La decisión fue adoptada de manera unánime por los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en New York. En su fallo, los magistrados rechazaron la interpretación que el Gobierno hacía de la legislación migratoria, al considerar que forzar la detención prolongada de personas mientras se resuelven sus casos excede los límites legales.

Según el tribunal, aceptar esta política supondría establecer “el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia” del país, afectando potencialmente a millones de migrantes. Los jueces advirtieron que la medida tendría consecuencias profundas tanto en el sistema de detención como en la sociedad en general.

“La interpretación del Gobierno provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria”, señala el fallo, al tiempo que advierte sobre la presión adicional a centros ya saturados, el encarcelamiento masivo de personas, la separación de familias y la desestabilización de comunidades enteras.

La política cuestionada, implementada el año pasado, amplió significativamente el alcance de la detención migratoria. Bajo esta normativa, cualquier persona que haya ingresado de manera irregular a Estados Unidos puede ser detenida sin posibilidad de fianza, sin importar cuánto tiempo haya permanecido en el país.

Este cambio marcó una ruptura con la práctica previa, en la que la detención sin fianza se aplicaba principalmente a individuos arrestados en puntos de entrada —como la frontera sur— o considerados un riesgo para la seguridad pública.

Como resultado de esta reinterpretación, el número de personas en detención migratoria ha alcanzado niveles históricos. En enero de este año, más de 70.700 migrantes se encontraban detenidos bajo custodia federal, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

El incremento en las detenciones ha derivado en una ola de recursos legales. Miles de migrantes han presentado solicitudes de habeas corpus en cortes federales para impugnar su detención. De acuerdo con datos recopilados por la organización ProPublica, se registran en promedio unos 200 casos nuevos al día, con especial concentración en estados como California y Texas.

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No obstante, el alcance del fallo es limitado. La decisión del Segundo Circuito solo aplica a los estados bajo su jurisdicción: New York, Connecticut y Vermont. En contraste, otros tribunales federales de apelaciones, como los del quinto y octavo circuito, han emitido resoluciones favorables a la política de detención.

Este escenario deja abierta la posibilidad de un conflicto judicial más amplio que podría escalar hasta la Corte Suprema, en un contexto de creciente debate sobre los límites de la política migratoria en Estados Unidos.

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Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el 20 de enero y el 15 de octubre, y representan más de un tercio de las 220.000 detenciones realizadas por ICE en ese lapso. Aunque la Administración Trump había señalado que las redadas migratorias estaban dirigidas principalmente a criminales violentos, los datos muestran que una parte significativa de los arrestados no tenía antecedentes penales.

El informe tampoco incluye las detenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que efectuó operativos en varias grandes ciudades, entre ellas Los Angeles. La ausencia de estos datos sugiere que el número total de personas sin historial delictivo detenidas podría ser considerablemente mayor.

Además, el análisis señala que los registros de ICE no distinguen entre infracciones menores y delitos graves cometidos por los detenidos con antecedentes, lo que dificulta evaluar con precisión el perfil criminal de quienes fueron arrestados. De acuerdo con los datos disponibles, cerca del 90% de las personas detenidas hasta mediados de octubre eran hombres, y la nacionalidad más frecuente era la mexicana, seguida por la guatemalteca y la hondureña.

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Aún no está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, aunque casi 23.000 figuran en la categoría de deportación voluntaria. El informe aporta nuevos elementos al debate sobre las prioridades migratorias del gobierno de Trump, que ha defendido sus políticas como una estrategia para incrementar la seguridad pública, mientras organizaciones y expertos han cuestionado el impacto real de estas detenciones masivas.

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Vizcaíno, de 54 años, emigró tras la suspensión de un proyecto cultural por decisión del gobierno cubano. En Cuba, dice, había escasez de alimentos y medicamentos, apagones diarios y una emigración sin precedentes. “Hago menos de todo porque vivo en pánico. Pienso en los arrestos todo el tiempo”, afirma a la AFP.

El estrés tiene su origen en cambios administrativos y prácticas migratorias más rígidas que han reducido el privilegio histórico de los cubanos en EE.UU. La Ley de Ajuste Cubano (1966) permite solicitar la residencia tras cumplir un año y un día desde la entrada legal al país. Sin embargo, muchos que alcanzaron la frontera sur entre 2022 y 2025 fueron admitidos con un documento temporal, el i-220A, que no es reconocido como prueba de entrada legal para obtener la residencia.

“Las vías especiales de las que han disfrutado los cubanos desde la Guerra Fría se han ido erosionando lentamente”, afirma Michael J. Bustamante, profesor asociado de Historia en la Universidad de Miami. Ese limbo legal dejó a cientos de miles bajo la amenaza de detención y deportación.

