“Cuando uno no respeta (el debido proceso), es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel… claro, la gente dice ‘¡Oh!, qué eficiente’, que es el caso de El Salvador”, aseguró Bachelet en un foro sobre democracia realizado en la ciudad colonial de Antigua.

“Pero la verdad es que allí (en El Salvador) se han violado los derechos humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”, fustigó la expresidenta (2006-2010 y 2014-2018), en el evento organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 que permite arrestos sin orden judicial.

Unos 82.000 pandilleros han sido arrestados bajo esa herramienta criticada por grupos de derechos humanos que denuncian abusos y detención de personas inocentes, aunque el presidente justifica que la cruzada convirtió a El Salvador en “el país más seguro de todo el hemisferio occidental”.

Sobre los desafíos que enfrenta la democracia en Latinoamérica, la ex alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2018-2022) y exjefa de ONU Mujeres (2010-2013) consideró que la región atraviesa momentos “complejos”.

“En América Latina perdíamos la democracia por golpe de Estado, pero hoy día lo que vemos es algo mucho más complejo y es que son líderes electos democráticamente que cuando llegan al poder empiezan a cerrar parlamentos, empiezan a echar jueces, empiezan a arrestar a fiscales que están luchando contra la corrupción”, señaló.

Este jueves 3 de octubre, Bachelet compartió el foro con el expresidente peruano Francisco Sagasti (2020-2021) y el exgobernante de Costa Rica Luis Guillermo Solís (2014-2018), quien cargó contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señalado de perseguir a sus críticos.

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También lo hizo contra la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela en las elecciones del 28 de julio en medio de denuncias de fraude de la oposición.

“¿Qué duda cabe que Daniel Ortega es un dictador horroroso? Y lo mismo pasa en Venezuela, en donde se robaron las elecciones de manera impúdica”, indicó Solís.

Por: AFP

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En una intervención ante la primera sesión anual del Consejo en la que detalló la situación de los derechos en 10 países, la expresidenta chilena exhortó a sus gobiernos a seguir las recomendaciones de su oficina en favor de las libertades fundamentales.

Sobre Venezuela, Bachelet destacó un aumento de la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y su oficina, pero recordó que el comité de coordinación entre ambas partes ha recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.

“Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos”, subrayó la alta comisionada.

Sobre Colombia, Bachelet expresó su preocupación por el uso del Ejército para contestar las protestas sociales, o la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres.

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“Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia”, subrayó Bachelet, para señalar que en 2019 su oficina documentó al menos 108 asesinatos de activistas.

En el turno de réplicas, la representante colombiana replicó que las autoridades “no ahorraron esfuerzos para proteger a líderes y defensores de los derechos humanos”, y atribuyó los ataques contra estos activistas a grupos armados y organizaciones criminales que suponen “el mayor desafío” para el Gobierno.

Respecto a Nicaragua, la alta comisionada aseguró que desde la presentación de su último informe sobre ese país en septiembre de 2019 “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”.

“Organizaciones de víctimas que reclaman justicia, verdad y reparación, sus dirigentes y sus abogados siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones”, mientras “el derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado”, denunció Bachelet, quien recordó que 61 personas continuaban privadas de libertad por motivos relacionados con las protestas de 2018, y que 40 de ellas habían sido detenidas después de entrar en vigor de la Ley de Amnistía de junio de 2019, según organizaciones de la sociedad civil.

En cuanto a Guatemala, Bachelet pidió a las autoridades que adopten medidas efectivas e integrales para la prevención de los ataques contra defensores de derechos humanos y miembros de las instituciones judiciales.

Sobre Honduras, la alta comisionada recordó los altos niveles de pobreza, violencia e inseguridad que han incidido en la emigración de muchos ciudadanos hacia Norteamérica, y pidió a la Justicia nacional que continúe la investigación del asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada en 2016.

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“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación, que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales, que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, puntualizó.

El caso de Acosta Arévalo puede constituir una desaparición forzada, prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero, y se sospecha que Acosta sufrió torturas durante su detención, denunció la oficina que dirige la expresidenta chilena en un comunicado.

“Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, señaló Bachelet, quien insistió en una investigación imparcial “para facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables” de la muerte de Acosta Arévalo.

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El militar fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días, hasta que el 28 de junio cuando fue llevado ante un tribunal militar junto a otros cuatro militares y dos exfuncionarios de seguridad acusados de conspirar para asesinar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Según su abogado, el capitán retirado se presentó ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado, por lo que el juez lo mandó a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio.

Bachelet dijo tener en cuenta que dos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar han sido procesados por asesinato en primer grado, pero lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido incluidas en los cargos.

Por último, pidió a las autoridades venezolanas que permitan a los otros seis militares y exoficiales de seguridad detenidos junto al capitán Acosta Arévalo recibir visitas de sus abogados y familiares, y que se garantice que sean tratados con humanidad y dignidad.

“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, concluyó.

Las declaraciones de Bachelet se producen apenas 10 días después de que realizara una visita oficial a Venezuela para estudiar la situación de las libertades fundamentales en ese país, que expondrá esta semana en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra.

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Bachelet viajó a Venezuela para constatar la situación de crisis que vive la nación e intentar mediar en medio de las dificultades. En una visita de tres días pretende reunirse con el gobernante Nicolás Maduro; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos, y representantes de distintas ONG y diplomáticos.

