La mandataria explicó que la decisión responde al fallecimiento reciente de un connacional ocurrido en un centro ubicado en Adelanto, en el estado de California donde, según denunció, existieron deficiencias en la atención médica. Por ello, su administración enviará cartas formales a autoridades estadounidenses para exigir esclarecimiento de los hechos.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha endurecido la política migratoria, lo que ha derivado en la detención de más de 177 mil mexicanos. De ese total, al menos 14 han muerto bajo custodia del ICE, en distintos estados del país.

Como parte de la estrategia, México solicitará una audiencia telemática ante la CIDH y organizará reuniones en Los Angeles con familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer el respaldo comunitario.

Asimismo, se enviarán comunicaciones a legisladores y autoridades locales, incluido el gobernador Gavin Newsom. La presidenta agregó que el subsecretario Roberto Velasco dialogará con el embajador Ronald D. Johnson.

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La Cancillería reiteró que agotará todas las vías legales y diplomáticas para exigir investigaciones y justicia.

De las catorce muertes, cinco se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

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En enero, en este centro ubicado en Dilley, sur del país y a poco más de 100 km de la frontera con México, estuvo el niño ecuatoriano de cinco años Liam Conejo y su padre Adrián, tras ser detenidos en Mineápolis durante redadas antiinmigrantes.

Ambos fueron liberados tras la intervención de un juez pero aún arriesgan la deportación.

“El ejemplo de Liam es el típico caso de muchas familias. Estaban en proceso de asilo, cumplían con sus citas judiciales, pero no importó, igual los detienen”, explicó Javier Hidalgo, director legal de la organización humanitaria RAICES. Históricamente, los solicitantes de asilo han esperado su trámite en libertad.

A través de RAICES, la AFP accedió a varios testimonios de personas que permanecen en Dilley.

En Texas operan los dos centros de detención para familias inmigrantes del país. El otro está en el condado de Karnes.

El de Dilley puede albergar unas 2.000 personas. A inicios de febrero, autoridades de salud admitieron posibles contagios de sarampión allí y dijeron haber puesto en cuarentena a los afectados.

“Estamos en prisión”

W., haitiana de 34 años, y su hijo de dos ingresaron por la frontera sur mediante una vía regular habilitada por el gobierno de Joe Biden y pidieron asilo. Se instalaron en Ohio, pero durante un viaje a Nueva York fueron detenidos por agentes de ICE y trasladados a Dilley en octubre de 2025.

“Mi hijo y yo estamos en prisión, no tenemos privacidad (…) las luces están encendidas día y noche, incuso cuando dormimos (…) No tenemos acceso a agua embotellada o a atención médica” dijo en una declaración a Raíces en noviembre de 2025.

“Una vez hubo reclamos porque sirvieron brócolis con bichos dentro (…) tuvo que venir la seguridad a calmar a la gente”, contó.

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Diana, una madre colombiana con una hija de 10 años que padece la enfermedad de Hirschsprung -mal funcionamiento de los intestinos- fue detenida en octubre de 2025 tras vivir en Alabama con un monitor GPS desde 2024. En Dilley, dijo, la dieta inadecuada agrava la condición de su hija.

A veces solo hay frituras, algo que su cuerpo no tolera y le provoca vómitos. Pidió ayuda para mejorar la dieta pero “la doctora me dijo que ellos no estaban allí para darme comodidad, que estaba detenida y que su única responsabilidad es que no pasáramos hambre”.

Crislane, haitiana de 40 años, fue detenida junto a sus tres hijos en Nueva York en agosto de 2025, pese a tener permiso de trabajo, pagar impuestos y a que sus hijos iban a la escuela. “Es muy difícil dormir aquí, las luces nunca se apagan y el ruido no termina”, contó.

En Dilley también hay familias que trataron de cruzar la frontera en 2025. Vienen de Azerbaiyán, Kirguistán, China, Camerún, Rusia, Honduras o Venezuela.

Este centro de ICE es administrado por la firma privada CoreCivic bajo el nombre de Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

“La salud y la seguridad de quienes están bajo nuestro cuidado son la máxima prioridad. Nuestros socios en ICE comparten este compromiso, y trabajamos estrechamente con ellos para garantizar el bienestar de todos quienes están bajo nuestro cuidado”, dijo la firma en una declaración a la AFP.

