“Los vertidos ilegales son más que una molestia visual para el vecindario, suponen un coste significativo para los contribuyentes de Philadelphia”, aseguró Brady, al tiempo que indicó que el vertido repetido de basura resulta especialmente problemático en los lugares que se limpian, “solo para que luego se vuelvan a depositar allí desechos y escombros. Este ciclo genera costos constantes para la ciudad y, al mismo tiempo, afecta la calidad de vida en los barrios aledaños”.

Si bien la ciudad está implementando numerosos esfuerzos e iniciativas, Brady indicó que el vertido ilegal continúa requiriendo importantes recursos públicos. “Reducir los costos que genera este problema requerirá un enfoque constante en la prevención, la aplicación de la ley y la rendición de cuentas de los infractores.” 

El informe detalla que, en el año fiscal 2025, la ciudad limpió casi 14.000 toneladas de material vertido ilegalmente. Un estudio estatal estima que el costo de limpiar vertederos ilegales es de $619 por tonelada, lo que incluye los costos asociados con la mano de obra, el funcionamiento de los equipos y la eliminación adecuada de los desechos.

Según datos del servicio 311 de la ciudad, entre 2014 y 2025 se presentaron casi 210.000 denuncias de vertido ilegal. Los barrios de Kensington, Juniata Park y Port Richmond registraron la mayor cantidad de incidentes de vertido ilegal, representando aproximadamente el 9% del total de denuncias presentadas.

En noviembre de 2025, la ciudad creó el Grupo de Trabajo contra el Vertido Ilegal, que coordina a varias agencias municipales y utiliza la vigilancia, la aplicación de la ley y las acciones legales contra los responsables del vertido ilegal.

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El presupuesto actual de la ciudad destina casi $3 millones para cubrir hasta 56 puestos en el Equipo contra el Vertido Ilegal. El presupuesto también incluye aproximadamente $170.000 para contratar proveedores que ayuden a gestionar la aplicación de la normativa sobre vertidos ilegales.

En marzo de 2025, el Departamento de Calles informó que se instalaron más de 300 cámaras para combatir el vertido ilegal de basura, y los datos de la ciudad muestran que se instalaron más de 100 cámaras adicionales entre 2025 y 2026. Además, la ciudad endureció las sanciones por vertido ilegal de basura, con multas de hasta $5.000 por infracción. 

Además, la ciudad informó que buscaba obtener $3,2 millones en indemnizaciones judiciales contra quienes arrojaran basura ilegalmente en 2025 y otros $908.000 dólares hasta abril de 2026. Sin embargo, según las declaraciones realizadas por funcionarios municipales durante las últimas audiencias presupuestarias, solo se han recaudado $70.000.

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Los tres medios denunciaron la prohibición como una violación de la Constitución de Estados Unidos y prometieron seguir informando sobre el gobierno estadounidense.

Se espera que los medios lleven la prohibición ante los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financieran con nuestros impuestos”, dijo el sábado MS NOW, antes MSNBC, en X.

“Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de Estados Unidos, a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental”, dijo la CNN.

Al ser consultada, la Casa Blanca remitió a la AFP las declaraciones de Trump del viernes, en las que anunciaron las prohibiciones.

El republicano de 80 años —que desde hace tiempo mantiene una relación incendiaria con los medios tradicionales— advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte, aunque no precisó cuáles.

“Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, MSNOW… y Politico… el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante ‘cobertura’ de NOTICIAS FALSAS”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

El republicano agregó que “los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos”.

Acreditaciones confiscadas

La corresponsal de la Casa Blanca de MS NOW, Akayla Gardner, describió cómo su credencial de acceso no funcionó cuando intentó ingresar el sábado a la residencia presidencial.

“Había una luz roja parpadeando y entonces el agente me pidió que le entregara mi acreditación”, relató el periodista.

Betsy Klein, de CNN, explicó que “había un grupo de cámaras esperando” su llegada en la puerta de acceso al recinto de la Casa Blanca.

Cheyenne Haslett, de Político, tampoco pudo entrar y el Servicio Secreto le confiscó su acreditación, indicó el redactor jefe Jonathan Greenberger en una nota enviada a la AFP.

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Trump arremete constantemente contra los medios cuya cobertura le desagrada. Ha presentado múltiples demandas por difamación contra medios de comunicación, atacado a la prensa en Truth Social y agredido verbalmente a varios reporteros —sobre todas las mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN.

“El acceso de prensa no es un privilegio para los periodistas. Es un derecho para garantizar que el pueblo estadounidense pueda estar informado de manera independiente”, afirmó el viernes el grupo de defensa Reporteros sin Fronteras, que prometió emprender acciones legales en respuesta.

