Los datos son claros en National Law Enforcement Officers Memorial Fund. En el primer semestre de 2021 el luto sigue activo. A la fecha 71 funcionarios de las fuerzas del orden en Estados Unidos murieron a causa del virus. Es una pequeña disminución en comparación con los 76 que murieron en el mismo período de tiempo en 2020.

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A pesar de las muertes las contradicciones no cesan. Los agentes de policía y otros agentes de primera respuesta se encuentran entre los más reacios a vacunarse. Sus casos siguen aumentando. Así lo reveló un trabajo de la periodista Stefanie Dazio publicado en The Washington Post.

Primera causa de muerte policial

Los datos luctuosos del cronista capitalino comienzan con una triste historia en Filadelfia. Dazio tuvo acceso a la narración de Octavia Tokley. Ella es la viuda de un oficial de policía de Philly que murió esperando la vacuna. Para ella y sus familiares está claro que la COVID-19 es la primera causa de muerte policial en los Estados Unidos.

Erin Tokley, fue un veterano agente de policía de Filadelfia, ministro baptista y padre de tres hijos. Sucumbió a los 47 años. Murió el 3 de marzo, convirtiéndose en la sexta muerte confirmada por la Policía de Filadelfia a causa de COVID-19.

Los agentes de Filadelfia pudieron recibir sus vacunas por primera vez a finales de enero. Tokley estaba ansioso por recibirlas lo antes posible. Pero cayó enfermo a principios de febrero, antes de su cita agendada para el 11 de marzo.

El año pasado, el número fue de 241. La cifra convierte al virus en la principal causa de muerte de las fuerzas del orden en acto de servicio. Con voz para los compañeros de trabajo de su esposo y otros primero en responder Octavia Tokley hizo un comentario. “Me entristece que no lo vean como una precaución más de seguridad”, dijo. ” Llevan máscaras, llevan chalecos antibalas. Te proteges. Eso es lo que haces, proteges y sirves”.

Reacios a colocarse la vacuna

Según las notas de The Washington Post, a pesar de las muertes, los agentes de policía y otros trabajadores de primera respuesta se encuentran entre los más reacios a vacunarse y sus casos siguen aumentando.

The Post precisó que no hay estadísticas nacionales que muestren la tasa de vacunación de la población de primeros auxilios. Los departamentos de policía y de bomberos de EEUU si tienen el dato. Registran cifras muy inferiores a la tasa nacional del 74% de adultos que se han vacunado al menos una vez.

Los dirigentes de las ciudades, frustrados, están promulgando mandatos para sus empleados municipales. Ellos saben que la primera causa de muerte policial en la infección por la COVID-19. Agentes de policía y bomberos abultan la lista a medida que aumenta la variante delta.

Las consecuencias de los mandatos van desde la realización de pruebas semanales hasta la suspensión o el despido. Se trata de un marcado contraste con el comienzo del despliegue de la vacuna. En ese momento se daba prioridad a las vacunas para los trabajadores de primera línea. Sin embargo muchos uniformados persisten en esgrimir los argumentos de la libertad y la desconfianza.

Un final infeliz

Octavia Tokley, viuda de 41 años de Filadelfia, recibió su primera dosis. Lo hizo sólo tres días después de la muerte de su marido. Se derrumbó en los brazos de un desconocido por el dolor mientras esperaban en la cola. La periodista Stefanie Dazio contó el episodio. Su hija de 5 años, Amethyst, pregunta constantemente por qué su padre no se vacunó también.

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Lo intentó, dijo su madre, pero la vacuna aún no estaba lista para él. Cada noche, su hija lucha por dormirse. “Echo de menos a papá, echo de menos a papá”, llora. “Me siento tan sola, echo de menos a papá”.

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El Post tiene una fuente confiable que le ha dicho que desde la Oficina Oval pronto saldrán órdenes que bajarán la presión en las deportaciones. El proyecto de directrices está a la espera de la aprobación del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Él es el funcionario de ascendencia hispana que fue confirmado por el Senado el martes.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se está preparando para emitir nuevas directrices a los agentes esta semana. Sobre esto ha escrito los periodistas Nick Miroff y Maria Sacchetti del Post.