Pero, para Hidalgo, “desde que un niño entra ya está siendo lastimado y la intención es forzar a las familias a que renuncien a su proceso de asilo” y acepten la deportación.

Ocho meses de encierro

Una madre egipcia y sus cinco hijos (de 5 a 18 años) llevan ocho meses en Dilley, luego de que el padre, Mohamed Soliman, fue arrestado, acusado de atentar contra una manifestación pro-Israel en Colorado.

Las autoridades investigan si la familia, que entró al país en 2022 pidiendo asilo, estuvo involucrada.

“Hubiéramos querido saber del horrible plan [del padre], para tratar de detenerlo y evitar que lastime a otros”, escribió Habiba, la hija de 18 años, en una carta publicada por el abogado Eric Lee.

Otro de los hermanos “tuvo apendicitis y pasaron días hasta ser atendido e incluso le dijeron que tomara tylenol”, explicó el abogado Chris Godshall-Bennett. 

“La comida es terrible, no hay comida apropiada para niños. No van al colegio. Este no es un lugar para niños”, agregó.

La haitiana W. contó que todas las mañanas despierta angustiada. “Lloro todo el tiempo y mi hijo seca mis lágrimas. Oficiales de ICE han llegado y me han pedido que firme mi deportación, pero quiero pelear mi caso. Aún no sé por qué estoy aquí”.

Por: AFP

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La oposición se refiere al nuevo borrador de la ley de Amnistía, más corto y general que uno difundido la víspera.

Según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, la ley será aprobada el martes próximo y prometió el viernes a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación.

“El texto presentado contiene omisiones graves”, indicó la Plataforma Unitaria Democrática en un comunicado.

“Excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente (…), no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas”, agrega.

La coalición está conformada por una docena de partidos opositores, que se alineó en torno a la nobel de la Paz María Corina Machado cuando lideró la campaña electoral contra Maduro en 2024. La oposición denunció fraude.

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La Unidad, como también se le conoce, consideró “preocupante” que “la aplicación de la amnistía quede en manos de los mismos órganos judiciales y del Ministerio Público, que han sido instrumentos de la persecución política”.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez -que asumió el poder tras la caída de Maduro en una operación militar estadounidense- anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones que avanza a cuentagotas. Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos al 5 de febrero.

Más de 600 presos políticos siguen en cárceles de Venezuela, según Foro Penal.

Por: AFP        

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El punto culminante, según la denuncia, ocurrió durante el sorteo del Mundial 2026 cuando Infantino otorgó a Trump un recién creado “Premio de la Paz de la FIFA”. Para FairSquare, conceder tal reconocimiento a un líder político en ejercicio representa una infracción directa al artículo 15 del código de ética de la federación, que exige estricta neutralidad institucional.

La solicitud, consultada por la AFP, pide a la comisión investigar el proceso detrás de la creación y anuncio del premio, del cual la FIFA no ha ofrecido detalles públicos. La ONG también recuerda que en octubre Infantino promovió abiertamente que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz y realizó declaraciones elogiosas sobre la política interna del mandatario.

FairSquare reconoce que, dado que Estados Unidos es el anfitrión principal del Mundial de 2026 junto con Canadá y México, mantener una relación diplomática entre ambas partes es razonable. No obstante, sostiene que Infantino ha sobrepasado los límites de la neutralidad al apoyar “la agenda política del presidente Trump”, lo que, afirma, compromete la integridad y reputación del fútbol global.

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Consultada por la AFP, la FIFA no confirmó la recepción de la denuncia ni comentó su contenido. La petición ahora queda en manos de la comisión de ética, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento formal contra su presidente.

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Cada semana, se publicará un caso nuevo de persona desaparecida, ofreciendo datos relevantes, fotografías y cualquier otra información valiosa que pueda ayudar a facilitar su pronta localización. La información será obtenida a través del Departamento de Policía de Philadelphia, con el fin de garantizar su veracidad y evitando confusión o la difusión de datos no confirmados.

La desaparición de un ser querido es una experiencia devastadora. Como medio de comunicación que está al servicio de la comunidad, El Sol Latino Newspaper se convierte en puente entre familiares y autoridades para que las voces de clamor sean escuchadas en todos los rincones de la ciudad y no se pierdan en el silencio.

