En un primer momento, la United Farm Workers indicó que el trabajador, de origen mexicano, había fallecido a causa de las heridas sufridas durante la operación de control de inmigración llevada a cabo el jueves.

Pero más tarde, la familia indicó en la plataforma de microfinanciación GoFundMe que en realidad está en situación crítica.

“Fue perseguido por agentes del ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], y nos dijeron que se cayó desde una altura de más de nueve metros. La vida de mi tío está en situación crítica, y los médicos nos han dicho que no saldrá adelante. Sus heridas son catastróficas. Pero su corazón aún late”, indicó la familia.

El centro médico del condado de Ventura dijo al canal ABC News que el hombre está en situación crítica, pero no respondió a las llamadas de AFP para obtener más detalles.

La operación tuvo lugar en Carpinteria y Camarillo, dos localidades rurales del condado de Ventura, a unos 110 km al oeste de Los Ángeles.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, dijo a AFP que el hombre “no estaba ni ha estado bajo custodia” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ni del ICE.

“Aunque no estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden, este individuo subió al tejado de un invernadero y cayó 10 metros”, explicó. “La CBP llamó inmediatamente a una ambulancia medicalizada al lugar para que lo atendieran lo antes posible”.

El DHS informó a su vez en un comunicado que los agentes federales “detuvieron a unos 200 extranjeros en situación irregular en los dos sitios”.

Durante el operativo, según el DHS, más de 500 manifestantes “intentaron interrumpir las operaciones”.

“Dañaron vehículos y un agitador violento efectuó disparos contra agentes del orden” antes de darse a la fuga, precisó este departamento.

El presidente Donald Trump condenó los ataques de los manifestantes contra agentes del ICE y otros miembros de las fuerzas del orden, y dijo que “esos babosos” deberían ser arrestados.

 Enfrentamientos

Glass House Brands, propietaria de las granjas, dijo en un comunicado que “nunca ha violado a sabiendas las prácticas de contratación aplicables y nunca emplea ni ha empleado a menores de edad”.

Además, la empresa indicó que estaba proporcionando representación legal a los trabajadores detenidos.

El DHS declaró que más de 500 “alborotadores” habían intentado perturbar la operación y que cuatro ciudadanos estadounidenses se enfrentan a cargos por agresión o resistencia a los agentes.

En su publicación en X, Trump dijo que había visto imágenes de “matones” que lanzaban piedras y ladrillos a los vehículos del ICE, lo que causó un “daño tremendo”.

“Estoy dando autorización total para que el ICE se proteja a sí mismo, al igual que protegen al público”, apuntó.

Trump, que hizo campaña con la promesa de deportar a millones de migrantes en condición irregular, lleva semanas envuelto en un enfrentamiento por la aplicación de la ley de inmigración con California, gobernada por los demócratas.

El presidente republicano envió el mes pasado miles de efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles para sofocar las protestas contra las redadas de inmigrantes indocumentados por parte de agentes federales.

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Al hilo de esto, una jueza de distrito ordenó detener las “patrullas móviles” de agentes federales en Los Ángeles, que han estado deteniendo a presuntos migrantes indocumentados.

La jueza de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó poner fin a estas detenciones, que según dijo se estaban efectuando “basándose sólo en la raza”, o en si una persona habla español o inglés con acento, o en el lugar en que trabaja.

La granja de cannabis de Camarillo estaba tranquila durante una visita de un corresponsal de la AFP el viernes, mientras los trabajadores esperaban en fila para recoger sus pertenencias y sus cheques de pago.

“Estamos desde las 6 de la mañana preguntando y no nos dan información de nada”, dijo a la AFP Saúl Muñoz, un colombiano de 43 años cuyo hijo fue detenido el jueves.

“Solo necesito saber cómo está él no más, que me lo entreguen, si nos toca nos vamos”, pidió Muñoz, sumido en “incertidumbre”.

“La verdad que el sueño americano ya no es tan sueño americano”.

Por: AFP

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Los proyectos de ley en consideración abordarían la creciente necesidad de tratar los problemas de salud mental en áreas rurales, que se han visto exacerbados por los impactos de la pandemia y el cambio climático. Esto en un estado que tiene una de las tasas de suicidio más altas del país.

En las zonas rurales de Colorado hay escasez de profesionales de salud mental, una brecha crítica considerando que las tasas de suicidio han sido más altas en la América rural durante años.

