Estas muertes, reportadas en rueda de prensa por la cancillería mexicana, han ocurrido en el marco de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis de los casos están relacionados con “complicaciones médicas” y cuatro más han sido catalogados como “suicidio”, dijo Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la cancillería.

Dos mexicanos más murieron durante redadas migratorias y uno falleció durante un tiroteo contra instalaciones de ICE, detalló Velasco.

“Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En total, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y ha recibido 12 respuestas.

La respuesta de Washington “es que va a haber investigación”, informó la mandataria, quien insistió en que las pesquisas deben arrojar certeza sobre las causas de los fallecimientos.

El caso más reciente es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue hallado muerto en un centro de detención en el estado de Florida. Tanto el ICE como el gobierno de México señalaron un sucidio como la presunta causa de muerte.

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El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

Por AFP

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La declaración fue realizada por Heather Honey, funcionaria designada por el presidente Donald Trump, durante una llamada organizada entre secretarios de Estado y representantes de varias agencias federales. Según múltiples fuentes presentes, Honey afirmó que no existen planes para llevar a cabo operativos migratorios en los lugares de votación.

La aclaración surge tras recientes operativos de control migratorio en ciudades como Minneapolis, que generaron inquietud entre autoridades estatales ante la posibilidad de que acciones similares pudieran intimidar a votantes. En un comunicado posterior, el DHS reiteró que ICE “no está planeando operaciones dirigidas a los lugares de votación”, aunque precisó que podría actuar si surgiera una amenaza activa a la seguridad pública.

Durante la reunión, también participaron funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Asistencia Electoral. El encuentro forma parte de las coordinaciones habituales de seguridad electoral que se realizan desde 2016.

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No obstante, algunos funcionarios demócratas expresaron reservas, especialmente por los vínculos previos de Honey con sectores que cuestionaron los resultados de 2020. La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, pidió una declaración pública que reafirmara la soberanía estatal en la administración electoral, solicitud que no obtuvo respuesta directa.

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Grupos como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) presentaron un sitio web informativo dirigido a los fanáticos que planean asistir a los partidos que se disputarán en Miami, una de las sedes del torneo. En la ciudad están programados siete encuentros del campeonato, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Según los activistas, los visitantes podrían enfrentar “riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos”.

“Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales”, afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. La activista cuestionó si vale la pena asumir esos riesgos únicamente para asistir a un evento deportivo de gran escala. Las declaraciones se dieron en el contexto de una conferencia frente a la sede de la FIFA en Miami, donde se prevé la participación de selecciones como Colombia, Uruguay y Brasil.

El Mundial de Fútbol 2026, que será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, implicará una movilidad migratoria sin precedentes en América del Norte. Se espera la llegada de millones de aficionados internacionales, muchos de ellos provenientes de América Latina, lo que incrementará el flujo de viajeros temporales, turistas con visas de corta duración y migrantes que se desplazan entre los países sede. En este escenario, organizaciones civiles advierten que los controles migratorios podrían intensificarse, especialmente en estados con políticas más restrictivas.

Mejor mantenerse alejados

Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos del torneo, lo que lo convierte en el principal anfitrión. Ante ello, los grupos defensores de migrantes recomendaron a los aficionados latinoamericanos considerar asistir a partidos en México o Canadá, donde, aseguran, existen menores riesgos de interacción con autoridades migratorias. Las críticas se han visto reforzadas por declaraciones recientes del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien sugirió a los aficionados mantenerse alejados de Estados Unidos.

Los activistas también denunciaron casos concretos para ilustrar sus preocupaciones. Entre ellos, mencionaron la detención de dos hermanos mexicanos en Florida el año pasado, uno de ellos casado con una ciudadana estadounidense y el otro con visa de turista, quienes fueron enviados a un centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en una zona natural al oeste de Miami. Asimismo, citaron el testimonio de un ciudadano alemán que denunció haber sido esposado junto a su prometida por agentes fronterizos al intentar ingresar a Estados Unidos desde México.

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Las organizaciones subrayaron que Florida ha firmado más del 80% de los acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que, según denuncian, convierte a policías locales en agentes migratorios. Aunque negaron estar promoviendo un boicot al Mundial, insistieron en que su objetivo es alertar y ofrecer información. “No buscamos generar pánico, sino dar un golpe de realidad”, señaló Dariel Gómez, organizador de la ACLU de Florida.