Mayor control sobre el ICE

Según los aportes editoriales la administración Biden tiene un juego de directrices que impondrán mayor control sobre el ICE.  Las órdenes podrían frenar drásticamente las detenciones y deportaciones. El gobierno de Biden intenta afirmar un mayor control sobre una agencia a la que se le permitió una amplia latitud bajo el presidente Donald Trump. El Post ha verificado su fuente y posee memorandos internos y correos electrónicos.

Aunque los nuevos planes operativos del ICE aún no son definitivos, las instrucciones provisionales enviadas a los altos funcionarios apuntan a un cambio importante en la aplicación de la ley. Los agentes ya no deportarán en base a su discrecionalidad.

No podrán procesa a los ilegales incursos en conducción bajo la influencia o agresión. Al parecer solo se centrarán en las amenazas a la seguridad nacional. Incluye a los que hayan cruzado recientemente la frontera. También a las personas que estén cumpliendo penas de prisión y cárcel por condenas por delitos graves.

Qué está fuera de juego

Tae Johnson, director en funciones, ofreció un panorama a través de un correo electrónico. Aconsejó a los funcionarios sobre cómo actuar mientras se ultimaban las nuevas directrices. “Por lo general, estas condenas no incluirán los delitos basados en las drogas (delitos menos graves)”. Tampoco perseguirán la agresión simple, la conducción bajo los efectos del alcohol. Quedan fuera los casos de blanqueo de dinero, delitos contra la propiedad, fraude, delitos fiscales, la solicitación o los cargos sin condena”.

El gobierno de Biden está tratando de reorientar al organismo, una agencia de seguridad que ha visto sus prioridades oscilar de una administración a otra. Desea mayor control sobre el ICE. Pero sus funcionarios, frustrados, dicen que los cambios propuestos les quitarán discrecionalidad. Limitará a los agentes gravemente en su capacidad para detener y deportar a los delincuentes.

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Los agentes que quieran detener a fugitivos fuera de las cárceles y prisiones necesitarán una aprobación. Deberán recurrir previamente al director de la agencia en Washington. Tienen que justificar la decisión. Además explicar cómo la acción de aplicación de la ley “constituye una asignación apropiada de recursos limitados”, según un borrador de memorando que circula en la agencia.

“Han suprimido el ICE sin abolirlo”, dijo un funcionario angustiado que habló bajo la condición de anonimato. “La oscilación del péndulo es tan extrema. Literalmente, parece que hemos pasado de la capacidad de aplicar plenamente nuestras leyes de inmigración a que ahora nos digan que no apliquemos nada.”

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De acuerdo a la nota de prensa se trata de un ataque agresivo contra la inmigración que iniciará a finales de esta semana. Los portales citados mencionan como fuentes de sus informaciones a funcionarios que solicitaron el anonimato.

Según el reporte las redadas comenzarán en California, tendrá como destino Filadelfia, luego Denver y se ejecutarán en todas las que abriguen a inmigrantes. El material informativo esta firmado por los periodistas Nick Miroff y Devlin Barrett.

Despliegue de la operación santuario

La operación del Servicio de Inmigración y Aduanas de los EE.UU., conocida informalmente como la “operación santuario”, podría comenzar en California. Se estima que tendrá lugar a finales de esta semana. Luego se expandiría a ciudades como Denver y Filadelfia.

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Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, probablemente viajará a por lo menos una de las jurisdicciones. Su papel será impulsar las afirmaciones de Donald Trump. El Presidente acusa a los líderes de esas ciudades de no proteger a los residentes de criminales peligrosos.

Donald Trump se ha enfrentado a las llamadas jurisdicciones santuarias a lo largo de su presidencia. Ha ampliado sus ataques para incluir a los alcaldes demócratas de las ciudades convulsionadas por las protestas por justicia racial. Los acusa de los esporádicos disturbios tras la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en mayo.

La operación de inmigración estaría sincronizada con dos temas de la campaña de reelección de Trump. Por un lado está su mensaje de represión de la inmigración. Al otro extremo vilipendiar las ciudades dirigidas por los demócratas, a los que culpa del crimen y la violencia.

