvadoreño.

La Casa Blanca también lo ha acusado de violencia doméstica. Su esposa Jennifer Vásquez, con la que tiene un hijo, lo denunció por maltrato en 2020 y 2021. Luego tomó la defensa de su marido.

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Ábrego García quedó en libertad en diciembre pasado por orden judicial, tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y no podrá ser deportado mientras concluyen los procesos legales en su contra.

La saga de Ábrego García lo volvió un emblema para los opositores a la política de deportaciones masivas de Trump.

El mandatario republicano ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una prioridad máxima. 

El gobierno de Trump aseguró esta semana que cerca de tres millones de indocumentados salieron del país desde enero de 2025, dos millones voluntariamente y más de 900.000 deportados.

Estas cifras se alcanzaron pese a varios fallos judiciales en contra de la política de mano dura.

Por: AFP

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“El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países”, declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de “inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables”.

“La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense”, agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que entre los países afectados se encuentra, además de Rusia e Irán, Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Leavitt compartió un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado mencionó además a Haití y Eritrea.

Trump no ha ocultado su deseo de reducir la inmigración de personas que no son de ascendencia europea. Ha calificado a los somalíes de “basura” que deberían “regresar” al país de “donde vinieron” y, en cambio, ha expresado su disposición a que los escandinavos se muden a Estados Unidos.

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

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El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

Esta última medida no afecta las visas de turista ni de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

Por AFP

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Con sede principal en Washington, esta organización trabaja con ética, solidaridad y compromiso, brindando servicios legales relacionados con asilo, U-Visa, violencia contra la mujer, T-Visa, visa juvenil, ajuste de estatus, permiso de trabajo, naturalización, DACA y peticiones basadas en la familia. Al mismo tiempo, educa, guía y fortalece a la comunidad.

Para conocer más sobre Mil Mujeres Legal Services y su acompañamiento constante a la comunidad inmigrante, especialmente en los tiempos actuales, su directora ejecutiva, Jhoanna Fonseca, conversó con El Sol Latino Newspaper.

¿Cómo nace Mil Mujeres?

Nace en el año 2007 como una iniciativa de un grupo de jóvenes abogados que, a raíz de la defensa de una inmigrante que solicitaba asilo, se dieron cuenta de la necesidad de prestar servicios legales accesibles, es decir, a bajo costo, a la comunidad inmigrante. A partir de ese momento nació Mil Mujeres Legal Services, una organización que, si bien fue inspirada en mujeres, atiende a toda la población, sin importar su sexo, raza ni edad.

Actualmente, tenemos más de 17 años defendiendo a la población inmigrante en Estados Unidos. Estamos en más de 8 estados y más de 12 ciudades, y atendemos también remotamente y hacemos cobertura en todo el territorio norteamericano.

¿Cómo ha evolucionado el trabajo de Mil Mujeres desde su fundación hasta hoy?

La organización ha evolucionado en base a las necesidades de la comunidad. No bastaba con prestar servicios legales a una mujer que había sido víctima de violencia doméstica, ya que también necesitaba servicios de terapia. Eso nos llevó a ofrecer servicios complementarios, integrales, y a establecer alianzas con organizaciones y agencias a nivel nacional.

¿Qué impacto han tenido las recientes políticas migratorias en la comunidad que atienden?

Creo que el mayor impacto que hemos visto es el miedo. Actualmente, hay menos reportes de violencia doméstica, abuso sexual y otros crímenes violentos, pero no porque hayan dejado de ocurrir, sino porque muchas personas tienen miedo de que, al denunciar, puedan ser deportadas. Temen que la policía cruce información con otras bases de datos y que eso termine en una acción de ICE. Esto sigue siendo uno de los mayores retos, y por eso estamos trabajando con diferentes agencias.

¿Qué cambios urgentes consideran necesarios en la política migratoria para proteger a los inmigrantes?

Creo que es imperativo separar los intereses políticos de los derechos civiles, porque bajo la excusa de la seguridad nacional, se ha disparado el racismo y la inseguridad, y no es que estén ocurriendo menos, sino que la gente se está quedando callada por temor.

