De estos casos, que evidencian un incremento del 64,4% en relación al 2023, Ipys identificó 571 vulneraciones a los derechos de periodistas, entre estos:

• 151 agresiones físicas o verbales
• 96 ataques a través de discursos estigmatizantes
• 86 restricciones en internet
• 59 limitaciones en el acceso a la información
• 46 restricciones de tipo administrativo.

Ipys también contabilizó a través del informe “La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio”:

• 42 casos de censura
• 32 de hostigamiento judicial
• 27 desplazamientos forzados
• 14 detenciones arbitrarias,
• 9 alertas de género
• 4 detenciones temporales
• 3 normas que limitan la libertad de expresión
• 2 desapariciones forzadas.

Los más afectados, según reporte del Ipys

Las violaciones a las libertades informativas afectaron a 262 trabajadores de la prensa:

• Reporteros: 169
• Directivos de medios: 16
• Camarógrafos: 15
• Locutores: 15
• Reporteros gráficos: 15
• Corresponsales extranjeros 11
• Editores: 4
• Coordinadores: 4
• Articulistas: 3
• Conductores de televisión: 3
• Periodistas y dirigentes políticos: 3
• Asistentes de producción: 2
• Escritores y representantes del gremio: 1.

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Julio y agosto con más ataques

La organización no gubernamental especificó que los meses con más ataques contra la prensa fueron julio y agosto, con 143 y 74 casos, respectivamente.

Estos ataques se registraron en el contexto de la campaña electoral y la cobertura de las elecciones presidenciales entre Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, cuando se desencadenaron protestas en todo el país.

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La denuncia penal fue presentada por Leblanc ante el Ministerio Público “contra los presuntos responsables, luego de inspeccionar y recibir más de 400 informes de supuestas violaciones carnales, delitos sexuales, que ocurren en la selva colombo-panameña, y eso es importante, selva colombo-panameña, porque no podemos decir que ocurren todas en el Darién” panameño, declaró el funcionario a los periodistas.

La Defensoría del Pueblo indicó en un comunicado que ya había procedido a iniciar una investigación de oficio “en contra del Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad Pública y Médicos Sin Fronteras, en la cual se solicitaron informes (sobre los casos de supuestas violaciones a migrantes) a estas entidades mediante Oficios”.

Explicó que Médicos Sin Fronteras redactó informes sobre casos de presuntas violaciones a migrantes irregulares entre abril de 2023 hasta que cesaron sus operaciones en la frontera del Darién a inicios de marzo pasado luego de vencerse un convenio bilateral, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo mantiene la investigación con relación a los derechos humanos, “pero ahora va a arrancar una investigación penal para que verifique si hay un crimen organizado, si también está ocurriendo con nacionales, mujeres y hombres”, afirmó Leblanc.

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Más de 520.000 personas en movilidad, un 20% de ellas menores de edad y adolescentes, llegaron en 2023 a Panamá tras cruzar la selva, una cifra sin presedentes.

La magnitud del flujo migratorio, con más de 160.000 personas que han transitado por la jungla en lo que va del año, hace temer que este 2024 puedan llegar a 800.000 los viajeros irregulares en tránsito que lleguen a Panamá, según alertó Unicef.

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En un informe de 120 páginas, la ONG también acusó a ambos gobiernos de no investigar de forma adecuada las denuncias de los migrantes sobre violaciones sexuales y otros delitos que sufren durante su paso por esta jungla situada en la frontera entre ambas naciones.

“Colombia y Panamá no están protegiendo ni asistiendo a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo que transitan por el tapón del Darién. Tampoco están investigando adecuadamente los abusos cometidos en su contra”, expuso HRW en un comunicado divulgado en días pasados.

NEW: Colombia and Panama are failing to effectively protect and assist hundreds of thousands of migrants and asylum seekers in the Darién Gap and to investigate abuses there ⤵️🧵 https://t.co/vy0G2KOX7k pic.twitter.com/xeTPho14uw

— Human Rights Watch (@hrw) April 3, 2024

“Las autoridades colombianas y panameñas deberían prevenir crímenes de parte de grupos criminales y de delincuentes e investigar abusos”, añade el texto.