El primer proyecto de ley crearía un enlace de salud mental conductual para la comunidad agrícola y rural que conectaría varias agencias estatales con proveedores de atención mental, organizaciones sin fines de lucro y líderes comunitarios. El segundo fortalecería y publicitaría los recursos de prevención del suicidio para los trabajadores agrícolas. (Los dos proyectos se debatieron el 7 de febrero y ambos pasaron al comité de Apropiaciones, en donde se discute el presupuesto)

“Si estás a dos horas de distancia de un profesional de salud, y tal vez en medio de una tormenta de nieve en invierno, serán cuatro o cinco horas de viaje. Simplemente no vas a buscar la ayuda que quieres y necesitas”, dijo el senador estatal Perry Will, republicano que patrocina el proyecto de enlace. “Cualquier cosa que podamos hacer para aumentar el acceso a la atención de salud conductual en las áreas rurales de Colorado y en comunidades rurales es un beneficio”.

Las tensiones de trabajar en el sector agrícola de Colorado se amplifican para los trabajadores migrantes que enfrentan disparadores de estrés adicionales como las barreras del idioma y los estigmas culturales.

El Censo de Agricultura de 2017 (se espera que los datos actualizados de 2022 se publiquen a mediados de febrero) encontró que alrededor del 8% de las granjas de Colorado emplean a trabajadores hispanos o de habla hispana. Hay más de 19,000 trabajadores agrícolas en todo el estado.

“Cuando hablamos de necesidades emocionales, sienten un vacío. No saben qué hacer debido a este vacío que sienten. Pero sienten que algo está mal”, dijo Ere Juárez, directora regional de Project Protect Food Systems Workers, quien trabaja estrechamente con familias migrantes. “La soledad, la tristeza, la culpa, son altas, muy altas”.

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Los trabajadores migrantes a menudo están en Colorado durante seis o 10 meses al año para ayudar a sus familias en sus países de origen. Pero las condiciones en las que viven en Estados Unidos son difíciles, dijo Juárez: trabajando turnos de hasta 16 horas al día, viviendo con decenas de personas dentro de apartamentos pequeños y teniendo una comunicación limitada con la familia en casa.

Para algunos trabajadores la barrera del idioma no es solo el inglés sino también el español ya que hablan dialectos regionales y les cuesta aún más comunicarse lo que es muy frustrante, agregó Juárez.

Juárez dijo que esos sentimientos a veces se manifiestan bebiendo demasiado o teniendo pensamientos suicidas. Es necesario fortalecer los recursos de salud mental para ayudar a los trabajadores, enfatizó.

“Todos tenemos comida en nuestras mesas porque ellos trabajan para nosotros”, destacó Juárez. “Están dejando sus cuerpos en nuestros campos para alimentarnos”.

Luego está la baja de los salarios en invierno, cuando tanto los que están empleados todo el año como los estacionales, solo pueden trabajar de 10 a 20 horas por semana, dijo Hunter Knapp, director de desarrollo de Project Protect Food Systems Workers.

“Los trabajadores que se quedan aquí durante todo el año enfrentan muchos desafíos económicos y todos los desafíos de salud mental y conductual asociados con la pérdida de ingresos y trabajo”, explicó.

Iriana Medina, coordinadora de participación comunitaria en La Plaza, una organización sin fines de lucro, ha identificado problemas similares. Su organización trabaja con comunidades migrantes e inmigrantes en el condado de Mesa, al oeste de Colorado, una región conocida por sus jugosos y dulces duraznos de Palisade y por su vino.

“La diversidad de tener a una persona con un origen cultural y lingüístico diferentes es un puente que debe construirse”, dijo Medina. “Adonde sea que nos lleven estos proyectos de ley será realmente una pieza más del rompecabezas” para beneficiar a la comunidad latina, agregó.

El senador estatal Tom Sullivan, demócrata y defensor de la prevención de la violencia armada, cuyo hijo Alex fue asesinado en la masacre del cine Aurora en 2012, patrocinó el proyecto de ley para combatir el suicidio. Sullivan dijo que le preocupa que una persona sea más propensa a quitarse la vida en un distrito rural que en un distrito urbano, y citó estadísticas que revelan que las armas se usan en más del 50% de todos los suicidios.

