“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.

“En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional” sostuvo Trump, en alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.

La resolución solo representa un paso más para la votación decisiva, la semana que viene.

Este proyecto de ley para limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Aunque la Cámara de Representantes (cámara baja) aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo. Y para superar el veto presidencial ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.

Los senadores “Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo” exigió Trump.

“Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe” clamó.

El debate constitucional arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores.

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Especialistas críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.

La Constitución da al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en caso de urgencia evidente.

Los favorables al gobierno Trump consideran que son acciones letales pero de aplicación de las leyes antinarcóticos, que además se refuerza con la calificación de “terroristas” que han recibido los cárteles de la droga.

Según estos, en el caso de Maduro, su captura sería legal porque no era el jefe de Estado reconocido por Estados Unidos, y además era considerado responsable de la entrada en el país de toneladas de cocaína.

Por: AFP

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La sesión informativa, encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, tiene lugar en medio de una creciente inquietud en el Congreso por la expansión de la campaña del presidente en aguas de América Latina, y mientras los legisladores evalúan medidas para limitar la autoridad de Trump para actuar sin su aprobación.

El gobierno de Trump asegura que las operaciones buscan detener el flujo de drogas con destino a Estados Unidos.

Pero los críticos cuestionan la legalidad de la campaña, que deja al menos 26 embarcaciones destruidas y 95 muertos, según cifras del ejército estadounidense.

La sesión clasificada precedió a una posible votación en el Senado sobre resoluciones destinadas a restringir que Trump lance una acción militar contra Venezuela sin el consentimiento del Congreso.

El líder demócrata de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró sin embargo a periodistas al salir de la sala que los funcionarios no habían aportado nada nuevo.

“El gobierno vino a esta sesión informativa con las manos vacías (…)  y si no pueden ser transparentes sobre esto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia sobre todos los demás asuntos que agitan el Caribe?”, afirmó el senador.

Los ataques a las lanchas han generado especial atención por una operación del 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Senadores demócratas y también republicanos han exigido respuestas sobre la base legal de ese ataque y la negativa de un acceso pleno del Congreso a las imágenes en video, que hasta ahora solo vieron unos pocos legisladores de alto rango.

Schumer advirtió que el secretismo —sumado a la presencia en la región de tropas estadounidense y el portaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo— podría arrastrar al país a un conflicto de duración indefinida.

“Misión muy exitosa”

Al salir de la reunión, Rubio y Hegseth defendieron la campaña naval como una “misión muy exitosa”, que según dijeron apunta contra organizaciones designadas terroristas por Washington y cárteles a los que acusan de traficar drogas y armas a Estados Unidos.

Rubio dijo que el Pentágono permitiría a los miembros de los Comités de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Senado ver el video a finales de esta semana junto al comandante que ordenó los ataques, el almirante Frank Bradley.

“Pero, en consonancia con la política de larga data del Departamento de Defensa, no vamos a divulgar al público un video top secret, completo y sin editar”, apuntó Hegseth.

Algunos republicanos han cuestionado si apuntar contra náufragos sospechosos de narcotráfico viola el derecho internacional.

Expertos legales señalan que el caso deja en evidencia una tensión clave en el enfoque de Trump: tratar el narcotráfico como un acto de guerra.

Esta semana, Trump firmó un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha provocado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

Sin embargo, que se cree que la mayoría de las embarcaciones interceptadas transportaban cocaína, no fentanilo. Pese a los crecientes cuestionamientos, la campaña no muestra señales de terminar.

El lunes, el Pentágono dijo que había atacado otras tres embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Pacífico oriental, y que mató a ocho personas consideradas “narcoterroristas”.

Más allá de los ataques contra lanchas, el gobierno de Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Washington desplegó buques de guerra y aeronaves cerca de la costa de Venezuela, incautó un buque con petróleo venezolano e impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro y aliados empresariales.

Trump ha declarado que “los días de Maduro están contados” y se ha negado a descartar una invasión terrestre estadounidense al país sudamericano.