El Estado hace proselitismo

Dos funcionarios con conocimiento de los planes para la “operación santuario” la describieron como una campaña de mensajes políticos. “Realmente no es una operación importante del ICE”. Señalaron que el organismo ya da prioridad a los infractores de la ley de inmigración con antecedentes penales y los arresta rutinariamente sin mucha fanfarria.

Los funcionarios del ICE han advertido repetidamente a las ciudades y condados que están considerando políticas de santuario que la agencia enviaría más agentes a hacer arrestos en sus jurisdicciones, si siguen adelante con sus planes.

“No hacemos comentarios sobre ningún tema delicado de aplicación de la ley que pueda impactar negativamente a nuestros agentes”. El comentario es de Mike Álvarez, un portavoz del ICE. Su declaración fue en respuesta a las preguntas sobre las redadas planeadas. “Sin embargo, todos los días como parte de las operaciones de rutina, el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. apunta y arresta a extranjeros criminales y otros individuos que han violado las leyes de inmigración de nuestra nación”.

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Álvarez dijo que las jurisdicciones que no cooperan con ICE aumentan los riesgos para los agentes y el público en general.

“En términos generales, como el ICE ha señalado durante años, en las jurisdicciones en las que no existe cooperación y no se permite que el ICE asuma la custodia de los extranjeros de las cárceles, el ICE se ve obligado a arrestar a los extranjeros delincuentes en general en las comunidades en lugar de hacerlo bajo los seguros confines de una cárcel”, dijo.

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De acuerdo a las fracciones, 82% de los estadounidenses cree que las restricciones que las autoridades de sus estados han indicado son adecuadas. De acuerdo al sondeo esa opinión se segmenta de la siguiente manera: 66% de los encuestados considera “apropiadas” las restricciones en las operaciones de restaurantes, tiendas, almacenes y otros negocios, el 16 % opina que no son lo suficientemente estrictas y 17 % las considera demasiado estrictas. De la sumatoria de los que están de acuerdo y los que creen que no son suficientes sale el 82% que cree en las restricciones.

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El sondeo de opinión fue realizado por la Universidad de Maryland para el diario The Washington Post. Las entrevistas se efectuaron entre el 21 al 26 de abril a 1.008 adultos en todo el país. El instrumento admite un margen de error de más o menos 3 a 5 puntos porcentuales.

Datos sobre datos

Sobre la información obtenida por la encuesta también resalta que una amplia mayoría respalda la suspensión casi total de la inmigración durante la pandemia, según poll divulgada este martes.

La pandemia a la fecha ha contagiado a casi un millón de personas y ha causado al menos 56 mil 250 muertes en Estados Unidos. Además en cinco semanas ha empujado a unos 26 millones de trabajadores a solicitar el subsidio por desempleo y ha menguado sustancialmente la actividad económica, las labores educativas y los deportes.

Con estos números en la mano podría decirse que el presidente Trump está dentro de un espejismo. No sólo ha tenido equívocos que han sido criticados por otras naciones y por la OMS, o ha dado recomendaciones para inyectarse desinfectantes, también al parecer esta poco acompañado en la necesidad de abrir a la nación.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha estado promoviendo una reapertura pronta de las actividades económicas al tiempo que los gobernadores de la mayoría de los estados y los expertos en cuestiones de salud abogan por un período más prolongado de confinamiento para prevenir más contagios.

Preocupaciones reales

De acuerdo a la percepción tamizada por The Washington Post a partir de los datos, “la encuesta muestra que las preocupaciones de los estadounidenses acerca de enfermarse gravemente por el virus no han disminuido en la última semana, y también que los estadounidenses siguen dando a sus gobernadores calificaciones más altas que las que ofrecen a Trump, sobre quien persiste la versión negativa por su manejo de la crisis”, afirmó el Post.

El 66 % de los encuestados considera “apropiadas” las restricciones en las operaciones de restaurantes, tiendas, almacenes y otros negocios, en tanto que el 17 % las considera demasiado estrictas, y el 16 % opina que no son lo suficientemente estrictas.

La encuesta encontró que el 64 % de los consultados considera apropiadas las restricciones vigentes sobre el número de personas que pueden reunirse en un sitio público, en tanto que el 22 % cree que esas medidas no son suficientemente restrictivas, y sólo el 14 % de los encuestados opina que esas precauciones son demasiado estrictas.

