Los legisladores María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart apoyaron el proyecto, rompiendo la línea mayoritaria de su partido. Los tres representan distritos con una significativa población haitiana y buscan la reelección en noviembre próximo.

La medida fue aprobada con 224 votos a favor y 204 en contra, con el respaldo de todos los demócratas y diez republicanos. El proyecto establece que el Departamento de Seguridad Nacional debe designar a Haití para el TPS, lo que permitiría a hasta 350.000 haitianos evitar la deportación y obtener permisos de trabajo en el país.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta ahora un camino incierto en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Además, requerirá la firma del presidente Donald Trump, quien ha impulsado previamente la eliminación de este programa.

El debate ocurre en medio de tensiones legales, luego de que la Administración intentara cancelar el TPS para haitianos el año pasado. Esa decisión fue bloqueada por un juez federal y posteriormente suspendida de forma indefinida mientras el caso espera revisión por la Corte Suprema.

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El TPS es un mecanismo que permite a ciudadanos de países afectados por crisis permanecer temporalmente en Estados Unidos bajo protección legal.

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La actual parálisis presupuestaria parcial obligó a miles de agentes de seguridad de las terminales aéreas a trabajar sin cobrar desde mediados de febrero.

Las imágenes de filas de espera de varias horas para pasar los controles de seguridad llevan días ocupando las portadas de los medios estadounidenses.

El acuerdo entre los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado restablecería la financiación de la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y dejaría en un proyecto aparte el gasto relacionado con la policía migratoria, que ha generado más conflicto.

Se trata de un giro radical para los legisladores republicanos de la Cámara, que hace unos días rechazaron una propuesta similar apoyada por el Senado, pero que reactivaron bajo presión del presidente Donald Trump.

Con el acuerdo, el DHS quedaría financiado hasta el final del año fiscal, mientras que las agencias que aplican la política antinmigración —en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— dependerían de fondos aprobados el año pasado.

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“Al adoptar este enfoque doble, el Congreso republicano reabrirá completamente el departamento” y “se asegurará de que todos los funcionarios federales cobren su salario”, celebraron en un comunicado conjunto el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría en el Senado, John Thune.

El compromiso podría abrir la vía a una votación el jueves.

Los demócratas se han opuesto a la financiación del DHS y de la policía migratoria tras la muerte en enero de Renee Good y Alex Pretti, dos estadounidenses asesinados por agentes federales en Minneapolis.

Los incidentes desataron protestas en todo el país y suscitaron preocupación por el uso de la fuerza.

Los demócratas se negaban a respaldar la financiación de las agencias de control migratorio sin nuevos límites a sus operaciones, incluidos requisitos de órdenes judiciales y restricciones al uso de mascarillas o pasamontañas por parte de los agentes.

Esas exigencias no se incluyeron en el acuerdo final.

Por: AFP

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“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para intentar arrebatarnos nuestra capacidad para luchar y defender a los Estados Unidos de América”, declaró Trump en su red Truth Social.

“En cualquier caso, y pese a su ‘estupidez’, la Ley de Poderes de Guerra es inconstitucional” sostuvo Trump, en alusión a la resolución aprobada poco antes en el Senado.

La resolución solo representa un paso más para la votación decisiva, la semana que viene.

Este proyecto de ley para limitar, en el caso particular de Venezuela, los poderes de declarar la guerra y emprender acciones militares, tiene escasas probabilidades de convertirse en realidad.

Aunque la Cámara de Representantes (cámara baja) aprobara el proyecto, Trump podría vetarlo. Y para superar el veto presidencial ambas cámaras deberían mostrar mayorías muy superiores.

Los senadores “Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo” exigió Trump.

“Esta votación obstaculiza gravemente la autodefensa de Estados Unidos y la seguridad nacional, y limita la autoridad del Presidente como Comandante en Jefe” clamó.

El debate constitucional arrancó con los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, y se agudizó con la operación militar, que incluyó bombardeos, para capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores.

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Especialistas críticos con los poderes de guerra que invoca el presidente Trump consideran que ese tipo de medidas solo las puede aprobar el Congreso.

