La medida propuesta, publicada el viernes, endurecería las regulaciones sobre los inmigrantes indocumentados a quienes se les ha concedido acceso a viviendas subsidiadas.

Frente a este panorama el secretario del HUD, Ben Carson, dijo el mes pasado que se “aseguraría que nuestros escasos recursos públicos ayuden a aquellos que tienen derecho a ello”.

La revisión de la agencia encontró que la mitad de los que enfrentan el desalojo bajo el plan son niños legalmente calificados para la asistencia pública, reportó el Post.

De acuerdo a las políticas actuales la ley permite que las familias de estatus migratorio mixto reciban subsidios federales de vivienda, siempre y cuando un miembro de la familia sea elegible. La nueva regla, propuesta por el consejero de la Casa Blanca y de la línea dura de inmigración, Stephen Miller, requeriría que cada miembro de la familia tenga un “estatus migratorio elegible”.

El análisis del HUD muestra que aproximadamente 25 mil hogares, que representan alrededor de 108 mil personas, tienen por lo menos una persona que no sería elegible.

Entre los hogares mixtos, la mayoría de los cuales están en California, Texas y Nueva York, 76 mil personas, incluyendo 55 mil niños, son legalmente elegibles para viviendas subsidiadas por el gobierno federal.

“El HUD espera que el temor de que la familia sea separada conduzca a una pronta evacuación por parte de la mayoría de los hogares mixtos”, dice el análisis. “La falta de vivienda temporal puede surgir para un hogar, si no pueden encontrar una vivienda alternativa.”

Los hogares de estatus mixto que reciben subsidios federales reciben un promedio de $8 mil 400 al año, según el análisis. Restringir la ayuda a las familias en las que todos los miembros son elegibles costaría entre 193 y 227 millones de dólares más cada año porque familias enteras recibirían subsidios más altos, dijo HUD en su análisis.

Reconociendo que el Congreso probablemente no se apropiaría de los fondos adicionales, el análisis encontró que el HUD podría verse forzado a “reducir la cantidad y calidad de la vivienda asistida en respuesta a los mayores costos”.

Como resultado, “podría haber menos hogares atendidos bajo el programa de vales de elección de vivienda”.

El análisis decía que el aumento de los costos podría perjudicar la calidad del servicio y conducir al posible “deterioro de las unidades que podría dar lugar a una vacante”.

El plan propone opciones “menos costosas” para limitar el “impacto adverso de la transición en los niños elegibles”, incluyendo permitir que las familias de estatus mixto permanezcan en viviendas subsidiadas y sólo aplicar la propuesta a los nuevos hogares que buscan fondos federales.

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