El fenómeno se acentuó con la administración de Donald Trump, que tras regresar al poder en enero prometió aumentar las deportaciones. Reportes locales indican que en 2025 el ICE detuvo de media unos 500 cubanos en situación irregular cada mes, frente a cerca de 150 en 2024. Abogados con trayectoria en Miami, como Wilfredo Allen, dicen no haber visto antes detenciones sistemáticas de personas con i-220A cuando acudían a citas en cortes migratorias.

El cambio no es sólo atribuible a una administración; el i-220A se emitió abundantemente durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025) y la política “pies secos, pies mojados” fue eliminada en 2017. Aun así, las detenciones recientes han endurecido la realidad para muchos recién llegados.

Aunque Cuba aceptó a cuentagotas repatriados en 2025, 863 según cifras oficiales, EE.UU. también ha comenzado a expulsar cubanos a terceros países como México. Para Vizcaíno, regresar no es opción: “Si soy ilegal, ¿por qué me dieron ayuda económica y un número de seguridad social cuando entré?”, pregunta, y añade que volver sería enfrentar cárcel.

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La combinación de incertidumbre legal, redadas más frecuentes y el fin paulatino de privilegios históricos plantea un dilema para la comunidad cubana en EE.UU.; adaptarse a nuevas reglas o arriesgarse a un limbo que puede terminar en deportación. Organizaciones y abogados piden claridad en las políticas y mejores garantías procesales para evitar detenciones arbitrarias y proteger a solicitantes de asilo.

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En esta ciudad californiana, una de las más golpeadas por la pobreza, se proyecta la apertura del mayor centro de detención migratoria del país. Para muchos residentes, representa una oportunidad económica significativa; la empresa CoreCivic estima la creación de 500 empleos y más de 2 millones de dólares en ingresos fiscales. “Cualquier fuente de ingreso que venga a apoyar a la ciudad será vista positivamente”, afirmó el alcalde Marquette Hawkins.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos denuncian condiciones inhumanas en estas instalaciones. “Esto es una bomba de tiempo”, advirtió la abogada Kristen Hunsberger, quien ha documentado casos de hacinamiento, falta de atención médica y obstrucciones al derecho a defensa legal.

El número de personas bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) superó las 60.000 en junio, la mayoría sin antecedentes penales. Más del 80% están detenidos en centros operados por empresas privadas como CoreCivic y GEO Group, que han visto un crecimiento explosivo desde enero, con casi 200 centros en funcionamiento.

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Mientras el gobierno niega acusaciones de abuso, testimonios de familiares y abogados apuntan a condiciones precarias. Para algunos, estos centros simbolizan una economía en ascenso; para otros, una tragedia humanitaria en expansión.

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Al menos15 arrestos se registraron en la ciudad, según informó el Departamento de Policía de Philadelphia en un comunicado que fue difundido por BBC, y en el que se aseguró que la multitud interrumpió el tráfico y puso en peligro la seguridad pública.

“El Departamento de Policía de Philadelphia apoya el derecho del público a la protesta legal y pacífica. Estamos comprometidos a facilitar la actividad amparada por la Primera Enmienda, al mismo tiempo que protegemos la seguridad pública y mantenemos el orden en las calles de la ciudad”, señala el texto.

Por su parte, Inquirer detalló a través de sus redes sociales, que dos oficiales de la policía sufrieron heridas leves, al igual que dos manifestantes, que posteriormente recibieron tratamiento médico.

“Varios oficiales empelaron la fuerza mientras realizaban arrestos. De acuerdo con la política del departamento, todo uso de la fuerza ha sido documentado y será sometido a una revisión para asegurar el cumplimiento de las directrices”, dijo al mismo medio el departamento.

El medio de comunicación publicó este texto junto a un video en el que se puede observar a funcionarios de la policía golpeando y utilizando la fuerza mientras arrestaban a los manifestantes que rechazaban las redadas registradas en la ciudad por parte del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

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Philadelphia se sumó a otras ciudades como Los Ángeles, New York, San Francisco, Chicago y varias localidades de Texas, que han rechazado mediante protestas las continuas redadas de ICE en todo el país, las cuales están causando temor y angustia en la comunidad inmigrante.

Las protestas estallaron el pasado viernes en Los Ángeles debido a la dureza de las redadas contras los inmigrantes que se encuentran ilegales en el país. Pese a este panorama nacional, el gobierno federal mantiene su firme intención de cumplir con su principal promesa electoral: controlar la migración ilegal mediante detenciones y deportaciones

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A través de X, ERO Philadelphia publicó el arresto de Jorge Vicente Díaz García, un ciudadano hondureño, quien “había sido deportado de Estados Unidos en tres ocasiones. Díaz García permanecerá bajo custodia del ICE en espera del proceso de deportación”.

Otra detención publicada fue la de Nikoloz Marjanidze, un ciudadano georgiano, que fue arrestado durante una operación policial específica. Al igual que Díaz García, permanecerá bajo custodia del ICE a la espera del proceso de deportación.

