Esto equivale a alrededor de 320.000 recién nacidos de un total de 3,6 millones, un número que refleja cambios recientes en la población inmigrante y en los patrones de fertilidad dentro de este grupo.

Del total de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas o temporales, alrededor de 260.000 bebés no habrían obtenido la ciudadanía estadounidense por nacimiento si la orden ejecutiva propuesta por la administración de Donald Trump hubiera estado en vigor.

Entre estos, aproximadamente 245.000 nacieron de madres indocumentadas y padres que no eran ciudadanos ni residentes permanentes legales, mientras que unos 15.000 nacieron de madres con estatus legal temporal y padres sin ciudadanía ni residencia permanente.

Nacimientos Vs. evolución de la migración

Históricamente, los nacimientos de hijos de madres indocumentadas han seguido de cerca la evolución de la población inmigrante irregular en Estados Unidos. Entre 1990 y 2007, el número de inmigrantes indocumentados se triplicó, y los nacimientos de sus hijos registraron un patrón similar, pasando de 120.000 en 1990 a un máximo de aproximadamente 380.000 en 2006. Para aquel año, los nacimientos de madres indocumentadas representaban alrededor del 9% del total nacional, frente al 3% registrado en 1990.

Entre 2006 y 2019, el número anual de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas disminuyó más del 40%, hasta situarse en 215.000. Esta caída se debió a varios factores, entre ellos una reducción gradual de la población inmigrante indocumentada, la mayor edad promedio de quienes permanecían en el país y la disminución de las tasas de fertilidad tanto en la población general como entre los inmigrantes indocumentados.

Pero, a partir de 2019, el número de nacimientos volvió a aumentar, alcanzando los 300.000 en 2023, en consonancia con un repunte de la población indocumentada en el país.

Entre 2006 y 2023, se registraron aproximadamente 5,1 millones de nacimientos de madres inmigrantes indocumentadas. De estos, casi 4,4 millones tenían padres que no eran ciudadanos ni residentes legales permanentes, lo que significa que no habrían sido ciudadanos estadounidenses de aplicarse la orden ejecutiva de Trump.

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Actualmente, se estima que alrededor de 4,6 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado, mientras que 1,4 millones de adultos nacidos en el país permanecen bajo el mismo criterio, sumando más de 6 millones de personas afectadas.

La mayoría, 3 millones de niños y 1 millón de adultos, no tienen un padre con estatus legal permanente, lo que los convierte en ciudadanos por nacimiento en la actualidad.

En cuanto a las madres con estatus legal temporal, sus nacimientos se han mantenido entre 15.000 y 30.000 por año desde finales de los años 90, alcanzando los 20.000 en 2023. Estas incluyen estudiantes extranjeras, trabajadoras invitadas y otras categorías temporales.

Debido a la naturaleza temporal de su estatus, la mayoría de sus hijos no permanecen de manera permanente en Estados Unidos, y su ciudadanía podría verse condicionada por la situación legal de la madre.

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La mandataria explicó que la decisión responde al fallecimiento reciente de un connacional ocurrido en un centro ubicado en Adelanto, en el estado de California donde, según denunció, existieron deficiencias en la atención médica. Por ello, su administración enviará cartas formales a autoridades estadounidenses para exigir esclarecimiento de los hechos.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha endurecido la política migratoria, lo que ha derivado en la detención de más de 177 mil mexicanos. De ese total, al menos 14 han muerto bajo custodia del ICE, en distintos estados del país.

Como parte de la estrategia, México solicitará una audiencia telemática ante la CIDH y organizará reuniones en Los Angeles con familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, con el objetivo de fortalecer el respaldo comunitario.

Asimismo, se enviarán comunicaciones a legisladores y autoridades locales, incluido el gobernador Gavin Newsom. La presidenta agregó que el subsecretario Roberto Velasco dialogará con el embajador Ronald D. Johnson.

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La Cancillería reiteró que agotará todas las vías legales y diplomáticas para exigir investigaciones y justicia.

De las catorce muertes, cinco se han registrado en California, tres en Georgia, dos en Arizona, una en Texas, una en Florida, una en Missouri y una más en otra entidad no detallada.

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La medida fue confirmada por autoridades del Servicio de Migraciones, quienes señalaron que el decreto preparado por el gobierno saliente no será implementado. Según el Ejecutivo, la decisión responde a preocupaciones en materia de seguridad, tras detectar que miles de personas empadronadas habrían cometido delitos.

Kast, quien asumió la presidencia el pasado 11 de marzo, ha reiterado su compromiso de aplicar una política de “mano dura” frente a la migración irregular. En esa línea, anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley orientados a sancionar el ingreso ilegal y a castigar a quienes faciliten el paso de indocumentados.

Además, el mandatario ha reforzado la vigilancia en la frontera norte, especialmente en la región de Arica, con la construcción de barreras físicas y el despliegue de tecnología como drones y sensores. También se incrementará la presencia militar en la zona.

