La organización sin fines de lucro Safehouse de Filadelfia, que se ha estado defendiendo contra el gobierno federal en los tribunales y en una corte distrital se discutió la posibilidad de que la casa de inyección funcionara bajo la jurisprudencia de la Ley Crackhouse, cuestión a la que el tribunal no encontró objeciones.

De acuerdo a lo reportado por algunos medios locales, el juez escribió en su sentencia que permitir el uso de algunas drogas como parte de un esfuerzo para combatir el uso de drogas no es suficiente. “El objetivo final de la operación propuesta de Safehouse es reducir el uso de drogas, no facilitarlo, y por lo tanto, [el estatuto] no prohíbe la conducta propuesta de Safehouse.”

Sobre el asunto la vindicta pública se mantiene invariable. El fiscal William McSwain señaló que el Departamento de Justicia “sigue comprometido con la prevención de la apertura de sitios de inyección de drogas ilegales”.

“La opinión de hoy es simplemente el primer paso en un proceso legal mucho más largo que se llevará a cabo”, dijo McSwain. “Este caso, obviamente, está lejos de haber terminado. Estamos deseando seguir litigando y confiamos en nuestra posición legal”.

Sobre el tema y competencia de la corte el juez Gerald McHugh fue tajante. En este trámite no era su deber determinar en este fallo si los sitios de inyección supervisados son soluciones o herramientas apropiadas para combatir la epidemia de opiáceos en Filadelfia, o en su vecindario de Kensington. Su trabajo, tal como lo solicitó el gobierno federal, tenía un alcance muy limitado: decidir si el llamado “estatuto del crackhouse“, escrito en 1986, se aplicaba a Safehouse.

La reacción de la representante legal de Safehouse fue comedida. La abogada Ilana Eisenstein dijo que no esperaba que el caso avanzara mucho más a nivel de la corte de distrito.

“De mi lectura de la opinión de la corte, no hay muchos hechos en disputa”, dijo Eisenstein.

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El fallo se redujo al propósito principal del sitio: ¿Safehouse tendría el propósito expreso de facilitar el uso de drogas? ¿O serviría ese uso de drogas como un medio para lograr un fin que en última instancia está destinado a ayudar a las personas que consumen drogas?

La consejera Eisenstein dijo que si la jueza no emite un fallo que permita a Safehouse abrir inmediatamente, mientras tanto su equipo solicitará un remedio preliminar para hacerlo mientras el caso continúa o una apelación avanza.

Aplausos de Kenney

El alcalde de la ciudad de Filadelfia Jim Kenney ovacionó la decisión del juez de distrito, Gerald McHugh. Kenney desde los albores del proyecto ha sido un panelista de este método terapéutico y lo ha defendido.

“Creo que los sitios de prevención de sobredosis pueden salvar vidas, reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, ayudar a conectar a las personas que sufren de trastornos por uso de sustancias con el tratamiento y otros servicios, y reducir la basura asociada con el uso de drogas al aire libre”, dijo en un comunicado.  “Hay desafíos que superar, y si la ciudad va a ser un modelo nacional en la reducción de daños, tenemos que hacerlo bien y en asociación con la comunidad”.

Kenney ha apoyado el sitio desde principios de 2018, pero también ha dado marcha atrás cuando los miembros de la junta directiva de Safehouse anunciaron que habían seleccionado un lugar donde planeaban abrir, sin notificar a la comunidad circundante.

No es pan comido

No solo Safehouse se enfrenta a una batalla legal donde la Fiscalía de Filadelfia no cederá, también está flanqueada por la comunidad de la Ciudad del Amor Fraterno, ciudadanos que no están para nada convencidos de permitir que en alguna de sus calles se instale una casa de “inyecciones controladas”.

A través de los medios se ha sabido que varios grupos en Kensington se han opuesto al sitio desde el principio, argumentando que incluso si el sitio salva vidas, sólo perpetuará el uso concentrado de drogas en su vecindario.

“Esperamos que la ciudad tenga un plan de seguridad pública para los residentes cuando abra sus puertas”, dijo Shannon Farrell, directora de la Asociación Cívica Harrowgate, que se ha opuesto a Safehouse en las reuniones comunitarias y en un informe amicus presentado ante el tribunal. “Espero que funcione, para todos nosotros.”

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Este proyecto que está en consideración de la corte es una idea de Safehouse, una corporación sin fines de lucro de Pensilvania que tiene por misión salvar vidas proporcionando una gama de servicios de prevención de sobredosis.

Autorizar un sitio de inyección de opiáceos supervisada no es solo un dilema tribunalicio del segundo estado de la Unión, debido a que casos similares se están actualmente ventilando en ciudades como Seattle, Nueva York, San Francisco y Somerville, Massachusetts.