Bachelet llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el principal del país y que sirve a Caracas, pasadas las 6:30 de la tarde hora local (22.30 GMT) junto a varios colaboradores y saludó a la prensa, que no pudo hacer preguntas aunque la esperaban desde temprano.

Fue recibida por el jefe de la ONU en Venezuela, Peter Grohmann, con quien sostuvo un breve encuentro en un espacio de la terminal aérea, cuyo contenido no trascendió. Posteriormente Bachelet abordó una camioneta blindada con identificación diplomática y abandonó el lugar escoltada por varios vehículos de uso oficial.

Pocos minutos después la chilena fue recibida en la Cancillería venezolana donde se reunió con Arreaza. Según explicó el diplomático venezolano al concluir el encuentro, expresó a Bachelet que el presunto bloqueo financiero de las potencias extranjeras “dificulta el avance” del “modelo de protección social” del Gobierno chavista.

“Examinamos los desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos”, añadió Arreaza antes de señalar que el Gobierno espera la orientación “constructiva” de la oficina de Bachelet en el tema de los derechos fundamentales.

Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro valoró como positiva la visita de Bachelet, a quien dio la bienvenida “en nombre de todo el pueblo de Venezuela”, al tiempo que se mostró dispuesto a “escuchar recomendaciones (y) propuestas de alto nivel profesional” en materia de derechos humanos, según reseña de la agencia de noticias EFE.

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Asimismo, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, señaló que espera reunirse el viernes con Bachelet a fin de buscar soluciones a la severa crisis del país.

“Esperemos que sea el viernes nuestra reunión con la alta comisionada de los derechos humanos”, dijo Guaidó en una rueda de prensa al explicar que el encuentro será de carácter privado.

Indicó que su reunión con la expresidenta chilena “tiene que ver con aproximación a soluciones”, pues, según dijo, el país está en una situación “muy precaria”.

El opositor destacó que sería un “error” reunirse con la alta comisionada para pedir “únicamente por un elemento”, debido a que el problema de Venezuela es estructural. “Vamos a una solución real al conflicto y espero que sea así y estoy seguro de que va a ser”, remarcó.

Bachelet visita Venezuela después de decenas de peticiones de la oposición, que asegura que el Gobierno de Nicolás Maduro encarcela a disidentes inocentes y viola de forma sistemática los derechos humanos.

Según la oficina de Amnistía Internacional (AI) en Venezuela, al menos 505 personas provenientes de zonas de bajos recursos murieron en 2016 por presunta resistencia “a la autoridad” en el marco del plan gubernamental de seguridad ciudadana conocido como OLP.

“Tiene el Estado venezolano mucho que explicar y mucho que resolver en términos de investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales”, dijo a EFE la directora de investigación de la ONG para las Américas, Carolina Jiménez.

Según Jiménez, esta cifra aumenta hasta las 8.000 ejecuciones en los últimos tres años. En ese sentido, la ONG propuso la creación de una comisión internacional independiente que investigue la situación de los derechos humanos en el país.

“Queremos hacer un llamado para que las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Derechos Humanos, cree una comisión internacional de investigación en el caso venezolano”, añadió.

De acuerdo con la oposición, el Gobierno de Maduro persigue y encarcela a la disidencia, no cumple las garantías constitucionales y malversa los dineros públicos.

Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino y fue reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.

En paralelo, el país que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, sufre las consecuencias de la mayor crisis económica de su historia que se traduce en hiperinflación y escasa prestación de los servicios públicos.

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“Un equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país y considero que ésta es una primera medida positiva”, destacó Bachelet en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, donde señaló que “es esencial que el equipo tenga acceso total y sin restricciones”.

También pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que no haya represalias “contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya tratado de entrevistarse con ellos”, sin dar detalles sobre las personas con las que la misión está contactando.

La misión técnica está en Venezuela para estudiar una posible visita de Bachelet, ya que el Gobierno de Maduro le ha extendido una invitación pero el organismo de Naciones Unidas quiere asegurarse de que tendrá libre acceso a opositores y disidentes.

Bachelet informó al Consejo de las novedades que en materia de derechos humanos se han dado en Venezuela durante el último año, periodo en el que según la ex presidenta chilena continúa habiendo una grave crisis que “constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Desde junio de 2018, el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha seguido deteriorándose continuamente”, subrayó Bachelet, quien destacó que las autoridades venezolanas “se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”.

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Ejecuciones extrajudiciales

La comisionada refirió que su oficina investiga las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, con al menos 205 muertes atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017 y otras 37 solo en las protestas del pasado enero, coincidiendo con la juramentación por parte del Parlamento venezolano del jefe de esa instancia, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela.

“La mayoría de estas muertes se ha producido según un patrón similar, ocurren durante allanamientos ilegales de domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada”, explicó Bachelet.

“También me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa en Venezuela”, subrayó la alta comisionada, quien denunció que la “ley contra el odio” aprobada por el régimen de Maduro en noviembre de 2017 se ha usado arbitrariamente contra periodistas, dirigentes de la oposición y disidentes.

En lo social, Bachelet dijo que los recientes apagones en Venezuela “simbolizan los problemas de infraestructura que afronta el país”, donde un millón de niños han dejado de ir a la escuela por problemas económicos de familias y escuelas o por la simple falta de docentes, muchos de los cuales han emigrado a otros países.

“La polarización está agravando una situación ya de por si crítica”, concluyó la alta comisionada, quien destacó que “es preciso que se alcance un acuerdo para una solución política”.

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