Todo esto fue posible gracias a la labor del congresista por Pennsylvania, Brendan F. Boyle. “Es realmente difícil imaginar cómo sería nuestra comunidad sin Congreso y sin toda la buena labor que esta organización realiza en nombre de los mismos electores a quienes tenemos la oportunidad de servir juntos”.

“Creo que uno de los aspectos más importantes de mi trabajo como congresista es luchar por cada dólar que pueda aportar a mis electores de Philadelphia que necesitan esos recursos. Por eso, me enorgullece y me emociona anunciar que logré obtener y traer de Washington, D.C. 1.1 millones de dólares para apoyar las buenas obras de Congreso”.

Fundada en 1977 por activistas puertorriqueños, Congreso se ha convertido en una de las organizaciones comunitarias más confiables de Philadelphia, ayudando a miles de residentes cada año, particularmente en los vecindarios latinos, a lograr estabilidad y bienestar a través de educación, capacitación laboral, servicios de salud y seguridad, familia y crianza de los hijos, y apoyo para la vivienda.

Jannette Díaz, presidenta y directora ejecutiva de Congreso, agradeció a Boyle por su liderazgo y su compromiso con la comunidad. “Cada año atendemos a más de 14.000 personas en nuestros pilares fundamentales de educación, salud, vivienda, desarrollo laboral y servicios familiares. Pero ninguno de estos servicios es importante si las personas no pueden acceder físicamente a estos. La accesibilidad garantiza que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan asistir a nuestras instalaciones para recibir el apoyo que necesitan”.

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A principios de este año, Congreso completó una renovación de sus ascensores, solucionando la congestión persistente que creaba obstáculos para familias y personas con problemas de movilidad.

Actualmente, se están implementando mejoras adicionales, incluyendo una rampa de 12 metros que cumple con la Ley para Personas con Discapacidades con rellanos superiores e inferiores, puertas y portones de acero mejorados, y un vestíbulo rediseñado para brindar un mejor servicio a los residentes que buscan recursos esenciales.

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Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump está intentando poner de rodillas a muchas universidades mediante amenazas de suspender la financiación federal, eliminar las exenciones fiscales o impedir la matriculación de estudiantes extranjeros con la excusa de que permiten el antisemitismo en sus campus.

Varios senadores judíos acusaron el jueves a Trump de utilizar el antisemitismo como arma para imponer su ideario político y cercenar la libertad de expresión.

“Rechazamos cualquier política o acción que fomente o se aproveche del antisemitismo y enfrente a las comunidades entre sí; y condenamos inequívocamente la explotación de las preocupaciones reales de nuestra comunidad sobre el antisemitismo para socavar las normas y los derechos democráticos”, escribieron en una carta conjunta los senadores demócratas, entre ellos, el líder del partido en el Senado, Chuck Schumer.

Tras la demanda judicial presentada el lunes por Harvard contra el gobierno para exigir la restitución de los 2.200 millones de dólares de fondos federales congelados, el republicano contraatacó este jueves desde su plataforma Truth Social.

“Harvard es una amenaza para la democracia” y “un desastre liberal”, dijo el magnate que se quejó de que la universidad haya admitido a estudiantes “de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país”.

La víspera, Trump emitió una orden ejecutiva dirigida a la educación superior, que cambia la forma en que las autoridades federales deciden las universidades y colegios que pueden acceder a miles de millones de dólares de becas y préstamos estudiantiles.

La orden ejecutiva pretende tomar medidas drásticas contra lo que Trump califica como “discriminación ilegal”, es decir, cualquier medida que promueva la representación de “individuos de minorías raciales y étnicas”.

“Numerosas investigaciones” a Harvard

En su demanda judicial, Harvard pide que se declaren ilegales la congelación de la financiación y las condiciones impuestas a las subvenciones federales, argumentando que las medidas equivalen a una injerencia política destinada a comprometer la independencia de la institución de la famosa Ivy League, que agrupa a ocho de las mejores universidades del país.

