De acuerdo con la agencia, el objetivo principal de la medida es disminuir los incentivos para que extranjeros presenten solicitudes de asilo únicamente con el propósito de obtener autorización para trabajar en el país. Según un portavoz del DHS, durante años el sistema ha sido utilizado de forma indebida, lo que ha contribuido a la saturación del sistema migratorio.

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos”, señaló el funcionario, quien añadió que la revisión busca fortalecer el cumplimiento de las normas y reducir la acumulación de casos heredada de administraciones anteriores.

Las autoridades migratorias indicaron que las solicitudes de autorización de empleo basadas en casos de asilo pendientes han alcanzado niveles históricos, lo que ha incrementado la carga de trabajo para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Actualmente, la agencia tiene más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra comparable a la población total del estado de New Hampshire.

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De aprobarse, la nueva regla modificaría los requisitos de elegibilidad y presentación para quienes soliciten permisos de trabajo vinculados a procesos de asilo.

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La notificación, difundida en el Registro Federal, actualiza la regla final denominada Vetos de Seguridad y Procesamiento, publicada originalmente en diciembre de 2020. Aunque su entrada en vigor fue aplazada en varias ocasiones, la versión revisada elimina disposiciones consideradas obsoletas, al tiempo que mantiene sin cambios los criterios prácticos relacionados con la salud pública.

De acuerdo con DHS y DOJ, los ajustes permiten conservar la facultad de negar el asilo y la suspensión de remoción cuando, en el contexto de una emergencia sanitaria, un solicitante pueda representar un peligro para la seguridad nacional. La regla final de 2025 entró en vigor el 31 de diciembre de ese mismo año.

Las agencias recordaron que, el 2 de diciembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspendió todas las solicitudes de asilo mientras se lleva a cabo una revisión exhaustiva del sistema. La nueva norma se presenta como un paso adicional dentro de ese proceso de evaluación.

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Según las autoridades, la medida se alinea con las prioridades de la Administración del presidente Donald Trump, al reforzar los mecanismos para impedir que personas que puedan constituir una amenaza para la seguridad nacional o la salud pública obtengan protección migratoria. Con esta aclaración normativa, el Gobierno busca fortalecer el control del sistema de asilo y garantizar que sus beneficios se otorguen únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos por la ley.

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Las autoridades acusan al extranjero de disparar el miércoles contra los dos uniformados y provocar la muerte de una de ellos, lo que desató una nueva ofensiva gubernamental contra los migrantes en Estados Unidos.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), anunció el viernes en la noche que su agencia “frenó todas las decisiones de asilo” hasta que el gobierno pueda “garantizar que cada extranjero sea evaluado y examinado al máximo grado posible”.

La declaración de Edlow se produjo un día después que Trump anunciara planes para “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Al ser preguntado sobre qué nacionalidades serían afectadas, el Departamento de Seguridad Nacional señaló a la AFP una lista de 19 países, incluyendo a Afganistán, Cuba, Haití, Irán y Birmania, que ya enfrentan restricciones de viaje a Estados Unidos desde junio.

Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el viernes que el país detuvo temporalmente la emisión de visas para todas las personas que viajan con pasaportes afganos.

“Estados Unidos no tiene una prioridad más alta que proteger nuestra nación y a nuestra gente”, dijo.

Controversia en EEUU

El tiroteo ha reavivado tres asuntos políticamente explosivos: el uso que hace Trump de los militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra de Estados Unidos en Afganistán.

El autor de los disparos, identificado por las autoridades como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, fue miembro de las “unidades cero” de los servicios afganos, un grupo antiterrorista respaldado por la CIA, según medios estadounidenses.

Lakanwal ingresó a Estados Unidos como parte de un programa de reasentamiento tras la retirada militar estadounidense de Afganistán en 2021.

Jeanine Pirro, la fiscal federal para Washington, dijo el viernes que el hombre será acusado de asesinato por el ataque.

En la víspera del Día de Acción de Gracias, Lakanwal disparó con un revólver Smith & Wesson .357 contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca, de acuerdo con la fiscal Pirro. 

Su ataque dejó dos heridos: Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24.

Beckstrom, una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, murió el jueves como consecuencia de sus heridas.

Wolfe seguía “luchando por su vida”, según Trump.

Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen.

