Los nuevos costos entrarán en vigor a partir del 16 de octubre de 2026. A partir de esa fecha, toda solicitud que sea enviada por correo matasellado deberá incluir el pago actualizado correspondiente. La agencia advirtió que cualquier expediente recibido sin la tarifa adecuada será rechazado de manera automática.

Entre los cambios estipulados por el Departamento de Seguridad Nacional, la Tarifa Anual de Solicitud de Asilo pasa de 102 dólares a 105 dólares. El Formulario I-131, utilizado para documentos de viaje y permisos de permanencia temporal, incrementa su costo de 1.020 dólares a 1.050 dólares.

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Por su parte, el Formulario I-765 para la primera solicitud de Autorización de Empleo (EAD) por parte de peticionarios de asilo, beneficiarios de permiso de permanencia temporal o de Estatus de Protección Temporal (TPS) sube de 560 dólares a 570 dólares. Asimismo, la tarifa para el Formulario I-821, correspondiente a la Solicitud de Estatus de Protección Temporal, se ajusta de 510 dólares a 520 dólares.

Estos incrementos anuales forman parte del esquema de actualización continua contemplado por USCIS para mantener el financiamiento de sus procesos operativos.

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El juez de distrito Nathaniel Gorton emitió una medida cautelar tras la demanda presentada por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y sindicatos.

La acción legal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) surgió a raíz de nuevas políticas derivadas de la ley presupuestaria de julio de 2025, las cuales recortaban la vigencia de las autorizaciones laborales de forma retroactiva. La medida afectaba directamente a migrantes de Venezuela, El Salvador, Sudán y Ucrania, quienes corrían el riesgo de perder el derecho a trabajar formalmente a partir del 22 de julio.

Los demandantes argumentaron que USCIS impuso restricciones ilegales y omitió el proceso obligatorio de consulta pública exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. Entre los integrantes del grupo demandante destacan la Asociación Venezolana de Massachusetts, la National TPS Alliance y el Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP).

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Aunque el fallo judicial autoriza a USCIS a mantener el cobro de las nuevas tarifas fijadas por la legislación de 2025, prohíbe taxativamente retirar autorizaciones o sancionar a los afectados mientras el proceso continúe.

La orden de emergencia permanecerá vigente mientras el tribunal analiza el fondo del asunto, y el juez evaluará antes del 5 de agosto si extiende la suspensión durante el resto del litigio legal.

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La nueva norma, que entró en vigor en fecha reciente, anula la posibilidad de realizar el tradicional ajuste de estatus migratorio dentro de las fronteras de la nación. A partir de ahora, los extranjeros que ya residen en el país deberán tramitar de manera obligatoria su tarjeta de residencia a través de las sedes consulares en el exterior. Esta restrictiva disposición rompe de manera abrupta con una práctica legal establecida y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos desde 1952.

Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI), advirtió sobre las devastadoras consecuencias de este cambio. Costa señaló que la medida complicará las vidas de millones de personas que se verán forzadas a abandonar sus puestos laborales en territorio norteamericano. Asimismo, el especialista destacó que, de no contar con la opción de trabajar de manera remota, la mayoría perderá sus empleos y sufrirá graves pérdidas económicas, además de enfrentar una dolorosa separación familiar que podría prolongarse por meses o años.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) correspondientes al año fiscal 2024, el 58% de los 1,35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal lo hicieron bajo la modalidad de ajuste de estatus interno. Esto equivale a 782.770 personas que hoy se verían obligadas a salir del país para concluir su proceso.

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) alertó que el mayor impacto recaerá sobre aquellos inmigrantes que poseen vínculos familiares directos en Estados Unidos, ya que la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Benjamín Johnson, director ejecutivo de la organización, desmintió la postura gubernamental que minimiza el trámite, calificando de “desinformación peligrosa” la idea de que solo se trata de adquirir un pasaje aéreo.

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Los representantes de AILA explicaron que el memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es sumamente impreciso y no aclara las excepciones del proceso legal. Además de las familias, la medida perjudicará de forma directa a profesionales y especialistas con empleos vigentes, trabajadores del sector religioso y beneficiarios de programas de protección humanitaria como el TPS o el ‘parole’, sumiendo en la incertidumbre total y absoluta a las comunidades enteras asentadas en el país.