José Luis Pérez Martínez, un inmigrante indocumentado y ciudadano nicaragüense, también fue detenido el pasado 10 de junio y permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su proceso de deportación.

Mientras que, José Fernando Caballero Martínez, un ciudadano hondureño, fue arrestado durante una operación policial específica. Según lo publicado, también permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su proceso de deportación.

Además de estos cuatro arrestos, la organización sin fines de lucro, Juntos, informó sobre un arresto de un ciudadano mexicano, en la intersección de las calles 7th y Snyder, en el sur de Philadelphia, aproximadamente a las 7:00 am, del 10 de junio.

“Juntos identificó al miembro de la comunidad arrestado y ha conectado al Consulado de Méxcio en Philadelphia para su apoyo en su defensa de deportación”, escribió la organización en su cuenta de Instagram.

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Arrestos de otros ciudadanos por parte de ERO Philadelphia e ICE

ERO Philadelphia informó el pasado 5 de junio sobre la detención de Ricardo Henríquez-Carmona, un ciudadano de nacionalidad dominicana, quien fue detenido en la cuadra 2900 de Ruth St. “Era buscado por violar el artículo 8 USC 1326. Reingreso después de la deportación, y huyó a un tejado y a otra residencia antes de ser capturado”.

Por otro lado, el pasado 28 de mayo fue arrestado Luis Enrique Pineda Seijas, un inmigrante venezolano indocumentado. “Fue identificado durante un operativo y arrestado por permanecer ilegalmente en Estados Unidos”.

ICE también publicó en su página web la detención de tres inmigrantes mexicanos indocumentados: Miguel Bruno Vásquez, Vicente Coyotecal Matías y Jesús Gallardo Bautista. Además, fue arrestado Geoli Pérez Santana, ciudadano dominicano. “Todos trabajaban sin permiso en Estados Unidos”.

El operativo se realizó el 5 de junio, en el lugar de trabajo de Wyoming Valley Pallets Inc. en Exeter, Pennsylvania.

La política de la Casa Blanca ha reflejado una postura de tolerancia cero frente a la migración irregular, lo que ha resultado en un aumento de los arrestos y operativos por parte de ICE, ERO y de otras agencias del orden público.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indicó que entre los días 27 y 28 de enero los agentes de esta agencia federal ejecutaron redadas en el condado de Palm Beach, en el sur del estado, donde se encuentra Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense.

Los operativos dieron como resultado el arresto de 32 personas oriundas de Guatemala, Haití, México, Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, Cuba y Nicaragua.

Mediante un comunicado la agencia gubernamental refirió que muchos de estos “extranjeros ilegales” poseen antecedentes penales que incluyen posesión de drogas, robo, prostitución, reingreso ilegal, resistencia a un oficial, violación de la libertad condicional y fraude, entre otros.

Ahora todos esos inmigrantes indocumentados se encuentran detenidos en espera de su expulsión o de una audiencia ante un juez de Inmigración, añadió el ICE.

Igualmente, la Patrulla de Carreteras de Florida informó este mismo lunes a través de su cuenta en la red social X sobre una operación conjunta con agentes federales realizada en Tallahassee, capital del estado, que terminó con la detención de “presuntos miembros del Tren De Aragua” bajo sospecha de conspiración para el contrabando de armas, afiliación a pandillas criminales y entrada ilegal a Estados Unidos.

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En días pasados, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, manifestó que firmó un acuerdo para que la Patrulla de Carreteras estatal sume su apoyo en operativos migratorios llevados a cabo por el federal Departamento de Seguridad Nacional.

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“Es momento de esforzarse por calmar las tensiones y reducir el riesgo de nuevas violencias. El diálogo es primordial”, escribió Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, justo antes de la gran manifestación contra la investidura del presidente, prevista el viernes 10 de enero.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, prometió salir de la clandestinidad este jueves 9 de enero para liderar la primera gran manifestación de la oposición en semanas.

Paralelamente, el gobierno también anunció una marcha de apoyo al presidente socialista, quien debe juramentar para un tercer mandato el viernes 10 de enero.

Las autoridades han desplegado masivamente fuerzas de seguridad en el país, especialmente en la capital, Caracas, y han llevado a cabo una ola de arrestos, incluida la detención del excandidato opositor Enrique Márquez, acusado de formar parte de un complot para derrocar al presidente Maduro.

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Carlos Correa, director de la reconocida ONG, Espacio Público, defensora de derechos humanos, también ha sido detenido.

La oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, en las elecciones presidenciales de julio.