La Constitución da al poder legislativo la prerrogativa de declarar la guerra, salvo en caso de urgencia evidente.

Los favorables al gobierno Trump consideran que son acciones letales pero de aplicación de las leyes antinarcóticos, que además se refuerza con la calificación de “terroristas” que han recibido los cárteles de la droga.

Según estos, en el caso de Maduro, su captura sería legal porque no era el jefe de Estado reconocido por Estados Unidos, y además era considerado responsable de la entrada en el país de toneladas de cocaína.

Por: AFP

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La congelación de fondos durante 43 días paralizó a Washington, mientras los republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas opositores se enfrascaban en acusaciones mutuas.

¿Quiénes se beneficiaron y quiénes se perjudicaron?

Demócratas: magullados pero apostando por el mañana

Sí, los demócratas cedieron. Pero podrían terminar ganando la narrativa.

Con Trump en el poder, la mayoría de los demócratas sabía que nunca iban a conseguir prorrogar los subsidios de salud de la época de la pandemia, que hicieron que el seguro médico fuera asequible para millones de estadounidenses.

Pero lograron poner el foco en un tema que enciende a su base y que pretenden colocar en el centro de las elecciones legislativas del año que viene.

“Esto hará que los republicanos se apresuren a presentar una política de atención médica propia, algo que no han hecho en 15 años”, sostiene el analista político Donald Nieman, de la Universidad de Binghamton, en el estado de Nueva York.

Republicanos: victoria política, derrota de relaciones públicas

A corto plazo, los republicanos pueden decir que ganaron: evitaron la extensión de los subsidios a la atención médica y sembraron división entre los demócratas.

Mientras deberían estar celebrando los buenos resultados que obtuvieron en recientes elecciones regionales, los demócratas están enfrentándose entre sí y la base progresista reclama a los líderes por haber cedido.

Por eso es de esperarse “que varios demócratas sean desafiados en las primarias por miembros más progresistas del partido”, apunta Matthew N. Klink, experto en comunicación política.

Pero el saldo general puede ser un poco más complejo. Las encuestas de opinión pública muestran que los republicanos fueron más responsabilizados por la parálisis presupuestaria que los demócratas.

“Dentro de un año, nadie votará recordando este cierre. Pero sí votará pensando en la asequibilidad”, dijo el estratega político Andrew Koneschusky.

“El cierre ayudó a cambiar la narrativa, creando un riesgo político real para los republicanos y dando a los demócratas ímpetu en el tema central” que mueve la política estadounidense en la actualidad, agregó.

Trump: el arte de no inmutarse

El presidente estadounidense salió de la pelea como alguien que no se inmuta: dejó que el Congreso asumiera la batalla mientras proyectaba fortaleza ante su base y cuando todo terminó se burló del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Schumer “pensó que podía quebrar a los republicanos y los republicanos lo quebraron a él”, dijo Trump a Fox News.

Por ahora, Trump se jacta de su triunfo. Pero no tener un plan de atención médica propio podría jugarle en contra en 2026.

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Y aunque inicialmente parecía ileso, su aprobación llegó al punto más bajo de su segundo mandato. En las últimas dos semanas cayó más de cinco puntos, hasta el 41,8%, según Decision Desk HQ (DDHQ).

Los ciudadanos: hartos del circo

Los empleados federales no recibieron sus cheques de pago, muchos servicios públicos se detuvieron y los votantes recibieron otro recordatorio de la disfunción de Washington.

Los estadounidenses odian los cierres del gobierno, y lo peor es que podrían tener que pasar por todo esto nuevamente en unas pocas semanas.

El Congreso solo se dio hasta el 30 de enero para llegar a un acuerdo sobre la financiación de la mayor parte del gobierno, con lo cual pronto podría haber otro “shutdown”.

“Entonces, ¿quién ganó? Nadie”, afirmó el medio de comunicación del Congreso Punchbowl News, en un análisis sobre los costos y beneficios del enfrentamiento.

“Este cierre récord fue malo para el país, malo para la economía y especialmente malo para el Congreso como institución”, señaló.