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El 65 % de todos los encuestados está de acuerdo con las restricciones impuestas por el Gobierno de Trump a la inmigración, un respaldo que llega al 83 % entre los republicanos, el 67 % entre los votantes independientes, y el 49 % entre los demócratas.

El 67 % de los encuestados identificados como “blancos” respalda las restricciones a la inmigración, una aprobación que comparte el 61 % de los “no blancos”.

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El martes en la noche estuvo muy movido con relación a la vaticinada colisión entre el Jefe de Estado y el fiscal general, que tiene como centro el caso de Roger Stone, un colaborador de Trump y estrecho amigo de la casa republicana.

El Washington Post, que fue el primero en dar la noticia, citando a tres funcionarios de la administración, informó que Barr le dijo a personas cercanas al Presidente que estaba considerando renunciar debido a los tuits de Trump, que han continuado sin disminuir desde que Barr se dirigió a ellos la semana pasada.

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La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, se retractó de los informes el martes por la noche, llamándolos “rumores de Beltway” en un tuit y afirmando que Barr “no tiene planes de renunciar”.

El Congreso ha pedido a la Casa Blanca que haga comentarios.

Crónicas de una diferencia

Barr dijo en una entrevista con ABC News la semana pasada que los tuits de Trump sobre los asuntos del Departamento de Justicia hacen “imposible para mí hacer mi trabajo”.

“Creo que es hora de dejar de tuitear sobre los casos criminales del Departamento de Justicia”, dijo Barr.

Barr hizo el comentario después de que el Departamento de Justicia rescindiera una recomendación para que el operativo político republicano y asesor de Trump durante mucho tiempo, Roger Stone, fuera condenado a siete o nueve años de prisión por mentir a los investigadores y por manipulación de testigos.

El departamento ha negado que los tuits de Trump que denuncian la recomendación de la sentencia original hayan tenido algo que ver en la decisión.

El Jefe contradice a Barr

Trump apoyó públicamente a Barr el martes pasado, diciendo a los periodistas: “Tengo total confianza en mí fiscal general. Creo que está haciendo un excelente trabajo. Es un tipo fuerte”.

“Hago su trabajo más difícil”, añadió Trump. “Estoy de acuerdo con eso. Creo que es verdad”.

Los líderes republicanos también expresaron públicamente su apoyo al fiscal general el martes, con el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell, el presidente del Comité Judicial del Senado Lindsey Graham y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy llamándolo un “hombre de la más alta personalidad e integridad incuestionable” en una declaración conjunta.

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Según se informa, Barr visitó la Casa Blanca el martes para un almuerzo con el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone que ya estaba en su agenda, según CNN, citando a un funcionario del Departamento de Justicia y a una fuente familiarizada con el asunto.

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La decisión que fue tomada el miércoles permitirá a la Casa Blanca acceder a 3 mil 600 millones de dólares para el muro, una promesa clave de la campaña del presidente para las elecciones del 2016 y una pieza central de su campaña del 2020.

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Trump celebró la decisión en un tuit, compartiendo “Noticias de última hora”: El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revocar una decisión de un tribunal inferior y nos dio la luz verde para construir una de las secciones más grandes del tan necesitado Muro de la Frontera Sur, cuatro mil millones de dólares. Todo el Muro está en construcción o preparándose para comenzar”.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Hace menos de treinta días un juez de la corte de distrito dictaminó que la administración no podía gastar el dinero asignado por los legisladores para un propósito diferente. Pero la corte de apelaciones encontró que el dinero, aproximadamente un tercio de los 11 mil millones de dólares asignados hasta ahora para el muro, podría ser utilizado mientras que los desafíos legales continúan abriéndose paso a través de los tribunales federales.

Los datos para la elaboración de esta nota periodística fueron extraídos de The Washington Post, medio que advirtió que los funcionarios de la administración de Trump anunciarán el viernes que han completado la construcción de 100 millas de nuevas barreras a lo largo de la frontera sur con México.

