Lasso, de 65 años, se proclamó presidente electo tras el balotaje del domingo con Andrés Arauz, el delfín del correísmo, 29 años menor que él, y quien reconoció su derrota antes de que concluyera el escrutinio. El primero logra una ventaja de casi cinco puntos porcentuales (52,48% contra 47,52%) cuando resta por contar un 6% de la votación.

Aquí algunas claves y desafíos del triunfo del líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO) luego de sus derrotas en 2013 y 2017.

El anticorreísmo

Lasso venía de perder en la primera vuelta de 2021 con una diferencia de casi 13 puntos porcentuales frente a Arauz, hasta entonces un exconsejero económico desconocido para la mayoría.

Casi que se metió al balotaje por la ventana gracias a su mínima ventaja sobre el líder indígena y ambientalista Yaku Pérez, quien alegó el supuesto robo de sus votos.

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Pese al desgaste que le dejó esa pugna, logró aglutinar al anticorreísmo bajo las banderas de una derecha que estaba de capa caída incluso antes de la aparición del llamado socialismo del siglo XXI liderado por Correa.

“Ganó la candidatura que logró conectar con ese votante desencantado del correísmo y desencantado en general de la política”, señala Wendy Reyes, consultora política y catedrática de la Universidad de Washington.

El futuro presidente no contó con el apoyo unánime de los indígenas, que se dividieron entre el voto nulo y el respaldo al exmandatario izquierdista.

“Me parece que el voto más allá de Lasso es de hartazgo, es un voto de rechazo a lo que ha significado Correa (…) y esa dinámica de exacerbación de odio”, afirma Pablo Romero, analista de la Universidad Salesiana de Quito.

Durante los diez años que ejerció el poder (2007-2017), Correa modernizó Ecuador con los recursos de la bonanza petrolera pero a costa, según sus críticos, de un estilo autoritario que no dio tregua ni a los partidos tradicionales, ni a los ambientalistas que tildaba de infantiles, como tampoco a la prensa. Solía referirse a sus adversarios como corruptos.

“El discurso de confrontación y de venganza creo que motivó a votar por alguien que llamaba al diálogo y al consenso”, como Guillermo Lasso, opina Romero.

Juntos lo logramos, hoy ganó el Ecuador.

¡GRACIAS! 🇪🇨 pic.twitter.com/atEakuphRy

— Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 12, 2021

Apoyo condicionado y voto nulo

Lasso llega a gobernar a un país dividido y seriamente lastimado por la crisis sanitaria y económica que desencadenó la pandemia, que dejó más de 17.000 muertos en poco más de un año.

El exbanquero sucederá al impopular Lenín Moreno, quien se trenzó en una feroz disputa con Correa apenas alcanzó el poder con su apoyo en 2017.

Moreno derrotó a Lasso por estrecho margen en lo que parecía un triunfo que daba continuidad a la izquierda socialista. Pero ya en el gobierno, se alineó con otras fuerzas e incluso contó con el respaldo de Lasso para hundir mediante referendo la reelección presidencial indefinida que había promovido Correa.

En Ecuador “hay una crisis de gobernanza que se profundizó en el gobierno de Moreno; hay una crisis económica y hay una crisis sanitaria y esto implica retos muy grandes”, afirma Reyes.

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Lasso, coinciden analistas, no recibe precisamente una carta en blanco para los próximos cuatro años.

De entrada no gozará de mayoría en el Congreso y tendrá que negociar con Pachakutik, el partido indígena que quedó segundo en las legislativas celebradas en febrero por detrás de Unión por la Esperanza (Unes), el movimiento de Arauz. CREO, la fuerza de Guillermo Lasso, tendrá una representación mínima.

El voto nulo, que promovió Yaku Pérez, también cobró protagonismo. Esta opción pasó de representar el 9,55% en la primera vuelta a un 16% en el segundo turno.