Por: AFP

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Entre los manifestantes se encontraba el senador estatal Nikil Saval, uno de los impulsores del proyecto de ley. Declaró a Why, que esta legislación es necesaria no sólo para mostrar quién está realizando arrestos, sino también para prevenir a los impostores.

Ante el aumento de los arrestos por parte del ICE, los senadores Saval y Amanda Cappelletti plantearon una legislación que crea estándares apropiados para los departamentos y agencias de aplicación de la ley que operan dentro de Commonwealth.

“La reciente práctica de que los agentes de ICE se cubran la cara y oculten sus identidades mientras desempeñan funciones oficiales plantea importantes preocupaciones. Este método no sólo ha erosionado la confianza pública, sino que también han aumentado las suplantaciones de las fuerzas del orden”, se detalla en el proyecto que plantearon los senadores.

Para los legisladores, la actual falta de protocolos claros de identificación visual socava la integridad de las operaciones legítimas de aplicación de la ley y disminuye la seguridad pública.

El proyecto de ley plantea disposiciones clave:

Identificación obligatoria

Los agentes del orden y agentes que actúen dentro del ámbito de sus funciones deberán llevar una identificación claramente visible que incluya:

• Una insignia con nombre, número de insignia y departamento o agencia
• Un departamento o agencia emitió uniforme

Prohibición de enmascarar

Los oficiales y agentes que actúen dentro del ámbito de sus funciones no podrán usar máscaras, coberturas faciales u otras prendas que oscurezcan su identidad.

Sanciones penales

Los agentes y efectivos que violen estas disposiciones estarán sujetos a sanciones penales.

Sanciones civiles

No identificar u ocultar la identidad puede ser motivo de una causa civil de acción.

Excepciones 

Se aplicarán excepciones apropiadas, tales como:

• Respiradores quirúrgicos o N95 diseñados para prevenir la transmisión de enfermedades en el aire
• Oficiales o agentes encubiertos que investigan conductas delictivas graves.

“Las medidas de seguridad pública deben evolucionar para abordar un panorama en constante cambio. La necesidad de transparencia en la aplicación de la ley nunca ha sido más urgente”, precisa el texto.

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Erika Guadalupe, directora ejecutiva de la organización latina Juntos, detalló al mismo medio que los agentes de ICE se ven en los vecindarios con el rostro cubierto, vestidos de civil y conduciendo autos sin identificación a plena luz del día.

A la concentración también se dieron cita líderes de la ciudad y miembros de la comunidad, quienes expresaron su respaldo tanto a la legislación como a la comunidad inmigrante, que vive con miedo y zozobra ante el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno nacional.

Los asistentes destacaron la importancia de proteger los derechos de los inmigrantes y de exigir mayor transparencia en los operativos de ICE.

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La senadora por Nevada, Catherine Cortez Masto, enfatizó que Biden tiene la oportunidad de dejar su legado como el presidente que mantiene a las familias unidas y protege a la gente que ha hecho de Estados Unidos un gran país.

“Es muy simple. El presidente tiene la autoridad legal para conceder seguridad a estos migrantes de larga duración y debería usarla”, precisó Cortez Masto.

Junto a ella, los senadores demócratas por California, Álex Padilla, y por Nuevo México, Ben Ray Luján, pidieron a Biden que actúe para proteger a los migrantes antes de que Donald Trump asuma la presidencia en enero, y ponga en marcha su promesa de deportación masiva de indocumentados.

DACA recipients’ lives and futures shouldn’t be tossed around like political footballs.

That’s why I’m pushing President Biden to quickly process DACA renewals, so that Dreamers can have more certainty right now.

— Senator Cortez Masto (@SenCortezMasto) December 13, 2024

Los legisladores quieren que Biden proteja de las expulsiones a los beneficiarios del Temporary Protected Status (TPS), concedido a salvadoreños, ecuatorianos, nicaragüenses y venezolanos, que buscaron asilo en Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países.

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En sus exigencias también abarcan a los llamados dreamers, que llegaron al país siendo niños y, gracias al programa DACA, aprobado durante la presidencia de Barack Obama, consiguieron permisos de residencia y de trabajo temporales.