Estas publicaciones estarán disponibles tanto en la edición impresa del semanario como en formato digital a través del sitio web, donde se podrá acceder a una base de datos con los casos de personas desaparecidas en la ciudad.

Esta sección incluirá detalles actualizados y orientación sobre cómo colaborar con información útil. También se proporcionarán medios seguros para que la comunidad pueda compartir datos con la policía.

Según cifras publicadas por el Federal Bureau of Investigation (FBI), en el año 2024 se registraron 533.936 reportes de personas desaparecidas en los Estados Unidos. Por su parte, el portal USA Data Hub informó que, en Pennsylvania, se reportaron 3,9 casos de desaparición por cada 100.000 habitantes durante ese mismo año.

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Ante las alarmantes estadísticas, esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de reportar una desaparición de manera oportuna y de utilizar los canales oficiales para hacerlo, especialmente dentro de comunidades vulnerables que, en algunos casos, pueden sentir temor o desconfianza al acercarse a las autoridades.

Ante cualquier caso de desaparición, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse de manera directa con el Departamento de Policía de Philadelphia al 215 – 686 TIPS (8477). Una denuncia oportuna puede marcar la diferencia en la pronta localización de una persona.

Familiares buscan a José Rivera-Hurtado

El Departamento de Policía de Philadelphia solicita la ayuda de la comunidad para localizar a José Rivera-Hurtado, de 38 años, quien fue reportado como desaparecido por su hermana.

Según las autoridades, José Rivera-Hurtado fue visto por última vez por su madre en su residencia, ubicada en la cuadra 1300 de Friendship Street, el pasado 29 de marzo, alrededor de las 10:00 de la noche. Desde entonces, no se ha tenido contacto con él.

Rivera-Hurtado mide aproximadamente 1,73 metros, pesa alrededor de 82 kilogramos y tiene ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta negra, pantalones deportivos grises, una gorra negra ajustada y zapatillas negras marca Nike. Se cree que podría encontrarse en el vecindario de Kensington.

La policía urge a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con la División de Detectives del Noreste llamando al 215-686-3153 o al 215-686-3154. Toda colaboración será tratada con confidencialidad.

La familia de José Rivera-Hurtado y las autoridades mantienen la esperanza de que la difusión del caso ayude a su pronta localización.

Por: Beatriz Oliva / Marianela Rodríguez

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Brady enfatizó que este es un asunto urgente que amerita una investigación por parte del principal funcionario policial del estado para determinar el alcance del fraude y tomar las medidas que se consideren pertinentes. “Actualmente, los registros financieros indican que no se han recuperado los pagos”.

“Valoro mucho la colaboración y agradezco el continuo apoyo del School District of Philadelphia y los funcionarios gubernamentales. Trabajando juntos, ayudaremos al distrito escolar a recuperar los fondos disponibles e implementar medidas de seguridad para prevenir futuros fraudes”.

La contralora fue informada sobre presuntos incidentes de fraude relacionados con pagos realizados por el distrito escolar a personas o entidades que se hacían pasar por proveedores.

El año pasado, se registraron al menos cuatro casos de transferencias electrónicas de pagos que fueron desviadas por agentes maliciosos, lo que provocó que los proveedores no recibieran los fondos.

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Según la contralora, los malos actores obtuvieron acceso no autorizado a los datos bancarios del distrito escolar o manipularon los sistemas de pago existentes para enviar fondos no autorizados a sus propias cuentas.

Uno de los pagos ascendió a más de $560.000 por servicios relacionados con la reparación de daños por inundaciones. Los otros tres pagos se realizaron por servicios compensatorios, se detalló en un comunicado publicado en la página web de la contraloría.

El concejal Isaiah Thomas, presidente del Comité de Educación, se unió al anuncio del Contralor Municipal. “Queremos asegurar que el dinero de los contribuyentes se destine a satisfacer las necesidades educativas y enriquecer la experiencia de los estudiantes”.

“Nos comprometemos a la transparencia total en el gasto y la gestión del dinero de los impuestos. El público tiene derecho a saber cómo se utiliza su dinero”.

El Contralor Municipal de Philadelphia tiene responsabilidades de supervisión y auditoría del distrito escolar. Es su responsabilidad informar a las autoridades competentes sobre posibles casos de fraude para su posterior evaluación.

La Oficina del Contralor Municipal proporcionará todos los recursos y el apoyo necesarios para ayudar al Fiscal General de Pennsylvania con una investigación exhaustiva.

