Las declaraciones del Alto Mando Militar de Venezuela que cerró filas en torno al gobierno de Nicolás Maduro fueron rechazadas por la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) con sede en Miami.
La agrupación de venezolanos exiliados tiene cifradas sus esperanzas de retornar a la patria si se concreta el proceso que podría derivar en unas elecciones “libres” en el país suramericano tras la autoproclamación como presidente interino de Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional que se amparó para la jura en un articulado de la Constitución.
Mediante un comunicado Veppex reiteró que “Maduro está usurpando el poder (…) y los generales venezolanos al asumir esta posición son los que están efectuando un verdadero golpe de Estado”.
Veppex precisó que es la cúpula militar venezolana, “al desconocer la Constitución que juraron cumplir” y “desconocer a Guaidó como presidente legítimo” de Venezuela, la que da un golpe de Estado.
Desde Miami la agrupación de expatriados endilgó el título de “mercenario” a la actitud de los altos mandos militares, a los que tachó de “comisarios políticos” por no actuar como “policías de la Constitución nacional”, como es “su deber”.
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La organización de exiliados venezolanos instó a los militares a “desconocer esta postura indigna del alto mando militar y hacer lo pertinente para apoyar a Guaidó” y “rescatar el hilo constitucional que ha sido vulnerado”.
Estados Unidos y otros países del continente, como Argentina, Canadá, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y Paraguay han expresado su apoyo a Guaidó, mientras que México, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Turquía, Rusia y China apoyan a Maduro.
Por su parte, la Unión Europea expresó su “total apoyo” a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) como la institución elegida democráticamente en Venezuela, y apostó por la convocatoria inmediata de elecciones “creíbles”.
Nicolás Maduro ganó en mayo de 2018 unas elecciones en las que no participó la mayoría de la oposición por considerarlas fraudulentas.
Debido a la supuesta irregularidad de aquel proceso, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la UE, así como varios gobiernos de la región, decidieron no reconocer la legitimidad del segundo mandato de Maduro.