El fallo derogó la decisión de un tribunal inferior de revocar la disposición, que es parte de un estatuto de inmigración más amplio, en un caso que involucraba a un hombre de California llamado Helaman Hansen que engañó a inmigrantes mediante un falso programa de “adopción de adultos”.

El tribunal de primera instancia había dictaminado que la ley era extremadamente amplia porque podía criminalizar el discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La medida prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a “venir, ingresar o residir” de forma ilegal en territorio estadounidense, inclusive con fines de lucro.

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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, desestimó la condena de Hansen de 2017 por violar la medida. El hombre también fue declarado culpable de fraude postal y electrónico y sentenciado a 20 años de prisión. Actualmente está fuera de prisión esperando su apelación.

Entre 2012 y 2016 Hansen ejecutó un programa en el que cobraba hasta 10.000 dólares por una supuesta vía segura hacia la ciudadanía de Estados Unidos. Les prometía que los inmigrantes indocumentados podrían convertirse en ciudadanos a través de un servicio de adopción de adultos y convenció a 471 personas para que participaran.

En el fallo que anuló la ley, el Noveno Circuito dictaminó que criminaliza incluso el discurso común, como decirles a los inmigrantes: “Los animo a residir en Estados Unidos”, o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles.

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La referida decisión se aplica en el grupo de estados sobre los que tiene jurisdicción, en los que están incluidos Arizona y California que limitan con México.

La Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, también falló en contra de la ley en un caso separado.

El Gobierno de Joe Biden argumentó que la ley no cubre ciertos escenarios hipotéticos relacionados, como alentar a inmigrantes ilegales en el país a permanecer en Estados Unidos o asesorarlos sobre los servicios sociales disponibles. La ley apunta solo a facilitar o solicitar conductas ilegales, no a la “defensa general”, argumentó el Departamento de Justicia.

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La puja judicial empezó luego que la animadora realizara una publicación vulgar en las redes sociales. Hizo el post después de no clasificarse para el equipo universitario. La publicación la realizó fuera de la escuela, sin embargo el mensaje le costó una suspensión.

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De acuerdo a una nota de Mark Sherman de WHYY el tribunal votó 8-1 a favor de Brandi Levy. Ese es el nombre de la estudiante que desde los 14 años brega con esta demanda judicial. En el caso fue identificada como BL. Ahora la chica tiene 18 años de edad.

Cheerleader de Pensilvania es reivindicada

Con la adolescencia a cuesta no es difícil tener medidas. Con para el momento 14 años Levy expresó su decepción por no entrar en el equipo de animadoras del equipo universitario. Lo hizo a través de Snapchat. Redactó una cadena de palabras “acentuadas” acompañadas con un dedo medio levantado. La reacción de la escuela fue someter a la chica al escarnio, pero hoy la cheerleader de Pensilvania es reivindicada.

La Associated Press también se hizo eco del caso. Investigó que Levy, de Mahanoy City Pensilvania, no estaba en la escuela cuando hizo su publicación. No obstante fue suspendida de las actividades de animadora durante un año. En opinión del juez Stephen Breyer la suspensión violaba los derechos de la Primera Enmienda de Levy. Él es un honorable integrante del alto tribunal.

Más allá del fallo los magistrados dejaron en claro una circunstancia periférica. Los jueces no impiden que las escuelas disciplinen a los estudiantes por lo que dicen fuera del campus. Ya existía un fallo anterior del tribunal federal de apelaciones. Prohibió a las escuelas públicas castigar la expresión fuera del campus.

Lo superfluo y lo templado

La ley es una balanza que trata de atender con los ojos cerrados las sustancias. El litigio es el último de una serie de casos que comenzó con Tinker contra Des Moines. Un caso de la época de Vietnam de una escuela secundaria en Des Moines, Iowa.

La jurisprudencia recuerda que suspendieron a los estudiantes que llevaban brazaletes para protestar contra la guerra. En una sentencia histórica, el Tribunal Supremo se puso de parte de los alumnos. Declaró que los estudiantes no “pierden sus derechos constitucionales a la libertad de expresión en la puerta de la escuela”.

El tribunal también sostuvo entonces como ahora un punto importante. Las escuelas conservaban la autoridad para restringir la expresión que pudiera perturbar el ambiente escolar.

