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Por: Redacción Agencias 

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Sunday enfatizó que este procedimiento marca otro hito en los esfuerzos para librar a la Commonwealth de los traficantes de fentanilo que valoran el dinero más que las vidas humanas. “Junto con nuestros socios, incautamos más de 2,5 millones de dosis de fentanilo, cada una con el potencial de acabar con una vida. Esta red de tráfico, que distribuía fentanilo en Philadelphia, sus alrededores y la parte occidental de la Commonwealth, ha sido desmantelada”.

Durante la operación, tres personas fueron acusadas y se confiscaron más de cinco kilogramos de fentanilo, con un valor aproximado de 2 millones de dólares, en viviendas ubicadas en Wellington Street y Montague Street.

Las tres personas detenidas fueron identificadas como Johan Manuel Almonte Ortiz, de 26 años; Argedys Noel De la Cruz Jerez, de 33; y Domingo Cedeño-Pimentel, de 37, quienes enfrentan cargos graves por tráfico de drogas, conspiración y delitos relacionados.

Attorney General Dave Sunday, in collaboration with federal, state, and local law enforcement partners, announced the arrest of three individuals and seizure of more than five kilograms of fentanyl — approximately $2 million worth — from homes on Wellington Street and Montague… pic.twitter.com/NmRcaxeYyi

— PA Attorney General Dave Sunday (@PAAttorneyGen) May 15, 2026

Los arrestos y las incautaciones fueron el resultado de una investigación conjunta entre la Oficina de Investigación de Narcóticos de la Fiscalía General, la Fiscalía Federal, el Departamento de Policía de Philadelphia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el programa de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad del Atlántico Medio (HIDTA), la Policía Estatal de Pennsylvania y la Oficina del Sheriff de Philadelphia.

Las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en viviendas de Wellington Street y Montague Street, donde interrumpieron una operación de envasado de fentanilo en una de las casas.

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En Wellington Street se incautaron casi 100.000 paquetes listos para la venta, junto con casi tres kilogramos de la sustancia a granel. Los investigadores también confiscaron más de 100 sellos diferentes utilizados para marcar los paquetes destinados a la venta callejera.

A lo largo de la investigación se incautaron casi siete kilogramos de fentanilo. Los cargos fueron presentados por la Fiscalía General y la Fiscalía Federal.

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Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de octubre, extiende la responsabilidad penal a todos los implicados en estas actividades criminales. Esto incluye a individuos que financien, organicen, supervisen o colaboren en la planificación de redes de tráfico sexual dirigido a niños o personas con limitaciones cognitivas. La iniciativa fue presentada por el senador republicano Jonathan Martin y lleva por nombre oficial “Tráfico Humano Capital de Personas Vulnerables para Explotación Sexual”.

Con esta medida el estado podrá aplicar cadena perpetua o la pena capital a infractores que hayan traficado, explotado o lucrado mediante el abuso sexual de ciudadanos vulnerables. Durante la firma de la ley, DeSantis reafirmó la postura de su gobierno frente a este delito.

“Florida mantiene una política de tolerancia cero con los criminales que explotan a los niños”, declaró el mandatario, quien resaltó que desde el inicio de su administración ha impulsado leyes para reforzar la protección infantil.

La nueva legislación forma parte de una serie de reformas recientes que buscan endurecer las sanciones para delitos sexuales graves. En 2023 Florida se convirtió en uno de los primeros estados del país en aprobar leyes que facilitaron la aplicación de la pena de muerte en casos específicos. Una de esas leyes tipificó como delito capital la violación de un menor de 12 años, y otra redujo de 12 a ocho el número de jurados necesarios para recomendar una condena a muerte.

Además, el mes pasado entró en vigor una disposición que permite al estado diversificar los métodos de ejecución más allá de la inyección letal y la electrocución. Esto garantiza la continuidad de las sentencias capitales aun cuando haya escasez de los fármacos usados para aplicar la pena.