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De acuerdo con una publicación realizada por la ONG en sus redes sociales, entre 7 y 10 personas fueron detenidas durante el operativo. La organización solicita la colaboración de testigos que puedan compartir información, fotos o videos, con el fin de identificar a las personas afectadas y brindarles asistencia legal y comunitaria.

Cualquier información puede transmitirse por la línea de emergencia de Juntos: 814-205-3293

“Necesitamos saber quiénes fueron arrestados para poder apoyarlos y lograr su liberación”, señaló la organización.

Quién es Juntos y qué hace

Juntos es una ONG que defiende los derechos humanos de trabajadores, padres, jóvenes e inmigrantes. Su labor se centra en el desarrollo de liderazgo, organización comunitaria y alianzas con otras organizaciones para empoderar a las comunidades y luchar contra la opresión.

La organización sostiene que toda persona tiene derecho a vivir con dignidad y acceder a educación de calidad, sin importar su estatus migratorio.

ICE anuncia arrestos recientes en Pennsylvania

Mientras Juntos denunciaba la redada en Philadelphia, el ICE informó sobre múltiples arrestos en Pensilvania, incluyendo a Isaac Ozuna-Caraballo (26 años, venezolano), acusado de delitos graves de narcotráfico en el condado de Monroe.

También el de otros 24 inmigrantes detenidos en Bellefonte (19 de agosto); entre ellos un presunto miembro de la pandilla MS-13, Oscar Alexis Martínez-López, y Delfín Amaya-Peres, con condenas previas por agresión y resistencia al arresto.

Según Brian McShane, director de la Oficina de Campo de ERO en Philadelphia, “el ICE prioriciza la expulsión de extranjeros con antecedentes criminales, pero también está facultado para arrestar a cualquier persona que viole la ley de inmigración”.

Contexto y repercusiones

El operativo en Mifflin Square Park ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes del sur de Philadelphia donde organizaciones como Juntos temen que estas redadas intensifiquen el clima de miedo e inseguridad.

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Por su parte, el ICE mantiene su postura de que estas acciones buscan “defender la integridad del sistema migratorio” y garantizar la seguridad nacional.

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Entre los manifestantes se encontraba el senador estatal Nikil Saval, uno de los impulsores del proyecto de ley. Declaró a Why, que esta legislación es necesaria no sólo para mostrar quién está realizando arrestos, sino también para prevenir a los impostores.

Ante el aumento de los arrestos por parte del ICE, los senadores Saval y Amanda Cappelletti plantearon una legislación que crea estándares apropiados para los departamentos y agencias de aplicación de la ley que operan dentro de Commonwealth.

“La reciente práctica de que los agentes de ICE se cubran la cara y oculten sus identidades mientras desempeñan funciones oficiales plantea importantes preocupaciones. Este método no sólo ha erosionado la confianza pública, sino que también han aumentado las suplantaciones de las fuerzas del orden”, se detalla en el proyecto que plantearon los senadores.

Para los legisladores, la actual falta de protocolos claros de identificación visual socava la integridad de las operaciones legítimas de aplicación de la ley y disminuye la seguridad pública.

El proyecto de ley plantea disposiciones clave:

Identificación obligatoria

Los agentes del orden y agentes que actúen dentro del ámbito de sus funciones deberán llevar una identificación claramente visible que incluya:

• Una insignia con nombre, número de insignia y departamento o agencia
• Un departamento o agencia emitió uniforme

Prohibición de enmascarar

Los oficiales y agentes que actúen dentro del ámbito de sus funciones no podrán usar máscaras, coberturas faciales u otras prendas que oscurezcan su identidad.

Sanciones penales

Los agentes y efectivos que violen estas disposiciones estarán sujetos a sanciones penales.

Sanciones civiles

No identificar u ocultar la identidad puede ser motivo de una causa civil de acción.

Excepciones 

Se aplicarán excepciones apropiadas, tales como:

• Respiradores quirúrgicos o N95 diseñados para prevenir la transmisión de enfermedades en el aire
• Oficiales o agentes encubiertos que investigan conductas delictivas graves.

“Las medidas de seguridad pública deben evolucionar para abordar un panorama en constante cambio. La necesidad de transparencia en la aplicación de la ley nunca ha sido más urgente”, precisa el texto.