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Los migrantes fueron deportados luego de que en marzo el presidente Donald Trump invocara la “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798 (Alien Enemies Act) que solo se había utilizado en tiempos de guerra.

Desde entonces, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” por Washington.

En muchos casos, la ley de 1798 invocada por Estados Unidos “parece haber sido mal aplicada para negar sus derechos, rechazar una revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contra del derecho internacional sobre los derechos humanos”, dijeron cerca de 20 expertos independientes de la ONU.

“La falta del debido proceso ha llevado a decisiones arbitrarias de deportación”, agregan en un comunicado los expertos que tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos pero no hablan en nombre de Naciones Unidas.

El carácter “sumario” de las decisiones tomadas por la administración estadounidense “fue claramente insuficiente para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador”, continuaron.

“Nuevo Guantánamo”

Los expertos también están alarmados por la reputación de las cárceles salvadoreñas.

Los migrantes deportados están encerrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una megaprisión de alta seguridad creada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para los pandilleros.

“Hacemos un llamado al gobierno salvadoreño para que permita a las agencias independientes de monitoreo el acceso inmediato y sin trabas a las cárceles que albergan deportados”, dijeron los expertos, quienes también exigen “respeto inmediato” a los derechos de los presos.

“Estoy muy preocupada por el Cecot”, dijo a AFP Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y firmante del comunicado, denunciando “graves problemas de maltrato físico, aislamiento prolongado, golpizas y muertes, incluidas muertes por desnutrición, palizas y estrangulamiento”.

“Cuanto más superpoblado está un establecimiento, mayor es el riesgo de tensiones. Se convierten en ollas a presión”, apunta la experta, que teme que Cecot “pueda convertirse en el próximo centro de detención tipo Bahía de Guantánamo”.

Estados Unidos y El Salvador también se han negado a devolver a algunos de los deportados, aunque jueces estadounidenses han instado a ello.

“Hacemos un llamado a los dos gobiernos para que cooperen en su devolución a Estados Unidos, así como a cualquier otra persona que haya sido deportada ilegalmente y desee regresar”, afirman los expertos.

También creen que el gobierno estadounidense abusa de la ley de 1798 y piden al gobierno que deje de usarla y que aplique las leyes de inmigración regulares.

Llamado a la ONU

Varias decenas de organizaciones estadounidenses y profesionales del derecho de varios países pidieron el martes a Naciones Unidas que actúe sin demora ante la detención de estos migrantes deportados.

El acuerdo entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo salvadoreño “constituye una grave violación del derecho internacional” y de los derechos humanos, dicen los firmantes de la carta, dirigida entre otros al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

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El mensaje, firmado por asociaciones estadounidenses, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), académicos, abogados y juristas de Estados Unidos y otros países, pide a la ONU que tome “medidas inmediatas, y hable públicamente sobre el tema e inicie una investigación sobre los términos del acuerdo y las condiciones de detención de los migrantes deportados.

Por: AFP

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El candidato republicano se niega sistemáticamente a comprometerse a reconocer el resultado de los comicios. 

El miércoles denunció “trampas” a “una escala nunca vista antes” en Pensilvania, uno de los estados clave que decidirán el resultado de las elecciones del próximo martes.

La víspera afirmó en las redes sociales que suceden “cosas muy feas” en este estado y pidió a la policía que haga “su trabajo, sin tardar”.

El viernes, las autoridades judiciales de un condado de Pensilvania anunciaron la apertura de una investigación sobre un lote de 2.500 solicitudes de inscripción electoral que contenían información de identidad incorrecta.

Se están haciendo verificaciones en otros condados, según la prensa local.

Trump, empatado con la vicepresidenta Kamala Harris en las encuestas, quiere “utilizar su estrategia habitual, donde crea el caos y aviva las divisiones y el miedo”, acusó el martes Josh Shapiro, el gobernador demócrata de Pensilvania, en declaraciones en la CNN.

El incidente también provocó la proliferación de informaciones y videos inexactos en las redes sociales, advirtieron las autoridades locales encargadas de supervisar el escrutinio. 

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“En las últimas 24 horas, hemos visto varios videos compartidos numerosas veces en línea que carecían de contexto o eran inexactos, lo que dio lugar a falsas narrativas (…) Es esencial que los votantes obtengan su información de fuentes fiables”, dijo el secretario de Estado de Pensilvania, Al Schmidt, en una reunión informativa diaria.