“Solo estoy tratando de reconocer que hay personas que luchan en estas comunidades y hacerles saber que, cuando llamen, habrá alguien que realmente los escuchará y entenderá sus problemas”, agregó Sullivan.

Si tú mismo o alguien que conoces puede estar experimentando una crisis de salud mental, comunícate con la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis marcando o enviando un mensaje de texto al “988”. El servicio está disponible en español.

Paula Andalo, Ethnic Media Editor de KFF Health News, contribuyó con esta historia.

Por: Vignesh Ramachandran/KFF Health News

Esta historia fue producida por KFF Health News, una redacción nacional enfocada en el tratamiento en profundidad de temas de salud, que es uno de los principales programas de KFF, la fuente independiente de investigación de políticas de salud, encuestas y periodismo.

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Para Nicole Civita, directora de políticas del grupo de defensa de Colorado, Project Protect Food Systems Workers, estas historias encapsulan una arraigada dinámica de poder que covid-19 ha puesto de manifiesto: los trabajadores agrícolas son “esenciales, pero son tratados como prescindibles”, incluso cuando se trata de acceder a la atención médica.

Su organización es una de las muchas que han apoyado la legislación de Colorado denominada Carta de Derechos de los Trabajadores Agrícolas. Entre sus disposiciones se encuentra el requisito de que los más de 3,000 trabajadores agrícolas de Colorado, que viven en viviendas proporcionadas por el empleador, puedan visitar, o ser visitados, por profesionales médicos y trabajadores sanitarios de la comunidad. Los empleadores también deben proporcionar transporte a las visitas médicas, para aquellos que no tienen vehículos. El proyecto de ley fue aprobado recientemente por la asamblea legislativa y ahora está en manos del gobernador.

Estados como Florida, Maryland, Oregon y Wisconsin han garantizado a los trabajadores agrícolas el derecho a ver a proveedores de atención médica en su lugar de residencia. La pandemia ha llevado a Carolina del Norte a reiterar que los empleadores no pueden prohibir a los proveedores de atención médica que visiten a los trabajadores agrícolas que viven en sus propiedades.

Augusto Basterrechea, que se encarga de la asistencia a los trabajadores agrícolas del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado en el Valle de San Luis, un centro agrícola, dijo que en sus ocho años de trabajo nunca había oído hablar de un trabajador agrícola que no pudiera recibir atención médica, ni siquiera durante la pandemia.

Pero la ex trabajadora agrícola Anita Rodríguez recuerda con claridad una llamada que recibió a las 2 de la madrugada en septiembre, cuando la cosecha estaba en pleno apogeo en la región bordeada por montañas nevadas y conocida por sus cultivos de papas, lechugas y espinacas a gran altitud. Era de un hombre que trabajaba en una granja. “Estaba fuera de sí”.

Tenía el cuerpo cubierto de grandes ronchas rojas y la cara hinchada. Apenas podía abrir los ojos. Quería atención médica, dijo, pero le preocupaba que lo vieran saliendo a escondidas de la vivienda que le proporcionaba su empleador, que está rodeada por una cerca alta, gran parte de ella coronada con alambre de púas. Un capataz vigilaba el campamento y sólo permitía que salieran tres o cuatro trabajadores al día, según contó a Rodríguez, que trabaja como voluntaria en la comunidad y que contó la historia a los legisladores en marzo.

Amy Kunugi, directora general de Southern Colorado Farms, dijo que el alambrado tiene por objeto disuadir de los robos durante la temporada baja, y que la granja nunca ha vigilado las entradas y salidas de los empleados. Sin embargo, los protocolos de covid habían prohibido las visitas a menos que fueran aprobadas por los gerentes, y habían limitado el número de empleados que podían salir para viajes esenciales en un momento dado.

“Estoy sorprendida”, dijo Kunugi, que se enteró de la historia en la audiencia legislativa sobre el proyecto de ley en marzo. Dice que no ha encontrado ningún empleado que conozca la historia. “Siempre llevaríamos a la gente si necesitara atención sanitaria”.

Linda Rossi, de Fresh Harvest, la empresa que recluta trabajadores agrícolas para la granja de Kunugi, añadió: “Es imposible que esta acusación sea cierta, ya que, el año pasado, si alguien llegaba a decir que tenía hipo, lo atendíamos”.