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Erika Guadalupe, directora ejecutiva de la organización latina Juntos, detalló al mismo medio que los agentes de ICE se ven en los vecindarios con el rostro cubierto, vestidos de civil y conduciendo autos sin identificación a plena luz del día.

A la concentración también se dieron cita líderes de la ciudad y miembros de la comunidad, quienes expresaron su respaldo tanto a la legislación como a la comunidad inmigrante, que vive con miedo y zozobra ante el endurecimiento de las medidas migratorias del gobierno nacional.

Los asistentes destacaron la importancia de proteger los derechos de los inmigrantes y de exigir mayor transparencia en los operativos de ICE.

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“Él es el pilar de la familia, (…) era el único que trabajaba”, dice esta mujer mexicana indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. “Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas”.

A los 39 años, Martha se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan por evitar terminar en las calles del condado de Los Angeles, una región con precios de vivienda prohibitivamente altos, que tiene el mayor número de personas sin hogar en Estados Unidos después de New York.

Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta 2.050 dólares al mes.

Para cubrir sus necesidades más urgentes, encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Le da como para mantenerse a flote, pero no para cubrir todas sus obligaciones.

“Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas”, enumera, señalando a sus hijas de seis y siete años, que necesitan útiles para el nuevo año escolar. “Son muchos gastos”.

“Tormenta”

¿Cuánto tiempo puede aguantar así, con apenas tres horas de sueño tras volver de la fábrica, antes de tener que cuidar de sus hijas? “No le puedo decir”, murmura con la mirada perdida.

Los Angeles, donde un tercio de la población es inmigrante, se ha visto desestabilizada por la intensificación, desde junio, de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar indocumentados.

Escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavaderos de coches y paradas de autobús.

Como resultado, más de 2.200 personas fueron arrestadas en junio, el 60% de las cuales no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE analizados por la AFP.

La ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump está afectando duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región, explica Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN.

“Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de las que permanecen libres”, resume esta estadounidense de 36 años. “La preocupación es que la gente termine en la calle”.

Su organización ayuda a más de 300 hogares con dificultades económicas cuyos ingresos se han desplomado, ya sea porque un miembro ha sido arrestado o porque tienen demasiado miedo de volver al trabajo.

El grupo ha destinado más de 30.000 dólares a ayudar a unas 20 familias a pagar el alquiler, pero cubrir las necesidades de todos es simplemente “insostenible”.

Ayuda financiera

Conscientes del problema, los líderes locales de los demócratas están intentando establecer alguna ayuda financiera para las familias afectadas.

El condado de Los Angeles planea crear un fondo específico, y la ciudad también lanzará el suyo propio, financiado con fondos filantrópicos, sin recurrir al dinero de los contribuyentes.

Así, algunas familias podrían beneficiarse de tarjetas con “unos pocos cientos” de dólares, aseguró la alcaldesa Karen Bass a mediados de julio.

Pero para González estas iniciativas están lejos de ser suficientes. Las cantidades mencionadas a menudo ni siquiera alcanzan el “10% del alquiler de una familia”, señala la activista.

La región debería establecer una “moratoria a los desalojos”, como se hizo durante la pandemia, argumenta.

De lo contrario, el número de personas sin hogar en Los Angeles, que hoy es de 72.000, corre el riesgo de volver a aumentar, tras dos años de ligero descenso.

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“Lo que estamos viviendo ahora mismo es una emergencia”, advierte.

Una moratoria tranquilizaría a María Martínez. El esposo indocumentado de esta mujer estadounidense de 59 años fue arrestado en un lavadero de autos a mediados de junio en Pomona, otro suburbio al este de Los Angeles.

Desde entonces, ha tenido que depender de la ayuda de sus hijos para pagar su alquiler de 1.800 dólares, que su subsidio por discapacidad de 1.000 dólares no alcanza a cubrir. “Es estresante”, dice. “Apenas sobrevivimos”.

Por: AFP

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El presidente Luis Abinader encabeza la cruzada contra la migración ilegal de haitianos: multiplicó las redadas y expulsiones, cerró la emisión de visas y reforzó la presencia militar en la frontera, donde además levantó un muro divisorio.

Y aunque muchos de los deportados regresan al país a los días por trochas, hay un clima de miedo.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que en julio expulsó a 31.462 migrantes hacia Haití, el país más pobre de la región y desde hace unos años azotado por la violencia de las pandillas.

