Una interrupción parcial en la financiación del gobierno ha dejado al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), encargado de inspeccionar pasajeros, equipaje y carga, trabajando sin cobrar desde mediados de febrero.

Los aeropuertos de varias ciudades han advertido a los viajeros que deben llegar horas antes de lo habitual debido a las largas filas en los controles de seguridad. 

La disputa por la financiación gira en torno a las exigencias de la oposición demócrata de reformar la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), criticada por sus tácticas agresivas contra inmigrantes indocumentados y por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operaciones a inicios de este año.

Los senadores lograron ponerse de acuerdo y aprobaron un proyecto de ley poco después de las 02H00 de la madrugada (06H00 GMT) para financiar todo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), excepto el ICE y la Patrulla Fronteriza, para 2026.

El proyecto de ley proporcionaría fondos para la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, entre otros organismos.

Ahora debe ser aprobado por la Cámara de Representantes.

Más de 300 empleados de la TSA han renunciado y las ausencias no programadas se han disparado desde que comenzó el impasse presupuestario, lo que ha provocado amplias demoras en los viajes y ha creado dificultades en los aeropuertos para inspeccionar a los pasajeros.

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El gobierno federal comenzó a desplegar agentes del ICE para ayudar en la seguridad aeroportuaria, lo que suscitó fuertes críticas de demócratas, activistas de derechos humanos y algunos republicanos, quienes advierten que el personal del ICE no está capacitado para ese tipo de trabajo y que se corre el riesgo de agravar las tensiones en entornos ya de por sí estresantes.

El presidente Donald Trump dijo el jueves que firmaría un decreto para intentar desbloquear el pago al personal de seguridad aeroportuaria.

Por: AFP

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La votación de los senadores fue de 54 a favor y 45 en contra para el republicano de 48 años, un exluchador y practicante de artes marciales que previamente representó a Oklahoma en el Senado estadounidense.

Mullin reemplaza a Kristi Noem a la cabeza del DHS, luego de que fue despedida a principios de este mes, en parte por su manejo del reciente operativo contra inmigrantes indocumentados en Minnesota, en el marco de los cuales agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses.

En su audiencia de confirmación la semana pasada, Mullin dijo que uno de sus objetivos es darle una nueva dirección al DHS y mantener fuera de los reflectores a los agentes de inmigración (ICE).

“Quiero proteger el país” añadió. “Quiero traer tranquilidad mental. Quiero devolver la confianza en la agencia”.

✅ CONFIRMED

Markwayne Mullin has officially been confirmed by the Senate as Secretary of the Department of Homeland Security. 🇺🇸 pic.twitter.com/P0L2Bjv00W

— The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Mullin también expresó su disposición a exigir órdenes judiciales para los operativos de inmigración, un posible cambio con respecto a la política actual y una demanda clave de los demócratas en las negociaciones de financiación en curso.

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La financiación del DHS está suspendida desde el 14 de febrero, mientras los legisladores demócratas buscan implementar reformas en la aplicación de las leyes migratorias.

Por: AFP

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El proyecto debe aún ser aprobado en la Casa de Representantes, donde no tiene el camino despejado.

Con las elecciones de medio término de noviembre acercándose, demócratas y republicanos buscan mostrar que abordan la crisis de asequibilidad en el país. 

El proyecto de ley CAMINO hacia la vivienda del siglo XXI fue aprobado en la cámara alta del Congreso por 89 votos contra 10.

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario, de Vivienda y de Asuntos Urbanos de la cámara alta, aseguró que con este proyecto se enfrentará “la raíz de la crisis al construir más casas en todas las comunidades del país”.

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Como incentivo, se incluyen programas para convertir edificios abandonados en complejos de viviendas y subvenciones para renovar propiedades existentes.

En la Cámara de Representantes, republicanos conservadores han manifestado sus objeciones a los términos de la ley y advertido que el proyecto requeriría de cambios significativos.

La Cámara ya aprobó un proyecto propio sobre vivienda este año, también con apoyo bipartidista. Pero los líderes republicanos han dicho que la propuesta del Senado se aparta de esa versión en aspectos clave.

Por: AFP

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La legislación determina que al menos el 50% de los empleados con derecho a voto deben participar en el proceso electoral de recertificación del sindicato. Además, para que la organización mantenga su estatus legal, la mayoría de quienes participen en esa votación deberá pronunciarse a favor de la continuidad del gremio.