Según HRW, “decenas, si no cientos de personas han perdido la vida o han desaparecido durante el cruce. Muchos no han sido encontrados”.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 245 personas desaparecieron entre 2021 y marzo de 2023, afirmó HRW. “Es posible que la cifra real sea mucho mayor”, apuntó la organización.

Esta inhóspita selva de 266 kilómetros de longitud y 575.000 hectáreas se ha convertido en un corredor para los migrantes que tratan de llegar desde Suramérica a Estados Unidos a través de América Central y México.

Por allí pasaron caminando más de 520.000 personas en 2023 y otras 110.000 en lo que va del presente año, según cifras oficiales de organismos de Panamá.

Authorities on both sides of the border are failing to protect the rights of migrants and asylum seekers transiting through the Darién Gap. pic.twitter.com/bIYOmwLW1u

— Human Rights Watch (@hrw) April 3, 2024

Los viajeros, en su mayoría venezolanos, haitianos, ecuatorianos, colombianos y chinos, se enfrentan a animales salvajes como serpientes venenosas, ríos caudalosos y bandas criminales.

“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

Según esta organización, los delitos contra migrantes, “incluyendo constantes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados”.

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La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció recientemente que las bandas criminales violaron en promedio a 16 mujeres migrantes al día en febrero, frente a unos tres casos diarios el mes anterior.

Tras estas denuncias Panamá suspendió las operaciones de MSF en el país.

Goebertus llamó a las autoridades a “reconsiderar urgentemente” esa decisión.

Por: AFP

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A partir del 4 de marzo, MSF “se vio obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas”, informó la ONG en un comunicado en el que explicó que el Gobierno panameño alega que MSF no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud para operar en Panamá.

Ante tal argumento, la organización aseguró que ha tratado en vano de renovar el acuerdo desde octubre de 2023.

🔴 #DARIÉN
Nos vimos obligados a suspender nuestras actividades médicas en el Darién por disposición de las autoridades de #Panamá.
Nos preocupan las consecuencias que pueda traer a la población migrante. Necesitamos retomar con urgencia nuestro trabajo.https://t.co/Zmn43ijpqh

— Médicos Sin Fronteras (@MSF_Colombia) March 7, 2024

La medida fue adoptada unos días después de que MSF denunciara un “aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva” contra personas migrantes, enfatiza el comunicado.

El 29 de febrero, MSF alertó que en sólo una semana sus equipos atendieron a 113 migrantes, entre ellos nueve niños, que sufrieron agresiones sexuales por parte de criminales en el Darién.

Recrudece la violencia contra migrantes en el #Darién 📍⚠️
💬 "Es una aberración que va en aumento y (…) no parece importar a nadie” explica Luis Eguiluz, nuestro jefe de proyecto en la región.
📢 Exigimos de forma urgente rutas seguras 👇https://t.co/XjVklRSfML pic.twitter.com/6ZQI2BT6kx

— Médicos Sin Fronteras (@MSF_Colombia) March 1, 2024

En el comunicado, MSF señaló que están “enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante”, pues “en promedio, cada mes, los equipos médicos brindan atención en salud física y psicológica a casi 5.000 personas, con un especial énfasis en las sobrevivientes de violencia sexual”.

Indicaron que “durante el año 2023, 676 migrantes recibieron atención médica integral luego de sufrir un acto de este tipo en la ruta migratoria, y solo en enero de 2024, MSF registró 120 casos más” y “en febrero, la organización denunció nuevamente el aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva”.

Indicaron además que “ante las evidentes necesidades a nivel de salud, incrementadas exponencialmente en los tres últimos años, MSF confía en poder retomar la atención médica en el Darién lo antes posible”, pues esa “suspensión coincide además con el previsto aumento en el número de migrantes en Panamá esta semana, luego de que se reanudaron los transportes en bote en Colombia tras un par de días de represamiento”.