“La DGM mantiene un promedio de más de 30.000 reconducciones mensuales, resultado de una política operativa que prioriza la cobertura nacional y la respuesta eficaz ante la migración irregular”, indicó en un comunicado.

El gobierno dominicano endureció en octubre pasado su política migratoria, con más redadas y la meta de 10.000 deportaciones semanales. La DGM informó hace unos días que entre octubre de 2024 y julio fueron deportados más de 300.000 haitianos.

“Recomendamos a los inmigrantes irregulares que están aquí en República Dominicana que salgan voluntariamente a su país”, dijo el director de la DGM, Luis Lee Ballester. “Van a aumentar las interdicciones”, advirtió en referencia las redadas, que abarcan incluso maternidades en la búsqueda de indocumentadas embarazadas o que recién dieron a luz.

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“Hay que cortar cualquier práctica que vaya en contra de los intereses nacionales”, añadió.

Sin embargo, sectores de la economía como el turismo, la agricultura y la construcción son golpeados por el incremento en las deportaciones. La mano de obra haitiana es más económica y dispuesta a hacer estos trabajos pesados.

Por: AFP

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Lisa Tate, agricultora de cuarta generación en Ventura, describe la situación como inédita. “Nunca vi una amenaza igual. Esta política solo va a desmantelar toda la economía del campo”, afirmó en entrevista con AFP. Su familia administra ocho haciendas de aguacate, cítricos y café. Según relata, las redadas migratorias han llegado hasta los campos, donde agentes irrumpen sin respetar propiedad privada. “No estamos acostumbrados a ver eso en la agricultura”, dijo.

Tate señala que no solo los jornaleros son afectados, sino toda la cadena alimenticia como camioneros, empacadores, vendedores y comerciantes. “Incluso yo, ciudadana estadounidense, me siento atacada. Todos tenemos miedo”.

El temor también se refleja en el silencio de otros agricultores, quienes declinaron hablar por miedo a represalias. Tate denuncia que su sector ha buscado durante años una solución permanente que no dependa exclusivamente de permisos temporales, pues gran parte de la mano de obra agrícola es inmigrante y sin documentos. Según datos del U.S. Department of Agriculture (USDA), el 42% de los trabajadores del campo carece de autorización legal.

El número de vacantes que califican al programa temporal de visas para el campo prácticamente se triplicó entre 2014 y 2024, según datos del Departamento del Trabajo, lo que da cuenta de la dependencia del sector en mano de obra extranjera para ocupar sus vacantes.

Los agricultores enfrentan una escasez crónica de mano de obra. Y pese a los incentivos, los estadounidenses no están dispuestos a realizar estos trabajos físicos bajo condiciones extremas. “Si sacan a los que realmente trabajan, el campo se paraliza. No solo perderíamos producción, sino que se dispararían los precios y dependeríamos de importaciones”, advirtió Tate.

Silvia, una trabajadora mexicana en Oxnard, ha visto a amigos ser detenidos. Ahora vive con temor de ser separada de sus dos hijas estadounidenses. “Estamos entre la espada y la pared. Si no vamos a trabajar, no comemos. Pero si salimos, podemos toparnos con los agentes”.

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Miguel, con tres décadas en el campo, trabaja en una de las haciendas de Tate. “Todos perdemos”, resume. “Nosotros el empleo, los agricultores la producción, y el país la comida”. Sin papeles, Miguel teme ser arrestado pese a haber trabajado incluso durante la pandemia. “Todo lo que se consume viene del campo. Que tomen conciencia y nos dejen trabajar con dignidad”.

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“Nuestras ventas cayeron 80%”, dijo a AFP Mendoza, a cargo del Cuernavaca’s Grill, un colorido restaurante mexicano del popular barrio comercial.

“Lo que nos salva es que tenemos mucho envío a domicilio, cerca de 20%”, refirió Mendoza, al explicar que en la zona muchos temen salir a la calle.

El distrito de la moda, en el corazón de Los Angeles, es un vibrante barrio con infinidad de tiendas de ropa y accesorios.

Pero con una predominante mano de obra latina se ha convertido también en blanco de la ofensiva anti-inmigración del gobierno de Trump, con redadas en fábricas y otros puntos comerciales de Los Angeles.

Ahora sus aceras están vacías, incluso en este comienzo de verano cuando los turistas abarrotan la ciudad californiana.