Es necesario separar ambas áreas y, a partir de ahí, brindar a la comunidad inmigrante garantías para que pueda acceder a un proceso migratorio justo, que se amolde a sus condiciones, a los aportes que ha hecho al país y a su situación personal.

Es fundamental que, dentro de las políticas migratorias, se prioricen aquellos casos que representen un peligro real para la sociedad, pero no por el hecho de ser inmigrante, sino por ser delincuente. Esto no debe enfocarse exclusivamente en personas inmigrantes, ya que un riesgo puede provenir también de ciudadanos estadounidenses o de personas sin antecedentes judiciales, sin importar su nacionalidad. Eliminar la estigmatización y el racismo es clave para que las políticas migratorias sean realmente justas y efectivas.

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¿Qué mensaje le envías a la comunidad inmigrante?

Mi mensaje es que no crean en todo lo que circula en redes sociales, buscar siempre información en fuentes confiables y, sobre todo, no compararse, ya que cada caso es distinto. Cada situación migratoria es única. Por eso, es fundamental buscar asesoría profesional y confiar en los expertos.

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La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García luego de que éste fuera enviado injustamente a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y en seguida quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero el viernes fue liberado por orden de un juez.

Poco después se reencontró con su familia en lo que él mismo calificó como “un día muy especial”, al cabo de 160 días sin verse, según un comunicado de la organización de defensa de los migrantes CASA. “Estamos más cerca de la justicia, pero aún no se ha alcanzado la justicia plena”, agregó Ábrego García. 

Su caso se ha convertido en un símbolo de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

Los partidarios de Trump elogian la firmeza del presidente republicano, pero juristas y defensores de los derechos humanos cuestionan lo que consideran una apresurada y descuidada estrategia para deportar personas, en violación de las leyes básicas de Estados Unidos.

Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

Pero la saga podría no haber terminado para el salvadoreño.

La administración Trump puede iniciar “procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland”, siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio.

Varios medios reportaron que el Departamento de Seguridad Interior notificó a su equipo legal que deberá presentarse el lunes ante los agentes de migración en Baltimore, y quizás sea expulsado a Uganda.

El Departamento de Seguridad Interior no respondió en lo inmediato a la solicitud de que aclare esas versiones.

Uganda había anunciado el jueves que acordó con Estados Unidos recibir a migrantes que no reúnan los requisitos para permanecer en ese país.

Ábrego García y un brazalete electrónico

La Casa Blanca reaccionó ante la liberación describiendo a Ábrego García como “un criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres” y miembro de la pandilla MS-13.

Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debería “rendir cuentas por sus crímenes” y usar un brazalete electrónico “para garantizar la seguridad de los estadounidenses hasta que se puedan tomar nuevas medidas”.

Los abogados del salvadoreño acusaron a los fiscales federales de “procesamiento vengativo y selectivo” en una moción que buscaba desestimar los cargos que, según afirmaron, se habían presentado “porque se negó a aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso”.

Ábrego García vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de las más de 200 personas enviadas a la CECOT, la mayoría acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas.

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Pero los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el salvadoreño, quien está casado con una ciudadana estadounidense, había sido deportado debido a un “error administrativo”.

Estaba en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

“Derecho al debido proceso”

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, alegó que Ábrego García había “desempeñado un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes” y que había traficado con “niños y mujeres”, así como con miembros de la pandilla MS-13.

Según la acusación formal, Ábrego García traficó con migrantes indocumentados desde Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países a Estados Unidos entre 2016 y principios de este año. 

“Toda persona tiene derecho al debido proceso según la Constitución”, declaró el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, en un comunicado.

“Esto nunca se trató de una sola persona, sino de las leyes que rigen para todos en nuestro país. Varios tribunales han tomado decisiones en este caso, y esperamos que el gobierno de Trump las respete”, añadió.

Por: AFP

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Según información publicada por el Movimiento Cosecha en una campaña de GoFundMe, Santiago fue abordada por dos agentes fronterizos alrededor de las 4:00 am cuando se disponía a abordar un vuelo nacional para ir a trabajar. “A pesar de presentar una tarjeta de autorización de trabajo DACA válida que la protege contra la deportación en Estados Unidos, ICE la secuestró y la detuvo sin orden judicial ni causa justificada”.