🔴Según nuestros pacientes en el #Darién, hombres armados retienen a grupos de hasta 400 migrantes en mitad de la selva, los agreden y abusan sexualmente de las mujeres frente a los demás migrantes e incluso delante de sus familias.
Lee la nota completa⬇️https://t.co/DDYFyYqLFG

— Médicos Sin Fronteras (@MSF_Colombia) March 1, 2024

La selva de Darién, frontera entre Colombia y Panamá de 266 km de longitud y 575.000 hectáreas de superficie plagada de peligros como animales salvajes, presencia de grupos armados y el propio clima tropical que hacen aún más duro el tránsito para los miles de migrantes que desde Suramérica la cruzan a diario en su camino hacia Estados Unidos.

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Solo en lo que va de este año, más de 68.400 migrantes han cruzado el Darién, unos 22.673 más respecto al mismo periodo del año pasado, según informaron recientemente las autoridades panameñas que esperan un incremento de hasta un 20% de las personas que atraviesan la selva.

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La tasa de homicidios de la ciudad, cuyas víctimas son desproporcionadamente afroamericanas, ha rondado el 40 por ciento en los últimos años. Estos datos son tomados de una publicación de The Appeal, un medio que produce “un periodismo original sobre la justicia penal que involucra al público y hace que los funcionarios rindan cuentas”.

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El periodista Joshua Vaughn de The Appeal publicó que s principios de junio, en medio de las protestas provocadas por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, la policía de Filadelfia se movilizó rápidamente para realizar arrestos masivos por delitos contra la propiedad. Más de 420 personas -80% de las cuales eran afroestadounidenses- fueron arrestadas y acusadas de robo comercial, o saqueo, en la ciudad durante los primeros cinco días de junio.

Los datos provienen de una revisión realizada por The Appeal a los expedientes de cargos presentados en el sistema de tribunales municipales de la ciudad.

Pero no son tan buenos

No obstante esta eficacia del Departamento de Policía para apresar a alborotadores, no tiene la misma estatura cuando de delitos mayores se trata, y mucho menos si la víctima es un africano americano.

Según el reportaje de Vaughn las fuerzas del orden de la ciudad han tenido históricamente menos éxito en hacer arrestos o resolver crímenes de violencia como asesinatos y tiroteos, que afectan desproporcionadamente a los afros en la ciudad y a nivel nacional.

Desde el 2014, la policía de Filadelfia ha fallado en hacer un arresto en más de 800 homicidios, 5 mil 100 violaciones, 26 mil 500 robos y 158 mil asaltos, de acuerdo a los datos publicados por la Oficina del Fiscal de Distrito de Filadelfia.

Daniel Nagin, profesor de políticas públicas y estadísticas en la Universidad Carnegie Mellon, dijo que los exceso policales, junto con la sensación de estar poco protegido por la policía, puede erosionar la confianza entre las autoridades y la comunidad.

“Si vives en una comunidad en la que hay una confianza general en la policía -no se la considera una fuerza de ocupación sino que está ahí para protegerte a ti y a tu propiedad, y no tienes miedo de las interacciones con la policía- estás más dispuesto a cooperar con ellos”, dijo a The Appeal.

Desde mediados de los años 80, la tasa de homicidios en Filadelfia ha disminuido en gran medida. Entre 2013 y 2016, cayó de aproximadamente 70 por ciento a cerca de 45 por ciento y se ha mantenido alrededor de 45 por ciento durante los últimos años.

Al mismo tiempo, el presupuesto del departamento de policía de la ciudad ha aumentado más del 33 por ciento, añadiendo casi 190 millones de dólares para contratar, capacitar, compensar y equipar a los oficiales.

Afroamericanos son los más

De acuerdo a lo expuesto en el reportaje de The Appeal, a pesar de que sólo representan el 44% de la población de la ciudad, los afros son casi el 80% de las víctimas de asesinato en 2016 – el último año del que se dispone de datos – y el 82%de las víctimas de disparos.

Filadelfia no publica datos sobre la tasa de compensación de asesinatos o crímenes violentos por la raza de la víctima, pero otras ciudades han encontrado que los arrestos son menos probables cuando la víctima es negra. Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019, la policía de Chicago realizó un arresto en casi la mitad de los asesinatos en los que la víctima era blanca, pero menos del 25 por ciento cuando la víctima era negra.