Sin embargo, según Rodríguez, este hombre que tenía una urgencia médica en su día libre se sintió lo suficientemente asustado como para buscar atención urgente y urdió un plan con ella: esperaron hasta más tarde esa mañana, cuando él estaba seguro de que podría salir sin ser visto. Se encontraron en una tienda de todo por un peso cercana, y Rodríguez lo llevó a una clínica de atención urgente en el pueblo vecino.

“Tenía miedo de que lo descubrieran porque no quería perder su visado”, comenta. “Así es como mantiene a su familia”.

Después que el hombre recibiera el tratamiento para su grave reacción alérgica, dijo, regresaron al alojamiento de los trabajadores. El hombre se escondió en su asiento y le pidió a Rodríguez que pasara despacio, para asegurarse que el coche del capataz no estaba fuera. Entonces, dijo, “saltó de mi coche casi volando” y volvió a entrar corriendo.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos estima que la nación tiene 3,2 millones de trabajadores agrícolas, con más de 36,700 en Colorado. A nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Trabajadores Agrícolas del Departamento de Trabajo de 2015-16, alrededor del 15% de los trabajadores agrícolas vivían en una vivienda proporcionada por el empleador, y un poco menos de la mitad dijo que tenía seguro de salud. Mientras que alrededor del 40% de los trabajadores encuestados dijeron que no habían utilizado los servicios de atención médica en los Estados Unidos en los dos años anteriores, alrededor del 87% dijo que lo había necesitado.

Cerca de la mitad de los trabajadores agrícolas de esa encuesta eran indocumentados, lo que les hace vulnerables a los abusos e intimidaciones de sus empleadores. Incluso los que tienen visados de trabajo agrícola pueden ver sus movimientos restringidos: La organización internacional de derechos de los migrantes Centro de los Derechos del Migrante descubrió que más de un tercio de los 100 trabajadores encuestados en 2019 informaron que su empleador determinaba cuándo podían salir de su vivienda o lugar de trabajo.

Jenifer Rodríguez, abogada gerente de la organización sin fines de lucro Colorado Legal Services (sin relación con Anita Rodríguez), dijo que, además de las barreras como la falta de seguro médico y el costo del tratamiento, los trabajadores agrícolas son vulnerables a las represalias del empleador.

En los 14 años que lleva representando a trabajadores agrícolas en Colorado, ha hablado, entre otros, de un pastor de rebaño cuyo empleador no lo llevó al médico por lo que resultó ser un tumor cerebral, y de proveedores de atención médica a los que se les impidió entrar en la propiedad de la granja para visitar a los trabajadores, incluso cuando estaban fuera del horario de trabajo. “Hay muchos empleadores que les niegan las visitas”, dijo.

Los agricultores se opusieron a la Ley de Derechos de los Trabajadores Agrícolas, principalmente por su exigencia de pagar horas extra. “La forma en que se presentó, probablemente habría dejado a la mayoría de la industria fuera del negocio. Literalmente”, dijo Marilyn Bay Drake, directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Frutas y Verduras de Colorado.

Drake dijo que los miembros también se preocupan de que las disposiciones de acceso médico podrían interferir con la capacidad de los productores para seguir la Food Safety Modernization Act  (Ley Federal de Modernización de la Seguridad Alimentaria), que incluye requisitos destinados a evitar que los visitantes introduzcan enfermedades transmitidas por alimentos en las granjas.

En la audiencia del Senado estatal celebrada en marzo, algunos agricultores declararon sentirse “avergonzados” y “conmovidos” al escuchar las historias de maltrato a los trabajadores. Harry Strohauer, quien cultiva papas, repitió un estribillo común: “Puede que haya algunas manzanas podridas en nuestro grupo, pero yo no lo veo. Ninguno de nosotros lo ha visto. Creemos que hacemos un buen trabajo. Creemos que cuidamos de nuestra gente”.

Civita, del Proyecto Protect, considera que ese argumento es problemático. “A menudo nos quedamos atascados, cuando tratamos de desmantelar el racismo estructural en la ley, en quién es un buen empleador y quién es un mal empleador”, dijo. “Pero incluso los que se consideran buenos en comparación con los demás están realmente acostumbrados a mantener brechas de poder bastante significativas”.

Civita dijo que esas brechas de poder se institucionalizaron en la década de 1930 con dos leyes federales, la Ley Nacional de Relaciones Laborales y la Ley de Normas Laborales Justas, que prometieron a los trabajadores un salario mínimo, el pago de horas extra y el derecho a organizarse.