La organización detalló que ha sido trasladada a un centro de procesamiento en El Paso. “Sabemos que Xóchitl ha tenido un impacto profundo y poderoso en muchos amigos y miembros de la comunidad, desde Florida hasta Texas y más allá. Lleva más de una década trabajando por la dignidad y el respeto de la comunidad inmigrante. Fue organizadora voluntaria durante mucho tiempo en Movimiento Cosecha y actualmente trabaja apoyando a familias en El Paso”.

La detención de Santiago ha generado preocupación entre activistas y la comunidad, ya que pone de relieve la fragilidad de las protecciones legales para los beneficiarios de DACA , mejor conocidos como “Dreamers”.

En Philadelphia, miembros de la comunidad y representantes de diversas organizaciones proinmigrantes se congregaron frente al Ayuntamiento de la ciudad para llevar a cabo una vigilia en la que exigieron un trato justo y la liberación de Santiago.

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El programa DACA proporciona autorización de trabajo y protección temporal contra la deportación, pero no otorga estatus legal.

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La organización precisó a través de sus redes sociales que “al secuestrarlo, ICE está violando su derecho al debido proceso garantizado por la V Enmienda, mostrando total falta de respeto por parte de los efectivos hacia las personas y sus derechos. El miembro de la comunidad se había presentado ante el tribunal para un caso abierto, con fe en el sistema de justicia local”.

Para Juntos, la falta de acción de los tribunales para evitar que ICE arreste a personas dentro de las instalaciones “los convierte en cómplices y socava su supuesto compromiso con la justicia. ¿Cómo se espera que los miembros de la comunidad cumplan una orden judicial cuando se les utiliza como trampas para facilitar el trabajo de ICE?”.

Por el momento, se desconocen mayores detalles de la persona arrestada. Juntos está en contacto con la familia de la persona detenida para brindarles apoyo. “Gracias a todos los que continúan monitoreando el terror de ICE en nuestra ciudad”.

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La organización sin fines de lucro reiteró su llamado a la comunidad para que continúe documentando y reportando cualquier actividad migratoria en su vecindario o en cualquier rincón de la ciudad, al tiempo que instó a utilizar su línea directa 814-205-3293 para informar sobre cualquier incidente relacionado.

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Junto a sus tres hijos adolescentes, se unirá en los próximos días al creciente número de personas que regresan a sus países por temor a la policía migratoria estadounidense, el llamado ICE.

“Lo que creí un sueño se ha convertido en una pesadilla. Estoy deseando salir de aquí”, dice Deisy, de 37 años, que prefiere ocultar su apellido por seguridad. “La situación es un caos total. ¿Quién quiere estar detenido en un país que no es el suyo?”.

Los indocumentados están en el punto de mira de las autoridades desde enero, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes ilegales.

En los últimos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha multiplicado los arrestos en el país, incluido el de 252 venezolanos enviados sin juicio a una cárcel de máxima seguridad salvadoreña por formar parte del grupo criminal Tren de Aragua.

Una deportación cuestionada por abogados y activistas, que aseguran que varios afectados no tienen vínculos con la banda.

Deisy llegó a Estados unidos en 2019

Deisy llegó a Estados Unidos en 2019 tras un largo viaje desde Panamá, adonde había emigrado seis años antes en busca de trabajo.

En Maracay, su ciudad en el norte de Venezuela, ya no conseguía ganarse la vida, así que tomó la dura decisión de dejar a sus hijos con su madre y salió del país.

Después de cruzar a pie la frontera con México, se entregó a las autoridades estadounidenses y quedó en libertad con el compromiso de acudir a una corte de inmigración.

Sus primeros pasos en Chicago fueron complicados. El dinero escaseaba, no hablaba inglés y no tenía papeles, pero aguantó. Para salir adelante y ayudar a su familia, trabajó en la construcción, en demoliciones, de conductora de Uber.

Como para muchos migrantes en Estados Unidos, la alternativa en su país de origen parecía peor. Casi ocho millones de personas han salido de la Venezuela de Nicolás Maduro en la última década, a raíz de una grave crisis política y económica, según la ONU.

Ahora, sin embargo, Deisy no teme regresar a Venezuela, sino quedarse en Estados Unidos.