Tanto los beneficiarios del TPS como los dreamers tienen que renovar cada dos o tres años sus permisos y a muchos se les acaba la protección el próximo año.

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El TPS paraliza la posibilidad de deportación y abre la posibilidad de obtención de un permiso de trabajo a ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país por causa de desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

El Gobierno otorgó este beneficio migratorio por primera vez a Venezuela en 2021 y lo prolongó hasta marzo de 2024, mientras que Nicaragua se beneficia del TPS desde 1999 y en junio pasado se extendió por 18 meses, hasta el 5 de julio de 2025.

En la misiva los senadores no solicitan una prolongación sino una nueva designación, lo que permitiría a las personas que en la actualidad no tienen TPS presentar una solicitud de inscripción inicial.

“Ambos países cumplen claramente los requisitos para ser designados para el TPS en virtud de nuestras leyes de inmigración”, escribieron los parlamentarios en la carta enviada a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, y a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Interior.

“Venezuela sigue asolada por la violencia, la inestabilidad y la represión, y los venezolanos sufren el colapso histórico del país” dirigido por el “represivo régimen de Nicolás Maduro”, se lee en el texto.

Los senadores acusan al gobierno de Venezuela de abusos a los derechos humanos, de mantener encarcelados “a unos 245 presos políticos” y de inhabilitar a opositores políticos para que no puedan presentarse a las elecciones.

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Los legisladores alertaron en la misiva que “la crisis humanitaria a la que se enfrenta el pueblo venezolano no ha hecho más que agravarse en los últimos dos años” con millones de personas que siguen sin poder acceder a la atención sanitaria básica y a una alimentación adecuada.

Los congresistas, todos demócratas con la excepción del independiente Bernie Sanders, estiman que en Nicaragua también ha empeorado la situación, pues el presidente Daniel Ortega ha transformado el país “en un estado policial en el que el poder ejecutivo ha instituido un régimen de terror y de supresión de todas las libertades”.

En 2022, el gobierno nicaragüense cerró más de 2.000 ONG e intensificó su represión contra la Iglesia católica. En febrero de 2023, privó de su nacionalidad a 316 personas y las expulsó del país.

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En días pasados los senadores demócratas Bob Menéndez, Catherine Cortez Masto, Ben Ray Luján y Alex Padilla se reunieron con el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y altos funcionarios de la Casa Blanca para manifestar su pedimento.

“Tenemos la responsabilidad de arreglar nuestro sistema migratorio roto” y de nuevo llamamos al Gobierno a “usar su autoridad legal existente para proteger a los dreamers, los tepesianos (con TPS) y a las familias inmigrantes trabajadoras que durante décadas han vivido y contribuido con nuestro país”.

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My statement w/ @SenCortezMasto @SenatorLujan and @SenAlexPadilla on our meeting tonight with @POTUS to urge the Administration to Protect Dreamers, TPS Holders, and Hardworking Immigrant Families ⬇️ pic.twitter.com/ZohFlLP0Eo

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) May 5, 2022

El TPS es un programa renovable que frena la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país. Mientras que algunos de los dreamers pueden acogerse al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que retrasa la expulsión, pero eso no ocurre en todos los casos.

Los legisladores afirman que “la mayoría de los republicanos en el Congreso se han negado a trabajar de buena fe con los demócratas para encontrar soluciones”.

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Desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Biden ha promovido un camino hacia la ciudadanía para muchos migrantes, pero se ha topado con la oposición del Congreso, especialmente de los republicanos.

“Tenemos que implementar medidas de seguridad fronteriza con sentido común y ofrecer protecciones a las familias inmigrantes trabajadoras ahora”, dijeron los senadores días antes de que se revoque la norma sanitaria activada durante la pandemia, conocida como Título 42, en virtud de la cual se expulsa de forma inmediata a casi todos los migrantes en la frontera con México.

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El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, junto con el republicano Marco Rubio, remitieron una carta al secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas en la que piden que se prolongue el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes venezolanos, la cual expira en septiembre próximo.