Por: AFP

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Es el primer cierre o “shutdown” desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi siete años, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales.

Trump culpó a los demócratas por el estancamiento y amenazó con castigar al partido y sus votantes con la interrupción de prioridades de la agenda progresista y recortes masivos en el sector público.

La Casa Blanca publicó en su cuenta en X un mensaje en el que afirmó que “los demócratas cerraron los servicios del Estado”, con un reloj que cuenta la duración del “shutdown”.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (…) como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, dijo Trump el martes a periodistas en la Oficina Oval.

La amenaza de Trump de nuevos recortes de empleos se suma a la ansiedad en el personal federal causada por los despidos iniciados a gran escala del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) del exasesor presidencial Elon Musk.

En el portal de la NASA, un mensaje indica que la agencia federal “está actualmente cerrada a raíz de una interrupción del financiamiento gubernamental”.

Varias embajadas estadounidenses anunciaron en X que no actualizarán informaciones salvo en lo concerniente a anuncios urgentes de seguridad.

Republicanos y demócratas se culpan mutuamente de ser responsable de la situación.

Los dos principales electos demócratas en el Congreso, el jefe de la minoría en el Senado Chuck Schumer y su homólogo en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, afirmaron en un comunicado conjunto que “Donald Trump y los republicanos cerraron los servicios del Estado porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.

“Los demócratas están dispuestos a encontrar un camino bipartidario para reabrir los servicios del Estado de una forma que reduzca los costos (de salud) y responda a la crisis generada por los republicanos”, escribieron.

“Cierre ordenado”

Los republicanos habían propuesto extender el financiamiento actual hasta finales de noviembre, mientras se negociaba un plan de gasto a más largo plazo.

Pero los demócratas querían restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos.

Pese a la mayoría republicana en el Senado, el partido de Trump no controla todos los votos necesarios para aprobar leyes presupuestarias. Estas requieren 60 votos, siete más de los que tienen los republicanos.

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Tras el fracaso de una última votación el martes por la noche en el Senado, el director de la Oficina de Presupuesto en la Casa Blanca, Russell Vought, ordenó en una carta a las administraciones federales “poner en marcha sus planes para un cierre ordenado”.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750.000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

El tráfico aéreo podría verse afectado, mientras que el pago de algunas ayudas sociales quedaría fuertemente perturbado.

Los parques nacionales quedarán privados de sus guardaparques, en un periodo del año en que millones de turistas viajan por Estados Unidos para disfrutar el espectáculo del cambio de colores de las hojas de los árboles por la llegada del otoño boreal.

Costo en el PIB

Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0,2 puntos porcentuales.

El último cierre, ocurrido de diciembre de 2018 hasta finales de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11.000 millones de dólares.

Estas parálisis por falta de presupuesto son muy impopulares en Estados Unidos, y tanto demócratas como republicanos intentan evitarlas, a veces hasta último momento.

Más aún cuando las elecciones legislativas de mitad de mandato, en noviembre de 2026, está en juego la mayoría en el Congreso.

No está claro cuánto tiempo durará este cierre. El gobierno federal se ha cerrado 21 veces desde 1976, cuando el Congreso promulgó el proceso presupuestario moderno.

Por: AFP

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“Probablemente tendremos un cierre”, dijo Trump a los reporteros en el Despacho Oval, solo unas horas antes de que venza el plazo para un acuerdo a medianoche.

“Ellos van a cerrarlo, no nosotros. No queremos cerrar porque estamos viviendo el mejor periodo que se conoce”, agregó.

Si antes de la medianoche de este martes el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, Estados Unidos se enfrentará a un cierre administrativo del gobierno, conocido como “shutdown”, que provocará la paralización de la mayoría de los servicios federales.

Cientos de miles de empleados públicos quedarán temporalmente sin sueldo y se interrumpirá el pago de muchas prestaciones sociales.

“Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos (…) como despedir a una gran cantidad de personas, o cortar cosas que a ellos les gustan”, dijo Trump, en alusión a los demócratas.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), 750.000 funcionarios federales podrían encontrarse esta vez en situación de desempleo parcial, con una pérdida de ingresos equivalente a 400 millones de dólares.