“Cuando poco más de, digamos, cuatro de cada 10 asesinatos conducen a un arresto o condena, realmente se fracturan las relaciones y la confianza”, dijo la concejal de la ciudad de Filadelfia Helen Gym durante una reunión del consejo el 10 de junio. “Y eso es realmente una amenaza a la seguridad pública.”

Nagin también señaló que la policía confía en que los miembros de la comunidad proporcionen información para ayudar a resolver delitos graves como los asesinatos, pero cuando se rompe la confianza entre la policía y la comunidad, los testigos pueden estar menos dispuestos a presentarse, lo que se traduce en menos detenciones, dijo.

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Una encuesta de los adolescentes de Filadelfia en los barrios de alta delincuencia encontró más del 60 por ciento de los encuestados tenían una visión negativa de la policía, con casi el 20 por ciento diciendo que tenían una interacción negativa con la policía y el 16 por ciento sintiendo que la policía era ineficaz.

“Necesitamos una reforma fundamental de la policía en los Estados Unidos”, dijo Nagin. “Está profundamente corroído en sus cimientos, y esa reforma fundamental es necesaria”.

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Uno de los retos de la oficial que viene de ser la jefa de policía de Portland, en Oregón, será encarar la alta tasa de homicidios en la que está sumergida la ciudad.

De acuerdo a un reporte digital divulgado por el portal digital DataHub, en el lapso que va del 10 de enero al 7 de febrero de este año el crimen con mayor prominencia es el homicidio, con al menos 50 muertos la mayoría a bala. En orden decreciente se encuentra y no menos importante la violación, el robo, los asaltos agravados, los atracos, el robo, el robo de vehículos y los delitos por micro tráfico de drogas.

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Asimismo el reporte apunta a que las horas de mayor incidencia criminal son las del mediodía con un pico muy pronunciado a las 4:00 de la tarde.

La nueva comisionada de policía de Filadelfia comienza a trabajar el lunes en medio de un aumento de los homicidios en lo que va del año y en la cuarta mayor fuerza policial de la nación con peor reputación en términos de racismo y discriminación de género.

Danielle Outlaw para el momento fue la primera mujer afroamericana en dirigir la oficina en Portland, nombrada por el alcalde Ted Wheeler en 2017.  Anteriormente Outlaw trabajó para el Departamento de Policía de Oakland, donde se desempeñó como subdirectora desde 2013 hasta 2017. En diciembre de 2019, Outlaw fue elegida para asumir el trabajo de comisionado de policía de Filadelfia, un cargo que se ha convertido en otra marca, debido a que también en la primera mujer afroestadounidense en dirigir a los uniformados de la Ciudad del Amor Fraterno.

Ella tomará el timón de la fuerza policial de Filadelfia de 6 mil v 500 oficiales.

El ex comisionado Richard Ross Jr. renunció abruptamente el verano pasado después de una demanda que alegaba que ignoraba las quejas de acoso sexual porque una vez había tenido una aventura con uno de los oficiales que se quejaban.

Ross negó haber tomado represalias contra alguien.

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Filadelfia se ubica constantemente por encima del promedio nacional en términos de delincuencia, especialmente delitos violentos. Tiene la tasa de delincuencia violenta más alta de las diez ciudades estadounidenses con una población de más de 1 millón de residentes, así como la tasa de pobreza más alta entre estas ciudades. Se ha incluido en la lista de “Las 100 ciudades más peligrosas de América” ​​de la compañía de análisis inmobiliario NeighborhoodScout todos los años desde que se compiló. Gran parte del crimen se concentra en las secciones norte , oeste y suroeste de la ciudad.

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A 366 días de haberse puesto en marcha el programa Protocolos de Protección Migratoria (MPP), por el que cerca de 60 mil solicitantes de asilo en el país han sido devueltos a México, el balance deja a las claras que la administración Trump, consciente de que Tijuana y la mayoría de las poblaciones fronterizas mexicanas tienen altos índices de violencia, arrojó a los solicitantes de refugio a un destino tal vez peor al que padecían en sus naciones de origen.

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La iniciativa “Permanecer en México” creó un nuevo nicho de mercado para los malhechores que se lucran de los débiles jurídicos en una nación que habla con sangre y pobreza para relatar el olvido en el que los tiene sumido el D.F. y recrear que el único gobierno que se reconoce en esas zonas lo ejercen los carteles.