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La decisión impacta directamente a miles de extranjeros que permanecen en territorio estadounidense con visas temporales, como turistas, estudiantes o trabajadores, y que esperaban solicitar la green card sin abandonar el país mediante el Formulario I-485.

Hasta ahora, el ajuste de estatus representaba una de las alternativas más utilizadas por personas que cumplían con ciertos requisitos legales y contaban con una petición migratoria válida, ya fuera familiar o laboral. Con la nueva política, USCIS busca que ese procedimiento deje de considerarse una vía habitual para obtener la residencia permanente.

En un comunicado oficial, la agencia sostuvo que las visas temporales fueron creadas para permitir ingresos limitados y con fines específicos, no necesariamente como un paso previo hacia la residencia permanente. Según USCIS, el objetivo de la medida es reforzar la intención original de la ley migratoria y evitar el uso de “lagunas legales”.

El portavoz de la agencia, Zach Kahler, explicó que las personas que se encuentren temporalmente en Estados Unidos y deseen obtener una green card deberán regresar a su país de origen para completar el trámite a través de una embajada o consulado estadounidense, salvo que logren demostrar circunstancias extraordinarias.

La nueva guía también instruye a los oficiales migratorios a tratar cada solicitud de ajuste de estatus como una decisión discrecional. Esto significa que ya no bastará únicamente con cumplir requisitos básicos establecidos por la ley, sino que cada caso será evaluado individualmente bajo criterios más estrictos.

Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es la falta de detalles sobre qué situaciones serán consideradas “circunstancias extraordinarias”. USCIS no publicó una lista específica, por lo que abogados y especialistas migratorios consideran que la interpretación de esa categoría será determinante para conocer el verdadero alcance de la medida.

El anuncio ocurre en medio de un contexto de endurecimiento migratorio y podría afectar a personas con solicitudes pendientes, peticiones aprobadas o procesos familiares y laborales ya iniciados.

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Especialistas recomiendan a quienes estén considerando solicitar la residencia permanente consultar con un abogado de inmigración antes de tomar decisiones, especialmente en casos donde salir de Estados Unidos pueda activar castigos migratorios o perjudicar procedimientos en curso.

La nueva política fue publicada junto con el memorando PM-602-0199, documento que establece las directrices para que los oficiales de USCIS apliquen esta discreción en los casos de ajuste de estatus.

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Según informó la agencia, el 10 de marzo se estableció como la fecha límite para recibir nuevas peticiones correspondientes a empleos con inicio entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 2026. Todas las solicitudes recibidas después de ese día, bajo estas condiciones, serán rechazadas por exceder el cupo autorizado por el Congreso.

El programa H-2B permite a empleadores estadounidenses contratar trabajadores extranjeros temporales para cubrir necesidades laborales no agrícolas, especialmente en sectores como turismo, construcción y servicios. La alta demanda refleja la dependencia de estas industrias en mano de obra estacional.

Ante el límite alcanzado, USCIS también dio a conocer las fechas de presentación para la segunda y tercera asignación de visas suplementarias previstas para el mismo año fiscal. Estas visas adicionales forman parte de un incremento temporal autorizado por el Gobierno para responder a la demanda laboral en distintos sectores económicos.

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Las autoridades recomendaron a los empleadores revisar la información oficial disponible sobre el proceso de solicitud y los plazos establecidos para acceder a estos cupos adicionales. Asimismo, destacaron la importancia de cumplir con todos los requisitos para evitar retrasos o rechazos.

Con el cupo regular ya cubierto, la atención se centra ahora en las visas suplementarias como alternativa para satisfacer la demanda laboral en lo que resta del año fiscal.

