Rosa, una guatemalteca de 32 años, se encontró sola con sus dos hijos luego de que su esposo fuera detenido por agentes migratorios mientras trabajaba en una obra de construcción. El arresto ocurrió en septiembre y el hombre fue trasladado a un centro de detención en Texas, donde permanece hasta ahora. Desde entonces, Rosa vive con el miedo constante de que a ella le ocurra lo mismo.

“Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos”, explica. La situación también afecta emocionalmente a los niños. “Mi niño espera que llegue su papá y, como no viene, se pone triste”, relata.

Para prevenir un escenario más grave, Rosa decidió otorgar la tutela legal de sus hijos a Nora Sandigo, una activista radicada en Miami que desde hace años asiste a familias migrantes. Este tipo de poder notarial permite que un adulto designado pueda firmar documentos escolares, médicos o legales en nombre de los menores, sin que los padres pierdan la custodia.

El aumento de estos casos coincide con un endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. De acuerdo con cifras oficiales publicadas este mes, más de 605.000 personas indocumentadas fueron deportadas desde enero, cuando el mandatario regresó a la Casa Blanca. En Florida, donde reside una amplia comunidad extranjera, las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han intensificado, especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción.

Sandigo, nicaragüense naturalizada estadounidense, comenzó hace 15 años a asumir la tutela de niños de familias migrantes a través de su fundación. Actualmente es tutora legal de cerca de 487 menores, aunque en total ha acompañado a más de 2.000. Algunos de ellos incluso vivieron con ella durante meses o años tras la deportación de sus padres.

Según la activista, el número de solicitudes “se ha incrementado de forma espectacular” en los últimos meses, una tendencia que también se observa en otros estados como California, Illinois y Vermont.

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El impacto emocional alcanza a los propios menores. Jessica, una adolescente de 14 años nacida en Estados Unidos, expresó su miedo ante la posible deportación de sus padres. “Si ellos se van, yo me voy con ellos”, dijo entre lágrimas.

Sandigo advierte que la actual política migratoria podría dejar secuelas psicológicas duraderas. “Amo a los niños y quiero servirles, pero no en estas circunstancias”, afirma.

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Estos cientos de niños que viven en Estados Unidos iban a ser devueltos a su país natal en virtud de un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Guatemala, según un documento judicial.

Pero una jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia impidió temporalmente la deportación, tras una demanda presentada por el National Immigration Law Center (NILC), un grupo de defensa de los inmigrantes.

En su decisión de 25 páginas, la magistrada suspendió “durante 14 días el traslado, la repatriación, la reubicación y el transporte” de estos menores, representados por el NILC en una demanda colectiva civil contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La oenegé acusó a la administración Trump, que lleva siete meses implementando su agenda antiinmigratoria, de “arrancar a niños vulnerables y asustados de sus camas y tratar de ponerlos de nuevo en peligro” al enviarlos de regreso a la nación centroamericana.

“Nos reconforta que el Tribunal haya evitado esta injusticia antes de que cientos de niños sufrieran daños irreparables”, declaró Efrén Olivares, vicepresidente del NILC, en un comunicado.

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Según la demanda, si son deportados, los niños guatemaltecos corren el riesgo de “exponerse a numerosos peligros al regresar a un país donde temen ser perseguidos”.

Los niños migrantes sin un padre o tutor legal en Estados se encuentran en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, una agencia gubernamental.

El NILC remarcó que, según la ley federal, el gobierno debe permitirles acceso a asistencia legal y no someterlos a deportación acelerada, “excepto en circunstancias limitadas, que no se aplican a los menores guatemaltecos”.

También advirtió que la mayoría de los menores guatemaltecos bajo custodia de autoridades en Estados Unidos son indígenas, y muchos no hablan ni inglés ni español, lo cual aumenta su “vulnerabilidad a ser engañados por funcionarios que buscan deportarlos”.

La decisión del tribunal federal de Washington, aunque provisional y sujeta a apelación, supone un nuevo revés legal para la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración.

El viernes por la noche, otro juez federal bloqueó el proceso de “deportación acelerada” para los extranjeros indocumentados arrestados recientemente en la frontera con México.