Tarjetas de residencia

A última hora del jueves, Trump también amenazó con revertir “millones” de admisiones concedidas bajo su predecesor, el demócrata Joe Biden, en una nueva escalada de su postura antimigratoria.

Por separado, el USCIS dijo que volvería a examinar las “green cards” o tarjetas de residencia permanente emitidas a las personas que habían migrado a Estados Unidos desde los 19 países también mencionados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Más de 1,6 millones de titulares de tarjetas de residencia, aproximadamente el 12% del total de la población residente permanente, nacieron en los países enumerados, según datos de inmigración analizados por la AFP.

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Afganistán, que cuenta con más de 116.000 titulares de “green cards”, también se ve afectado por una suspensión total del procesamiento de solicitudes de inmigración, ordenada por la administración Trump después del tiroteo.

Según los jefes del FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional, Lakanwal llegó a Estados Unidos sin supervisión adecuada debido a políticas de asilo laxas del gobierno de Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán.

AfghanEvac, un grupo que ayudó a reasentar a afganos en Estados Unidos tras la retirada militar, afirmó sin embargo que los ciudadanos del país asiático habían pasado por algunas de las verificaciones de seguridad más completas entre todos los migrantes.

Por: AFP

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Según el informe, Venezuela registró cerca de 245.000 solicitudes de asilo, seguida de Colombia con unas 157.000, consolidándose como los dos mayores países de origen dentro del conjunto de la OCDE. También figuran México (85.000), Haití (84.000), Nicaragua (82.000), Honduras (79.000), Perú (59.000), Ecuador (53.000) y Guatemala (49.000), todos dentro de los 15 primeros puestos globales.

La mayoría de las solicitudes latinoamericanas se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad del total de peticiones registradas en los 38 países miembros. En España, más del 60% de los solicitantes provenían de Venezuela y Colombia.

Pese a este aumento de peticiones de asilo, la OCDE reportó una leve disminución del 4% en los flujos migratorios permanentes hacia sus países miembros, con 6,2 millones de nuevos inmigrantes en 2024, frente a los 6,5 millones de 2023, considerado un año récord. Sin embargo, el organismo destacó que los desplazamientos de población permanecen en niveles “históricamente altos”, un 15% por encima de los registrados antes de la pandemia.

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La migración familiar se mantuvo como el principal motivo de residencia permanente, mientras que la migración laboral cayó un 21%. En promedio, el 77% de los inmigrantes estaban activos en el mercado laboral y menos del 10% desempleados.

Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido y España concentraron la mitad de la migración hacia los países de la OCDE, con EE. UU. recibiendo 1,42 millones de nuevos inmigrantes permanentes en 2024.

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El anuncio fue hecho por ambos gobiernos y marca un nuevo paso en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, quien ha impulsado convenios similares con países como El Salvador, Uganda, Sudán del Sur y Ruanda. Según el texto oficial, Washington podrá transferir a Belice a ciertos solicitantes de asilo mientras se resuelve su estatus migratorio.

El Departamento de Estado estadounidense calificó el acuerdo como “un hito importante” para combatir la inmigración ilegal y “poner fin al abuso del sistema de asilo”. La firma estuvo a cargo del ministro beliceño de Relaciones Exteriores, Francis Fonseca, y de Katharine Beamer, encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en Belice.

El gobierno beliceño explicó que el pacto se basa en los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la cual permite enviar a solicitantes de asilo a un tercer país considerado “seguro”. Fonseca precisó que el acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser cancelado por cualquiera de las partes. Además, Belice se reserva el derecho de rechazar casos individuales si lo considera necesario.

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Con este convenio, Belice se suma a otras naciones de la región —como Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras— que han aceptado recibir migrantes deportados o transferidos por Estados Unidos en el marco de acuerdos bilaterales.

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Durante su campaña presidencial, Trump prometió expulsar de Estados Unidos a millones de migrantes en situación irregular. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero ha tomado diversas medidas para acelerar las deportaciones y reducir los cruces fronterizos.

Pero muchos tribunales bloquearon algunas de sus medidas ante la posibilidad de que quebranten los derechos de los migrantes al debido proceso. 