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Durante este período, los posibles peticionarios y sus representantes legales deberán utilizar obligatoriamente una cuenta en línea de USCIS para registrar de manera electrónica a cada beneficiario y pagar la tarifa de registro correspondiente. La agencia precisó que los empleadores que aún no cuenten con una cuenta deberán crear una cuenta para organizaciones antes de participar en el proceso. Por su parte, los representantes pueden añadir clientes a sus cuentas en cualquier momento, aunque la carga de información de los beneficiarios y el envío de los registros solo podrá realizarse a partir de la fecha de apertura oficial.

Una vez concluido el período de registro inicial, USCIS llevará a cabo el proceso de selección. Las notificaciones de los registros seleccionados se enviarán en o antes del 31 de marzo de 2026 a través de las cuentas en línea de los usuarios. Únicamente los peticionarios cuyos registros resulten seleccionados estarán habilitados para presentar una petición H-1B sujeta a la cantidad máxima reglamentaria, incluidas aquellas correspondientes a beneficiarios que califican para la exención por grado avanzado, también conocida como exención por título de posgrado.

Entre las principales novedades para la temporada 2027 se encuentra la implementación de un nuevo sistema de selección, derivado de una regla final publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. En caso de que el número de registros de beneficiarios únicos exceda el límite anual establecido por ley, USCIS aplicará un proceso de selección ponderada que prioriza a los trabajadores más cualificados y con mayores niveles de remuneración. Según la autoridad, este enfoque busca fortalecer la protección de los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo para los trabajadores estadounidenses.

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Asimismo, USCIS recordó que una proclamación presidencial emitida el 19 de septiembre de 2025, orientada a reformar el programa H-1B, podría implicar el pago de una tarifa adicional significativa para ciertos peticionarios seleccionados. Aunque esta medida no impacta directamente el registro electrónico, podría convertirse en un requisito previo para la presentación final de algunas solicitudes. La agencia recomendó a los interesados consultar sus canales oficiales para obtener información actualizada antes del inicio del período de registro.

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La guía, incorporada en el Volumen 6 del Manual de Políticas, busca garantizar que los adjudicadores cuenten con la información necesaria para evaluar de forma adecuada y oportuna la elegibilidad de los solicitantes. En particular, el organismo subraya la importancia de detallar los requisitos mínimos del empleo ofrecido en las peticiones presentadas mediante el Formulario I-140, Petición para Trabajador Inmigrante Extranjero.

Desde el 1 de junio de 2023, las certificaciones laborales permanentes para atletas profesionales se presentan electrónicamente a través del sistema FLAG. Sin embargo, estas certificaciones ya no incluyen los requisitos mínimos del puesto, un elemento clave para la evaluación de USCIS. Si el contrato del atleta no contiene esa información y el peticionario no la adjunta al Formulario I-140, la agencia puede solicitar evidencia adicional antes de tomar una decisión.

Aunque cada año se presentan menos de 100 certificaciones laborales para atletas profesionales, la actualización impacta a todos los equipos deportivos profesionales de Estados Unidos, incluidas las ligas mayores y sus filiales de ligas menores. El DOL, además, exime a los atletas profesionales del requisito de determinación del salario prevaleciente, lo que explica la ausencia de estos datos en el nuevo proceso.

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La actualización también ofrece una descripción general del sistema FLAG y detalla la documentación que debe acompañar las peticiones basadas en certificación laboral. Con estas aclaraciones, USCIS busca fortalecer la integridad del sistema migratorio y brindar mayor certeza a organizaciones deportivas y atletas extranjeros.

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Estos incrementos afectarán principalmente solicitudes de autorización de empleo y trámites vinculados a solicitantes de asilo, personas bajo permiso de permanencia temporal y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). USCIS recordó que toda petición matasellada a partir del 1 de enero deberá incluir la nueva tarifa correspondiente, de lo contrario podría ser rechazada.

Entre los ajustes destacan el aumento de la Tarifa Anual de Solicitud de Asilo, actualmente suspendida, que pasará de 100 a 102 dólares. Las solicitudes de Autorización de Empleo (formulario I-765) también tendrán incrementos: el EAD inicial para solicitantes de asilo y para beneficiarios de permisos de permanencia temporal subirá de 550 a 560 dólares; mientras que las renovaciones o extensiones de EAD bajo esos programas aumentarán de 275 a 280 dólares. Para los beneficiarios de TPS, el EAD inicial ascenderá igualmente a 560 dólares y las renovaciones a 280 dólares. El formulario I-131 para un nuevo periodo de permiso de permanencia (“re-parole”) pasará de 275 a 280 dólares, y el formulario I-821 para solicitar TPS subirá de 500 a 510 dólares.