El proyecto, aprobado con 25 votos a favor y 14 en contra, forma parte de una serie de reformas impulsadas en los últimos años para modificar el funcionamiento de los sindicatos públicos en el estado. Sin embargo, la medida mantiene una excepción significativa; no se aplica a los sindicatos de policías, bomberos ni técnicos de emergencias médicas.

Los críticos consideran que esa exclusión crea un trato desigual entre trabajadores del sector público. Legisladores opositores sostienen que la medida afecta principalmente a organizaciones como los sindicatos de maestros, que históricamente han tenido tensiones con el liderazgo político conservador del estado.

Para comprender el alcance del nuevo proyecto es necesario remontarse a 2023, cuando Florida aprobó una ley que exigía a los sindicatos del sector público —también con la exclusión de los socorristas— mantener al menos al 60% de sus miembros elegibles pagando cuotas sindicales. Si una organización caía por debajo de ese nivel de afiliación, perdía automáticamente su certificación y debía someterse a un proceso de recertificación.

Esa normativa generó una ola de procesos de recertificación en todo el estado. Decenas de sindicatos que representan a miles de trabajadores, incluidos maestros, enfermeras y conductores de autobús escolar, tuvieron que organizar votaciones para demostrar su respaldo entre los empleados que representan.

Exigencias para esas elecciones

El nuevo proyecto de ley eleva aún más las exigencias para esas elecciones. A partir de ahora, los sindicatos deberán garantizar que al menos la mitad de todos los trabajadores elegibles participe en la votación. Posteriormente, la mayoría de los votos emitidos deberá respaldar la continuidad del gremio para que este conserve su reconocimiento legal.

El senador Jonathan Martin, principal promotor de la iniciativa, defendió la medida al señalar que busca garantizar que las organizaciones sindicales realmente representen a sus miembros. Según explicó, la propuesta pretende eliminar a los sindicatos que no mantienen una conexión activa con los trabajadores que dicen representar.

Martin citó como ejemplo un conflicto ocurrido en su distrito del condado de Lee, donde una asociación de maestros presentó una demanda para bloquear un programa de incentivos económicos destinado a profesores dispuestos a trabajar en escuelas con bajo rendimiento académico.

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Desde la oposición, legisladores demócratas rechazaron la propuesta y afirmaron que forma parte de un esfuerzo sostenido para debilitar a los sindicatos del sector público. El senador Carlos Guillermo Smith recordó que la ley de 2023 ya había colocado a muchas organizaciones en riesgo de perder su certificación debido a los requisitos de afiliación.

Smith aseguró que la nueva iniciativa representa un paso más en lo que describió como una campaña prolongada para reducir la influencia de los sindicatos públicos en Florida.

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La iniciativa fue rechazada con una votación de 53 a 47. El demócrata John Fetterman, que apoya la guerra, votó en contra, mientras que el republicano Rand Paul fue el único miembro de su partido en respaldarla.

La votación tuvo lugar en el quinto día de un conflicto en rápida expansión regional en el que ya murieron el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varias figuras de alto rango en Teherán, así como soldados estadounidenses.

La resolución bipartidista, presentada por Paul y el demócrata Tim Kaine, exigía la retirada de las fuerzas estadounidenses de las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso autorizara la campaña.

Los demócratas argumentaron que Trump pasó por encima del Congreso de manera inconstitucional cuando ordenó el ataque aéreo en Teherán y aseguraron que la administración ha cambiado varias veces sus justificaciones de la guerra.

“En esa sala no se presentó ninguna prueba (…) que sugiriera que Estados Unidos enfrentaba una amenaza inminente por parte de Irán”, declaró Kaine a la AFP tras una sesión informativa reservada el martes con funcionarios del gobierno.

La resolución buscaba afirmar la autoridad del Congreso frente a un presidente que ha ampliado el control del poder ejecutivo sobre el legislativo desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

En el centro del debate sobre la legalidad de la ofensiva ordenada por Trump estaba la cuestión de la “amenaza inminente”.

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Porque, si bien el Congreso es el único habilitado por la Constitución para declarar la guerra, una ley de 1973 permite al presidente iniciar una intervención militar limitada para responder a una situación de emergencia creada por un ataque contra Estados Unidos.