El juez de distrito Randolph Moss acusa a Trump de extralimitarse en la proclamación que prohíbe las solicitudes de asilo y considera que viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Las solicitudes de asilo se rigen por esta normativa y el presidente no puede “adoptar un sistema de inmigración alternativo que sustituya las leyes promulgadas por el Congreso”, añadió en un caso presentado por grupos de derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo.

En su dictamen el tribunal reconoció “que el poder ejecutivo se enfrenta a enormes desafíos para prevenir y disuadir la entrada ilegal a Estados Unidos y para resolver la abrumadora acumulación de solicitudes de asilo”.

Pero la ley de inmigración “establece la única y exclusiva manera de expulsar a las personas que ya se encuentran en el país”, declaró el magistrado designado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Moss suspendió su fallo durante 14 días para que la administración de Trump tenga tiempo para apelar.

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El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, condenó el dictamen.

“Un juez marxista ha declarado que todos los posibles futuros migrantes ilegales en territorio extranjero (por ejemplo, una gran parte del planeta Tierra) forman parte de una ‘clase’ global protegida con derecho a entrada en Estados Unidos”, declaró Miller en la red social X.

Las organizaciones de defensa de los derechos civiles aplaudieron el fallo.

“Es una decisión enormemente importante. No solo salvará las vidas de las familias que huyen de un peligro grave, sino que reafirma que el presidente no puede ignorar las leyes aprobadas por el Congreso y la premisa más básica de la separación de poderes de nuestro país”, dijo Lee Gelernt, el abogado del influyente grupo de derechos civiles ACLU.

Por: AFP

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Además, el comité judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, considera aumentar el costo o crear nuevas tarifas para los migrantes.

Alrededor de 54.000 extranjeros recibieron asilo en Estados Unidos en 2023, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional.

Los principales países de origen fueron Afganistán (donde 1.000 dólares equivalen al salario de dos años y medio) y Venezuela, donde se necesitarían aproximadamente tres meses para ganar esa cantidad.

“El presidente Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes están determinados a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado”, declaró el comité en un comunicado junto con la publicación del texto.

Los republicanos intentan incluir la migración en un proyecto de ley para sufragar varias medidas de la agenda de Trump, como los recortes fiscales, las restricciones a la migración y el aumento en la producción energética.

Parte del texto otorga a Trump más poderes para cobrar precios  exorbitantes a los solicitantes de asilo y otros migrantes como condición para permanecer en Estados Unidos.

El proyecto de ley establece una cifra mínima de 1.000 dólares, lo que sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que se cobra a los refugiados por solicitar asilo.

También establece una tarifa de 1.000 dólares para las personas con permisos temporales, 550 dólares cada seis meses para los permisos de trabajo y 1.500 dólares para solicitar el ajuste de estatus con el fin de obtener la famosa tarjeta verde ante un juez de inmigración.

Los republicanos quieren asimismo cobrar 8.500 dólares a cualquiera que quiera ejercer de patrocinador de un menor para liberarlo de la custodia federal. De ellos devolverían 5.000 dólares años después si el menor no es deportado por no comparecer ante un tribunal.

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“Ese es un precio que detendría a casi todos los patrocinadores”, publicó en redes sociales Aaron Reichlin-Melnick, la oenegé American Immigration Council.

El proyecto también propone financiar a 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e investigadores criminales del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Por: AFP

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Los jóvenes “vinieron en avión a Madrid y de Madrid han venido a Barcelona y se han presentado en una oficina para solicitar asilo”, indicó una portavoz de la Policía Nacional, institución que los citó el jueves para analizar su caso.

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La fuente dijo no poder dar detalles sobre estas personas hasta tanto comparezcan a la cita, cuando aportarán información personal y sobre las razones para solicitar asilo.

Según el diario El País de España, se trata de 19 integrantes del equipo de béisbol Team Guevara, que participa en una liga latinoamericana sub-23 y que se encontraba realizando una gira por Europa.

Dos de los jóvenes serían menores de edad, según el periódico, que detalló que los servicios sociales en Barcelona trabajan para que el grupo tenga un lugar donde dormir.

España evalúa posible situación de abandono

Julio Guevara, figura clave del Team Guevara, no acompañó a los jugadores en su solicitud de asilo. Según publicaciones en sus redes sociales, el entrenador anunció la gira como una oportunidad para “forjar lazos deportivos” y preparar al equipo para la próxima temporada.