Trump y su equipo de la Casa Blanca justifican su campaña contra las universidades como una respuesta a lo que consideran “antisemitismo” incontrolado y a la necesidad de revertir los programas de diversidad destinados a abordar la exclusión histórica de las minorías.

La administración afirma que las protestas contra la guerra de Israel en Gaza que recorrieron los campus universitarios estadounidenses el año pasado estuvieron plagadas de antisemitismo.

Muchas universidades estadounidenses, incluida Harvard, reprimieron en su momento las protestas, y la institución con sede en Cambridge puso a 23 estudiantes a prueba y denegó títulos a otros 12, según los organizadores de las protestas.

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El presidente de Harvard, Alan Garber, dijo que la administración de Trump ha iniciado “numerosas investigaciones” a la universidad.

La lucha de Trump contra la diversidad se hace eco de las quejas de larga data de los conservadores que critican que los campus universitarios de Estados Unidos están inclinados demasiado a la izquierda, y dejan fuera a las voces de derecha.

En el caso de Harvard, la Casa Blanca está tratando de llevar a cabo niveles sin precedentes de control gubernamental sobre el funcionamiento interno de la universidad más antigua y rica del país y una de las instituciones educativas y de investigación más respetadas del mundo.

En la orden ejecutiva del miércoles, Trump alegó que “los estudiantes y contribuyentes estadounidenses se merecen algo mejor, y mi administración reformará nuestro disfuncional sistema de acreditación para que los colegios y universidades se centren en ofrecer programas académicos de alta calidad a un precio razonable”, dijo.

Por: AFP

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Harvard se ha negado a acatar las exigencias del gobierno de Trump, que en represalia anunció la congelación de 2.200 millones de dólares de fondos federales y amenazó con retirarle sus ventajas fiscales. Además, exigió una disculpa de parte de la universidad.

“Harvard ya ni siquiera puede considerarse un lugar decente de aprendizaje y no debería figurar en ninguna lista de mejores universidades del mundo”, escribió Trump este miércoles en su plataforma Truth Social.

“Harvard es un chiste, enseña odio y estupidez, y no debería recibir fondos federales”, añadió.

El presidente republicano acusa a Harvard y a otras universidades de permitir el antisemitismo en sus campus, y su gobierno les ha pedido una serie de medidas, como una “auditoría” de las opiniones de estudiantes y profesores, como condición para evitar que les retire las subvenciones.

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Harvard, a diferencia de la universidad de Columbia en Nueva York, se ha negado a cumplir estas exigencias.

En una carta a estudiantes y profesores, el rector de la universidad, Alan Garber, aseguró el lunes que Harvard “no abandonará su independencia ni sus derechos garantizados por la Constitución”.

Al igual que otros campus estadounidenses, Harvard fue escenario de protestas estudiantiles contra la guerra de Israel en Gaza, y ha estado en el punto de mira de la Casa Blanca desde que Trump volvió al poder en enero.

Por: AFP

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Shapiro ofreció una actualización sobre estos fondos federales. “Como resultado, y nuestra presión y compromiso continuo con la Administración Trump, cada dólar que identificamos al presentar nuestra demanda está actualmente descongelado, y una vez más, accesible para las agencias estatales de Pennsylvania, de acuerdo con las medidas cautelares legales actualmente vigentes”.

Con el financiamiento restaurado, el gobernador explicó que se reanudan programas críticos y proyectos de infraestructura que se vieron en peligro, por lo que, a su criterio, es una congelación ilegal.

“La acción legal no era mi primera opción y, de hecho, después de que la congelación de fondos entró en vigencia a finales de enero, nos involucramos activamente con nuestra delegación republicana en el Congreso, encabezada por el senador McCormick, y la administración Trump para lograr que estos fondos se descongelaran”.

Aunque la demanda fue presentada hace más de 11 días, Shapiro y su administración continúan en contacto con el Departamento de Justicia y la administración Trump. “Cuando estuve en la Casa Blanca, mencioné repetidamente nuestra financiación federal congelada al equipo superior y al gabinete del presidente. Los insté a cumplir con la ley y honrar sus acuerdos con Pennsylvania”.