Combate a los depredadores

El combate al tráfico sexual se complementa con otras medidas legales impulsadas por DeSantis para reforzar la seguridad de los menores en Florida. Entre ellas destacan el Proyecto de Ley 777, que aumenta las penas por seducción de menores y amplía su alcance a víctimas de hasta 14 años; el Proyecto de Ley 1351, que endurece los requisitos para el registro y monitoreo de depredadores sexuales; y el Proyecto de Ley 1455, que establece sentencias mínimas obligatorias para reincidentes en delitos sexuales, eliminando la posibilidad de liberación anticipada.

Por otra parte, la denominada “Ley de Brooke” (Proyecto de Ley 1161) obliga a las plataformas digitales a eliminar en un plazo máximo de 48 horas cualquier contenido sexualmente explícito generado mediante inteligencia artificial, protegiendo así a posibles víctimas de abuso digital.

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Estas iniciativas reflejan la estrategia del gobierno de Florida de abordar el tráfico sexual y los delitos contra menores desde múltiples frentes legales y preventivos, reafirmando su compromiso de convertir al estado en un entorno seguro para las familias y los niños.

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La funcionaria concluyó una visita de unas horas a la capital mexicana, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para discutir temas de la agenda bilateral, principalmente la seguridad en la frontera común.

“El despliegue de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México es un paso positivo”, escribió la secretaria de seguridad en la red social X tras concluir una gira latinoamericana.

“Pero aún queda mucho por hacer para detener el flujo de drogas y de migrantes indocumentados a nuestro país”, añadió.

Today, I met with @Claudiashein to discuss Mexico’s role in securing the U.S.-Mexico border. Mexico’s deployment of National Guard troops to the border and acceptance of deportation flights is a positive step, but there is still much work to be done to stop the flow of drugs and… pic.twitter.com/WcxknPxyYM

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025

En la misma red social, Sheinbaum describió de su lado el encuentro como “una provechosa reunión para beneficio de México y Estados Unidos”.

“Nuestros países mantienen buena relación en el marco de respeto a las soberanías”, subrayó en su breve mensaje.

Noem concluyó en México una gira latinoamericana que incluyó El Salvador y Colombia, donde la agenda también estuvo dominada por el tema migratorio.

“Nuestra alianza contribuirá a hacer de Estados Unidos y Centroamérica una región segura nuevamente”, añadió Noem en su breve mensaje al cierre de su gira de trabajo.

La visita se produjo en momentos en que México enfrenta las amenazas arancelarias del presidente estadounidense Donald Trump.

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El republicano firmó el miércoles un decreto que grava con 25% las exportaciones de autos a Estados Unidos, un golpe para una industria clave para le economía mexicana.

El 2 de abril se espera además que Washington imponga los llamados aranceles recíprocos, esto es igualdad de gravámenes a los países que aplican tarifas a las exportaciones estadounidenses.

Sheibaum informó en su conferencia de prensa matutina que su gobierno mantiene pláticas con el vecino del norte con miras a evitar el impacto de estas medidas.

México se ha convertido en un importante productor de automóviles gracias al tratado de libre comercio T-MEC que tiene con Estados Unidos y Canadá.

Trump reprocha a sus vecinos y socios el tráfico drogas y de migrantes sin papeles hacia territorio estadounidense y los aranceles serían una represalia.

Por: AFP

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César David Martínez-González, de 40 años y quien también ingresó a Estados Unidos de manera irregular, fue sentenciado por “ayudar a traficar y alentar e inducir a docenas de inmigrantes de América del Sur a entrar ilegalmente en Estados Unidos” en un periodo de dos años, señaló la fiscalía.

También le fue impuesta una multa de 20.560 dólares.

El acusado, que se declaró culpable en noviembre de conspiración de tráfico de personas, enviaba dinero a los migrantes en Suramérica y a “coyotes” en México para ayudarles a llegar a Pensilvania, donde residía.