Este proceso, sin comparecencia ante el tribunal, viola una disposición constitucional que establece que “ninguna persona será deportada de Estados Unidos sin tener la oportunidad, en algún momento, de ser escuchada”.

Por: AFP

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Ese miedo se extiende a los dueños de las productoras de banano, un sector ya golpeado que depende mucho de la mano de obra haitiana. Lo mismo pasa en otros cultivos o en sectores como el turismo y la construcción, cuyos obreros también son en su mayoría de Haití.

Son trabajos pesados, de largas jornadas bajo un sol inclemente.

En las siembras de plátano en Mao (noroeste) la mayoría de los trabajadores son haitianos, pocos dominicanos quieren hacerlo.

“Está muy barato”, dice Cheranfant, de 33 años, en un español precario en referencia a la baja remuneración: 800 pesos diarios, menos de 14 dólares.

“Siempre estamos asustados, siempre estamos escondidos”, añade. “Casi todos los días salimos huyendo por la mañana, de noche, tres de la mañana, una de la mañana (…). Estás durmiendo asustado; comiendo, asustado. No podemos vivir tranquilos”.

Cheranfant ya fue deportado unas tres o cuatro veces, no recuerda bien. Siempre volvió: su esposa y tres hijos viven en un pueblo cercano a la plantación.

Operativos “desordenados”

República Dominicana y Haití mantienen una relación sazonada con rencor y desconfianza. El presidente dominicano, Luis Abinader, endureció la política sobre la migración proveniente del país vecino, azotado por la pobreza y por la violencia de las pandillas, que ha obligado a miles de ciudadanos a desplazarse.

Abinader ordenó levantar un muro en la frontera y multiplicó las redadas y deportaciones de indocumentados. En el primer semestre de 2025, más de 200.000 haitianos fueron devueltos a su país.

La asociación de constructores (Acoprovi) dice a la AFP que estos “operativos de repatriación desordenados” generaron una “reducción de la disponibilidad de mano de obra” en tareas que “no son de interés de los dominicanos”.

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En algunas zonas, la oferta laboral cayó entre 40% y 80%.

El turismo por ejemplo “ha sido afectado en tareas como la cocina”, explica Henri Hebrard, economista y asesor en el sector público y privado. “Eso puede afectar la calidad del servicio”.

Empresarios coinciden en la necesidad de un plan de regularización.

Acoprovi propone la emisión de 87.000 permisos de trabajo temporales. Los bananeros tienen un registro de 15.000 obreros haitianos.

El gobierno por lo pronto no ha mostrado ningún signo de flexibilidad ante estas peticiones.

Antony Florestal, de 32 años, tiene sus documentos vencidos: pasaporte, cédula de extranjería, carnet de trabajo. Si lo localizan en una redada, será deportado.

“Tengo miedo”, sostiene Florestal, que desde 2009 trabaja en campos agrícolas. “Yo vivo aquí (en la finca) para no salir a la calle”.

Trabajo nómada

Dominicana exporta plátanos a varios países de Europa, del Caribe y Estados Unidos. Entra dentro del 5,6% que aporta el sector agropecuario al PIB del país.

En los campos donde trabaja Cheranfant, sus compañeros toman con experticia racimos envueltos en bolsas plásticas y los apoyan sobre un cojín viejo que acomodan en su hombro: es más fácil para recibirlo y transportarlo una vez cortada la rama con un machete.

De ahí se coloca en un gancho de acero y se traslada por un cable hasta otra zona donde se clasifica y empaca para su comercialización. Los mejores bananos se exportan, en este caso a Alemania; el resto se vende en el mercado local.

Es un rubro en crisis. La producción cayó 44% entre 2021 y 2024, según cifras de Adobanano.

Fenómenos naturales, plagas y el aumento en los costos de producción se suman a la incertidumbre por la falta de mano de obra.

“Aquí la nómina está mermada en más de un 50%”, refiere el productor Osvaldo Pineo, entre los deportados y quienes vuelven al país. “Otra parte trabaja de manera nómada: hoy te ofrecen el servicio pero mañana tú no sabes si lo vas a tener”.

“Si tú los montas en un vehículo y te lo revisan (las autoridades), ya tú estás tildado de traficante de indocumentados”, critica.