“Como resultado de ese contacto directo, nuestra financiación está descongelada, ahora están cumpliendo la ley y continuaremos presionando con nuestro caso”.

Recientemente, Shapiro presentó una demanda impugnando el congelamiento ilegal de fondos federales por parte de la administración Trump, debido a su impacto directo en el gobierno estatal y al trabajo para servir a los residentes.

Al momento de presentar la demanda, al menos $2.1 mil millones en fondos federales que habían sido asignados por el Congreso, estaban congelados o en una revisión indefinida.

Miles de millones de dólares en fondos

El Congreso aprobó leyes que comprometieron miles de millones de dólares a los estados para necesidades graves. Estos proyectos fueron firmados, y luego, el gobierno federal celebró acuerdos con agencias gubernamentales estatales para hacer llegar esos dólares.

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Gracias a que este financiamiento federal fluye nuevamente, Pennsylvania puede:

• Reanudar un trabajo para los habitantes de Pensilvania sin exponerlos al riesgo de que la Commonwealth reciba una factura por un trabajo que debería haber pagado el gobierno federal.
• Realizar un trabajo que incluye tapar pozos abandonados y huérfanos, y crear empleos bien remunerados en el proceso.
• Trabajar para limpiar las vías fluviales
• Ayudar a los agricultores a lidiar con la escorrentía que conduce a la bahía de Chesapeake y garantizar que los residentes de Pennsylvania tengan agua limpia cuando abran el grifo.
• Trabajar para reparar las minas abandonadas antes de que se conviertan en sumideros y pongan en peligro los hogares y los negocios de las personas. Pennsylvania alberga más minas abandonadas que cualquier otro estado del país, y todavía hay 140.000 acres que necesitan ser reparados.
• Trabajar para reducir los costos de energía para los propietarios.

Como resultado de la congelación, varios proyectos en curso en la parte occidental del estado, que emplean a docenas de residentes, habían dejado de funcionar. Estas personas ahora pueden volver a trabajar.

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El decreto “ordena a los departamentos y agencias federales que identifiquen todos los programas financiados por el gobierno federal que actualmente dan beneficios financieros a los extranjeros en situación irregular y que tomen correctivas”, recoge un documento publicado el miércoles.

“Garantiza que los fondos federales destinados a Estados Unidos ya los municipios no se utilizarán para apoyar políticas de ‘santuarios’ o para ayudar a la inmigración ilegal”, agrega.

El decreto “también impone mejoras en la verificación de la elegibilidad, para impedir que se otorguen prestaciones a personas en situación irregular en Estados Unidos”.

El texto busca garantizar que “los recursos de los contribuyentes no se utilizan para animar o apoyar la inmigración ilegal”, afirma la misma fuente.

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Desde que asumió el cargo en enero, Donald Trump emprendió varias acciones para limitar la inmigración. 

Trump, que fue investido en enero para un segundo mandato de cuatro años, prometió llevar a cabo la mayor campaña de expulsiones de migrantes indocumentados de la historia de Estados Unidos. 

Según el New York Times, los inmigrantes irregulares en general no pueden optar a las ayudas federales, salvo contadas excepciones en caso de emergencia. 

Por: AFP

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El nuevo programa es el resultado de varios años de promoción y cooperación entre un conjunto diverso de socios para abordar la brecha de servicio que la pandemia de Covid-19 creó para las familias vulnerables de la ciudad.

Azucena Ugarte, directora de la ODVS, manifestó que “gracias a la promoción y la experiencia que nuestros socios trajeron a la mesa para abordar la brecha de servicio, pudimos defender la obtención de fondos federales del Comité de Asignaciones del Senado que se otorgarán a la ciudad de Philadelphia para iniciar un programa supervisado. programa de custodia”, dijo Ugarte. 

Antes de la pandemia, el Philadelphia Family Court ofrecía un espacio gratuito para visitas de custodia supervisada, atendiendo a entre 80 y 100 familias semanalmente, pero existían varias limitaciones. El servicio solo estaba disponible para supervisión de grupo, atendido por empleados voluntarios del tribunal con capacitación limitada y estaba restringido a los domingos.