En el video en el que anunció la operación el sábado, Trump mencionó precisamente la amenaza “inminente” que, según él, representaba Irán.

El debate en el Congreso sobre la autoridad de Trump para declarar la guerra refleja una inquietud más amplia en el Capitolio sobre el alcance y la duración de la campaña militar.

Funcionarios del gobierno dijeron a congresistas en deposiciones clasificadas esta semana que la operación podría durar semanas y podría requerir presupuesto adicional por parte del Congreso.

Políticos de ambos partidos afirman que el Pentágono pronto podría solicitar fondos de emergencia para reponer las reservas de armas y sostener la operación.

Los demócratas reconocían las pocas probabilidades de que la resolución fuera aprobada, pero señalaron que era esencial obligar a los legisladores a asumir una postura pública sobre la guerra.

Por: AFP

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González Colón explicó que el Cheque de Alivio Contributivo permitirá que las personas con ingresos netos iguales o menores a $150.000 perciban una reducción directa en sus contribuciones. “Lo van a poder sentir como un beneficio directo todos aquellos que ganen menos de $150.000 en la Planilla 2025, a través de un incentivo en forma de cheque directo por parte del Departamento de Hacienda, cumpliendo así nuestro compromiso programático de aliviar la carga contributiva de la gente”.

“Vamos a estar del lado del pueblo. Le agradezco a la Cámara y al Senado que estuvieron del lado del pueblo. Acabo de cumplir uno de los compromisos programáticos de reducir las contribuciones a la gente a través de la aprobación de esta resolución conjunta, que se verá reflejado en este ciclo contributivo”.

Según informó el Senado en su sitio web, la resolución asignará aproximadamente $554 millones del presupuesto gubernamental a los ciudadanos, en un momento en que no se han logrado avances significativos para reformar el código tributario del territorio.

Esta medida permite que miles de familias reciban un apoyo económico real, calculado según su ingreso neto, con deducciones adicionales por dependientes y libre de contribuciones. pic.twitter.com/8wS8ffZH38

— Jenniffer González (@Jenniffer) February 3, 2026

La iniciativa permitirá que los contribuyentes experimenten un beneficio tangible mediante un cheque directo, entregado por el Departamento de Hacienda, como parte de un incentivo económico destinado a aliviar la carga contributiva.

La aprobación de la medida se dio con amplio respaldo legislativo. En la Cámara de Representantes, la resolución obtuvo 49 votos a favor y cuatro ausentes, mientras que en el Senado contó con 26 apoyos y un solo rechazo, emitido por el senador independiente Eliezer Molina. Tras este respaldo bipartidista, la gobernadora González Colón firmó la propuesta, convirtiéndola en ley.

Requisitos para acceder al cheque

Para poder recibir este beneficio, los contribuyentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Haber radicado la Planilla 2025 en o antes de la fecha establecida por la ley.
• Haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año natural 2025.
• Tener ingreso neto sujeto a contribución igual o menor a $150.000.
• No haber optado por la Contribución Opcional ni estar sujeto al pago de la contribución básica alterna.

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Forma de pago

El pago del Cheque de Alivio Contributivo se realizará mediante depósito directo en la misma cuenta bancaria utilizada para recibir el reintegro de la Planilla 2025.

En los casos en que el contribuyente no reclame reintegro con la Planilla 2025, el Departamento de Hacienda habilitará un enlace en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para que la persona pueda proporcionar los datos de su cuenta bancaria y recibir el pago.

Si el contribuyente confirma que no posee una cuenta bancaria, el pago se enviará mediante cheque por correo a la última dirección registrada en los archivos del Departamento de Hacienda.

Con esta medida, el gobierno de Puerto Rico busca ofrecer un alivio económico tangible a la clase trabajadora y media, reafirmando su compromiso con la reducción de la carga contributiva y con el apoyo a los contribuyentes en un contexto de desafíos económicos y fiscales persistentes en el territorio.

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La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.

El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.

De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora. 

Sería el segundo cierre o “shutdown” -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presiencia hace un año.

Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.

El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Minéapolis.

Falta de acuerdo

La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.

Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.

“Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar”, dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.

Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.

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Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto.

Los números no les alcanzan.

Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero  quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.

Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.

El “shutdown” podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.

Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.