Según una investigación de la Universidad Loyola de Chicago, aunque las medidas incluían originalmente a todos los trabajadores, un grupo de congresistas del Sur presionó para que se excluyeran a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores agrícolas, puestos ocupados entonces principalmente por afroamericanos.

En ese momento, según los registros del Congreso, un representante de Florida dijo: “No se puede poner al negro y al blanco en la misma base y salirse con la suya”.

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Casi un siglo después, los trabajadores agrícolas de 40 estados, incluido Colorado, siguen sin tener derecho a organizarse y sólo un puñado de ellos les garantizan el pago de horas extras. Sólo la mitad de los estados, incluido Colorado, exigen a los empleadores que proporcionen una compensación a los trabajadores por lesiones laborales. Los trabajadores agrícolas también están excluidos de varias normas federales de seguridad -como la seguridad en las escaleras y las protecciones contra caídas- a pesar de que trabajan en un sector que el Departamento de Trabajo considera entre los más peligrosos.

Rodríguez, abogado de los Servicios Legales de Colorado, señala a un trabajador lácteo indocumentado de Colorado que murió recientemente cuando el tractor que conducía cayó en un pozo de estiércol que, al parecer, no tenía barandas. Rodríguez espera que el derecho a organizarse ayude a los trabajadores a abogar por medidas de salud y seguridad para prevenir tales tragedias. “La gente no está dispuesta a dar un paso adelante y hacerlo porque, ya sabes, tienen miedo de perder su trabajo”.

Una trabajadora agrícola, que pidió permanecer en el anonimato porque es indocumentada y teme ser deportada si se revela su identidad, dijo a KHN que llevaba 10 años trabajando para un productor de papas en el Valle de San Luis cuando quedó embarazada.

“Fue entonces cuando todo cambió. Estaban enojados”, dijo en español.

Como vivía en una vivienda proporcionada por el empleador, dijo que tenía que pedir permiso para ir a cada cita médica, incluso cuando empezó a tener complicaciones con el embarazo. “No era justo, pero dependíamos de nuestros trabajos porque vivíamos en una vivienda de la granja”, dijo.

Una mañana de invierno, comenzó el trabajo de parto. Mientras su marido la llevaba al hospital, llamó a su supervisor, que le dijo que la esperaba en el trabajo al mediodía. “Obviamente no pudo. Estuve 12 horas de parto”, se lamentó ella.

Cuando su marido se presentó al día siguiente, lo regañaron por faltar al trabajo. Al cabo de una semana, ambos fueron despedidos. “Nos quedamos sin trabajo, y nos quedamos sin casa con un bebé recién nacido”, contó.

Duda que el nuevo proyecto de ley cambie las condiciones de trabajadores como ella. “Las empresas van a hacer todo lo posible para oponerse. No les importa si tienes problemas, si estás enfermo o si un padre ha muerto. Sólo les interesa el trabajo”.

Por: Esther Honig y Rae Ellen Bichell/KHN

KHN (Kaiser Health News) es la redacción de KFF (Kaiser Family Foundation), que produce periodismo en profundidad sobre temas de salud. Junto con Análisis de Políticas y Encuestas, KHN es uno de los tres principales programas de KFF. KFF es una organización sin fines de lucro que brinda información sobre temas de salud a la nación.

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El texto oficial indica que México solicita a Estados Unidos la creación de un espacio para exponer solicitudes en las que no se han aplicado leyes laborales en favor de los trabajadores agrícolas y de la industria de procesamiento y empacado de proteína en territorio estadounidense.

El documento indica que el gobierno mexicano ha detectado “falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola” estadounidense en perjuicio de migrantes mexicanos.

Las observaciones, enviadas en una carta al secretario de Trabajo estadounidense, Marty Walsh, indican que “aunque a nivel federal los derechos laborales en Estados Unidos protegen a todos los trabajadores, independientemente de su situación migratoria, en la práctica, factores como el desconocimiento, el miedo y el abuso de parte de algunos empleadores impiden que los trabajadores migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos laborales en algunas industrias y estados”.

Ante la situación, México propuso “un espacio de cooperación en el marco del T-MEC, conforme a los términos previstos en el artículo 23.12 y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC”.