La decisión ha generado incertidumbre entre comunidades migrantes, especialmente entre quienes participaron en el proceso de empadronamiento. Mientras tanto, el gobierno insiste en que sus medidas buscan contener el avance del crimen organizado, pese a que Chile mantiene una de las tasas de homicidio más bajas de la región.

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“No queremos hacer una persecución lugar por lugar, pero cada una de las personas sabe que tiene que encontrarse con el Estado en algún momento”, advirtió Kast en una entrevista en Canal 13.

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Según informó la agencia, el 10 de marzo se estableció como la fecha límite para recibir nuevas peticiones correspondientes a empleos con inicio entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 2026. Todas las solicitudes recibidas después de ese día, bajo estas condiciones, serán rechazadas por exceder el cupo autorizado por el Congreso.

El programa H-2B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros temporales para cubrir necesidades laborales no agrícolas, especialmente en sectores como turismo, construcción y servicios. La alta demanda refleja la dependencia de estas industrias en mano de obra estacional.

Ante el límite alcanzado, USCIS también dio a conocer las fechas de presentación para la segunda y tercera asignación de visas suplementarias previstas para el mismo año fiscal. Estas visas adicionales forman parte de un incremento temporal autorizado por el Gobierno para responder a la demanda laboral en distintos sectores económicos.

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Las autoridades recomendaron a los empleadores revisar la información oficial disponible sobre el proceso de solicitud y los plazos establecidos para acceder a estos cupos adicionales. Asimismo, destacaron la importancia de cumplir con todos los requisitos para evitar retrasos o rechazos.

Con el cupo regular ya cubierto, la atención se centra ahora en las visas suplementarias como alternativa para satisfacer la demanda laboral en lo que resta del año fiscal.

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Estas muertes, reportadas en rueda de prensa por la cancillería mexicana, han ocurrido en el marco de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis de los casos están relacionados con “complicaciones médicas” y cuatro más han sido catalogados como “suicidio”, dijo Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la cancillería.

Dos mexicanos más murieron durante redadas migratorias y uno falleció durante un tiroteo contra instalaciones de ICE, detalló Velasco.

“Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En total, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y ha recibido 12 respuestas.

La respuesta de Washington “es que va a haber investigación”, informó la mandataria, quien insistió en que las pesquisas deben arrojar certeza sobre las causas de los fallecimientos.

El caso más reciente es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue hallado muerto en un centro de detención en el estado de Florida. Tanto el ICE como el gobierno de México señalaron un sucidio como la presunta causa de muerte.

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El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

Por AFP

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El documento fue suscrito por Kristi Noem, enviada especial del gobierno estadounidense para una alianza de seguridad hemisférica, junto al presidente costarricense Rodrigo Chaves y la mandataria electa Laura Fernández, quien asumirá el cargo el próximo 8 de mayo. La iniciativa se enmarca en una política más amplia orientada a facilitar el retorno de personas que se encuentran en territorio estadounidense sin estatus legal.

De acuerdo con lo estipulado, se estima que podrían trasladarse hasta 25 personas por semana hacia Costa Rica. Estas serían migrantes provenientes de terceros países, principalmente de Asia y Europa del Este, quienes recibirían una condición legal temporal mientras se define su situación migratoria y eventual retorno a sus naciones de origen.

La firma del acuerdo ha reavivado cuestionamientos de organismos defensores de derechos humanos, que recuerdan antecedentes recientes. Hace un año, Costa Rica acogió a cerca de 200 migrantes en circunstancias similares, quienes permanecieron durante varios meses en un albergue remoto ubicado en la frontera con Panamá, lo que generó críticas por las condiciones de estancia.

En declaraciones difundidas por el gobierno costarricense, Noem destacó la importancia de la colaboración bilateral. Señaló que Estados Unidos valora contar con aliados que contribuyan a garantizar que las personas en situación irregular puedan regresar a sus países de origen de manera ordenada.

Por su parte, el presidente Chaves afirmó que Costa Rica reafirma con este acuerdo su papel como socio estratégico de Estados Unidos en temas clave para la región. Asimismo, aseguró que el convenio es de carácter voluntario y que el país podrá rechazar el ingreso de determinadas nacionalidades si así lo considera necesario, siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos.

El comunicado oficial no detalla las condiciones específicas en las que serán alojados los migrantes ni los lugares donde permanecerán durante el proceso. No obstante, se insiste en que se garantizará un trato conforme a la legislación costarricense y a los estándares internacionales.

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La visita de Noem a Costa Rica forma parte de una gira regional que incluyó encuentros con autoridades de República Dominicana y Honduras, en el contexto de la iniciativa denominada “Escudo de las Américas”. Este plan busca fortalecer la cooperación regional frente a desafíos comunes en materia de migración y seguridad.