Una vez llegados a este estado del noreste, colaboraba a los inmigrantes con alojamiento y a obtener documentos de identidad falsos y trabajo a través de agencias de colocación. A cambio, tenían que entregarle la mitad de su salario para pagar la “deuda” contraída, que superaba con creces, según la fiscalía, a los gastos incurridos.

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“El acusado impuso una campaña de presión diaria a los inmigrantes para que siguieran trabajando, por las horas que pudieran conseguir de las agencias de colocación, de modo que pudieran seguir haciéndole los pagos de la deuda”, señala la fiscalía en un comunicado.

Según reseña la fiscalía, Martínez-González también pagó vuelos para traer a migrantes a Philadelphia. Una vez en la ciudad, los transportaba a casas en el condado de Chester y sus alrededores.

“Durante los dos años que el acusado operó su plan, indujo y ayudó a traer ilegalmente a más de 100 extranjeros a Estados Unidos, todo para su propio beneficio económico”, precisa el escrito.

Según las autoridades, a Martínez-González se le concedió el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos en marzo de 2024, “del cual se aprovechó para continuar con su plan después de que se le concediera el estatus para permanecer en el país”.

El agente especial a cargo de HSI Philadelphia, Edward V. Owens, señaló que Martínez-González no solo violó las leyes de inmigración, “sino que también se aprovechó de las esperanzas y los sueños de quienes buscaban una vida mejor, sumiéndolos en un ciclo de deudas y explotación”.

El caso fue investigado por el FBI, HSI y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social y está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Sara A. Solow, Louis D. Lappen, Eileen Castilla Geiger y J. Andrew Jenemann.

Por: Beatriz Oliva y con información de AFP

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Brian McShane, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación del ICE en Philadelphia, detalló que la detención de Virginia Basora-González demuestra el compromiso de proteger “a nuestras comunidades de extranjeros delincuentes que participan en actividades ilegales graves que representan una amenaza para la seguridad pública”.

“Esta exitosa operación conjunta ejemplifica la colaboración de las agencias federales del orden público para hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestro país y expulsar a personas peligrosas de nuestras calles”, enfatizó a través de un comunicado publicado en la página web de ICE.

Según ICE, Basora-González tiene antecedentes penales por intento de posesión con intención de distribuir fentanilo y complicidad, y, además, anteriormente fue expulsada de Estados Unidos y reingresó al país sin autorización de un funcionario de inmigración.

La Drug Enforcement Administration arrestó y acusó a Basora-González en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Pennsylvania por intento de posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo y complicidad el 6 de junio de 2019.

La dominicana fue sentenciada a 12 meses y un día de confinamiento y cuatro años de libertad supervisada el 12 de marzo de 2020, después de declararse culpable de los cargos.

ICE expulsó a Basora-González de los Estados Unidos a la República Dominicana el 6 de octubre de 2020.

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El pasado 12 de marzo, el ICE emitió a Basora-González una notificación de intención de reinstaurar la orden final de deportación. Ese mismo día, obtuvo una orden de arresto federal y una denuncia penal de un magistrado federal, y la entregó al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Basora-González permanecerá bajo custodia federal en espera de que se le imputen los cargos por reingreso tras su deportación en el Distrito Este de Pennsylvania.

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La hondureña de 26 años fue extorsionada en la fronteriza Tecún Umán, Guatemala, adonde llegó con tres hijas en su viaje a Estados Unidos.

“Nos tomaron fotos y videos”, dice con voz temblorosa la mujer, que dialogó con AFP en la ciudad mexicana de Tapachula (Chiapas) a condición de proteger su verdadero nombre.

Es apenas la muestra de una actividad que se extiende desde la selva colombo-panameña del Darién hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Incluye desde servicios de “coyotes” -llamados “guías”-, alojamiento y transporte, hasta secuestros.