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Aunque el Gobierno mexicano no informó sobre casos concretos, refirió que entre las omisiones descubiertas destacan las faltas de pago de salario y de tiempo extraordinario, diferencia salarial entre los trabajadores de las empacadoras y los de las plantas de procesamiento de proteína y falta de atención a casos de violencia y acoso sexual en ambas industrias, entre otras.

Según la cancillería azteca, trabajadores migrantes mexicanos sufren la ausencia del “derecho a organizarse y negociar colectivamente”. Tampoco se atienden debidamente las medidas de prevención “de COVID-19 y de seguridad y salud para evitar el contagio y propagación en ambas industrias”.

En un mismo día ambos países utilizaron en dos oportunidades mecanismos sobre derechos laborales previstos en el T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre comercio para América del Norte (TLCAN) en julio de 2020.

En Estados Unidos están radicados unos 11 millones de mexicanos, según cifras oficiales. Se estima que en este país viven entre 2,5 y 3 millones de trabajadores agrícolas de los cuales el 69% son mexicanos según un reporte de diciembre de 2020 del Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola.

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Pero este año, la temporada se desarrolla con enormes preocupaciones por el coronavirus que afecta directamente a estos trabajadores agrícolas.

“Casi todas las fases del proceso de recolección de tomates deben ser consideradas a la luz de COVID-19”, dijo Ken Silver, profesor asociado de salud ambiental en la Universidad Estatal del Este de Tennessee, que estudia la salud de los trabajadores migrantes en las plantaciones de tomates del estado.

Los trabajadores viven en alojamientos cerrados, durmiendo en literas y compartiendo baños y cocinas. Viajan a los campos en autobuses abarrotados y a menudo trabajan en grupos. Y aunque los empleados de las granjas son considerados trabajadores esenciales, suelen no tener seguro médico o licencia paga por enfermedad.

Las granjas ya han informado de brotes entre cientos de trabajadores en estados como California, Washington, Florida y Michigan. Sin embargo, el gobierno federal no ha establecido ninguna normativa para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus o para instruir a los empleadores sobre lo que deben hacer cuando sus se enferman.

Mientras que organizaciones de defensa de los trabajadores migrantes dicen que esto permite a las granjas aprovecharse de sus trabajadores y aumentar su riesgo de exposición al coronavirus, las granjas aseguran que están haciendo lo que pueden para proteger a los trabajadores con los recursos limitados que tienen, mientras no se deja de hacer el trabajo.

Lo cierto es que la situación no está clara, expresó Alexis Guild, director de políticas y programas de salud de Farmworker Justice.

La responsabilidad de las granjas

En junio, 10 de los 80 trabajadores temporales de Jones & Church Farms en el condado de Unicoi, Tennessee, dieron positivo para el coronavirus. Otra granja en ese condado tenía 38 trabajadores que también dieron positivo alrededor de la misma época.

“Esto fue lo más aterrador que pudo pasarnos”, dijo Renea Jones Rogers, directora de seguridad alimentaria de la granja.

A nivel nacional, ha habido al menos 3,600 casos de trabajadores agrícolas que han dado positivo para COVID-19, según los informes de los medios de comunicación reunidos por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas.

A esto hay que añadir que tanto los empleadores como los trabajadores agrícolas reconocen que incluso las intervenciones más básicas para frenar la transmisión —el distanciamiento social y el uso de máscaras— a menudo no son factibles, al trabajar en altas temperaturas.

Saúl, de 52 años, es un trabajador agrícola temporal que ha viajado de México a Virginia todos los años desde 1996 para cosechar tabaco. En una entrevista por WhatsApp, dijo que las máscaras son incómodas en el trabajo porque estás al aire libre: “Es incómodo porque trabajamos a la intemperie”. (Kaiser Health News no publica el apellido de Saúl para que no sea identificado por su empleador).

Saúl dijo que le preocupa el coronavirus, pero como vive en su lugar de trabajo, en la granja, se siente seguro.

Cuando llegó a los Estados Unidos en abril, la granja le proporcionó información sobre la pandemia, máscaras y desinfectante de manos, explicó. Nadie le toma la temperatura, pero trabaja en un grupo de ocho personas, vive con tres trabajadores más y nadie en la granja ha sido diagnosticado con COVID-19.