El juez Breyer escribió que el caso de Levy parecía menos grave que su predecesor de la era de Vietnam. “Podría ser tentador desestimar las palabras de B. L. como indignas de las sólidas protecciones de la Primera Enmienda que aquí se discuten. Pero a veces es necesario proteger lo superfluo para preservar lo necesario”, escribió. Utilizó las iniciales de Levy porque así fue identificada en la demanda original. Levy ha concedido numerosas entrevistas permitiendo que se utilice su nombre.

Sobre la cualidad del mensaje

Ya es un hecho. La cheerleader de Pensilvania es reivindicada. El caso surgió a raíz de los mensajes de Levy. Uno de los cuales aparecían ella y una amiga con el dedo corazón levantado. En texto hicieron el uso repetido de una vulgaridad para quejarse de que la habían dejado fuera del equipo de animadoras del equipo universitario.

“F… escuela f… softball f… cheer f… todo”, escribió cerca del final de su primer año. Ahora, con 18 años, Levy acaba de terminar su primer año de universidad.

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Los padres de Levy interpusieron una demanda federal. Lo hicieron después de que el entrenador de las animadoras la suspendiera del equipo universitario durante un año. Los tribunales inferiores fallaron a favor de Levy, y fue readmitida.

El distrito escolar apeló al Tribunal Supremo tras la amplia sentencia de apelación que decía que la expresión de los estudiantes fuera del campus estaba más allá de la autoridad de las escuelas para castigar. Su causa fue desechada.

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Muchos aspiraban que la gran decisión favoreciera a la comunidad LGBTQ. Se está a días de celebrar el Día del Orgullo Gay y se asumía una victoria en Filadelfia. Sin embargo la opinión de la Alta Corte no conjugó con los deseos de la ciudad.

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Según se ha divulgado en medios periodísticos, el Tribunal Supremo dictaminó que la ciudad de Filadelfia violó la Constitución. Incurrió en la falta al limitar su relación con una agencia católica de acogida. La disputa inició por la negativa del grupo a certificar a parejas del mismo sexo como padres de acogida.

Católicos se imponen en Philly

De acuerdo a nota de AP y contribución de Jessica Gresko de WHYY, los jueces se pronunciaron por unanimidad en contra de Filadelfia. La respuesta fue a favor de Catholic Social Services. Así los católicos se imponen en Philly.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts escribió la decisión.

“La negativa de Filadelfia a contratar a CSS para la prestación de servicios de acogida a menos que acepte certificar a las parejas del mismo sexo como padres de acogida no puede sobrevivir al escrutinio estricto, y viola la Primera Enmienda”.

El fallo significa que la ciudad debe permitir exenciones religiosas cuando se trata de contratos con agencias de acogida. La ciudad dijo que eso creará un “confuso mosaico en los programas gubernamentales”. Además  “debilitará las garantías gubernamentales de no discriminación”.

Argumentos de los religiosos

Los Servicios Sociales Católicos han dicho que sus creencias impiden certificar a parejas del mismo sexo como padres de acogida. La organización está afiliada a la Arquidiócesis de Filadelfia.

Laurie Windham ayudó a ver que los católicos se imponen en Philly. Ella es abogada de los religiosos que encaró este jueves a la prensa tras el fallo de la Alta Corte. Dijo que la decisión del alto tribunal era un “fallo de sentido común a favor de los servicios sociales religiosos.”

El arzobispo Nelson Pérez calificó la decisión del jueves como una “afirmación clarísima de los derechos de la Primera Enmienda”.

“He dicho a menudo que somos un pueblo de esperanza. Es mi esperanza personal que la decisión de hoy deja muy claro que el ministerio religioso no puede ser forzado a abandonar sus creencias como el precio para atender a los necesitados”, dijo Pérez.

“Todos podemos vivir y trabajar pacíficamente. Codo con codo para crear un futuro mejor y más brillante para todos nuestros hijos”, añadió.

Algo del antecedente

Filadelfia se enteró en 2018 por un periodista de que los Servicios Sociales Católicos no trabajarían con parejas del mismo sexo. La ciudad colocó líneas claras a las más de dos docenas de agencias de acogida con las que trabaja. La dirección es no discriminar como parte de sus contratos. Filadelfia pidió a la agencia católica que cambiara su política, pero el grupo se negó. Como resultado, Filadelfia dejó de remitir más niños a la agencia.

Catholic Social Services presentó una demanda, pero los tribunales inferiores se pusieron de parte de Filadelfia.