De acuerdo a datos revelados por el diario capitalino, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, anunciará que la construcción se ha completado en Yuma, Arizona. A la cita se le unirán altos funcionarios de la frontera y la senadora Martha McSally (republicana).

El anuncio vendrá sólo unos días después de que una corte federal de apelaciones en Nueva Orleáns levantó una orden judicial de una corte inferior que había bloqueado la administración Trump de usar fondos militares para ayudar a construir el muro fronterizo.

Mark Morgan, el comisionado en funciones de Aduanas y Protección de la Frontera de EE.UU., dijo a los reporteros el mes pasado que la meta de la agencia era completar 450 millas para finales de 2020, pero agregó que “es difícil en este momento ser capaz de decir si todavía vamos a ser capaces de cumplir con ese objetivo, pero estoy seguro de que vamos a estar cerca”, informó el Post.

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Morgan también dijo el mes pasado que se habían construido 93 millas de muro durante la administración de Trump, informó Reuters de acuerdo al Post. Sin embargo, al menos 90 millas de eso reemplazaron estructuras que ya estaban en pie.

El presupuesto para el 2020 aprobado por el Congreso el mes pasado mantuvo los fondos para la construcción de la barrera fronteriza estancados a partir del 2019 en 1.4 mil millones de dólares, en comparación con los 5 mil millones de dólares que la Casa Blanca buscaba inicialmente.

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El movimiento de Resistencia Islámica de Irak​ y por su ubicación geográfica denominado muchas veces el Hezbolá Iraquí, es un grupo paramilitar chiíta iraquí. Participa activamente en la Guerra Civil que tiene espacio en esa nación.

El martes, los manifestantes irrumpieron en la embajada estadounidense en Bagdad entonando con frenesí el canto “Muerte a América” y rompieron una puerta principal del complejo y prendieron fuego en el área de recepción, lo que provocó la utilización de gas lacrimógeno y disparos, según reportes emitidos por  The Associated Press.

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El enojo por el ataque aéreo realizado por los Estados Unidos tiene una repercusión que está haciendo impacto contra los funcionarios diplomáticos y personal militar que está apostado en la capital de Irak.

Miles de manifestantes y partidarios de la milicia se manifestaron afuera mientras cantaban “Muerte a América” para expresar su enojo por los ataques.

Reporteros de la prensa de la nación apostados en el lugar, han enviados datos a sus centrales de información en los que indican que las llamas se elevaban dentro del complejo y que por lo menos tres soldados estadounidenses estaban en el techo del edificio principal.

Asimismo un periodista de The Washington Post quien tuvo contacto con al menos dos diplomáticos que están dentro de la sede estadounidenses, aseguró que obtuvo declaraciones en la que los internacionalistas precisaron que fueron llevados a una sala de seguridad fortificada donde se sienten seguros.

El ataque, descrito por la AP como uno de los peores asaltos a embajadas en la historia reciente, se produjo después de que Estados Unidos lanzara el domingo bombardeos aéreos que mataron al menos a 25 combatientes de la milicia apoyada por Irán Kataib Hezbolá. El Departamento de Defensa había dicho que los ataques fueron en respuesta a un supuesto ataque del grupo que mató a un ciudadano estadounidense.

El presidente Donald Trump tuiteó en respuesta al incidente el martes por la mañana, acusando a Irán de estar detrás del ataque a la embajada de Estados Unidos en Irak.

“Se les considerará totalmente responsables”, publicó. “Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada, y así se lo notificamos”.

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Los manifestantes, entre ellos algunos comandantes de facciones de la milicia y algunos con uniforme de la milicia, pasaron por una puerta destinada a los coches. Al principio se detuvieron en un corredor a unos pocos cientos de metros del edificio, mientras que los soldados estadounidenses que estaban arriba apuntaron sus armas de fuego a los manifestantes.

Los manifestantes colgaron un letrero que decía “Estados Unidos es el agresor” y gritaron: “¡Abajo, abajo Estados Unidos!”.

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El Centro para la Integridad Pública (CPI) es una organización estadounidense de periodismo de investigación sin fines de lucro cuya misión declarada es “revelar los abusos de poder, la corrupción y el incumplimiento del deber por parte de poderosas instituciones públicas y privadas para hacer que operen con honestidad, integridad y responsabilidad y para poner el interés público primero”.