El último cierre, ocurrido de fines de diciembre de 2018 hasta fines de enero de 2019, durante el primer mandato de Trump, duró 35 días. En ese momento, la CBO estimó que había reducido el Producto Interno Bruto (PIB) en 11.000 millones de dólares.

Estas parálisis por falta de presupuesto son muy impopulares en Estados Unidos, y tanto demócratas como republicanos intentan evitarlas, a veces hasta último momento.

Más aún con la perspectiva de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre de 2026, en las que se pondrá en juego la mayoría presidencial en el Congreso.

Dos posiciones

Por ahora, republicanos y demócratas se mantienen firmes en sus posiciones.

Por un lado, los republicanos proponen una prórroga del presupuesto actual hasta fines de noviembre.

Los demócratas, por el otro, quieren recuperar cientos de miles de millones de dólares en gastos para la salud pública, en particular en el programa de seguro médico para la clase baja, que el gobierno de Trump tiene previsto suprimir con su “gran y hermosa ley” presupuestaria aprobada en julio.

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Aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, el reglamento del Senado establece que un texto presupuestario debe ser aprobado por 60 votos de 100, lo que requiere siete votos demócratas.

El lunes Trump recibió en la Casa Blanca a los principales líderes republicanos y demócratas del Congreso, una reunión que no hizo más que confirmar el estancamiento de las negociaciones.

“Tenemos la voluntad y la capacidad de encontrar un acuerdo bipartidista para financiar el Estado de una manera que responda realmente a las necesidades del pueblo estadounidense en materia de salud, seguridad y prosperidad económica”, afirmó el martes el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Diputados, Hakeem Jeffries.

“Pero (…) no apoyaremos un proyecto de ley republicano partidista que siga desmantelando el sistema sanitario estadounidense, ni ahora ni nunca”, añadió ante el Congreso.

En marzo, con la amenaza de un cierre ya latente, los republicanos se negaron a dialogar con los demócratas sobre recortes presupuestarios masivos y el despido de miles de empleados federales.

En esa ocasión, 10 senadores demócratas, entre ellos Chuck Schumer, votaron a regañadientes por esa medida republicana de emergencia para evitar un cierre.

Pero su decisión enfureció a la base del partido, que pide a los líderes demócratas que enfrenten a Trump.

Esta vez, el líder de la minoría demócrata en el Senado parece decidido a enfrentarse al presidente republicano.

Según los cálculos de los analistas de la compañía de seguros Nationwide, cada semana de cierre podría reducir el crecimiento del PIB de Estados Unidos en 0,2 puntos porcentuales.

“El gobierno de Trump podría aprovechar para reducir aún más las subvenciones y los ejecutivos federales, señalan, lo que supondría un cambio significativo con respecto a los ‘shutdowns’ anteriores, en los que los empleados despedidos eran recontratados tan pronto como se restablecía la situación.

Por: AFP

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Schlossberg celebró a través de un comunicado que Pennsylvania por fin tenga un plan que funciona para todos. “Por fin pone fin a la prohibición inútil e ineficaz y da inicio al proceso de construir un futuro mejor para todos los habitantes del estado”.

El demócrata por Lehigh precisó que, durante demasiado tiempo, la prohibición del cannabis ha desperdiciado los limitados recursos financieros de Pennsylvania, mientras que “los estados que nos rodean, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, New York y Ohio, han encontrado formas de legalizar el uso para adultos”.

Para Schlossberg este es el comienzo del proceso, no el final. “Aún nos queda camino por recorrer para que el cannabis sea completamente legal en Pennsylvania, y esta política no solucionará todos los problemas asociados con su consumo, al igual que levantar la prohibición del alcohol no solucionó los problemas relacionados con el alcohol”.