Por: AFP

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Shapiro detalló que la secretaria Rowe ha dedicado toda su carrera al servicio de estudiantes, maestros y padres, creando oportunidades reales para los jóvenes en todos los niveles del sistema educativo de Pennsylvania.

“Nadie está más capacitado para dirigir el Departamento de Educación de Pennsylvania y me enorgullece que haya sido confirmada por una mayoría bipartidista en el Senado estatal”.

El gobernador indicó que bajo el liderazgo de la secretaria Rowe, “mi Administración continuará apoyando el éxito de nuestros estudiantes invirtiendo recursos históricos en educación, ampliando las oportunidades de desarrollo laboral y garantizando que cada joven pensilvano tenga la libertad de trazar su propio camino y la oportunidad de triunfar”.

Líder visionaria en educación pública, Rowe aporta 25 años de experiencia en educación pública a su cargo como secretaria del Departamento de Educación de Pennsylvania.

En este puesto, ofrece orientación, apoyo y supervisión a colaboradores en el ámbito preescolar y secundario en temas que abarcan desde la alfabetización estructurada, la estabilidad educativa, las necesidades de la fuerza laboral, la contratación y retención de docentes, hasta la salud mental y el bienestar estudiantil.

Rowe aboga por políticas y programas que brinden oportunidades universitarias y profesionales a todos los estudiantes, especialmente aquellos que incluyen acceso a amplias oportunidades de doble crédito, aprendizaje intensivo durante el verano y programas multilingües.

Antes de incorporarse al departamento de educación, Rowe se desempeñó como Superintendente de Escuelas en la región oeste del estado. Su trayectoria profesional, que abarca décadas, se ha centrado en garantizar la equidad y la justicia en la asignación de recursos y en eliminar las barreras institucionales al acceso y la oportunidad.

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Para Rowe, como residente de Pennsylvania de toda la vida y producto de sus escuelas y universidades públicas, este momento tiene un profundo significado para ella.

“Mi historia no es única, pero es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la educación pública cuenta con los recursos necesarios, es inclusiva y tiene un propósito definido. Comparto la convicción del Gobernador Shapiro de que cada estudiante merece la libertad de trazar su propio camino y la oportunidad de alcanzar el éxito, y estoy deseoso de colaborar estrechamente con la Asamblea General y otros actores para hacer realidad esa visión”.

Desde febrero, Rowe ha supervisado una serie de iniciativas en el departamento, entre ellas:

• Proporcionar un millón de dólares en financiación a 14 instituciones de educación postsecundaria.
• Otorgar más de $4 millones en fondos a 11 bibliotecas en ocho condados para la construcción y rehabilitación de instalaciones de bibliotecas públicas.
• Otorgar $14 millones en fondos de subvención a 15 instituciones públicas de educación superior para permitir que más estudiantes de secundaria se inscriban en programas de crédito dual.
• Proporcionar $1.5 millones en fondos de subvención para ayudar a los padres de Pennsylvania a lograr su objetivo de asistir a la universidad y obtener una credencial.
• Otorgar más de $332.000 en fondos de subvención a 12 agencias educativas locales (LEA) en todo el Commonwealth para comprar nuevos equipos de servicio de alimentos para sus cafeterías.
• Lanzamiento del sitio web Teach in PA recientemente actualizado, un nuevo recurso para personas interesadas en una carrera en educación.
• Proporcionar $2 millones para que los residentes de Pennsylvania tomen un examen de equivalencia de escuela secundaria de forma gratuita.
• Conclusión de la administración judicial del Distrito Escolar de la ciudad de Harrisburg, que entró en Recuperación Financiera en diciembre de 2012 y entró en Sindicatura en junio de 2019.
• Otorgamiento de 3,6 millones de dólares a 14 entidades educativas, incluidos colegios y universidades, distritos escolares, organizaciones comunitarias, unidades intermedias y más, para apoyar el acceso a servicios de alfabetización para estudiantes adultos y familias en todo el Commonwealth.

El departamento de educación supervisa 500 distritos escolares públicos, más de 170 escuelas chárter públicas, escuelas chárter virtuales públicas, Centros de Carrera y Tecnología/Escuelas Técnicas Vocacionales, Unidades Intermedias públicas, la educación de jóvenes en Instituciones Correccionales Juveniles Estatales, Head Starts y centros preescolares financiados con fondos públicos, y colegios comunitarios.