Por: AFP

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En una sentencia sin firma, el máximo tribunal dio la razón al Departamento de Justicia que pedía levantar una suspensión judicial, aunque no explicó la decisión y las tres juezas liberales discreparon.

En abril, el juez de distrito Brian Murphy ordenó la suspensión de las deportaciones a terceros países porque considera que los migrantes deben poder impugnar sus casos.

En mayo estimó que la expulsión de un grupo de migrantes, incluidos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur violaba este derecho a la impugnación.

Para ser deportados a un tercer país los migrantes tenían que haber sido avisados y contar con un plazo “mínimo de diez días” para apelar como dicta la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, afirmó entonces Murphy.

Si el Departamento de Seguridad Interior (DHS) considera que el miedo a ser torturados o maltratados es infundado, debe concederles de todos modos al menos 15 días para que puedan solicitar una revisión, agregó.

Los migrantes estaban siendo trasladados a Sudán del Sur, un país empobrecido y devastado por la guerra, cuando se emitió la orden de Murphy y desde entonces han permanecido retenidos en una base militar estadounidense en Yibuti, un país africano que limita con Eritrea, Somalia y Etiopía.

El caso será examinado por un tribunal de apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema permite que las expulsiones sigan adelante por ahora.

La jueza progresista de la Corte Suprema Sonia Sotomayor acusó al gobierno de “conducta flagrantemente ilegal” que “expone a miles de personas al riesgo de tortura o muerte”.

El Departamento de Seguridad Interior aplaudió la decisión por considerarla una “victoria para la seguridad” de los estadounidenses.

“Si estos jueces activistas se salieran con la suya, extranjeros tan singularmente bárbaros que sus propios países no los aceptan, incluyendo asesinos convictos, violadores de menores y narcotraficantes, andarían libres por las calles estadounidenses”, afirmó el DHS en un mensaje en la red social X.

“Aviones de deportación”

“El DHS ahora puede ejercer su autoridad legal y expulsar a los migrantes indocumentados a un país dispuesto a aceptarlos”, sostuvo. “Enciendan los aviones de deportación”, añadió.

Trump hizo campaña prometiendo expulsar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.

El presidente republicano se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante.

El máximo tribunal intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.

Pero la Corte, de mayoría conservadora, también ha dado victorias al republicano en temas migratorios, con la oposición sistemática de las magistradas progresistas.

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La Corte Suprema autorizó al gobierno revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, y dio luz verde para cancelar el Estatus de protección temporal (TPS) de unos 350.000 venezolanos que los protegía de ser expulsados.

En ambos casos la decisión es temporal, hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo.

Por: AFP

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La jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pennsylvania y nombrada por Trump, concluyó el martes que este caso “cumple con” la Ley de enemigos extranjeros de 1798 (AEA, por sus siglas en inglés), pero dijo que las autoridades deben “proporcionar mayor notificación a aquellos sujetos a remoción”.

El presidente republicano invocó en marzo esa ley, usada entonces por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, para enviar a individuos a los que acusa de ser miembros de la banda venezolana Tren de Aragua a una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

Pero la Corte Suprema y varios tribunales inferiores alegaron falta del debido proceso y suspendieron temporalmente las deportaciones bajo la AEA.

Los abogados de varios de los venezolanos deportados sostuvieron que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, no habían cometido delitos y fueron apresados principalmente por sus tatuajes.

Ahora, en una victoria legal para Trump, Haines falló que el gobierno de Estados Unidos podía de hecho utilizar la ley para deportar a sospechosos miembros venezolanos del Tren de Arangua que se encontraran ilegalmente en Estados Unidos “siempre que el gobierno cumpla con la notificación y el debido proceso suficientes”.

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Según el fallo, las autoridades deben dar a los deportados al menos 21 días de aviso.

Haines describió a los miembros del Tren de Aragua como “empeñados en desestabilizar a Estados Unidos” e “inundar” el país con drogas ilegales, buscando causar una “disrupción significativa a la seguridad pública”.

La decisión, que se relaciona con un venezolano identificado solo por las iniciales A.S.R., podría llevar a otras deportaciones en el distrito de Haines en Pennsylvania, informó el Washington Post.