Por: AFP

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El gobierno de Donald Trump, en el poder desde enero de 2025, lanzó una guerra frontal contra los carteles de la cocaína que operan en el continente.

El mando que dirige las fuerzas estadounidenses en la región (Southcom) reportó el mas reciente ataque en medio de esa ofensiva.

Esta embarcación estaba implicada en “el narcotráfico. La operación mató a cuatro narcoterroristas”, señaló Southcom en un mensaje en redes sociales acompañado de imágenes borrosas de la acción contra la nave.

Más de 200 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según un conteo de AFP.

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El gobierno de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones contra las que ha lanzado ataques estén implicadas en el tráfico de drogas.

Según organizaciones de derechos humanos, estas acciones podrían ser constituir ejecuciones extrajudiciales.

Por: AFP

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Durante el acto formal de la promoción, las autoridades locales destacaron la responsabilidad que asumen estos oficiales al velar por la tranquilidad de los vecindarios. La ceremonia mantuvo vivas las tradiciones del cuerpo policial, incluyendo el emotivo momento en que familiares en activo o retirados de las fuerzas del orden colocaron las insignias oficiales a los nuevos agentes.

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“A lo largo de su formación, estos graduados han demostrado dedicación, determinación y responsabilidad, cualidades fundamentales en la profesión policial”, declaró el Comisionado Director Louis Cappelli Jr. “Están preparados no solo para servir a nuestras comunidades, sino también para fortalecerlas. Me honra ser el orador principal y espero con interés presenciar el impacto positivo que tendrán como agentes”.

Esta academia trabaja de forma directa con la institución universitaria local para capacitar a las futuras generaciones de agentes bajo estándares modernos de protección pública y proximidad vecinal. La formación recibida abarca estrategias de prevención del delito, manejo de emergencias y atención directa a la ciudadanía.

Con la incorporación de estos oficiales en esta promoción, las distintas divisiones policiales de New Jersey refuerzan sus equipos de trabajo en las calles.

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El mandatario estadounidense tomó el control el año pasado de este complejo, inaugurado en 1971 en homenaje al expresidente John F. Kennedy, e impulsa una renovación a gran escala, al alegar que sus predecesores permitieron su deterioro.

Al igual que en otros proyectos en la capital, Trump ha mostrado un interés sin precedentes por imprimir su sello personal al tiempo que pone a prueba los límites legales de la autoridad ejecutiva.

La junta directiva del Kennedy Center, seleccionada a dedo por Trump, votó el año pasado a favor de cambiar oficialmente el nombre de la institución a “Trump-Kennedy Center”.

La medida, que más tarde fue revocada por un juez, provocó una caída importante en la venta de boletos, boicots de artistas y un éxodo de donantes, según el diario The Washington Post.

El edificio principal del complejo permanece cerrado desde el miércoles —de manera temporal, según sus directivos— mientras un juez también revisa los planes para una pausa prolongada con el fin de llevar a cabo las renovaciones que Trump desea.

El viernes, una multitud ondeó pancartas con el lema “Quiten sus manos del Kennedy Center” y lanzó consignas bajo los andamios y las lonas que permanecen en el lugar desde que trabajadores retiraron el nombre de Trump del edificio en junio, tras la orden judicial.

“Me revuelve el estómago”, dijo Neal Racioppo, un residente de Washington. Trump “no puede poner su nombre en este edificio tan querido”, añadió.

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El hombre de 57 años se unió a la cadena humana que se formó al caer la noche frente al imponente edificio de mármol blanco, con multitudes que se extendían por la explanada con vista al río Potomac.

Los manifestantes se movían en zigzag alrededor de las barreras instaladas tras el cierre del centro esta semana.

Lizzy Andrew, quien se ha presentado varias veces en el Kennedy Center, incluso cantando con la Orquesta Sinfónica Nacional, dijo que estaba enojada por la amenaza de Trump de derribar el recinto.

“No tiene derecho a decidir que una institución, un monumento vivo a un expresidente, pueda ser demolida”, declaró la mujer de 30 años a la AFP.

Por: AFP

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La Casa Blanca señaló que 26 farmacéuticas han aceptado bajar los precios que cobran a Medicaid para que se ajusten a los más bajos pagados por naciones desarrolladas comparables. Medicaid es un programa financiado por los estados y el gobierno federal para residentes de bajos ingresos.

“Esto ahorrará a los estados miles y miles de millones de dólares al año en medicamentos y les permitirá invertir esos ahorros en brindar una mejor atención médica y servicios de mayor calidad al pueblo estadounidense”, dijo Trump en el Despacho Oval.

Y añadió: “Solo esta medida debería asegurarnos las elecciones de mitad de mandato”.