“Que se acostumbren”

La administración de Trump aumentó la presión sobre Los Angeles, declarada “santuario” de protección para inmigrantes por sus autoridades en oposición al mandatario republicano.

Con un tercio de la población de origen extranjero, y un estimado de cientos de miles de indocumentados, la embestida federal contra los inmigrantes enardeció a sus habitantes que salieron a protestar a las calles el mes pasado.

El gobierno de Trump, sin embargo, no parece dar marcha atrás.

“Mejor que se acostumbren a nosotros, porque muy pronto esto va a ser normal. Vamos a ir a todos lados, a la hora que queramos, en Los Angeles”, dijo el lunes a Fox News Gregory Bovino, de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

“El gobierno federal no va a salir de Los Angeles”, agregó.

Pero Nayomie Mendoza sostiene que las operaciones no sólo golpean a extranjeros o indocumentados, sino a industrias enteras en momentos en que los comerciantes intentan recuperarse de un comienzo de año difícil, tras los voraces incendios que sufrió la zona de Los Ángeles en enero.

Cerrar a las 3

Por la falta de comensales, Mendoza cierra sus puertas a las 3 de la tarde. Un contraste con el año pasado cuando trabajaba hasta la noche debido a la demanda.

“Esto es probablemente peor que la pandemia”, comentó.

Manuel Suárez, dueño de un puesto de venta de juguetes en una calle próxima al restaurante, coincide.

“Ahora es peor porque en la pandemia, aunque fue pandemia, había ventas”, afirmó Suárez, que ha trabajado durante 35 años en el popular distrito.

“Ahorita está completamente en crisis”, indicó, al explicar que muchos comerciantes decidieron cerrar sus tiendas por precaución, a medida que las redadas se intensifican en la ciudad.

Otros redujeron su número de empleados debido a la caída en las ventas.

“Al gato y el ratón”

Las redadas “sembraron el miedo en nuestra comunidad latina”, dijo Jose Yern, administrador de Anita’s Bridal Boutique, especializada en vestidos para quinceañeras.

“La gente tiene miedo de venir (al distrito), pero si vienen, van a una tienda específica, a hacer lo que tienen que hacer, y luego se regresan a casa”, agregó el comerciante, mientras un par de potenciales clientes caminaba entre los coloridos vestidos dispuestos en maniquíes.

El temor es palpable en las calles: cualquier sonido de sirena desata las alertas.

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Los comerciantes se comunican con walkie-talkies y notifican cualquier ruido, helicóptero o presencia uniformada en sus calles para poner sobre aviso a quienes no tienen documentos.

Algunos incluso observan desde los techos y dan la señal de alerta al grito de “la migra”.

“Es lamentable que el gobierno no entienda que cuando nos ataca, perdemos todos”, comentó un vendedor que no quiso dar su nombre.

“Pero no nos vamos. Aquí lo que va a pasar es que vamos a estar jugando al gato y al ratón. A ver quién se cansa primero”.

Por: AFP

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Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) irrumpieron el pasado jueves 10 de julio en los condados de Ventura y Santa Bárbara y arrestaron a varias personas, informaron la cancillería mexicana y medios estadounidenses.

“Estas redadas son muy injustas, pero además van a dañar mucho la economía de Estados Unidos”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

El operativo en Ventura se ejecutó en una granja, según imágenes televisivas que muestran a unas 30 personas bajo custodia de agentes migratorios. Medios estadounidenses reportaron que esa operación degeneró en disturbios.

Los migrantes latinoamericanos “fortalecen la economía de Estados Unidos” y “sin esa mano de obra lo que va a ocurrir es que los campos de California y otros estados no van a producir”, advirtió la mandataria mexicana.

Las autoridades consulares han recibido hasta el momento 25 llamadas telefónicas de mexicanos que buscan a familiares presuntamente detenidos en estas operaciones, que se han vuelto rutinarias durante el gobierno del presidente Donald Trump.

El personal consular también indaga en los centros de detención para establecer el número total de mexicanos capturados.

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Sheinbaum informó que desde el pasado 20 de enero, cuando Trump asumió el poder, han sido detenidos 355 mexicanos en redadas.

En ese período fueron deportados además 67.008 mexicanos, a los que se suman 6.525 migrantes de otras nacionalidades enviados también a territorio mexicano, detalló la presidenta.

Por: AFP

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