Por: AFP

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“Estamos agradecidos por el renovado compromiso de México con la aplicación de medidas para abordar el desplazamiento de personas hacia el norte”, comentó Mayorkas durante una conferencia de prensa en Eagle Pass, Texas, localidad fronteriza con Piedras Negras, México y cercana al Río Grande o Río Bravo que es una de las principales rutas de cruce para los migrantes irregulares en esa zona.

De acuerdo con datos de las autoridades estadounidenses, las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México han bajado a 2.500 por día, en comparación con el promedio de 8.400 detenciones diarias alcanzadas en diciembre de 2023.

Bajo las leyes migratorias de los EE.UU., la mayoría de quienes llegan a la frontera sin autorización no califican para permanecer en los EE.UU. Las leyes de asilo no proveen protección a base de violencia general o razones económicas.

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— CBP (@CBP) January 9, 2024

Las autoridades mexicanas, entre otras acciones, han incrementado las deportaciones de migrantes y refugiados que atraviesan México en un intento por llegar a territorio estadounidense.

La agencia de migración de México ha llevado a cabo al menos 22 vuelos desde la región limítrofe con Estados Unidos hacia ciudades del sur mexicano que son fronterizas con Guatemala, durante los últimos 10 días de diciembre, según Witness at the Border, un grupo de defensa de migrantes.

La mayoría de esos vuelos tuvieron como punto de partida la localidad de Piedras Negras, fronteriza con Eagle Pass.

Paralelamente, México y Venezuela anunciaron a finales del año pasado que reanudaron los vuelos para repatriar a los venezolanos que se encuentran en territorio mexicano.

Estos cambios ocurrieron después de que una delegación de Estados Unidos, integrada entre otros por Mayorkas, se reuniera los últimos días de diciembre en México con el presidente Andrés López Obrador.

Ambas partes acordaron intensificar los esfuerzos de ambas naciones para “interrumpir el tráfico de personas, combatir la trata y desmantelar redes criminales”, según indica el comunicado final tras la reunión.

En diciembre pasado la agencia de migración de México anunció la suspensión de las deportaciones y transferencias de migrantes debido a la falta de fondos, lo que provocó que migrantes y refugiados llegaran a Estados Unidos en niveles récord durante las últimas semanas del 2023.

Solo en los primeros 28 días de diciembre del año pasado, la patrulla fronteriza detuvo a 235.000 migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reseñados por la cadena CBS.

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El dato de diciembre marcó un récord: nunca antes se habían registrado tantas llegadas de migrantes desde que comenzaron a recopilarse datos en el año 2000. Este aumento se suma a los más de dos millones que fueron detenidos en el año fiscal 2022 y, de nuevo, en el año fiscal 2023.

Esos números reflejan la desesperación de aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo para escapar de la violencia y la pobreza en busca de una vida mejor.

Según la CBP, se ha registrado un significativo aumento en los últimos meses en la migración proveniente de Venezuela, Colombia y Haití.

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Según cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en el año fiscal 2023 comprendido entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, un total de 2.045 millones de personas fueron arrestadas por las autoridades en la frontera estadounidense con México.

Con estos números 2023 se convierte en el segundo año con mayor cantidad de arrestos en la frontera sur desde 1925, solo superado por 2022 cuando las autoridades detuvieron a 2,2 millones de personas.

Troy Miller, comisionado interino de la CBP dijo en un comunicado que la agencia aumentó sus recursos y personal en septiembre en respuesta a las altas tasas de arrestos a lo largo de la frontera suroeste.

Destacó también el funcionario que la CBP está colaborando con aliados dentro y fuera del territorio estadounidense para abordar lo que calificó como una migración histórica en el continente americano.

El aumento en la cantidad de personas arrestadas por las autoridades migratorias en septiembre pasado, en parte se debe a un aumento en la cantidad de venezolanos que llegaron a la frontera sur de Estados Unidos.

En septiembre la CBP detuvo a 54.833 venezolanos, un incremento del 148% en comparación con agosto y la cifra más alta de arrestos de personas de esta nacionalidad en los últimos 12 meses.

Después de las personas de Venezuela, en segundo lugar están los mexicanos con 39.733 arrestos practicados por dicha agencia, seguidos de los guatemaltecos con 33.669 arrestos, y los hondureños con 23.505.

Conjuntamente con el número de arrestos, la CBP dio a conocer las cifras de su programa CBP One a través del cual las personas que desean solicitar asilo pueden pedir una cita mediante esta aplicación móvil.

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En septiembre unas 43.000 personas se presentaron en los puertos de entrada en la frontera estadounidense gracias a la citada aplicación. Entre enero y septiembre de 2023 en total unas 278.000 personas lograron pedir sus citas con CBP One, según los datos del Gobierno estadounidense.

Las cifras de arrestos en la frontera se dieron a conocer varias semanas después de que Estados Unidos anunciará la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes hacia Venezuela, tras años de haber congelado esta práctica, como una medida para disuadir la migración.

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