El Tren de Aragua fue designado como una “organización terrorista extranjera” por la administración de Trump, que ha pagado a El Salvador millones de dólares para encerrar a cientos de migrantes deportados que afirma son criminales y miembros de pandillas.

Por: AFP

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“Estamos haciendo que sea lo más fácil posible para los inmigrantes ilegales salir del país”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

“Cualquier inmigrante ilegal puede simplemente presentarse en un aeropuerto y recibir un vuelo gratuito para salir de nuestro país”, dijo. 

Explicó que quienes estén interesados también podrán reservar un vuelo a través de una aplicación.

“Mientras no estés aquí, puedes ir a donde quieras”, sostuvo el mandatario republicano, y advirtió que quienes permanezcan en suelo estadounidense estarán sujetos a sanciones, como la expulsión hacia lugares y a través de métodos que estarán bajo “entera discreción” de la administración.

El gobierno anunció el lunes que destinará 1.000 dólares a los inmigrantes que salgan voluntariamente, y que además cubriría sus gastos de transporte, para que “quizás algún día” puedan regresar a Estados Unidos legalmente.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que este procedimiento “reduciría el costo de la deportación en aproximadamente un 70%”.

Según la entidad, el costo promedio de arrestar, detener y deportar a un inmigrante ilegal en Estados Unidos es actualmente de unos 17.121 dólares.

El departamento informó que una persona de Honduras ya se benefició de este programa para regresar a su país.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las principales banderas de su segundo mandato. Se ha referido al fenómeno como una “invasión” de Estados Unidos por parte de “criminales del extranjero”.

Sin embargo, su programa de expulsiones masivas se ha visto frustrado o ralentizado por múltiples fallos judiciales.

Por: AFP

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Las detenciones y deportaciones han marcado los primeros cien días de gobierno de Trump, quien regresó a la Casa Blanca el 20 de enero con una fuerte agenda antiinmigración que aterroriza a millones de personas que entraron irregularmente al país.

“Ya no hace uno su vida normal”, dijo Hernández, de 46 años, en el sur de California donde ha pasado la mitad de su vida.

“Preocupada”, “frustrada”, “postrada”, son algunos de los adjetivos que usa la madre de cinco cuándo se le pregunta como se siente.

La inmigrante, que abandonó México debido a la violencia cargando a su hija mayor en brazos, llegó a ser detenida brevemente en 2019, durante el primer gobierno de Trump, en un operativo contra el supermercado donde trabajaba, por prácticas irregulares.

Esa experiencia la asustó. Pero Hernández, que ahora trabaja en un restaurante y tiene cuatro hijos nacidos en Estados Unidos, asegura que nunca tuvo tanto miedo como en los últimos tres meses. 

“Va uno a trabajar pero no sabe qué va a pasar (…) ya no sabes si vas a regresar a casa o no”, dijo a AFP.

“Con eso de que tienen más concentración en deportar gente, pues no les importa, aunque tú no tengas registro criminal”, agregó.

Hernández limitó sus salidas a lo estrictamente necesario y aumentó las precauciones.

Cuando va a trabajar o lleva a sus hijos a la escuela, inspecciona primero que no haya carros sospechosos. Y está pendiente de cadenas de mensajes de amigos, vecinos y organizaciones no gubernamentales.

“Cuando vemos algo que es irregular empezamos a avisar a estas organizaciones y todo se empieza a ver en Facebook, en mensajes, Instagram” u otras redes, explica.

Patrullaje ciudadano

Una de estas fuentes de información es la organización Unión del Barrio, que patrulla las calles de San Diego y Los Ángeles desde antes del amanecer para identificar potenciales redadas.

“El objetivo es no ver nada, pero si vemos algo informamos a la comunidad”, dijo Ron Gochez, miembro de la organización.

“Hacemos esto todos los días en áreas diferentes de Los Ángeles, siete días a la semana, y atendemos el teléfono 24 horas al día”, agregó durante un recorrido por el sur-centro de Los Ángeles, una región de clase trabajadora con fuerte presencia de inmigrantes.