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Ellos accedieron a un correo electrónico enviado por un alto funcionario de la Casa Blanca al gobierno de Volodímir Zelenski, unos 90 minutos después de la llamada en julio pasado del presidente de EE.UU., Donald Trump.

De acuerdo a una revelación periodística un funcionario de la Casa Blanca solicitó detener la ayuda militar a ese país, según correos difundidos este domingo, que atizaron el debate sobre el juicio político al mandatario.

El diario Washington Post y la Cadena televisiva CNN han obtenido datos y así los han divulgado, relacionados a un funcionario identificado como Michael Duffey y quien es director asociado de Seguridad Nacional, quien pidió, “con base en la orientación” que había recibido y a la luz del plan de la Administración de Trump, de revisar el plan de asistencia a ese país, además de solicitar a los funcionarios del Pentágono que frenaran la entrega.

“Dada la naturaleza delicada de la solicitud, agradezco que mantengan esa información en secreto”, agregó Duffey en un mensaje del 25 de julio a la Contralora del Pentágono Elaine McCusker y otros, revelado por el diario The Washington Post y la cadena CNN.

Los documentos, obtenidos por The Center for Public Integrity tras la orden de un juez, muestran, según CNN, que la llamada entre los gobernantes se produjo entre las 9.03 y las 9.33 del 25 de julio, y que un correo de Duffey está sellado a las 11.04, mientras que ese mismo mensaje aparece en otro lote con hora 15.03.

Los mensajes se conocieron después de que la oposición demócrata aprobó el pasado miércoles los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en contra de Trump, quien es el tercer mandatario en enfrentar un juicio político en la historia del país.

El proceso tuvo como detonante una filtración en septiembre desde el interior de la Casa Blanca sobre un controvertido favor que el mandatario pidió al líder ucraniano durante su conversación telefónica.

La filtración, atribuida a un agente de la CIA asignado a la Casa Blanca que informar a los servicios de inteligencia sobre una conversación telefónica de julio entre Trump y Zelenski en julio pasado, animó a los demócratas a impulsar ese proceso.

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En esa llamada, Trump presionó a Zelenski para que investigara a su rival político y exvicepresidente, el demócrata Joe Biden -actual precandidato de su partido a las elecciones de 2020-, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

“Este correo electrónico de Michael Duffey, aproximadamente 90 minutos después del llamado del presidente Trump con el presidente de Ucrania, es una razón más por la que necesitamos que Duffey y otros testifiquen en el juicio en el Senado”, defendió el senador demócrata Chuck Schummer en su cuenta de Twitter.

Además, pidió al gobernante difundir los correos y permitir que sus “hombres” testifiquen bajo juramento. “¿De qué estás asustado”, preguntó.

Schummer propuso a nombre de los demócratas que para el juicio político en el Senado se cuente con nuevos testigos como el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el jefe interino de Gabinete, Mick Mulvaney, así como con Duffey y el asesor del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Robert Blair.

El senador republicano Ron Johnson defendió en una entrevista con la cadena ABC y citada por medios locales que el presidente “estaba preocupado por si los dólares de los contribuyentes” deberían “gastarse o no en un país donde ha habido casos comprobados de corrupción”.

Mientras que la portavoz de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), Rachel Semmel, señaló en un comunicado enviado a CNN que es “irresponsable” vincular la retención de fondos con la llamada telefónica, al puntualizar que esa decisión se anunció en una reunión el 18 de julio.

“Sacar una línea de un correo electrónico y no abordar el contexto es engañoso e inexacto”, argumentó.

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Quien salió a la “caza” de personas nacidas en tierras aztecas, asesinó al menos 8 ciudadanos de la nación hispanoparlante norteamericana y su confesión de motivo da más fuerza a una causa por delito de odio de la que difícilmente podrá deshacerse.

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Desde el principio se especuló que la masacre tenía la apariencia de un crimen contra una raza en particular y el asesino trazó todas las estrategias para acceder a la mayor cantidad de oportunidades con el fin de cumplir su cometido: matar mexicanos.