En las fauces de ese averno de las fronteras se encuentran “olvidados de Dios” cerca de 60 mil solicitantes de asilo que tiene casos en tribunales de los Estados Unidos, quienes depositaron su confianza en la celeridad de una nación que tiene al nombre del “altísimo” en su lema, pero quienes tras un año de espera sienten que fueron empujados para que encontraran el camino de la decepción.

Varias organizaciones civiles y activistas han pedido el cierre de esta política que califican de  “cruel e inhumana”. Ayer un numeroso grupo de personas conscientes se congregaron en el centro de San Diego, en el sur de California, con pancartas y cánticos para demostrar su oposición a este programa, conocido como “Permanecer en México”, y al que culpan de cientos de casos de muertes, violaciones y torturas.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en voz de su abogada de Derechos de Migrantes, Mónika Langarica, dijo que estos casos “son ejemplos claros de que la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas para las personas migrantes, que no son mexicanas y no tienen estructura familiar en México, están a niveles que no hemos visto en el pasado”.

Langarica, una de las decenas de personas que se apostaron delante de la sede de las oficinas federales en esta ciudad para pedir que “el gobierno restaure el proceso de asilo hoy”, manifestó que “esto ya no puede tener ninguna justificación, ni seguir un día más”.

La política del presidente Donald Trump ha merecido que organizaciones internacionales de Derechos Humanos alerten de que la medida constituye una violación al derecho de asilo, además del peligro al que son expuestos los migrantes cuando son enviados a México.

Thomas Rachko, Jr., coordinador nacional de la organización Human Rights Watch, expresó que “sus consecuencias han sido espantosas”.

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De igual forma Amnistía Internacional, a través de la directora para las Américas de la organización, Charanya Krishnaswami, en un comunicado pidió el fin del “cruel experimento de la administración de Trump, que ha ocasionado que decenas de miles de personas sean forzadas a condiciones de peligro, expuestas al peligro de ser asesinadas, secuestradas, torturadas y agredidas sexualmente”.

Según esta organización, apenas menos del 5% de los solicitantes de asilo enviados a México han tenido acceso a representación legal.

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Para encarar esta situación el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, ha otorgado un millón de dólares a 36 colegios y universidades para combatir la agresión sexual con la ayuda del programa “It’s On Us PA”.

“It’s On Us PA” es una campaña estatal que invita a todas las personas a desempeñar un papel en la erradicación de la agresión sexual. Aprovechando el impulso del movimiento nacional It’s On UsOpens In A New Window, It’s On Us Pensilvania reúne a presidentes, superintendentes, administradores, maestros, estudiantes, familias y miembros de la comunidad de colegios y universidades para reformular la conversación sobre la violencia sexual y comprometerse a ser parte de la solución.

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Un caso emblemático

Solamente el año pasado, en el segundo estado de la Unión, se desató un escándalo en la prestigiosa Universidad de Swarthmore, que fue rebautizada como “El ático de las violaciones”. El nombre hace referencia al cuarto donde presuntamente se han llevado a cabo impunemente estos crímenes durante años.

Fue uno de los  últimos escándalos al respecto que ha visto la luz en Estados Unidos, un país atravesado por una crisis endémica de agresiones sexuales que afecta directamente a una de cada cuatro estudiantes de grado, según datos de la Asociación Americana de Universidades y del Departamento de Justicia.

El gobernador Wolf estableció “It’s On Us PA” hace cuatro años, que fue la primera campaña estatal de la nación.

Cuatro años consecutivos

De acuerdo a recientes declaraciones del gobernador, “este es el cuarto año que mi administración trabajará con los estudiantes, las escuelas y las comunidades para construir programas para concientizar y detener los asaltos sexuales. Nunca debemos tolerar este comportamiento en nuestros campus o en una cultura que lo permita”.

“It On Us” es una campaña iniciada por el ex presidente Barack Obama, y desde que Penslvania se ha involucrado, han donado cerca de 4 millones de dólares para su preservación.