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Otras tarifas no cambiarán con esta actualización. Entre ellas se mantienen sin variación la tarifa inicial de asilo del formulario I-589 (100 dólares), la renovación del EAD para solicitantes de asilo (275 dólares) y la tarifa del formulario I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (250 dólares).

USCIS indicó que estos ajustes buscan mantener la operación del sistema migratorio y que los incrementos responden únicamente a la inflación, sin modificaciones adicionales en el proceso o requisitos de elegibilidad.

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Tradicionalmente, el USCIS se ha encargado de tramitar naturalizaciones, visados, permisos de residencia y de trabajo, manteniéndose al margen de las labores de aplicación de la ley que recaen en organismos como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP). Sin embargo, un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que los funcionarios especialmente designados “están facultados a partir de ahora para investigar, arrestar y presentar ante la justicia a quienes violen las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

La orden, firmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concede al director del USCIS, Joseph B. Edlow, la capacidad de nombrar agentes especiales y entrenarlos en estas nuevas atribuciones. Según el DHS, este cambio permitirá “reducir atrasos en casos de extranjeros que buscan explotar el sistema mediante el fraude” y reforzar la capacidad del gobierno para procesar expedientes sin depender en exceso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La inmigración ilegal ha sido uno de los principales ejes políticos de la Administración Trump desde el inicio de su mandato. La Casa Blanca asegura que en los primeros seis meses se han arrestado más de 300.000 migrantes, mientras que algunos expertos estiman que entre 8 y 10 millones de personas cruzaron irregularmente las fronteras estadounidenses en los últimos cuatro años.

El giro en las atribuciones del USCIS se da en medio de un escenario marcado por intensos debates judiciales. Varias medidas restrictivas impulsadas por la administración republicana han sido cuestionadas en cortes federales e incluso revisadas por la Corte Suprema. En fecha muy reciente, un juez federal ordenó detener la deportación de varios menores guatemaltecos que iban a ser embarcados en un aeropuerto, un episodio que subrayó las tensiones legales en torno a la política migratoria de Estados Unidos.

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Con esta decisión, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se integra de lleno en la estrategia de Trump, consolidando el endurecimiento del sistema migratorio y ampliando el alcance de las agencias federales en la persecución de la migración irregular.

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La medida restablece un estándar uniforme de investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes, con el objetivo de reforzar la integridad del programa y detectar de manera más efectiva fraudes, falsas representaciones, amenazas a la seguridad nacional y riesgos a la seguridad pública. La acción se alinea con la Orden Ejecutiva 14161, enfocada en proteger a Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas.

“Les debemos a todos los estadounidenses el derecho a sentirse seguros y protegidos. Estamos volviendo a las políticas más estrictas y seguras de investigación de seguridad y verificación de antecedentes en nuestros procesos de asilo y refugio”, afirmó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS.

La guía actualizada detalla varias circunstancias que pueden motivar una entrevista, entre ellas: imposibilidad de verificar la identidad del solicitante con los registros disponibles; reclamación de una nueva identidad o existencia de identidades conflictivas; evidencia insuficiente para confirmar el estatus de refugiado o sospecha de que se obtuvo mediante fraude; resultados de huellas dactilares del FBI que indiquen antecedentes que generen inadmisibilidad o dos registros inclasificables; necesidad de aclarar información para determinar la admisibilidad; vínculo con países designados como patrocinadores del terrorismo; o preocupaciones articulables de seguridad nacional relacionadas con terrorismo.

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Con este cambio, USCIS busca garantizar que los procesos de asilo y refugio se realicen con mayor rigor y transparencia, reforzando la confianza pública en el sistema migratorio y alineando sus procedimientos con las políticas de seguridad del gobierno federal.

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