El acuerdo se suma a otros esfuerzos multilaterales discutidos recientemente en una cumbre celebrada en Florida, donde participaron varios líderes latinoamericanos para abordar estrategias conjuntas ante el fenómeno migratorio.

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El informe, basado en datos recopilados entre enero de 2025 y febrero de 2026, indica un cambio significativo en las dinámicas migratorias. De acuerdo con la OIM, América Latina se está consolidando como un destino final para miles de cubanos que buscan mejores condiciones de vida, estabilidad y oportunidades económicas.

La directora regional del organismo, María Moita, afirmó que esta tendencia refleja decisiones complejas de quienes migran en busca de reconstruir sus vidas. Además, destacó que los datos permiten a los gobiernos diseñar políticas migratorias más ajustadas a la realidad.

Uno de los casos más representativos es Costa Rica, donde una encuesta reveló que el 94% de los migrantes cubanos consultados desea permanecer en el país. Entre las principales razones destacan la estabilidad política, las oportunidades económicas y el acceso a mecanismos de protección internacional.

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En paralelo, los flujos hacia el norte han disminuido de forma considerable. En Honduras, por ejemplo, los ingresos irregulares de migrantes cubanos cayeron cerca de un 75%, pasando de 64.000 en 2024 a unos 17.000 en 2025. Esta reducción confirma un cambio en las rutas migratorias tradicionales.

La OIM también señala que factores económicos son determinantes en la decisión de emigrar. En Guatemala, la totalidad de los migrantes cubanos identificaron estas razones como el principal motivo para salir de su país.

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El encuentro reunirá a escritores y artistas de 18 países para debatir sobre los principales desafíos sociales y políticos de Centroamérica y el papel de la literatura en su análisis. Entre los invitados destacan Javier Zamora, autor de Solito; Junot Díaz, ganador del Pulitzer; y Rubén Blades.

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La directora del festival, Claudia Neira, señaló que esta edición busca posicionar a Panamá como un “destino cultural y de ideas”, además de abrir el diálogo sobre migración y su tratamiento en contextos como Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump.

El programa incluye más de 40 coloquios y talleres, con la participación de figuras reconocidas internacionalmente. Entre las actividades destacan un diálogo entre Blades y Díaz sobre narrativa y música, y una conversación sobre migración entre Zamora y el escritor mexicano Emiliano Monge.

Asimismo, Sergio Ramírez participará junto a Héctor Abad Faciolince y Ariana De Sousa-García en un panel sobre literatura y transformaciones políticas en América Latina.

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Fundado en 2013 por Ramírez, el festival ha itinerado por varios países tras salir de Nicaragua en 2019. En 2026, reafirma su papel como plataforma de diálogo sobre los retos de la región. En su edición 2026, el encuentro reafirma su vocación de diálogo y reflexión, abordando problemáticas urgentes como la migración desde múltiples perspectivas.

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De acuerdo con la agencia, el objetivo principal de la medida es disminuir los incentivos para que extranjeros presenten solicitudes de asilo únicamente con el propósito de obtener autorización para trabajar en el país. Según un portavoz del DHS, durante años el sistema ha sido utilizado de forma indebida, lo que ha contribuido a la saturación del sistema migratorio.

“Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos”, señaló el funcionario, quien añadió que la revisión busca fortalecer el cumplimiento de las normas y reducir la acumulación de casos heredada de administraciones anteriores.

Las autoridades migratorias indicaron que las solicitudes de autorización de empleo basadas en casos de asilo pendientes han alcanzado niveles históricos, lo que ha incrementado la carga de trabajo para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Actualmente, la agencia tiene más de 1.4 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes, una cifra comparable a la población total del estado de New Hampshire.

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De aprobarse, la nueva regla modificaría los requisitos de elegibilidad y presentación para quienes soliciten permisos de trabajo vinculados a procesos de asilo.

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La política, impulsada por la Administración del presidente Donald Trump, también incluye a Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Con esta actualización, suman 50 las naciones sujetas a este requisito.

Según las autoridades, el objetivo es reducir la permanencia irregular de visitantes que exceden el tiempo autorizado en sus visas. La fianza funcionará como garantía y será devuelta íntegramente a quienes cumplan con las condiciones migratorias y abandonen el país antes del vencimiento del permiso.

En caso contrario, el monto podrá ser retenido por el gobierno estadounidense para cubrir costos asociados a procesos de deportación, lo que refuerza el enfoque de control migratorio.

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Especialistas señalan que la medida podría afectar el flujo de viajeros y generar barreras económicas para ciudadanos de países en desarrollo. No obstante, Washington sostiene que busca fortalecer el cumplimiento de sus leyes migratorias y reducir la carga administrativa vinculada a la supervisión de estancias temporales.

Desde el 21 de enero de 2026, Estados Unidos implementó una fianza reembolsable de entre 5.000 y 15.000 dólares para solicitantes de visas B1/B2 de ciertos países, incluyendo Venezuela y Cuba en Suramérica y el Caribe.

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