Tracey Vitchers, directora ejecutiva de It’s On Us en el estado, dijo en un comunicado que “los casi 4 millones de dólares en subvenciones de It’s On Us Pensilvania asignados en los últimos cuatro años han facultado y seguirán dando capacidades a los colegios y universidades de todo el estado para hacer el trabajo críticamente importante de prevenir la agresión sexual dentro de sus comunidades, y responder de una manera informada por el trauma con los sobrevivientes cuando tristemente ocurre”.

La reciente donación realizada por la gobernación se destinará a las escuelas para desarrollar la capacitación en todo el campus para el personal, la facultad y los estudiantes. También se destinará a campañas de sensibilización sobre el proceso de denuncia y los recursos para los supervivientes.

Los beneficiarios del programa 2019-2020 son escuelas post-secundarias tanto públicas como privadas. El número total de estudiantes en las escuelas elegidas incluye 250 mil estudiantes y 62 mil de estos estudiantes viven en el campus.

El gobernador Wolf firmó una legislación el pasado julio que requiere que todas las instituciones post secundarias ofrezcan opciones anónimas y en línea para que los estudiantes reporten un asalto sexual. Algunos de los beneficiarios de la subvención de este año utilizarán los fondos para ayudar con esos sistemas. Deben estar en funcionamiento a finales de junio.

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Este año, las escuelas que solicitan por primera vez podrían obtener una beca de investigación. Un comunicado informó que el St. Vincent College en Latrobe recibió un subsidio de $15 mil para ayudar a estudiar el impacto del programa en todo el estado. Ellos también proveerán recomendaciones.

Nombre de los beneficiarios

De acuerdo con un comunicado, a continuación se encuentran las escuelas que recibirán el dinero del subsidio: Albright College, Universidad de Bloomsburg, Colegio Bryn Mawr, Colegio Comunitario del Condado de Butler, Universidad de Chatham, Universidad de Cheyney, Universidad de Clarion, Colegio Comunitario del Condado de Allegheny, Instituto de Música de Curtis, East Stroudsburg Universidad de Pensilvania, Universidad de Gannon, Escuela de Medicina de la Mancomunidad Geisinger, Universidad de la Sagrada Familia, Universidad Inmaculada, Universidad de Indiana de PA, Keystone College, Universidad de Lehigh, Universidad Lock Haven , Colegio Lycoming, Colegio Mayor, Universidad de Marywood, Universidad de Mercyhurst, Universidad de Millersville, Colegio de Peirce, Universidad de Penn State, Universidad de Point Park, Colegio Rosemont, Universidad de San Francisco, Universidad de San José, Universidad de Shippensburg, Escuela de Negocios y Tecnología de South Hills, St. Vincent College – Investigación, Colegio Thiel, Universidad de Pittsburgh, Universidad de Waynesburg y Universidad de Wilkes.

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Human Rights Watch es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York , y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.

HRW dio a conocer detalles de su informe anual en el que destacó “el enfoque punitivo de la Administración Trump hacia quienes buscan asilo y la gente pobre de color”.

De acuerdo al reporte las normas de inmigración dictadas por la Administración Trump han empujado a tantas personas tan lejos de la protección de sus derechos, que incluso sus vidas pueden estar en peligro”, afirmó Nicole Austin Hiller, la directora del Programa EE.UU. en HRW.

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“En el caso de ciertos grupos marginales en Estados Unidos, el Gobierno parece estar dedicado a un ataque total contra sus derechos humanos fundamentales”, añadió.

El actual director ejecutivo de Human Rights Watch es Kenneth Roth, quien ha mantenido esta posición desde 1993. Roth es egresado de las universidades de Yale y Brown. Su padre huyó de la Alemania nazi en 1938. Empezó a trabajar en derechos humanos después de la declaración de la ley marcial en Polonia en 1981, y posteriormente se involucró en asuntos en Haití.

Human Rights Watch indicó que el Gobierno de Estados Unidos ha detenido a los migrantes, incluidos menores de edad, “en instalaciones inhumanas, traumatizantes y parecidas a cárceles; ha separado a la fuerza las familias, y ha obstaculizado la asistencia pública para los inmigrantes y sus familiares que son ciudadanos estadounidenses”.