El tráfico de migrantes deja entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales a los criminales a nivel global, según estimaciones de la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La fuente es inagotable: en 2024 México procesó a 925.000 indocumentados, mientras Estados Unidos registró 2,1 millones de encuentros de migrantes en su frontera en el año fiscal que concluyó en septiembre.

Originarias de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Haití, Centroamérica y lejanos países africanos y asiáticos, esas personas huyen de la pobreza, la violencia y gobiernos autoritarios.

El pago de Ana María incluía traslado en balsa por el río Suchiate, entre Guatemala y México, y por carretera hasta un albergue de Tapachula. “Es la única manera en que podemos ingresar”, dice.

Negocio de narcos

Salvo por el transporte fluvial de mercancías, el principal acceso a México desde Guatemala luce semivacío.

Pero a una hora de allí, Tapachula rebosa de migrantes que buscaban desesperadamente permisos de tránsito para alcanzar la frontera norte antes de que Donald Trump asumiera la presidencia el pasado lunes 20 de enero.

Este contraste obedece a que delincuentes llevan a los migrantes directamente a Tapachula, lejos de la mirada de autoridades.

“Ya no les permiten que lleguen” por cuenta propia. “Les dicen ‘les cobramos por llevarlos'”, denuncia el padre Heyman Vázquez, párroco local. “La delincuencia organizada se ha adueñado” de los migrantes.

Quienes no tienen dinero son secuestrados. “Les piden 700 dólares. Ya cuando el familiar paga, les ponen un sello (en el brazo) y los dejan ir”, dice Vázquez.

Los migrantes llaman genéricamente “cártel” a las organizaciones que se pelean el control de esta frontera.

Son los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuya pugna provocó el año pasado una matanza de 19 personas, incluidos guatemaltecos, y un inédito desplazamiento de mexicanos hacia Guatemala.

Ambos absorbieron a las redes de delincuencia locales, que en ocasiones les entregan personas para extorsión o trata, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Eslabón colombiano

Este control criminal comienza mucho antes de Tapachula, en el Darién.

Alberto Yamarte, migrante venezolano de 50 años, pagó 1.800 dólares a un grupo para pasar por esta peligrosa jungla con su esposa y tres hijos.

“Es como para cuidarte”, explica el hombre, parte de los más de siete millones de venezolanos que dejaron su país desde 2014 por la crisis que alcanzó un nuevo pico con la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.

Quienes cruzan por su cuenta se exponen a vejaciones. Fue “durísimo, dos horas de secuestro. Nos quitaron todo lo que teníamos”, cuenta Dayana Hernández, venezolana de 36 años.

El Darién es bastión del Clan del Golfo, la mayor organización criminal colombiana.

“Decide qué caminos se pueden utilizar y cuáles no, provee ‘seguridad’ a la población y se enriquece a costa de los migrantes”, comenta Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Algunos asumen cuantiosas deudas para pagar a “coyotes”, como la guatemalteca Ericka Morales, quien fue deportada el pasado 10 de enero desde Texas y debe 15.000 dólares. Ahora “a seguir luchando acá para poder sacar la deuda”, dice resignada.

El GAFI refiere que las detenciones de traficantes son bajas, pese a ser un fenómeno masivo que incluso se promociona en redes sociales.

En TikTok, por ejemplo, un usuario ofrece ingresos a Estados Unidos por un túnel. México anunció recientemente el descubrimiento de uno de esos pasadizos.

Las autoridades también se lucran. “Los policías (guatemaltecos) me bajaron toda la plata”, dice una panameña. Una relatoría de la ONU acredita estos casos en México.

Otros estafan hasta 500 dólares por falsas citas de asilo de la aplicación móvil CBP One, que Trump promete eliminar aduciendo que alienta el tráfico. Casas de cambio también se benefician del dinero que familiares envían a migrantes para que continúen el viaje.

Boom económico

En la parte panameña del Darién la migración, además, transformó pequeños pueblos por los que han pasado más de un millón de personas en los últimos tres años.