“Lasso tiene que asumir bien esta alerta para hacer un gobierno que sea absolutamente inclusivo, que sea una negociación con varios sectores sociales y políticos, porque de lo contrario va a tener desde la Asamblea y en las calles un enemigo que va a estar rondándole”, dice Santiago Basabe, politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), una organización educativa internacional.

Por: AFP

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Correa fue condenado este 7 de abril a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que además pierde sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.

El juicio, que incluye a otros veinte acusados entre quienes figura el ex vicepresidente Jorge Glas, se desarrolló en tres salas de la mencionado Tribunal en Quito y otra adicional de la Corte provincial de la provincia de Guayas, informaron fuentes judiciales a medios locales.

Tras instalarse la vista del caso conocido como “Sobornos 2012-2016”, “la sala declaró su competencia e indicó que no existen nulidades que declarar y procede al análisis del proceso”.

La lectura de la resolución estuvo a cargo de los jueces nacionales Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez.

El ex presidente Correa (2007-2017) fue acusado por un delito de cohecho en la financiación del partido Alianza País, ante lo cual el tribunal dictaminó que sí intervino en una red de corrupción articulada bajo su Gobierno.

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El ex presidente que reside en Bélgica y es procesado judicialmente por varios casos, ha calificado “de payasada” el juicio y su defensa ha cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

La etapa de audiencias concluyó el pasado el 6 de marzo tras 13 días discontinuos de diligencias.

A partir de esa fecha los magistrados analizaron las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría, así como los argumentos de la defensa de los 21 acusados.

En las audiencias a inicios de marzo, la fiscal general Diana Salazar, acusó al ex mandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.

Además de la pena máxima de cárcel prescrita en la ley, Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica que ascendería a 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción.

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Esta orden de prisión fue dictada un día después de que la Fiscalía pidiese la vinculación del exmandatario por presuntamente haber liderado una estructura para recibir dinero por parte de la empresa Odebrecht y otras empresas de forma irregular para su movimiento político Alianza País.

La fiscal Diana Salazar investiga una trama denominada “Sobornos 2012-2016” en la que están presuntamente implicados otros cuatro altos excolaboradores del Ejecutivo de durante el mandato de Correa (2007-2017), a quienes también aplicó la misma medida cautelar.

La Fiscalía sospecha que la investigación aclara aspectos sobre por lo menos una docena de elementos de convicción que apuntan a la comisión de los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias en la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.

En el caso del expresidente, la juez Camacho consideró que la prisión preventiva es procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que Rafael Correa reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.

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La magistrada recordó que sobre Correa pesa una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso del intento de secuestro en Colombia, en 2012, del político opositor Fernando Balda, por lo que justificó la prisión preventiva al no poder asegurar otro medio para que se enfrente a la justicia.

Hasta la fecha el exmandatario ecuatoriano tiene más de una docena de expedientes judiciales abiertos y no ha sido condenado por ningún tribunal. Correa se niega a regresar a su país porque considera que es víctima de una persecución política encausada por su sucesor, Lenín Moreno, con quien está enemistado desde hace dos años.

La juez Camacho aplicó la misma medida cautelar al exvicepresidente Jorge Glas, quien fungió como segundo de Correa entre 2013 y 2017 y ese año fue elegido nuevamente en binomio con el actual mandatario Lenín Moreno.

Glas se encuentra en prisión desde hace casi dos años cumpliendo una condena de seis años por asociación ilícita en otro caso de la trama Odebrecht.

Otros vinculados en el caso “Sobornos 2012-2016” a quienes se aplicó prisión preventiva son el exsecretario del Agua, Walter Solís; el exsecretario de Administración, Vinicio Alvarado; y el antiguo asesor ministerial Yamil Massuh.

En la misma sesión la jueza conoció otros 17 presuntos implicados para los que la Fiscalía solicitó prohibición de salida del país, congelación de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes, entre otras medidas.

Las investigaciones comenzaron tras la publicación, a través de medios de comunicación digitales, de una presunta trama de corrupción denominada “Arroz Verde”. La información denunciaba el presunto financiamiento irregular del partido político AP liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.

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