El mandatario izquierdista ha estado muy activo a favor de su aliado Iván Cepeda, que enfrentará el 21 de junio al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

La congresista Gloria Arizabaleta presentó un documento en el que declara la “suspensión” del presidente, que tiene una investigación abierta por la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja por su supuesta injerencia en la campaña.

Aunque medios de comunicación reportaron la suspensión de Petro, congresistas, expertos y ministros niegan que se trate de una decisión con validez jurídica.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recordó en X que “solo el Senado” tiene las facultades legales para suspender a los presidentes en el país.

“La Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos” por “voluntad de una sola representante”, añadió la mano derecha del mandatario.

En ese mismo sentido reaccionó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo: el “proyecto debe ser aprobado o rechazado por la Comisión, y de ser aprobado, la plenaria de Cámara remite el caso al Senado”.

Petro no solo ha expresado abiertamente su apoyo a Cepeda, sino que también ha sido crítico del apoyo del presidente estadounidense Donald Trump a De la Espriella, un abogado millonario que encarna el rechazo al mandatario izquierdista.

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El congresista opositor Hernán Cadavid, miembro de la Comisión de Acusaciones, explicó a los medios que la solicitud de Arizabaleta debe ser discutida y votada “en las próximas semanas”.

“Lo que debe quedar perfectamente claro es que no hay efecto de suspensión al presidente de la República con la sola radicación” del documento, dijo.

Expertos coinciden en que el estudio de esa solicitud podría tardarse incluso hasta después del balotaje.

Por AFP

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En marzo, la cartera anunció la reducción del 50% de su personal y pocos días después Trump ordenó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que comience a “eliminar” la cartera “de una vez por todas”.

La decisión era esperada desde hace mucho por la derecha estadounidense, pero requiere la aprobación del Congreso.

Al menos una veintena de Estados y sindicatos de profesores impugnaron ante la justicia esas decisiones, con el argumento de que el gobierno vulnera el principio de separación de los poderes porque se inmiscuye en las prerrogativas del Congreso.

El juez federal de Boston (noreste) Myong Joun les dio la razón: suspendió el decreto presidencial y ordenó la reintegración de centenas de funcionarios que habían sido despedidos.

“No podemos pedir a este tribunal que cierre los ojos mientras los empleados siguen siendo despedidos y sus unidades son transferidas hasta convertir al Departamento en un cascarón vacío”, escribió el juez en su decisión.

El impacto de este tipo de desmantelamiento no es comparable al que tendría en un país en el que la educación es centralizada y se gestiona a nivel nacional, pues en Estados Unidos, esta responsabilidad recae en las autoridades locales.

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Sin embargo, el Departamento de Educación juega un rol importante, en particular en la distribución de subvenciones federales a escuelas en zonas de bajos recursos que dependen de programas sociales y económicos.

La cartera no puede ser desmantelada sin la adopción de una ley que requeriría 60 votos en el Senado, donde los republicanos cuentan actualmente con 53 asientos.

Por: AFP

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