Los activistas se reúnen a las 5h30 de la mañana y salen a rodar en busca de carros con vidrios polarizados, de determinados modelos, aparcados en doble fila, u otras características que podrían indicar que son de agentes del servicio de Inmigración.

Iniciaron estos recorridos hace más de veinte años en San Diego, pero aumentaron la frecuencia tras el regreso de Trump.

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“La comunidad está muy asustada. Cerca de 10% de mis estudiantes no van más a la escuela”, dijo Gochez, un profesor de historia de 43 años.

Una de sus alumnas regresó a El Salvador junto con su familia por temor a las redadas que en Los Ángeles también rondaron recientemente dos escuelas.

“Vemos mucho menos (gente) en las iglesias los domingos, las fiestas familiares y las (fiestas) quinceañeras también disminuyeron”, comenta el activista.

“Nuestro trabajo aporta”

Al final de los recorridos, Unión del Barrio coloca las imágenes en redes sociales para que los vecinos sepan si su área está libre de redadas.

Esa información es vital para personas como Hernández, que teme a diario ser separada de sus hijos, cuatro de ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

“Si yo tengo la oportunidad de quedarme aquí, pues es para sacarlos a ellos adelante y que tengan un mejor futuro. Que no vivan en la situación en la que uno está”, teniendo que trabajar “a veces hasta 16 horas al día”. 

Pese al riesgo que corre, Hernández dijo no tener miedo de dar una entrevista.

“No estoy diciendo nada que no sea verdad”, comentó.

“Yo, como muchas personas, estamos trabajando, no estamos haciendo nada que sea malo para este país. Sino al contrario, todos venimos a trabajar, y nuestro trabajo aporta y suma a la economía de este país”.

Por: AFP

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El mandatario republicano asegura que hizo grandes avances para cumplir sus promesas electorales de frenar los cruces ilegales de la frontera desde México, que se dispararon a niveles récord durante el gobierno de su predecesor, el demócrata Joe Biden.

La orden ejecutiva apunta a las llamadas “ciudades santuario”, que prohíben a sus funcionarios cooperar con los agentes federales en la identificación y expulsión de inmigrantes en situación irregular.

Trump, que esta semana prevé enfatizar lo que considera sus logros en economía, política exterior, eficiencia gubernamental y migración desde su regreso a la Casa Blanca, ha visto bajar su popularidad desde su investidura en enero.

Más del 40% de los estadounidenses dice que “desaprueba fuertemente” sus acciones, según una encuesta de opinión del Washington Post-ABC. 

La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, destacó una disminución de 95% en la interceptación de migrantes indocumentados en la frontera con México, de 140.000 a 7.000, en los 12 meses desde marzo de 2024, cuando Biden todavía estaba en el cargo.

“Las fronteras de Estados Unidos ahora están seguras gracias al presidente Trump. Ha restaurado el Estado de derecho, ha aplicado nuestras leyes migratorias y ha defendido la soberanía de Estados Unidos”, afirmó la portavoz.

La retórica de campaña electoral de Trump sobre enfrentarse a las supuestas hordas de violadores y asesinos resonó entre los votantes estadounidenses preocupados por la inmigración ilegal.

Cuestionados cuatro alcaldes de ciudades santuario  

La orden ejecutiva instruye a funcionarios del gobierno a publicar dentro de 30 días qué estados y autoridades locales “obstruyen la aplicación de las leyes de inmigración federales”, con la advertencia de que los que estén incluidos en esa lista peligran el acceso a ciertos fondos gubernamentales.

Los alcaldes de cuatro de las “ciudades santuario”, Boston, Chicago, Denver y New York, fueron cuestionados sobre sus políticas de inmigración durante una audiencia tensa en el Congreso en marzo.

Los tribunales han confirmado la legalidad de las leyes santuario, y un juez estadounidense dictaminó la semana pasada que la administración de Trump no puede retener fondos federales de las autoridades por el hecho de dar algún tipo de protección a los inmigrantes en situación irregular.

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Símbolo de la política migratoria de Trump, en el césped de la Casa Blanca se veían pancartas con fotos de inmigrantes tomadas por la policía.

La palabra “arrestado” estaba impresa en letras mayúsculas sobre cada imagen y, abajo, el delito del que habían sido acusados, desde “asesinato en primer grado” y “abuso sexual de menores” hasta “distribución de fentanilo.”