Prohibition is a failed policy for cannabis. It’s time to end that policy, protect our communities, and invest in Pennsylvania’s future.https://t.co/1TVMQFA6FN

— Mike Schlossberg (@RepSchlossberg) May 8, 2025

La Ley de Salud y Seguridad del Cannabis legaliza el uso de cannabis para adultos, establece protecciones para las comunidades de Pennsylvania y realiza inversiones estratégicas mediante:

• Limitar las ventas a mayores de 21 años y prohibir los envases dirigidos a niños.
• Crear empleos que paguen buenos salarios con fuertes protecciones para los trabajadores.
• Empoderando a las empresas locales.
• Proteger la salud pública mediante el establecimiento de estándares de potencia.
• Detener la proliferación de tiendas de vapeo problemáticas, responsables de vender productos no regulados a menores y de acumular quejas por molestias.
• Genera $600 millones en ingresos.
• Reinvertir en las comunidades a través de vivienda, cuidado infantil, tratamiento por uso de sustancias, capacitación laboral y servicios legales.

Los demócratas votaron por unanimidad para hacer avanzar el Proyecto de Ley 1200 al Senado de Pennsylvania para su consideración, frente a la oposición unificada de los republicanos.

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Los republicanos expresaron su preocupación por el aumento del consumo de marihuana, la posible aparición de problemas de salud y la creación de problemas de seguridad en el lugar de trabajo.

Actualmente, 24 estados permiten la marihuana recreativa y otros 14 la permiten solo con fines medicinales. Pennsylvania legalizó la marihuana medicinal en 2016 para pacientes con ciertas afecciones que cumplen los requisitos y con la aprobación de un médico.

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Además, el comité judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, considera aumentar el costo o crear nuevas tarifas para los migrantes.

Alrededor de 54.000 extranjeros recibieron asilo en Estados Unidos en 2023, según las últimas cifras de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional.

Los principales países de origen fueron Afganistán (donde 1.000 dólares equivalen al salario de dos años y medio) y Venezuela, donde se necesitarían aproximadamente tres meses para ganar esa cantidad.

“El presidente Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes están determinados a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado”, declaró el comité en un comunicado junto con la publicación del texto.

Los republicanos intentan incluir la migración en un proyecto de ley para sufragar varias medidas de la agenda de Trump, como los recortes fiscales, las restricciones a la migración y el aumento en la producción energética.

Parte del texto otorga a Trump más poderes para cobrar precios  exorbitantes a los solicitantes de asilo y otros migrantes como condición para permanecer en Estados Unidos.

El proyecto de ley establece una cifra mínima de 1.000 dólares, lo que sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que se cobra a los refugiados por solicitar asilo.

También establece una tarifa de 1.000 dólares para las personas con permisos temporales, 550 dólares cada seis meses para los permisos de trabajo y 1.500 dólares para solicitar el ajuste de estatus con el fin de obtener la famosa tarjeta verde ante un juez de inmigración.

Los republicanos quieren asimismo cobrar 8.500 dólares a cualquiera que quiera ejercer de patrocinador de un menor para liberarlo de la custodia federal. De ellos devolverían 5.000 dólares años después si el menor no es deportado por no comparecer ante un tribunal.

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“Ese es un precio que detendría a casi todos los patrocinadores”, publicó en redes sociales Aaron Reichlin-Melnick, la oenegé American Immigration Council.

El proyecto también propone financiar a 10.000 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e investigadores criminales del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Por: AFP

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Para registrarse para votar en Philadelphia, los residentes deben:

• Ser ciudadano de Estados Unidos durante, como mínimo, un mes antes de la próxima elección.
• Ser residente de Philadelphia y de su distrito electoral durante, como mínimo, 30 días antes de la próxima elección.
• Ser mayor de 18 años en la fecha de la próxima elección.

Los ciudadanos elegibles deben presentar una solicitud de registro electoral para registrarse. La Oficina de Comisionados de la Ciudad recibirá las solicitudes hasta 15 días antes de la próxima elección.

¿Registrarse en persona o en línea?

Registrarse para votar en persona

• Oficina de Registro Electoral, ubicada en 520 N Columbus Blvd, 5th Floor Philadelphia, PA 19123. Ingresar por la entrada de Spring Garden St.  Teléfono: (215) 686-1590

• Junta Electoral del Condado de Philadelphia, ubicada en el Ayuntamiento, Sala 142 1400 JFK Blvd Philadelphia, PA 19107. Ingresar por los portales este o sur. Teléfono: (215) 686-3469

También hay solicitudes de registro electoral disponibles en:

• Oficinas postales de EE. UU.
• Bibliotecas públicas de Philadelphia
• En un centro de licencia con fotografía de PennDOT al obtener o renovar su licencia de conducir.