Quienes respaldan los sitios de inyección controlada tienen la esperanza de crear un centro de experimentación más cercano a la gente, con miras a que un ambiente de confianza y desprejuiciado los ayude a sacar a muchos opiómanos de su adicción.

Por el contrario quienes detractan el proyecto estiman que “los sitios de inyección” solo ayudarían a crear un “establishment” al uso de ese tipo particular de “droga dura”, causante de una epidemia que anualmente cobra la vida de miles de estadounidenses.

La mirada de Safehouse 

De abrir puertas el proyecto en Filadelfia, la organización sin fines de lucro Safehouse ayudaría a las personas que luchan contra la adicción. Podrían llevar drogas a la clínica, usarlas en una bahía dividida y recibir ayuda médica en caso de sobredosis.

Safehouse proporcionaría a los usuarios de drogas agujas y torniquetes limpios y les permitiría usar sus propias drogas en presencia del personal médico. Los partidarios del sitio de la inyección creen que también proporcionará un lugar de confianza para que se les ofrezca tratamiento.

Hasta ahora el proyecto tiene una mirada positiva en políticos como el alcalde Jim Kenney, al fiscal Larry Krasner y al ex gobernador Ed Rendell, todos demócratas.

José Benítez, quien dirige Safehouse en la Ciudad del Amor Fraterno, explica que el proyecto contempla presencia de personal médico especializado Habría personal médico que observaría una reacción de sobredosis si se produjera una y luego proporcionaría atención de emergencia.

Safehouse asegura que la creación de estas zonas seguras provocarán una atmósfera real para que los adictos sientan interés en los beneficios de un tratamiento de reversión a las drogas.

Un plan sin soporte 

Para el fiscal el fiscal general del distrito este de Pensilvania, William M. McSwain, el proyecto de la organización Safehouse no es más que una trama seudocientífica que invitaría a la invita a la gente a usar drogas en propiedades sancionadas por el gobierno.

Al decidir si los sitios de inyección son una buena idea, las intercesoras deben responder las siguientes preguntas:

¿Dónde está la evidencia científica de que los sitios de inyección llevan a las personas al tratamiento?

¿Cómo es posible que esto no conduzca a la normalización del consumo grave de drogas?

Dado que los usuarios serán anónimos, ¿cómo se puede evitar que los menores consuman drogas en los sitios de inyección? Si los menores sospechosos no muestran prueba de su edad cuando se les pregunta, ¿aún así se les permitirá inyectarse?

Ese es el dilema que deberá zanjar el Juez de Distrito Gerald McHugh Jr. frente a la propuesta de las casas de inyección.

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 This project being considered by the court is an idea from Safehouse, a Pennsylvania non-profit corporation whose mission is to save lives by providing services to prevent overdose.

Authorizing a supervised opiate injection site is not just a Philadelphia court dilemma, because similar cases are currently being considered in cities like Seattle, New York, San Francisco and Somerville, Massachusetts.

Supporters of controlled injection sites hope to create a center of experimentation closer to people, with a view to an environment of trust and unprejudiced help bring many opium addicts out of their addiction.

On the contrary, those who detract from the project believe that “injection sites” would only help to create an establishment for the use of this particular type of “hard drug”, the cause of an epidemic that annually kills thousands of Americans.

Safehouse´s viewpoint

If the project is applied in Philadelphia, the non-profit Safehouse would help people fighting addiction. They could bring drugs to the clinic, use them in a partitioned bay and receive medical help in case of overdose.

Safehouse would provide drug users with clean needles and ties and let them use their own drugs in the presence of medical staff. Injection site supporters believe that it will also provide a trusted place for them to be offered treatment.

So far the plan has a high political support including Mayor Jim Kenney, District Attorney Larry Krasner and former Governor Ed Rendell, all Democrats.

José Benítez, who runs Safehouse in the City of Brotherhood Love, explains that the project involves the presence of trained medical staff. There would be medical personnel who would observe an overdose reaction if one occurred and then provide emergency care.

Safehouse ensures that the creation of these safe zones will create a real atmosphere for addicts to be interested in the benefits of drug reversion treatment.

A plan without support

According to the Attorney for the Eastern District of Pennsylvania William M. McSwain, the Safehouse project is nothing more than a pseudo-scientific scheme that would invite people to use drugs on property sanctioned by the government.

In deciding whether injection sites are a good idea, advocates should answer the following questions:

Where is the scientific evidence that injection sites lead people to treatment?

How will this not lead to the normalization of serious drug use?

Since users will be anonymous, how do you prevent minors from using drugs in injection sites? If suspected minors do not show proof of age when asked, will they still be allowed to shoot up?

That is the dilemma that District Judge Gerald McHugh Jr. must resolve with the proposed drug injection site.

Translated by: José Espinoza

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