Under Joe Biden, criminal illegal aliens called the shots. Under President Trump, it’s a new dawn, a new day, a new life for America — and we’re feeling good. 🎶 pic.twitter.com/pD7hf1A07G

— The White House (@WhiteHouse) April 28, 2025

Un comunicado de prensa de la Casa Blanca incluyó un listado de 100 personas definidas como los “peores de los peores inmigrantes ilegales criminales” detenidos desde que Trump asumió el cargo.

Mientras tanto, los republicanos en la Cámara de Representantes publicaron un proyecto de ley que otorga a Trump poderes para imponer una serie de cargos onerosos relacionados con la inmigración, incluido un mínimo de 1.000 dólares para solicitudes de asilo.

En su cruzada antiinmigración, Trump también envió tropas a la frontera con México y designó a pandillas latinoamericanas como el Tren de Aragua y la MS-13 como grupos terroristas.

Eso le valió enfrentamientos con jueces, opositores demócratas y grupos de defensa de los derechos humanos, que afirman que ha ignorado la Constitución al apresurarse a deportar migrantes, a veces sin la oportunidad de una audiencia.

Tom Homan, a quien Trump encargó orquestar una política de deportaciones a gran escala, aseguró a periodistas que Estados Unidos tiene “la frontera más segura en la historia”.

Las tasas de deportación, sin embargo, han sido menores que en la era Biden, a pesar de las promesas de Trump de realizar una campaña de expulsiones masivas.

El gobierno no ha publicado datos completos, pero el Instituto de Política Migratoria dijo que parecía estar en camino de deportar medio millón de personas este año, menos de las 685.000 registradas en el año fiscal 2024 durante la administración Biden.

Homan argumentó que las comparaciones eran falsas, ya que los números de deportación de Biden incluían a aquellos expulsados en la frontera, y la mayoría de esas personas ahora son detenidas antes de entrar.

Por: AFP

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El presidente estadounidense, Donald Trump, invocó el mes pasado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar a supuestos miembros del Tren de Aragua y deportarlos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.

Hasta ahora, la ley solo se había usado durante la guerra de 1812 contra el Imperio británico y sus colonias canadienses y en las dos guerras mundiales.

“Se ordena al gobierno no expulsar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos de Estados Unidos hasta nueva orden de esta corte”, decretó el tribunal.

La decisión responde a la apelación de emergencia presentada por abogados de derechos humanos con tal de frenar la deportación de migrantes actualmente retenidos en un centro del estado de Texas, en el sur.

En su recurso presentado el viernes por la noche, la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentó que se había comunicado al grupo de venezolanos retenidos en Texas que “iban a ser expulsados inminentemente” en virtud de esa ley.

Los abogados de varios venezolanos deportados previamente insisten en que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua y aseguran que no habían cometido delitos y que, en gran medida, fueron blanco de esta campaña por los tatuajes de su cuerpo.

Trump, que en campaña prometió expulsar a millones de migrantes indocumentados, acusó a Venezuela de “perpetrar una invasión” de Estados Unidos a través de la entrada al territorio norteamericano de presuntos miembros del Tren de Aragua.

Oportunidad de defenderse

La Corte Suprema ya había indicado este mes que cualquier persona en un proceso de deportación en el marco de esta ley del siglo XVIII debía tener la oportunidad de impugnar judicialmente su expulsión.

La ACLU afirmó en su recurso el viernes que los migrantes retenidos en Texas corrían el riesgo de “ser expulsados de Estados Unidos sin previo aviso ni la oportunidad de ser escuchados”.

“Muchos individuos han sido ya puestos en autobuses, presuntamente dirigidos hacia el aeropuerto”, señaló este grupo.

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La semana pasada, la Corte Suprema ya ordenó al gobierno de Trump a “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo y encarcelado en una prisión de su país precisamente en virtud de la misma ley.

Kilmar Ábrego García vivía bajo un estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado a su país porque podría estar en peligro.

Aun así, el 12 de marzo fue arrestado y expulsado tres días después. Aunque reconoció un “error administrativo”, la administración federal argumenta que no puede enmendarlo porque Ábrego García ya está detenido en El Salvador.