Patrick Crusius, de 21 años, dijo a la Policía que él era quien abrió fuego contra una multitud en un centro comercial Walmart de la ciudad fronteriza de El Paso al que suelen acudir a comprar muchos ciudadanos mexicanos.

Crusius condujo casi diez horas -desde Allen hasta El Paso- para cometer la matanza en ese supermercado y supuestamente publicó un manifiesto en internet en el que aseguró que el ataque era una “respuesta a la invasión hispana de Texas”.

Según el documento publicado por el diario, Crusius se encontraba dentro de su vehículo cerca del Walmart cuando fue detenido tras la matanza.

Salió de su auto con las manos en alto y se identificó con la policía: “Yo soy el autor del tiroteo”.

Adrián García es el nombre del detective que firmó el documento al que tuvo acceso The Washington Post. Crusius reconoció que “una vez que llegó a la tienda abrió fuego usando un (rifle de asalto) AK-47 y disparando a múltiples víctimas inocentes”.

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Las autoridades federales han descrito el ataque de Crusius como un delito de terrorismo doméstico y han dicho que están evaluando imputarlo con delitos de odio, lo que sumado a los cargos de asesinato podría hacer que se enfrente a la pena de muerte.

De los 22 fallecidos en el tiroteo, 8 eran ciudadanos mexicanos y, por eso, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha dicho que está estudiando pedir a EE.UU. la extradición del acusado.

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Al menos esa es la versión que ha ofrecido una nota de The Washington Post, diario que hace referencia a datos una cadena de correos electrónicos pertenecientes a Stephen Miller, asesor de inmigración en la Casa Blanca, que darían verosimilitud a su versión.

Sin embargo la diplomática al parecer dimitió por “razones personales” y en rueda de prensa, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado aseguró que la información del Post no es cierta.

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Kimberly Breier, encargada de América Latina en el Departamento de Estado de EE.UU., anunció este jueves su renuncia, que se hará efectiva a finales de mes.

“Kim nos deja por razones personales (…) Después de dos años de trabajo y constantes viajes, Kim quiere volver a enfocar sus prioridades en casa”, explicó Ortagus.

La portavoz detalló que Breier había presentado su renuncia el 24 de julio y que se hará efectiva a finales de mes.

El diario capitalino The Washington Post fue el primero en informar de la salida de Breier del Gobierno y aseguró que, en parte, renunció porque estaba cansada del control excesivo que la Casa Blanca intentaba ejercer sobre temas de su competencia, como las relaciones comerciales con México o la migración de Centroamérica.

Al respecto, el Post asegura que, en una cadena de correos electrónicos, Stephen Miller, asesor de inmigración en la Casa Blanca, atacó a Breier porque consideraba que no estaba lo suficientemente comprometida para defender un pacto migratorio alcanzado entre Guatemala y EE.UU.

A finales de julio, EE.UU. y Guatemala firmaron un acuerdo que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.

La portavoz del Departamento de Estado reiteró que la información del Post no es cierta. “He hablado con Kim sobre eso y me dijo que no hay nada de cierto en ello. Ella ha negado haber visto ese correo electrónico”, señaló.

La propia Breier anunció esta mañana su salida en un mensaje en español en Twitter, en el que agradecía al presidente de EE.UU., Donald Trump, y al secretario de Estado, Mike Pompeo, la “oportunidad” de ejercer ese puesto.

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Antes de hacerse cargo de la cartera de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Breier fue directora del programa U.S.- Mexico Futures Initiative del centro de pensamiento Center for Strategic and International Studies (CSIS), del que era subdirectora.

Breier, de 46 años, formó parte del equipo negociador que en junio llegó a un acuerdo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por el que México se comprometía a aumentar la presencia policial en su frontera con Guatemala y a ampliar un programa para acoger a quienes solicitan asilo en EE.UU., a cambio de que Trump no impusiera aranceles a sus importaciones.

La embajadora de México en EE.UU., Martha Bárcena, también participó en esas negociaciones y hoy agradeció a Breier su trabajo con un mensaje en Twitter: “¡Te echaremos de menos! La embajada y yo siempre hemos trabajado contigo y tu equipo de una manera constructiva y reconocemos tu profundo conocimiento sobre nuestro país. ¡Gracias!”.

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