El TPS frena la deportación y permite el acceso a un permiso de trabajo para los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país de origen. Hasta ahora dicho trámite se ha utilizado en casos de catástrofes naturales, conflictos armados y otras circunstancias extraordinarias.

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Los senadores solicitan 18 meses adicionales de TPS para los inmigrantes venezolanos en atención a “la campaña en curso del régimen de Maduro de violencia legitimada por el Estado contra el pueblo de Venezuela y la crisis humanitaria presente en el país”.

La misiva de Menéndez y Rubio agrega: “De lo contrario, resultaría en una sentencia de muerte muy real para innumerables de venezolanos que han huido de su país”.

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Según cifras de la ONU, en los últimos años más de 6 millones de personas han escapado de Venezuela hacia Estados Unidos y otros países latinoamericanos y del Caribe, “poniendo a prueba los sistemas de protección social en toda la región”, refieren Menéndez y Rubio, quienes acusan al gobierno de Nicolás Maduro de usar los alimentos “como arma de control social y político”.

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El demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y el republicano Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado, manifestaron su desacuerdo tras conocer el viaje de altos funcionarios de Biden a Venezuela el pasado fin de semana, en medio de inquietudes por la disparada del precio del petróleo por la invasión rusa a Ucrania, según reseñó la AFP.

Biden anunció el martes 8 de marzo un embargo a la importación de petróleo y gas rusos, intensificando las sanciones al gobierno de Vladimir Putin tras el inicio de la ofensiva contra Kiev. Pero según Menéndez y Rubio, esto no justifica volver a comprar crudo a Venezuela. Estados Unidos impuso un embargo al petróleo venezolano en 2019 luego de desconocer la reelección de Maduro en cuestionados comicios.

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“Entiendo las consecuencias económicas que el Presidente está tratando de evitar para el pueblo estadounidense. Comparto esa preocupación. Pero hay lugares como México, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, así como la producción nacional que ya ha sido autorizada, que deberían poder derivar las consecuencias de la pérdida de petróleo ruso“, declaró Menéndez a la cadena MSNBC.

“No hay que acudir a un dictador”, acotó al recordar que Biden prorrogó el jueves 3 de marzo el decreto que señala a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En un comunicado emitido la noche del lunes 7 de marzo, Menéndez consideró a Maduro “un cáncer” para la región de las Américas, y se opuso “clara y rotundamente” a toda iniciativa “que llene los bolsillos de los oligarcas del régimen de Maduro con dinero del sector petrolero”.

“Las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano, al igual que la determinación y el coraje del pueblo de Ucrania, valen mucho más que unos pocos miles de barriles de petróleo”, dijo al destacar que Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad.

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Por su parte, Marco Rubio, uno de los arquitectos de la política de máxima presión a Caracas por parte de la Administración de Donald Trump, volvió a arremeter contra el gobierno de Biden, tras rechazar el cambiar petróleo de “un dictador asesino con petróleo de otro dictador asesino”.

Senador Marco Rubio califica de 'ridicula' la oferta hecha por Joe Biden a Maduro: Levantar las sanciones al régimen a cambio de petróleo. pic.twitter.com/GE5OH9QRcJ

— Maibort Petit (@maibortpetit) March 8, 2022

“A este país no le hace falta ni una gota del petróleo de Nicolás Maduro. Ni una gota”, dijo Rubio en un video publicado en su cuenta en Twitter.

“Importamos de Rusia 200.000 barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país, sin tener que darle dinero que va a ir directo (al) bolsillo” de Maduro, apuntó.

Rubio denunció a los “izquierdistas” que según él rodean a Biden, y deploró que se haya “abandonado y traicionado” a quienes luchan por la libertad de Venezuela.

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En una misiva los legisladores republicanos por el estado de Florida, también reprocharon al mandatario mexicano haber recibido al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, para las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de México, reseña la AFP.

“Esperamos que su decisión de recibir al narco-dictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad”, escribieron Rubio y Scott.