En Canaán Membrillo y Bajo Chiquito, los migrantes -con aval de las autoridades- deben pagar 25 dólares para ser trasladados en balsas hasta un albergue.

Las pequeñas tiendas que antes abastecían a unas decenas de moradores, ahora venden a cientos de extranjeros al día alimentos, ropa y hasta chips telefónicos.

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Los migrantes también deben pagar 40 dólares para ser trasladados en autobús hasta la frontera con Costa Rica, una ruta organizada por el gobierno panameño.

Tratados como mercancías, muchos se sienten en un callejón sin salida. “Que ganó Donald Trump, que ganó Maduro otra vez en Venezuela. O para atrás o para adelante, no sabemos qué hacer”, se lamenta la venezolana Dayana Hernández.

Por: AFP

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De acuerdo con un estudio elaborado por la empresa INRIX, especializada en análisis de movilidad, Miami ocupa el octavo lugar en la lista de ciudades más congestionadas del mundo. La investigación expone un aumento del 30% en el volumen de tráfico entre 2021 y 2022, lo que se traduce en que los conductores en Miami pierden 105 horas al año en atascos. Estos números no solo suponen un costo económico notable para los afectados sino que también se asocian a un impacto ambiental negativo.

El estudio además revela que, a pesar del notable descenso en el tráfico vehicular durante 2020, de un 57% debido a la pandemia del coronavirus, Miami no logró salir del ranking de las ciudades más congestionadas del mundo. Indica el análisis que entre las principales causas de este persistente problema se encuentran el aumento de la población, la infraestructura vial insuficiente y una oferta de transporte público limitada.

Visto de desde esta perspectiva, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, en varias ocasiones ha dicho que la ampliación y mejoramiento del transporte público representan una solución clave ante la congestión vehicular. Dijo que su Administración se encuentra trabajando activamente en la ampliación de las opciones de movilidad tanto para residentes como para visitantes, lo que se presenta como un esfuerzo por mitigar los efectos negativos del intenso tráfico.

Una preocupación compartida

La preocupación por la situación del tráfico vehicular en Miami no es exclusiva del gobierno local; ya algunos entes gubernamentales han expresado su inquietud respecto a cómo la congestión vial podría estar impactando el tiempo de respuesta ante emergencias, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de la población.

Para lidiar con esta situación, algunas compañías han implementado soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial, con el fin de mejorar la gestión del tráfico y una de estas soluciones viene de la mano de Rekor Systems, contratada por el Departamento de Transporte de Florida.

Dicha empresa utiliza una red de sensores y cámaras para monitorear las condiciones del tráfico en tiempo real y logra detectar un 49% más incidentes viales que los métodos tradicionales, lo que constituye un avance significativo en el manejo de la congestión vial.

Sin embargo, el reto de la congestión vehicular en Miami no es solo un asunto de interés local, sino también del estado pues siendo Florida, el tercer estado más poblado de Estados Unidos, se enfrenta a un constante crecimiento demográfico lo que añade presión a su infraestructura vial y sistemas de transporte público.

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Así las cosas, es urgente que las autoridades encuentren soluciones efectivas y sostenibles para la congestión del tráfico en aras de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y el desarrollo sostenible de la región.

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El alto funcionario indicó que 36 personas fueron arrestadas, entre ellas 23 policías activos y dos retirados.

“Hoy en la mañana se desmanteló una estructura criminal dedicada al tráfico de personas”, escribió Jiménez en la red social X donde dijo además que los traficantes utilizaban a “agentes policiales corrompiéndoles para que se garantizara el trayecto de las personas que traficaban en las rutas en el país”.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala por su parte indicó a través de la misma red social que la operación para desmantelar a la red se realizó “bajo el liderazgo” del ministerio guatemalteco del Interior y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) estadounidense.