El aumento del costo de vida es un tema central de cara a las elecciones de noviembre, que decidirán qué partido controla el Congreso.

El Partido Republicano de Trump se negó a prolongar los generosos subsidios que habían sido una pieza clave del programa de salud “Obamacare” a finales del año pasado, lo que disparó las primas mensuales del seguro para millones de personas.

El programa de precios de medicamentos se lanzó en enero de 2026.

Según informaron las autoridades, se amplió después de que los 50 estados —así como la capital, Washington, y el territorio asociado de Puerto Rico— solicitaron unirse.

Los beneficiarios de Medicaid ya suelen pagar sumas simbólicas por sus medicamentos, aunque el programa podría ayudar a reducir los costos para los gobiernos estatales.

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De acuerdo con la Casa Blanca, se podrían generar casi 65.000 millones de dólares en ahorros federales y estatales en la próxima década.

Pero el programa genera escepticismo debido a su falta de transparencia, ya que no se han hecho públicos detalles clave, incluidos los términos de los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas y qué medicamentos recibirán descuentos.

Por. AFP

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Sin embargo, el futuro del histórico refugio no está del todo garantizado: la decisión final estará en manos de los ciudadanos el próximo 3 de noviembre.

Un refugio secreto de la Guerra Fría en la “Casa Blanca de Invierno”

El refugio, cuyo nombre clave era Detachment Hotel, fue edificado en diciembre de 1961 por los SeaBees (batallones de construcción de la Armada de los EEUU) en apenas dos semanas, con un costo aproximado de 90.000 dólares. Su propósito original era proteger a Kennedy y a su equipo cercano en caso de un ataque nuclear mientras disfrutaba de sus estancias en la residencia familiar de Palm Beach, conocida popularmente como la “Casa Blanca de Invierno”.

Durante su presidencia (1961-1963), la propiedad contaba no solo con el búnker, sino también con instalaciones del Servicio Secreto y una avanzada infraestructura de comunicaciones seguras.

Características clave del Búnker Kennedy:

• Ubicación estratégica: Se encuentra en Peanut Island, en el canal intracostero de Palm Beach, muy cerca de la residencia de descanso de los Kennedy.

• Capacidad y autonomía: Fue diseñado para albergar a unas 30 personas durante 30 días.

• Sistemas de soporte vital: Contaba con suministros de emergencia y sistemas independientes de filtrado de oxígeno

De la desclasificación al abandono y el cierre en 2017

Tras el asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963, el búnker fue clausurado. Su existencia se mantuvo bajo estricto secreto de estado hasta 1974, año en que fue desclasificado.

Durante la década de 1990, el recinto cayó en el olvido y sufrió un severo deterioro. Su suerte cambió en 1998, cuando el Museo Marítimo de Palm Beach asumió su gestión, restauró el lugar y lo abrió al público bajo el nombre de “el Búnker Kennedy”.

Sin embargo, tras casi dos décadas de operación como centro de atracción turística e histórica, en 2016 comenzó una disputa legal por el arrendamiento entre el museo y el Puerto de Palm Beach (propietario del terreno). En 2017, el Puerto tomó el control total del sitio y cerró definitivamente el acceso al público, dejando el refugio en desuso hasta la fecha.

¿Cómo se financiará la reapertura del Búnker Kennedy?

Ahora, el condado de Palm Beach busca restaurar completamente el recinto e integrarlo a un proyecto general de infraestructura y conservación marina.

El Búnker Kennedy forma parte de un paquete de financiamiento que incluye un bono para parques de 280 millones de dólares. De ser aprobado por los votantes, el plan para Peanut Island contempla:

1.- Restauración integral del búnker para convertirlo en un centro educativo.

2.- Mejoras en la antigua estación de la Guardia Costera.

3.- Construcción de nuevos muelles.

4.- Obras de protección y conservación del litoral.

Impacto para los residentes

Para financiar esta propuesta, los propietarios del condado verían un ajuste mínimo en sus impuestos durante los próximos 20 años: cinco centavos adicionales al año por cada 1.000 dólares del valor imponible de su vivienda.

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Para que las obras comiencen y el Búnker Kennedy reabra sus puertas, solo se requiere una mayoría simple en las urnas el día de las elecciones. Los votantes tendrán la última palabra el próximo 3 de noviembre.

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Según datos citados por The Pew Charitable Trusts, los homicidios disminuyeron alrededor de un 18% en 2025 frente al año anterior. La tasa nacional quedó cerca de los 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, un nivel que no se veía desde hace décadas. Pero detrás de esta mejora no hay una única explicación.

Un giro después del pico de la pandemia

En 2020, los homicidios aumentaron un 29%, el mayor salto anual registrado hasta entonces. La pandemia alteró buena parte de la vida cotidiana: aumentó el desempleo, cerraron las escuelas y también se redujo la presencia policial en algunos lugares, mientras las ventas de armas crecían con fuerza.