Marco Rubio, de origen cubano, y Rick Scott consideran que López Obrador quebrantó compromisos internacionales relacionados con el crimen organizado trasnacional al no detener a Maduro cuando concurrió a la cumbre de la Celac que tuvo lugar en Ciudad de México el 18 de septiembre.

Ambos recordaron que el 26 de marzo de 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro por delitos de “narcoterrorismo” y tráfico de drogas a territorio estadounidense. Recalcaron que existe “evidencia” de que Maduro supervisó el tránsito de narcóticos a través de México.

“Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano”, manifestaron los dos senadores por Florida quienes remarcaron que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000.

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Maduro fue recibido en el aeropuerto de México por el canciller de ese país, Marcelo Ebrard. El venezolano realizaba su primer viaje oficial desde que fue acusado por la justicia estadounidense. El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.

Rubio y Scott también cuestionaron a López Obrador por tener como invitado de honor de los festejos independentistas al mandatario cubano Díaz Canel, quien también participó en la cumbre de la Celac.

“Por más de seis décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz Canel, han oprimido al pueblo de Cuba“, señalaron ambos, recordando las “históricas protestas” que estallaron el 11 de julio pasado en la isla.

“El optar por otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad y también opaca el simbolismo histórico del Grito de Dolores“, manifestaron en alusión al hecho de septiembre de 1810 que dio inicio a la independencia de México de la Corona española.

Durante la visita de Díaz Canel, López Obrador dijo que esperaba que su par estadounidense Joe Biden “actúe con grandeza” y ponga fin a las políticas contra Cuba, especialmente el embargo económico.

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La carta que fue enviada el pasado 28 de abril, exhorta a los legisladores a que apoyen el proyecto de Ley Secure Act con el que se pondría punto final a lo que los firmantes definen como un estatus de “incertidumbre” a las 650.000 personas amparadas con el TPS, entre quienes se cuentan aproximadamente 320.000 venezolanos que en mayoritariamente residen en Florida.

“Nuestra gente, para continuar desarrollándose, necesita poder planear a largo plazo y echar raíces con la tranquilidad de que no tendrán que recoger su vida y meterla en una maleta si hay un cambio de administración que decida no renovar el TPS”, comentó María Antonieta Díaz, presidenta y fundadora de la organización Venezuelan American Alliance, en un comunicado que informa al respecto de la solicitud y que fue divulgados por medios de comunicación locales.

Según lo que exponen los remitentes que suscriben la misiva, entre los que se encuentran las organizaciones Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA) y Florida Immigration Coalition (FLIC), para que la normativa presentada por el senador demócrata Chris Van Hollen prospere se requiere del respaldo de 10 senadores republicanos y un co-patrocinador de este partido.

En la carta los firmantes urgen a  Scott y Rubio a que apoyen la iniciativa que beneficiaría a los migrantes de los 12 países amparados por el TPS, entre los que se encuentra Venezuela desde el pasado 8 de marzo luego del decreto firmado por el presidente estadounidense Joe Biden.

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“El beneficiario promedio del TPS tiene más de 20 años viviendo en Estados Unidos, colaborando con la economía del país y ayudando en la reconstrucción y recuperación después de la pandemia, y sin embargo, muchos de ellos viven en una incertidumbre constante, porque necesitan registrarse nuevamente en el programa cada seis a 18 meses y pagando altas tarifas”, enfatiza es escrito.

La idea de enviar la referida carta surgió luego de una cumbre virtual celebrada el 17 de abril pasado entre representantes de Venezuela, Haití, El Salvador y Honduras, en la que también participaron el senador demócrata Van Hollen, así como los congresistas por Florida Darren Soto también del partido demócrata, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, estos últimos republicanos.

El gobierno de Estados Unidos anunció el 8 de marzo del presente año el otorgamiento de un estatus de protección temporal a miles de venezolanos que para esa fecha ya se encontraban en el país.

Los beneficiarios de este tipo de programas reciben protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales. La medida tiene una vigencia inicial de 18 meses, aunque es posible que reciba una prorroga y podría beneficiar a más de 320.000 venezolanos.

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