Hace poco el ICE detuvo a un compañero de trabajo en la misma situación que ella, con una solicitud de asilo pendiente.

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Y el gobierno de Trump ha prometido revocar el estatus de protección temporal concedido por la administración anterior de Joe Biden (2021-2025) a cientos de miles de venezolanos, entre ellos los hijos de Deisy, reunidos con ella en 2022, y su marido, un compatriota al que conoció en Estados Unidos.

“Vivimos con miedo a que nos paren si andamos por la calle”, lamenta Deisy. “No queremos ir deportados a una cárcel con delincuentes, donde nos juzgan a todos como si fuéramos del Tren de Aragua”.

Buscando la paz

Regresar no es sencillo. Implica abandonar vínculos, el trabajo, toda una vida. Hay que pagar el viaje y lidiar con complicaciones burocráticas. Muchos venezolanos, por ejemplo, no tienen pasaporte porque las autoridades estadounidenses se lo confiscaron.

Pese a todo, son cada vez más los que emprenden el regreso, un fenómeno del que ha sido testigo el agente de viaje Calix Barragan.

Su empresa, dedicada a venezolanos que buscan regresar, ofrece ahora unos 60 vuelos mensuales con la ruta Miami-Curazao-Venezuela, un 70% más que antes de la investidura de Trump en enero.

“La mayoría de mis clientes viajan por miedo a ser detenidos o deportados a El Salvador”, asegura.

El marido de Deisy viajó a Maracay por tierra en febrero, pero ella no quiso hacerlo así.

Sus hijos ya cruzaron hace tres años la temible selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y no quiere que vuelvan a pasar por ello.

Aquel viaje acabó además de forma dramática cuando la madre de Deisy, que acompañaba a los adolescentes, murió de un paro cardíaco en el último tramo, a bordo de un avión entre San Antonio y Chicago.

Tras barajar diversas opciones, Deisy volverá a casa en uno de los vuelos ofrecidos por Barragan.

“En Venezuela no está nada fácil, pero mi marido y yo no queremos ser ricos. Y creo que prefiero la tranquilidad, la estabilidad de mi casa”, dice. “Para nosotros, la paz mental no tiene precio”.

Por: AFP

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Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez federal James Boasberg.

“En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa”, dijo Boasberg.

Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato”, añadió.

No obstante, el juez concedió de plazo al Ejecutivo hasta el 23 de abril para evitar un procedimiento de “desacato” y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.

La Casa Blanca reaccionó diciendo que recurrirá “inmediatamente” las conclusiones del magistrado.

“Fuera de control”

Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero” y lleva semanas de forcejeo con los tribunales, despotricó contra el magistrado en su plataforma Truth Social.

“Un juez falló en contra nuestra por 530.000 migrantes ilegales (…) diciendo que no pueden ser vistos como un grupo, sino que cada caso debe ser juzgado individualmente”, escribió, dando a entender que todos ellos son delincuentes.

“Eso tomaría aproximadamente 100 años. ¿Qué está pasando con nuestros tribunales? Están totalmente fuera de control”, añadió.

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.

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El máximo tribunal consideró no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.

Pese a una serie de vistas judiciales los funcionarios de la administración Trump “no han proporcionado ninguna razón convincente” para evitar llegar a la conclusión de que “desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal”, insistió el magistrado.

Entre los deportados el 15 de marzo en virtud de esta ley usada hasta entonces solo en tiempos de guerra figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, pese a que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.

El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo”, pero insiste en su derecho a invocar la ley de enemigos extranjeros.

Cuenta con el respaldo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha puesto a su disposición una megacárcel para recluir a los deportados. A cambio, ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.

Trump dice que no está en sus manos traer de vuelta a Ábrego García y Bukele se alineó con él al afirmar el lunes en la Casa Blanca que tampoco tiene “el poder” de hacerlo.

“Deportado nuevamente”

El presidente republicano firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó nuevamente a Ábrego García de ser “un inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13 terrorista extranjera”.

Cuando fue detenido “vestía una sudadera con fajos de billetes que cubrían las orejas, la boca y los ojos de presidentes”, es decir “un conocido símbolo de la pandilla MS-13”, dijo en un acto con periodistas al que invitó a la madre de Rachel Morin, una joven asesinada en 2023.