En Tennessee, Jones & Church Farms puso en marcha su propio protocolo de seguridad para los trabajadores al comienzo de la temporada. Esto incluyó el aumento de la desinfección, la toma de lecturas diarias de temperatura y el mantenimiento de los trabajadores en grupos para que vivan y trabajen con las mismas personas.

Después que los 10 trabajadores dieron positivo para COVID-19, la granja los mantuvo a todos en la misma vivienda y lejos de los demás. Los que eran asintomáticos también siguieron trabajando en los campos, aunque alejados de los otros, señaló Jones Rogers.

Si bien el Departamento de Trabajo no ha ofrecido normas federales de seguridad ejecutables para COVID-19, sí colaboró con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para elaborar un conjunto de pautas voluntarias y específicas para la agricultura. Esto se  publicó en junio, pocos días después que Jones & Church notificara del brote en la granja.

Mucho de lo que ya se había hecho en Jones & Church, sin embargo, seguía esas recomendaciones, que también sugerían que los trabajadores fueran examinados todos los días para detectar los síntomas de COVID-19 y que a los que se enfermaran se les diera su propio espacio para recuperarse alejados de los demás.

Otras sugerencias de los CDC y el Departamento de Trabajo, orientadas más hacia las factorías de procesamiento de alimentos, como las plantas de empaque de tomates, incluían la instalación de mamparas plásticas si no es posible que haya una distancia de 6 pies entre los trabajadores, la instalación de estaciones de lavado de manos y la provisión de equipos de protección personal o cubiertas de tela para la cara.

Los activistas dicen que estas directrices son sólidas, en teoría. Su defecto más evidente es que son voluntarias.

“No creemos que la salud y la seguridad de los trabajadores deban dejarse a la buena voluntad de los empleadores”, señaló María Perales Sánchez, coordinadora de comunicaciones del Centro de Los Derechos del Migrante, una organización con oficinas en México y en los Estados Unidos.

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Un vocero del Departamento de Trabajo ofreció una perspectiva diferente. “Los empleadores son y seguirán siendo responsables de proporcionar un lugar de trabajo libre de riesgos conocidos para la salud y la seguridad”, indicó, y añadió que los estándares de seguridad general preexistentes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y las directrices de los CDC se utilizan para determinar las violaciones a la seguridad en el lugar de trabajo. La OSHA es una agencia del Departamento de Trabajo.

La industria agrícola ha expresado su temor ante cualquier aumento de la regulación federal.

“No creo que OSHA pueda implementar un tipo de regulación obligatoria que no ponga en desventaja a algunos agricultores”, apuntó Allison Crittenden, directora de relaciones con el Congreso de la American Farm Bureau Federation.

Las granjas ya han tomado muchas medidas contra COVID-19, añadió, “y si estas acciones se están llevando a cabo de forma voluntaria, no vemos la razón de imponer un requisito obligatorio”.

Dificultades para acceder a la atención de la salud

Los trabajadores agrícolas migrantes, a pesar de ocupar un eslabón esencial en la cadena de suministro de alimentos del país, a menudo no reciben prestaciones en el lugar de trabajo, como seguro médico o licencia de enfermedad remunerada.

Saúl, el trabajador agrícola del tabaco de Virginia, dijo que no creía tener ningún seguro médico. Si se enfermara, tendría que decírselo a su empleador, que luego tendría que llevarlo al médico. La ciudad más cercana a la granja está a 15 millas. ¿Quién es responsable de estos costos? ¿El trabajador o la granja? Depende de las circunstancias individuales.

Muchas granjas emplean principalmente trabajadores latinos, y los datos de los CDC ilustran que es mucho más probable que los latinos se infecten, deban hospitalizarse o mueran por complicaciones de COVID que los blancos no hispanos. Los expertos también advierten que debido a que la pandemia de COVID está afectando desproporcionadamente a las personas de minorías, podría ampliar las disparidades de salud preexistentes.

Además, buscar la atención de un médico puede resultar riesgoso para los trabajadores agrícolas migrantes. Los trabajadores indocumentados pueden temer ser detenidos por autoridades de Immigración mientras que los que tienen la residencia permanente (green card) les puede preocupar la “regla de la carga pública” que la administración Trump endureció.

Esta polémica “regla” tiene en cuenta el uso de los programas públicos, incluyendo la atención sanitaria, a la hora de una solicitud de ciudadanía. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que buscar tratamiento por COVID-19 no aplicaría para esa regla.