Como muchos programas, el espacio de custodia supervisada del tribunal de familia fue suspendido debido a la pandemia y no pudo reanudarse por la disponibilidad limitada de personal. Defensores y abogados identificaron la falta de un programa gratuito de custodia supervisada como un problema poco después de su cierre.

Este nuevo programa no sólo aborda la falta de un sitio de custodia supervisada gratuito en Philadelphia durante los últimos tres años, sino que también aborda y mejora varias limitaciones del programa anterior.

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Entre las mejoras a las instalaciones, destacan:

• Entradas y salidas separadas para las partes bajo custodia para que no interactúen.
• Una gran sala para visitas supervisadas de grupos.
• Habitaciones más pequeñas para mayor privacidad y, cuando corresponda, un mayor nivel de supervisión.
• Se ofrecen franjas horarias de supervisión tanto en las tardes de los días laborables como en los fines de semana.

Los miembros del personal de WES tendrán capacitación relevante sobre trauma, reducción de tensiones y dinámicas de violencia de pareja. También proporcionará al tribunal informes de asistencia y podrá distribuirlos directamente a las partes involucradas o a sus abogados.

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Para ello la institución educativa recibió dos millones de dólares con el fin de combatir a los hackers que puedan producir apagones de forma remota. Con estos recursos se desarrollarán herramientas de ciberseguridad con las cuales se podrá “prevenir, detectar y mitigar los ataques cibernéticos”.

La FIU a través de un comunicado señaló que el aporte económico se enmarca en el proyecto “Herramientas habilitadas de inteligencia artificial del Departamento de Energía estadounidense (DOE), para la defensa cibernética de las redes eléctricas del país.

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El programa contempla además “el desarrollo de técnicas y análisis de inteligencia artificial que identifiquen ataques en tiempo real y la creación de controladores inteligentes”. Es decir, “mejorar la resistencia a los ataques contra el sistema de energía”.

Una vez desarrolladas las herramientas, los investigadores de la FIU validarán los programas y aplicaciones creadas.

“Nuestro equipo de la FIU tiene mucha experiencia en ciberseguridad y redes de energía inteligente y estamos orgullosos de liderar el proyecto para promover métodos de vanguardia en la detección de ataques cibernéticos y fortalecer nuestras redes eléctricas”, dijo Mohammad Ashiqur Rahman, investigador principal del laboratorio Analytics for Cyber Defense de la FIU.

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“Proteger la seguridad del poder de Estados Unidos es crucial a medida que enfrentamos amenazas cibernéticas cada vez mayores“, resaltó Ashiqur.

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Según reporte de WHYY, Su fundadora, la Dra. Ala Stanford, afirmó que la financiación ayudará al funcionamiento de su Centro de Equidad Sanitaria en el norte de Filadelfia.

“Fondos como éste permiten que este proyecto se convierta en un legado”, dijo. “Mucho después de que yo me haya marchado seguirá aquí, frente a un proyecto de vivienda, junto a una escuela y como parte de un anexo de una iglesia de más de 5.000 miembros a un código postal de 19132 donde la esperanza de vida es 20 años menor frente a una comunidad situada a cinco millas de distancia”.

Absolute privilege to present a check for $1 million to the #BlackDoctorsCovid19Consortium and Dr. @alastanford today. @RepBrendanBoyle secured another $2 million to assist with their growth and outreach in Philadelphia. They're tackling health inequalities head on. pic.twitter.com/gofa86luHH

— Dwight Evans (@DwightEvansPA) March 28, 2022

Los congresistas Brendon Boyle y Dwight Evans ayudaron a conseguir la financiación federal para el grupo. “Ambos hemos visitado el Consorcio de Médicos Negros y comprendemos su importancia para la ciudad de Filadelfia”, dijo Evans. “Estos médicos han hecho mucho por la gente de Filadelfia defendiendo a los que no tienen voz”.