Los migrantes deportados a El Salvador se encuentran encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de la capital, San Salvador. Esta prisión es considerada el penal más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 presos.

Los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin ventanas, duermen en camas de metal sin colchón y no pueden recibir visitas.

Por: AFP

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Este magistrado suspendió las deportaciones basadas exclusivamente en la Ley sobre enemigos extranjeros de 1798 cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

“El tribunal determina en última instancia que con sus acciones ese día el gobierno ignoró deliberadamente su orden”, escribió el juez federal James Boasberg.

“En lugar de acatar la decisión de la Corte, el gobierno continuó la operación de deportación a toda prisa”, dijo Boasberg.

Esto es “suficiente para que el tribunal concluya que existe una causa probable para declarar al gobierno en desacato”, añadió.

No obstante, el juez concedió de plazo al Ejecutivo hasta el 23 de abril para evitar un procedimiento de “desacato” y cumplir con su decisión del 15 de marzo. En su defecto, le pide que le facilite la identidad de la persona o personas que han decidido ignorarlo.

La Casa Blanca reaccionó diciendo que recurrirá “inmediatamente” las conclusiones del magistrado.

“Fuera de control”

Trump, que ha prometido poner fin a lo que considera una “invasión” de “criminales procedentes del extranjero” y lleva semanas de forcejeo con los tribunales, despotricó contra el magistrado en su plataforma Truth Social.

“Un juez falló en contra nuestra por 530.000 migrantes ilegales (…) diciendo que no pueden ser vistos como un grupo, sino que cada caso debe ser juzgado individualmente”, escribió, dando a entender que todos ellos son delincuentes.

“Eso tomaría aproximadamente 100 años. ¿Qué está pasando con nuestros tribunales? Están totalmente fuera de control”, añadió.

El 8 de abril la Corte Suprema levantó la prohibición de expulsar migrantes invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los migrantes que pusieron demandas para evitar la deportación se encuentran en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se tramitó en Washington.

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El máximo tribunal consideró no obstante que deben de poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde donde son expulsados.

Pese a una serie de vistas judiciales los funcionarios de la administración Trump “no han proporcionado ninguna razón convincente” para evitar llegar a la conclusión de que “desobedecieron deliberadamente la decisión del tribunal”, insistió el magistrado.

Entre los deportados el 15 de marzo en virtud de esta ley usada hasta entonces solo en tiempos de guerra figura el migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, pese a que en 2019 una corte revocó permanentemente la posibilidad de expulsarlo a El Salvador.

El gobierno reconoció posteriormente que se debió a un “error administrativo”, pero insiste en su derecho a invocar la ley de enemigos extranjeros.

Cuenta con el respaldo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que ha puesto a su disposición una megacárcel para recluir a los deportados. A cambio, ha recibido ya seis millones de dólares de Washington.

Trump dice que no está en sus manos traer de vuelta a Ábrego García y Bukele se alineó con él al afirmar el lunes en la Casa Blanca que tampoco tiene “el poder” de hacerlo.

“Deportado nuevamente”

El presidente republicano firmó un decreto que permite usar la ley de 1798 contra los miembros del Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó nuevamente a Ábrego García de ser “un inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13 terrorista extranjera”.

Cuando fue detenido “vestía una sudadera con fajos de billetes que cubrían las orejas, la boca y los ojos de presidentes”, es decir “un conocido símbolo de la pandilla MS-13”, dijo en un acto con periodistas al que invitó a la madre de Rachel Morin, una joven asesinada en 2023.

Un jurado popular declaró culpable del asesinato y violación de la joven a otro migrante salvadoreño que había sido deportado tres veces. 

Los demócratas se han solidarizado con Ábrego García.

El senador Chris Van Hollen viajó este miércoles a El Salvador, pero las autoridades no le dejaron reunirse ni hablar por teléfono con él.

Leavitt criticó el viaje y advirtió: “Si alguna vez acaba de regreso en Estados Unidos, sería deportado nuevamente de inmediato”.

En X el Departamento de Seguridad Interior (DHS) afirma que la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, “solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica contra él”, junto a un documento para demostrarlo.

Por: AFP

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