“La difusión de vídeos y otras informaciones que carecen de contexto, el intercambio de medias verdades en las redes sociales, e incluso de mentiras descaradas, son perjudiciales para nuestra democracia”, añadió.

El expresidente perdió este estado por solo 80.000 votos frente a Joe Biden en 2020.

El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump, enardecidos por sus acusaciones de fraude, asaltaron el Capitolio para intentar impedir la certificación de la victoria de Biden.

Por: AFP

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Un equipo de arbolistas de Philadelphia Parks & Recreation se mantiene de guardia para responder a las emergencias de árboles, y resolver inmediatamente ante situaciones que generen peligro y sean un riesgo inmediato para la seguridad pública.

Otras partes del árbol que no suponen un riesgo inmediato, como los troncos y los tocones, son retiradas más tarde, con la finalidad de que el equipo de arbolistas de Philadelphia Parks & Recreation puedan centrarse en otros peligros de la ciudad durante un evento meteorológico extremo. .

En caso de que un árbol caiga sobre cables eléctricos, los habitantes de la ciudad pueden llamar a la línea de emergencia de PECO al  (800) 841-4141 y el equipo de la compañía se encargará de atender la solicitud a la brevedad posible.

DYK? If a tree falls during a storm and it’s blocking a road, or it has fallen on a house, car, or other property, call 911.
A crew of arborists from Parks & Rec is on call to respond to tree emergencies!
See more info https://t.co/HmZkCpy48q pic.twitter.com/it0vxtWDQ1

— Philadelphia Parks & Recreation (@PhilaParkandRec) January 11, 2024

En caso de que la caída de un árbol no sea de emergencia, es decir, que no bloquee una carretera o no este sobre una casa, un auto, una propiedad o cables eléctricos, las personas pueden presentar una solicitud de retiro a través de Filadelfia. 311.

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El 311 proporciona acceso directo a la información del gobierno municipal, a los servicios y las actualizaciones de los servicios en tiempo real. Para la tranquilidad de las personas, hay varios idiomas disponibles. 

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Fabio Andrade, presidente de la referida organización de ayuda a los inmigrantes, comentó en una entrevista concedida a agencias internacionales de noticias que el Gobierno de Petro no atiende como es debido el funcionamiento del Consulado General en Miami y aseguró que más del 90% de los registrados en ese ente gubernamental no apoyaron al exguerrillero del M-19 en los comicios de 2022.

“Este Gobierno ha decidido no atender a las personas y estamos además sin cónsul para resolver el problema”, afirmó Andrade quien convocó a los medios para denunciar un mal funcionamiento de los servicios consulares.

William René Salamanca Ramírez había sido nombrado por Petro como cónsul general de Colombia en Miami, pero este 9 de mayo este mayor general de la Policía Nacional de Colombia fue nombrado director general de dicha institución luego que el Presidente lo reintegrara al servicio activo.

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Andrade manifestó que muchas personas han abandonado Colombia y los que entran a Estados Unidos de forma irregular carecen de documentos, por esa razón necesitan que en los consulados se les provea de identificación de manera eficiente.

Aseguró además que el hecho de que el 92% de los censados en el Consulado General de Colombia en Miami no respaldaran en las elecciones a Gustavo Petro sería la motivación de la hipotética represalia en forma de servicio ineficiente.

Uno de los problemas que denunció Andrade es que los colombianos que residen en el sur de Florida que intentan de conseguir una cita en línea a través del sitio de internet del consulado no pueden hacerlo porque el sistema no funciona.

Un caso de la denunciada ineficiencia de los servicios consulares es el de José Hernández, colombiano de 38 años oriundo de Bogotá y con doble nacionalidad. Él dijo en una entrevista concedida a agencias internacionales de noticias que para actualizar su debió presentarse personalmente en el Consulado General en Miami y allí el personal que lo atendió le dio una cita para dentro de 3 semanas.

Otra denuncia la hizo Oscar Gaitán, nativo de Armenia capital del departamento del Quindío, también con doble nacionalidad. Dijo que ante la imposibilidad de ser atendido en Miami debió viajar a Colombia para obtener su pasaporte y demoró seis meses en el proceso.

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