Un jurado popular declaró culpable del asesinato y violación de la joven a otro migrante salvadoreño que había sido deportado tres veces. 

Los demócratas se han solidarizado con Ábrego García.

El senador Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador, pero las autoridades no le dejaron reunirse ni hablar por teléfono con él.

Leavitt criticó el viaje y advirtió: “Si alguna vez acaba de regreso en Estados Unidos, sería deportado nuevamente de inmediato”.

En X el Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirma que la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, “solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él”, junto a un documento para demostrarlo.

Por: AFP

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En la caricatura, publicada en la red social X, se ve a una mujer esposada que llora a lágrima viva y viste pantalón de chándal gris, suéter negro ceñido y una rejilla en la cabeza a modo de tocado. Junto a ella, un agente con uniforme verde caqui la observa con semblante serio. De fondo, una bandera estadounidense.

Acompaña al meme un texto de la Casa Blanca con fecha del 18 de marzo y el título “traficante de fentanilo detenida”. “Virginia Basora-González, una delincuente extranjera previamente deportada y condenada por tráfico de fentanilo, fue arrestada” por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Philadelphia “tras ingresar de nuevo ilegalmente a EEUU”, añade.

Y dos fotografías de la migrante con las manos esposadas a la espalda. En una de ellas parece llorar.

Si se clica en el texto se ve el mensaje completo: “Lloró cuando la arrestaron (foto adjunta)”, escribe el gobierno estadounidense, en plena cruzada contra la inmigración ilegal.

https://t.co/PVdINmsHXs pic.twitter.com/Bw5YUCI2xL

— The White House (@WhiteHouse) March 27, 2025

Con este meme la Casa Blanca parece apuntarse al fenómeno viral de utilizar la inteligencia artificial para recrear escenas con el estilo de Studio Ghibli, conocido mundialmente por películas como “El viaje de Chihiro”, “Mi vecino Totoro” o “El chico y la garza”.

La actualización de ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, incluye un generador de imágenes que permite recrear el estilo característico del prestigioso estudio japonés de animación.

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Los internautas utilizaron la nueva herramienta para recrear escenas famosas o retratarse.

El presidente estadounidense Donald Trump no se libra de la tendencia que se ha hecho viral. En algunos memes se le ve después del intento de atentado que sufrió durante la campaña electoral o en pleno altercado verbal con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.

Uno de sus asesores más cercanos, el magnate tecnológico Elon Musk, se sumó a la moda en su cuenta X con una imagen en la que aparece como el personaje Rafiki de El Rey León sosteniendo triunfante a Doge.

Por: AFP

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Brian McShane, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Philadelphia, detalló que la detención de Virginia Basora-González demuestra el compromiso de proteger “a nuestras comunidades de extranjeros delincuentes que participan en actividades ilegales graves que representan una amenaza para la seguridad pública”.

“Esta exitosa operación conjunta ejemplifica la colaboración de las agencias federales del orden público para hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país y expulsar a personas peligrosas de nuestras calles”, enfatizó a través de un comunicado publicado en la página web de ICE.

Según ICE, Basora-González tiene antecedentes penales por intento de posesión con intención de distribuir fentanilo y complicidad, y, además, anteriormente fue expulsada de Estados Unidos y reingresó al país sin autorización de un funcionario de inmigración.

La Drug Enforcement Administration arrestó y acusó a Basora-González en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Pennsylvania por intento de posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo y complicidad el 6 de junio de 2019.

La dominicana fue sentenciada a 12 meses y un día de confinamiento y cuatro años de libertad supervisada el 12 de marzo de 2020, después de declararse culpable de los cargos.

ICE expulsó a Basora-González de los Estados Unidos a la República Dominicana el 6 de octubre de 2020.

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El pasado 12 de marzo, el ICE emitió a Basora-González una notificación de intención de reinstaurar la orden final de deportación. Ese mismo día, obtuvo una orden de arresto federal y una denuncia penal de un magistrado federal, y la entregó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Basora-González permanecerá bajo custodia federal en espera de que se le imputen los cargos por reingreso tras su deportación en el Distrito Este de Pennsylvania.

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