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Sin embargo, los jóvenes aseguraron a la policía que Guevara regresó a Venezuela tras reportar problemas de salud en Madrid, dejándolos sin apoyo. El diario La Vanguardia intentó contactarlo sin éxito, y la Policía Nacional analiza su papel en los hechos.

Mientras se resuelve su situación, los 19 deportistas han sido derivados a servicios sociales. Los dos menores de edad, considerados migrantes no acompañados, están bajo proceso paralelo y requieren tutela de la Generalitat (Instituciones de gobierno catalanas) antes de avanzar en su solicitud de asilo, según fuentes citadas por El País de España.

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En los últimos años, España ha registrado aumento de los solicitantes de asilo por parte de venezolanos, quienes en 2024 volvieron a liderar las peticiones, representando 40% del total.

Casi ocho millones de venezolanos dejaron el país en la última década empujados por la crisis, según la ONU.

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El republicano comenzó a trabajar inmediatamente después de su juramentación con una serie de decretos destinados a reducir de forma drástica el número de migrantes que ingresan al país y a reforzar la seguridad fronteriza.

“Primero, voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera sur”, con México, dijo en el Capitolio durante su primer discurso oficial.

“Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolución de millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde proceden”, agregó.

Trump, de 78 años, anunció también el envío de “tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país”.

“No tengo problemas con la inmigración legal”, dijo Trump. “Me gusta, necesitamos gente (…) porque vamos a tener muchas compañías viniendo a evitar los aranceles”, prosiguió. 

Trump, quien centró su campaña en un discurso anti-inmigración que ganó popularidad incluso entre las comunidades de inmigrantes radicados en Estados Unidos, también firmó una orden ejecutiva para poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento contemplado en la 14ª Enmienda de la Constitución.

“Es rídiculo”, dijo mientras estampaba su firma con un marcador negro. El mandatario erróneamente afirmó que Estados Unidos es “el único país en el mundo que hace esto (…) es absolutamente ridículo”.

Inmigrantes afectados por decreto de emergencia en la frontera

La primera acción que se materializó fue la inhabilitación de la aplicación CBP One, que en sus dos años de vigencia permitió a casi un millón de inmigrantes pedir una cita para ingresar legalmente a Estados Unidos en busca de asilo.

La acción canceló de forma automática las citas pendientes, unas 30.000 de acuerdo con medios estadounidenses, y bloqueó, por defecto, la posibilidad de solicitar asilo en el país del norte, denunció en un documento legal la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

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La decisión causó conmoción a los pies del muro fronterizo entre decenas de migrantes.

Trump, quien utilizó políticas sanitarias para bloquear el acceso a inmigrantes a través de la frontera sur, prometió además restablecer el programa conocido como ‘Quédate en México’, de su primera administración, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta tener una cita con una corte de migración en Estados Unidos.

El ahora presidente ha prometido la mayor operación de deportaciones de la historia de Estados Unidos, entre otras acciones que de acuerdo con especialistas no son sencillas de ejecutar y pueden causar graves perjuicios a Estados Unidos.

Por: AFP

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“El estatuto de asilo que Edmundo González había solicitado en España ya ha sido concedido y se le va a notificar en los próximos días”, dijo Albares a la prensa en el Senado, donde compareció en la comisión de asuntos iberoamericanos.

La concesión se daba por sentada desde que González llegó a Madrid en un avión militar español el 8 de septiembre tras haberse refugiado en la embajada española en Caracas, denunciando sufrir persecución después de los comicios presidenciales del 28 de julio.

Tras estas elecciones, las autoridades electorales proclamaron a Maduro para un tercer mandato de seis años, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia que se cometió un fraude y reivindica la victoria de Edmundo González Urrutia.

González ha repetido en varias ocasiones que estará en Caracas el 10 de enero para asumir la presidencia en el acto de juramento previsto.

El anuncio de Albares se produjo después de una reunión que mantuvo con González en Madrid.

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González explicó en la red social X que Albares le ratificó “la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo donde el organismo pide la liberación de todos los detenidos políticos y exige que Venezuela mantenga sus compromisos en virtud del derecho internacional”.

“El documento”, recordó González, “puntualiza que ‘la Unión Europea movilizará todas las herramientas a su disposición para apoyar la democracia y una transición pacífica e inclusiva en Venezuela'”.

Por: AFP

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