Desde 2023, la tendencia comenzó a cambiar. Jeff Asher, analista de datos sobre delincuencia, declaró a The Pew Charitable Trusts, que la reducción no parece ser simplemente un regreso a los niveles anteriores a la pandemia. El descenso ha sido sostenido y alcanzado niveles especialmente bajos durante 2025.

Más recursos para recuperar la seguridad

Uno de los factores señalado en el análisis es el dinero que llegó a las ciudades durante la pandemia. La Ley del Plan de Rescate Estadounidense destinó unos $350.000 millones estados y gobiernos locales.

Parte de esos recursos permitió recuperar empleos públicos perdidos durante la crisis. Y no fueron solamente policías: también fueron maestros, trabajadores sociales, profesionales de salud mental y especialistas en prevención de la violencia.

En ciudades como Baltimore, los fondos se utilizaron para programas comunitarios y para recuperar espacios como piscinas, bibliotecas y centros vecinales. La ciudad registró una caída del 31% en los homicidios durante 2025.

La policía cambió la estrategia

La reducción también coincide con una policía más enfocada. Ante la falta de personal, muchos departamentos comenzaron a concentrar sus recursos en las personas y lugares considerados de mayor riesgo.

Una de las estrategias utilizadas es la llamada disuasión focalizada, que combina vigilancia sobre grupos involucrados en hechos violentos con advertencias sobre las consecuencias legales y, al mismo tiempo, apoyo de organizaciones comunitarias.

En el caso de Filadelfia, su programa de Intervención contra la Violencia Grupal consiguió reducir aproximadamente un 39% los tiroteos semanales entre los grupos participantes entre 2020 y 2022.

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Las comunidades también tienen un papel.

La policía no es la única protagonista. En varias ciudades crecieron los programas de intervención comunitaria, que buscan evitar que los conflictos escalen mediante personas de confianza, trabajadores sociales y organizaciones locales.

También se expandieron los programas hospitalarios que acompañan a víctimas de violencia armada después de una lesión, con el objetivo de evitar nuevos episodios.

Los resultados no son iguales en todas partes, pero ciudades como Atlanta e Indianápolis han registrado fuertes descensos.

La caída continúa

La gran incógnita es si esta tendencia podrá mantenerse. Los fondos extraordinarios de la pandemia comenzaron a reducirse, mientras muchas fuerzas policiales todavía tienen menos personal que antes de 2020.

Aun así, la caída continuó durante los primeros meses de 2026. Según los datos citados por el centro de datos, Filadelfia registró una baja del 38% en homicidios frente al mismo período de 2025; Nueva York, del 27%; y Washington DC, del 44%.

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A través de su Programa Éxito, Congreso de Latinos Unidos brinda apoyo a niños y familias mediante una combinación de tutorías intensivas de alfabetización, participación familiar y servicios de apoyo destinados a promover el bienestar y el desarrollo de la comunidad.

Durante el último año, el programa atendió a 66 estudiantes, quienes recibieron más de 28 horas de tutoría de alfabetización por estudiante. Paralelamente, las familias fueron conectadas con recursos y servicios relacionados con vivienda, desarrollo de la fuerza laboral y educación de adultos.

Para la organización latina, la alfabetización representa una herramienta fundamental que trasciende el ámbito académico y puede contribuir al desarrollo integral de los niños y sus familias.

La presidenta y CEO de Congreso de Latinos Unidos, Jannette Diaz, destacó la importancia de garantizar oportunidades de alfabetización para todos los niños, independientemente de su idioma o lugar de origen:

“Cuando un niño aprende a leer, ese niño gana la capacidad de entender el mundo, defenderse a sí mismo e imaginar nuevas posibilidades para su futuro. Este Mes Nacional de la Alfabetización, debemos seguir invirtiendo en programas que reconozcan las realidades de nuestras comunidades, celebran el multilingüismo como un activo, y asegurar que cada niño, sin importar su idioma, antecedentes o código postal, tenga la oportunidad de convertirse en un lector seguro y exitoso”.

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Fundada en 1977 por un grupo de activistas puertorriqueños, Congreso de Latinos Unidos es una organización sin fines de lucro cuya misión es capacitar a individuos y familias en vecindarios predominantemente latinos para lograr la autosuficiencia económica y el bienestar

A través de sus distintos programas y servicios, la organización acompaña a las familias en áreas como educación, alfabetización, empleo, vivienda y otros recursos esenciales para la comunidad.

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El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.

El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura. 

“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.

La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.

Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump.

Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.

Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.

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Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.

El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.

Por: AFP

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