La misión diplomática agregó que la estructura “explotó” a “casi 10.000 migrantes” y resaltó “la coordinación e intercambio de información bilateral” para ejecutar las detenciones.

Centroamérica sirve de corredor a miles de migrantes de distintas partes del mundo que buscan llegar a EE.UU.

El fiscal Marvin Orellana detalló que la red movilizó a migrantes de Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Cuba, Haití y Vietnam, entre otras nacionalidades.

Además, miles de centroamericanos se marchan de sus países para escapar de la pobreza, la falta de empleo, los bajos salarios y la violencia criminal.

Jiménez explicó que la operación se enmarca en “la estrategia” del presidente Bernardo Arévalo “de no criminalizar al migrante, pero sí perseguir y desmantelar las estructuras de tráfico de personas”.

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“El resultado de este desmantelamiento se debió a una colaboración interna de la propia Policía Nacional Civil”, indicó el ministro.

Durante la operación, que abarcó 34 allanamientos en poblados del este, oeste, sur y la capital del país (centro), también se incautó “cuatro vehículos, un arma de fuego y dinero en efectivo”, dijo a periodistas el fiscal Marvin Orellana.

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Igual que en otras ciudades que crecieron durante la pandemia, Miami ha visto agravarse el tráfico mientras las autoridades buscan soluciones de transporte masivo para hacer frente a la situación. Pero el problema es aún más agudo en esta ciudad floridana donde 8 de cada 10 residentes tienen licencia de conducir y el 90% se desplaza en automóvil. Las demoras en el tráfico aumentaron un 18% entre 2019 y 2023, en parte porque los altos precios de los bienes raíces llevaron a más personas a los suburbios.

Para solventar el problema del tráfico, los políticos están proponiendo múltiples proyectos ferroviarios, incluyendo una versión local del Corredor Noreste, la línea ferroviaria eléctrica que conecta Washington con Boston.

El Proyecto de Tránsito Rápido del Corredor Noreste es una ruta de 13.5 millas desde el centro de Miami hasta los suburbios del norte; pero este corredor tardará varios años en estar operativo incluso con la ayuda de fondos federales. El plan es conectarlo a proyectos similares que se están llevando a cabo en los condados vecinos y crear un tren de cercanías que se extienda entre Miami y West Palm Beach con múltiples paradas en el camino.

También está Brightline, un tren privado de alta velocidad respaldado por Fortress Investment Group que conecta Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando, con una extensión a Tampa en proceso. Sin embargo, la línea ferroviaria anunció en mayo que canceló el programa de pases de cercanías y ha priorizado a los viajeros de larga distancia. Un boleto de ida y vuelta entre Miami y West Palm Beach puede costar unos 70 dólares dependiendo del momento y los beneficios, una opción costosa para los pasajeros habituales.

El Tri-Rail, un servicio ferroviario separado al oeste de Brightline, ha intentado llenar la brecha de transporte de cercanías, pero hasta ahora ofrece solo viajes expresos limitados entre Miami y West Palm Beach.

En la búsqueda de soluciones

Las autoridades locales también están intentando reformar los sistemas de autobuses, con el condado de Miami-Dade dispuesto a lanzar un corredor de autobuses de tránsito rápido con una inversión de 368 millones a principios de 2025.

“Crecimos sin tránsito. Realmente somos una comunidad no planificada que ahora necesita adaptar el tránsito”, dijo la comisionada del condado de Miami-Dade, Eileen Higgins.

El rápido crecimiento del sur de Florida en los últimos años ha contribuido a magnificar el problema del tránsito, creando restricciones para la futura expansión, así como fricciones entre los sectores privado y público.

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En Miami Beach, algunos residentes se han opuesto a proyectos de transporte masivo y los comisionados de la ciudad votaron para bloquear la conexión de Miami Beach con el distrito comercial de Miami a través de un tranvía gratuito, citando preocupaciones sobre el aumento del crimen y la densidad.

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