Registrarse para votar en línea

Los interesados deben descargar una solicitud y enviarla por correo postal a: Oficina de Registro Electoral, ubicado en 520 N Columbus Blvd, 5° piso Philadelphia, PA 19123

Estas solicitudes están disponibles en inglés, español, chino, árabe, bengalí, francés, gujarati, haitiano, hindi, japonés, jemer, coreano, portugués, ruso, tagalo, vietnamita.

¿Qué se elegirá en las elecciones primarias del 20 de mayo?

El 20 de mayo, los electores de Philadelphia emitirán su voto en las Elecciones Primarias para nominar candidatos de los partidos Demócrata y Republicano para los siguientes cargos:

• Juez del Tribunal Superior
• Juez del Tribunal Commonwealth
• Juez del Tribunal de Primeras Instancias
• Juez del Tribunal Municipal
• Fiscal de Distrito
• Contralor de la Ciudad

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En Mississippi, el representante republicano Justin Keen, presentó la propuesta en el comité legislativo, pero fue frenada. Sin embargo, sigue su proceso y se debate en la asamblea.

Mientras que, en Missouri, el senador republicano David Gregory presentó el proyecto de ley SB72 a finales del año pasado e insistió nuevamente en una sesión legislativa celebrada a finales de enero.

Según El País, la propuesta precisa que, si un extranjero ilegal es arrestado y encarcelado bajo esta sección como resultado de un informe al sistema de información, “la persona que realizó el informe será elegible para recibir una recompensa de mil dólares por proporcionar dicho informe”.

El planteamiento agrega que, si la pista resulta cierta, “la persona arrestada sería acusada de invasión ilegal por parte de un extranjero ilegal y sujeta a perpetua sin libertad condicional si las autoridades federales de inmigración no se encargan de su custodia y deportación”.

En el caso de Mississippi, el proyecto de ley era similar, y contemplaba una recompensa de 1.000 dólares para los denunciantes que facilitaran la detención de los indocumentados.

En Mississippi se registraron algunas de las mayores redadas en lugares de trabajo durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

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En agosto de 2019, agentes de ICE irrumpieron en plantas procesadoras de pollo y arrestaron a casi 700 personas. Tal y como señala un informe del Centro Nacional de Justicia para Migrantes, las redadas de ese año fueron emblemáticas.

El Migration Policy Institute (MPI) señala que entre 2019 y 2023, la población de migrantes no autorizados creció tres millones, o un promedio del 6% anual, registrando así aumentos anuales nunca antes visto.

Otra propuesta contra los inmigrantes

Las propuestas de los representantes de Mississippi y Missouri no son las únicas de este tipo. La senadora republicana Jill Carter, defendió otro proyecto de ley que crea nuevos delitos basados ​​en el estatus migratorio.

Este proyecto detallado que, por ser indocumentada, una persona podría ser acusada de ingreso inadecuado y ser castigada con una multa de hasta 10.000 dólares, además de ser expulsada a un puerto de entrada para su posterior deportación.

Con estos proyectos se evidencia que representantes republicanos van en consonancia con la ofensiva antiinmigrante ejecutada por el presidente Donald Trump.

Desde que consideró su segundo mandato no consecutivo el pasado 20 de enero, el presidente Trump cumple su promesa de frenar la migración ilegal con detenciones y deportaciones masivas, su segunda máxima prioridad y su gran bandera electoral.

Esta es considerada la mayor operación masiva de deportación en la historia del país, y es un hecho que mantiene en angustia y zozobra a la comunidad inmigrante, ya que, además, se permiten detenciones en lugares como iglesias o escuelas, puntos protegidos durante la era Biden.

Solo en el primer día completo bajo su mandato, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), detuvo a más de 300 inmigrantes considerados “graves criminales”. Esta cifra sigue en aumento.

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