Y aunque el rastreo de contactos es importante para detener la propagación de COVID-19 entre los trabajadores agrícolas, muchos departamentos de salud no cuentan con traductores que puedan hablar español o lenguas indígenas centroamericanas, ni ha habido un rastreo sistemático a nivel nacional de los brotes de los trabajadores agrícolas hasta ahora, como se ha hecho con los brotes en las instalaciones de cuidados a largo plazo.

Por lo tanto, “es muy difícil saber cuántos trabajadores agrícolas específicamente están dando positivo,” expresó Guild, de Farmworker Justice.

Eso podría ser un problema para rastrear los brotes, especialmente cuando la temporada de cosecha aumenta para ciertos cultivos y las granjas incrementan su fuerza laboral.

A fines de julio, llegaron a Jones & Church Farms casi 90 trabajadores temporales adicionales para ayudar a cosechar tomates hasta octubre, apuntó Jones Rogers. Aunque los 10 trabajadores que tenían COVID-19 se han recuperado, dijo que teme que si más personas contraen la enfermedad, no habrá suficientes viviendas para mantener a los trabajadores enfermos aislados o suficientes trabajadores sanos para la cosecha.

“Los tomates no esperan a que todos se sientan bien para que se los recoja”, añadió Jones Rogers.

Por: Victoria Knight/Kaiser Health News

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Lastimosamente esta localidad también se convirtió en uno de los focos más virulentos de la COVID-19 en Florida.

A los miembros de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW por sus siglas en inglés) no les sorprende que casi 1.200 de los nuevos contagios confirmados del nuevo coronavirus en el estado se encuentren en esta localidad agrícola. Recuerdan que durante varias semanas solicitaron al gobernador Ron DeSantis que le pusiera más atención a la zona de cara a la pandemia.

Según refiere Lucas Benítez, miembro fundador de CIW, estos trabajadores inmigrantes desarrollan sus actividades cotidianas en condiciones de hacinamiento que propician la propagación de la COVID-19 en los campos de cultivo, en los autobuses y en las empaquetadoras agrícolas de la localidad.

En una entrevista concedida a un medio local, Isabel Jiménez, una trabajadora agrícola mexicana comentó que ella, su esposo y sus tres hijos se contagiaron del nuevo coronavirus.

“Pensé que era una gripe”, recuerda esta migrante que reside en una de las casas móviles que proliferan en esta comunidad enclavada en el condado Collier y que carece gobierno propio.

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Jiménez se queja que los 700 dólares que ganaba semanalmente por recolectar tomate se redujeron a la mitad debido a que la  demanda disminuyó por la pandemia.

Immokalee es un enclave agrícola hispano que llega a tener hasta 40.000 jornaleros en la época de cosecha de tomate, pepino, berenjena, cítricos, sandía, fríjol verde y chile dulce y jalapeño, entre otras frutas y verduras que se extiende de noviembre a mayo.

Ya cuando se acerca el verano esa población de trabajadores se reduce a la mitad  ya que muchos de ellos son migrantes que siguen las cosechas a lo largo del este de Estados Unidos.

Esta situación constituye un riesgo de propagación de la COVID-19 a estados como Georgia y Carolina del Norte y del Sur, a donde en esta fecha ya se desplazaron los trabajadores temporales de Immokalee.

Los que se quedan son en su mayoría inmigrantes guatemaltecos, mexicanos y haitianos establecidos en Immokalee, que fuera de la temporada agrícola trabajan en la industria del turismo en las zonas exclusivas de la costa oeste floridana, en ciudades como Naples, una de las más acaudaladas de Estados Unidos.

Lucas Benítez lamenta que el Gobierno considere indispensables a estos trabajadores agrícolas durante la pandemia, pero que al mismo tiempo los margine a juzgar por la demora del envío de suficientes pruebas de COVID-19 y la ausencia del rastreo de contactos para contener el contagio así como del establecimiento de lugares de aislamiento para los enfermos.

DeSantis, defensor de las políticas migratorias de Donald Trump, ha sido criticado por culpar a las comunidades agrícolas inmigrantes y los presos de la de la gran explosión de la COVID-19 registrada en Florida en las últimas dos semanas.

“El gobernador DeSantis igual que otras autoridades han querido poner a los trabajadores agrícolas detrás del escenario para que no se vea lo que está pasando“, criticó Benítez.

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