También supervisa las políticas relacionadas con las bibliotecas públicas, académicas y escolares, y la Biblioteca Estatal de Pennsylvania.

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El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. El martes es feriado en Estados Unidos.

Desde el 1 de octubre más de un millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar, incluidos controladores aéreos.

La presión sobre los legisladores ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos.

El presidente Donald Trump elogió el lunes el acuerdo antes de la votación en el Senado.

“Vamos a reabrir nuestro país muy rápidamente”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval, en alusión a la reapertura de servicios públicos federales que dejaron de funcionar debido a la parálisis presupuestaria.

Trump se comprometió a “cumplir el acuerdo” y dijo que “es muy bueno”, cuando se le preguntó si se adheriría a los términos del pacto que incluyen la reincorporación de los trabajadores federales despedidos durante el cierre o “shutdown”.

Después de la votación, el líder republicano del Senado, John Thune, escribió en X que estaba contento de apoyar el “camino claro para poner fin a este cierre innecesario de manera responsable que paga rápidamente a los trabajadores federales y reabre el gobierno federal”.

Su colega demócrata John Fetterman, quien votó a favor de la medida republicana, escribió en X el lunes por la noche un mensaje sobre su decisión. “Alimentar a todos. Pagar a nuestro ejército, trabajadores del gobierno y Policía del Capitolio. Terminar con el caos en los aeropuertos. El país antes que el partido”, publicó Fetterman.

Obamacare

En el centro de la disputa estaba la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año.

Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto.

Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene.

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El acuerdo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre.

El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda, como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos.

Demócratas divididos

La senadora Jeanne Shaheen, una de las ocho demócratas que se apartó de las órdenes del partido, dijo que el Senado “dio un gran paso adelante para proteger la asistencia sanitaria de decenas de millones de estadounidenses”.

Según Shaheen, este acuerdo permitirá a los demócratas convocar una votación en el Congreso sobre las ayudas a la salud.

La decisión ha enfurecido a buena parte del Partido Demócrata.

“Patético”, escribió el gobernador de California, Gavin Newsom, en X, en respuesta al acuerdo anunciado. 

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el acuerdo “no aborda la crisis sanitaria”. “Esta lucha continuará y debe continuar”, prometió.

Algunos legisladores criticaron al propio Schumer por no haber logrado mantener la cohesión en sus filas.

Por: AFP

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El 24 de agosto es el día pautado en el que la flota de autobuses y metros de Septa circularán con menos frecuencia. Habrá 32 rutas de autobús menos, escribió la agencia de transporte en su cuenta X.

Otra medida que implementará Septa será el aumento a $2.90 en las tarifas base del transporte público a partir de 1 de septiembre. Los recortes al servicio del tren regional comenzarán el 2 de septiembre.

Los legisladores estatales aún están negociando un presupuesto para Pennsylvania y la financiación para Septa sigue sobre la mesa. “Si se aprueba dicha financiación, trabajaremos lo más rápido posible para revertir los recortes, pero nos llevará tiempo hacerlo”, precisa el texto.

With no state funding commitment in place #SEPTA must move forward with 20% service reductions and a 21.5% fare increase. Ten days from now—on August 24— vehicles across our Bus and Metro network will run less frequently and with 32 fewer bus routes. On September 1 base transit… pic.twitter.com/dCZ9VDtlnW

— ISEPTAPHILLY (@SEPTAPHILLY) August 14, 2025

Los recortes son el primero de varios pasos que Septa tomará este año para cubrir un déficit presupuestario de $213 millones, a menos que se encuentre una solución legislativa.

Las medidas adicionales incluyen una segunda ola de recortes de servicio el 1 de enero de 2026, que incluye la eliminación de cinco líneas ferroviarias regionales, un toque de queda a las 9: 00 pm en todos los servicios ferroviarios y la eliminación de 18 rutas de autobús adicionales para lograr una reducción general del 45% en el servicio.

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“Entendemos que estas medidas causarán grandes dificultades a nuestros pasajeros, a la ciudad y a la región sureste en general. Estos recortes son un territorio nuevo para todos nosotros. Seguiremos luchando para restablecer el servicio y brindar la Septa que nuestros pasajeros, la ciudad y la región merecen. Aún hay tiempo para hacer oír su voz”, concluye el texto de Septa.

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