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Modelo nacional

El consorcio nació de la necesidad de atender las bajas tasas de vacunación en la población afroamericana de la ciudad. La Dra. Stanford ha construido lo que se convirtió en un modelo nacional para involucrar a las comunidades más vulnerables no sólo en la vacunación contra la COVID-19, sino en el tratamiento médico regular, en general.

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Stanford ha afirmado que, si bien su esfuerzo por prestar ayuda mediante el suministro de pruebas y vacunas en las comunidades que más las necesitaban, la enorme demanda de otros tipos de atención sanitaria le ha hecho darse cuenta de que los servicios que ha venido ofreciendo son sólo una pequeña parte de la lucha contra las desigualdades sanitarias que existen para las poblaciones desatendidas.

Expandir la ayuda

Los fondos recibidos ayudarán a expandir el radio de acción de esta necesaria ayuda. El consorcio de Médicos Negros quiere ampliar la clínica de salud a un segundo local en el norte de Filadelfia. La Dra. Stanford espera utilizar la antigua ubicación de Carmen’s Skate Rink en Germantown Avenue.

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La financiación federal para la iniciativa médica forma parte de los 6,3 millones de dólares destinados a diversas organizaciones de Filadelfia.

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Ian Rosenblum, un alto funcionario del Departamento de Educación federal, le envió una carta a Richard Corcoran, responsable de educación en el gobierno de Florida, y le recordó que sin la aprobación de un plan, que debió entregarse en junio pasado, Florida no podrá recibir los fondos del Plan de Rescate Estadounidense asignados al estado.

Se trata de más de 2.300 de los 7.000 millones en fondos federales asignados al estado.

“Hemos escuchado repetidamente de padres, maestros y superintendentes de distritos escolares en Florida que el FDOE (Departamento de Educación de Florida) aún no ha otorgado fondos ARP ESSER (Alivio de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias) a agencias educativas locales”, escribió en la misiva Rosenblum.

El FDOE no entregó el plan en la fecha límite pautada para junio, ni cumplió con los plazos de presentación en los dos meses siguientes, escribió Rosenblum.

“La demora de FDOE genera preocupaciones importantes debido a la incertidumbre innecesaria que está creando para los distritos escolares en todo el estado y porque está obstaculizando su capacidad para planificar con confianza cómo usar estos fondos para abordar las necesidades de los estudiantes”, señaló.

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Así las cosas, Florida que tiene una alta incidencia de contagios por COVID-19, es el único estado que no ha entregado un plan para recibir miles de millones en ayuda para las escuelas, subraya el Gobierno federal.

Los estados recibieron dos tercios del ARP ESSER, fondos por adelantado bajo el Plan de Rescate Estadounidense aprobado en marzo. El tercio restante se otorgaría solo después de que los estados recibieran la conformidad del Departamento de Educación de Estados Unidos.

En Florida se han conferido 4.600 millones en fondos ARP ESSER, pero dado que el estado no presentó un plan para su aprobación antes del 7 de junio, se están reteniendo más de 2.300 millones en fondos adicionales.

Esos recursos económicos estarían destinados a financiar medidas de higiene y seguridad en las escuelas y servicios de salud mental entre otros planes, así como oportunidades de aprendizaje adicionales luego de que los distritos escolares públicos han luchado con algunos obstáculos como las clases virtuales.

En agosto la legisladora del distrito 14 de Florida, Kathy Castor, lideró un llamado a los congresistas demócratas al instar al gobernador Ron DeSantis a distribuir inmediatamente miles de millones de dólares en fondos federales destinados a escuelas públicas que están a disposición del estado a través del Plan de Rescate Estadounidense.

En un comunicado dirigido a DeSantis y a Corcoran, Castor les pidió presentar el plan estatal ante el Gobierno federal.

“Lo instamos a que acelere la entrega de fondos federales de emergencia a nuestras escuelas públicas locales, presente el plan estatal ARP ESSER de Florida, ponga las necesidades de nuestras familias y estudiantes en primer lugar y trabaje con nosotros para garantizar que los estudiantes de Florida prosperen y alcancen su máximo potencial”, puntualizó la demócrata.

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