Desde que el presidente Trump instauró una política que devuelve a México a los migrantes que llegan a la frontera sur buscando asilo, miles de personas “esperan audiencias en condiciones peligrosas e insalubres”, indicó el informe.

Según HRW, el Gobierno de Trump “debería poner fin a las políticas abusivas que castigan a quienes piden asilo y los someten, a ellos y a los niños y familias migrantes, a detención innecesaria e inhumana, y debería adoptar en cambio procedimientos justos para el asilo y la migración”.

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En la 30° edición del Informe Mundial 2020, de 652 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que el gobierno chino, el cual recurre a la represión para mantenerse en el poder, está llevando a cabo el ataque más intenso contra el sistema internacional de derechos humanos que se haya registrado en décadas. Concluye que las acciones de Pekín alientan y cosechan el apoyo de populistas autocráticos en todo el mundo, a la vez que las autoridades chinas usan su influencia económica para desalentar críticas de otros gobiernos. Es crucial que se oponga resistencia a esta embestida, que pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos humanos y, por cierto, nuestro futuro.

En el caso de los inmigrantes llegados del Triángulo Norte, dijo que El Salvador, es una nación con las tasas más altas de homicidio en el mundo y “las bandas ejercen control territorial sobre barrios específicos y extorsionan a los residentes en todo el país”.

El informe de HRW señaló que en México “las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluidas la tortura, desapariciones forzadas y abusos de los migrantes, han continuado bajo el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Los avances logrados en Guatemala en el enjuiciamiento de los casos de corrupción y abuso en años recientes “corren peligro después que el gobierno decidió no extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad, auspiciada por las naciones Unidas”, agregó el informe.

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Esta percepción ha sido puesta sobre la mesa por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), organismo multilateral que más allá de considerar que la barbarie de la guerra ha sido inevitable, por lo menos en el siglo XX se aseguró de proteger bienes culturales frente a una conflagración.

Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, recordó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su país se ha comprometido en múltiples convenios internacionales a respetar el patrimonio cultural en caso de conflicto.

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Esta advertencia llega luego de que en un desboque retórico el presidente Donald Trump amenazara a Teherán con destruir a al menos 52 sitios iraníes, si los seguidores de Jameiní o los chiítas toman represalias contra los estadounidenses tras la muerte ordenada por la Casa Blanca del comandante de las Fuerzas Quds, general Qasem Soleimaní

La agencia de la ONU advirtió que algunos de los “blancos” son representativos de la cultura de ese país, y muchos considerados como patrimonios materiales de la humanidad.

De acuerdo a informaciones divulgadas por agencias internacionales Audrey Azoulay se reunió este lunes con el embajador iraní ante la Unesco, Ahmad Jalali, para abordar la situación en Oriente Medio y las amenazas sobre el patrimonio, según un comunicado de la organización.

En ese evento recordó la palabra empeñada por el Estados estadounidenses, que representa a todos los connacionales de esa latitud, debido a que han suscrito, al igual que lo ha hecho Irán las Convenciones de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto y de 1972 para la protección del patrimonio mundial, en la que los países “se comprometen a no tomar deliberadamente ninguna medida susceptible de dañar el patrimonio cultural y natural” en los países signatarios.

Justo allí nace la preocupación de la Unesco, debido a que Donald Trump con su amenaza de ataque, pone en peligro más que vidas, el más sutil de los elementos que nos hacen “humanos”, y bajo la iracundia de la guerra, conmina, presiona e intimida a su enemigo al decir que tiene la capacidad militar para partirle el alma.

También Azoulay señaló que la resolución 2347 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada por unanimidad en 2017, condena los actos de destrucción del patrimonio cultural.

En un mensaje difundido en Twitter, Trump había dicho que si Irán ataca intereses estadounidenses, su país tiene “identificados 52 sitios iraníes, algunos de ellos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos, e Irán mismo, serán golpeados muy rápido y muy fuerte”.

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Pese a ello, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, negó este domingo que la intención del mandatario sea bombardear el patrimonio histórico iraní y aseguró que Washington solo actuará contra Irán al amparo de la ley.

En octubre de 2017, Estados Unidos anunció su retirada de la Unesco al entender que necesita reformarse y que está dominada por una supuesta tendencia antiisraelí.

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