En un comunicado, la procuradora de la ciudad, Diana Cortés, se pronunció. Calificó el fallo del alto tribunal de “revés difícil y decepcionante” para los jóvenes y los padres de acogida. Con este cierre los católicos se imponen en Philly.

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“Con la decisión de hoy, el Tribunal ha usurpado el criterio de la ciudad. La administración cree que una política de no discriminación es lo mejor para los niños a su cargo. El veredicto traerá consecuencias inquietantes para otros programas y servicios gubernamentales”, dijo Cortés.

“A la vez, la ciudad está satisfecha de que el Tribunal Supremo no haya modificado radicalmente, como pretendían los demandantes. No indicó el fallo un derecho constitucional existente para adoptar una norma que obligue a las exenciones religiosas”.

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La Ley de Inmigración y Ciudadanía, también conocida como el McCarran- Warren Bill, ha sido sometida a varias enmiendas desde su redacción en 1952 y en los últimos años ha sido golpeada con jurisprudencia, como la que se acaba de crear en el estado del oriente-medios estadounidenses donde se determinó que no es un delito “alentar” a migrantes a quedarse en EEUU.

El juez federal de distrito Carlos Murguia emitió su fallo el miércoles antes de anular las condenas de José Felipe Hernández Calvillo y Mauro Papalotzi, según un reporte de la radiodifusora KCUR-FM.

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Los fiscales aseguraron que ambos hombres, que se encontraban en el país sin autorización legal, administraron a grupos de trabajadores que instalaban paneles de yeso para una compañía en Lawrence, una ciudad ubicada en el condado de Douglas.

El magistrado proveniente de una familia de inmigrantes mexicanos y que ostenta un juzgado federal de distrito en Kansas, determinó que una ley que convierte en un delito “alentar” o “inducir” a inmigrantes no autorizados a que ingresen o vivan en Estados Unidos es anticonstitucional.

De acuerdo a la relación histórica de los hechos, después de ser condenados por conspirar con sus supervisores para violar la ley, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó en un caso similar que el alentar a los inmigrantes a permanecer en el país sin autorización legal, es parte de la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda.

Si bien el Noveno Circuito no tiene jurisdicción en Kansas, Murguia consideró que el argumento es persuasivo. En su fallo dijo que adoptaba “por completo” el análisis de la corte del Noveno Circuito y aceptó que la ley es “exagerada”.

Como antecedentes se tiene que hace tres años atrás, cuatro personas fueron acusadas de violar la ciatda ley, entre ellos el propietario de la compañía, y solamente se declararon culpables por delitos menores en 2017.

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La ley que fue aprobada por el Congreso en 1952, si es violada conllevan a una sentencia de hasta cinco años de prisión, y se pueden añadir otros cinco años si se considera que el acusado actuó para obtener una “ventaja comercial o ganancia económica privada”.

El abogado de Hernández Calvillo, Tom Bradshaw, declaró que “lo importante, aparte del asunto de la Primera Enmienda, es que el gobierno estaba usando esto para acusar a personas que no hicieron más que proveer un empleo a una persona indocumentada, ya sea que hayan tenido o no conocimiento directo de que la persona era indocumentada”.

“La ley requiere que cuando uno ‘alienta’ o ‘induce’, uno sepa que la persona estaba aquí sin autorización legal. Pero al gobierno eso no le había importado”, sostuvo Bradshaw.

A través de una comunicación vía email, un portavoz del fiscal federal para el distrito de Kansas, Jim Cross, dijo que su oficina “evalúa en este momento el fallo del juez” y no ha tomado una decisión respecto a su siguiente paso.

Según datos divulgados por la radiodifusora KCUR-FM, los dos hombres cuyas condenas anuló Murguia aún podrían ser deportados, si bien las autoridades no han iniciado los procesos de deportación en su contra. Bradshaw dijo que su cliente es padre de un hijo nacido en Estados Unidos y recientemente se graduó de secundaria.

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Una firma de abogados fue contratada por el alcalde Jim Kenney con la idea de determinar si un oficial podía o no alegar que los mensajes estaban protegidos por la Constitución, por lo que se requiere un análisis experto de la Primera Enmienda para cada uno de los mensajes con miras a asesorar a la ciudad.

De acuerdo a un reporte del periodista Ryan Briggs, parte del staff del medio WHYY, Filadelfia gastó US$25 mil para investigar las publicaciones de la policía en Facebook, por lo que la ciudad desea saber una opinión legal en torno a si los policías estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión o simplemente lanzando ataques de odio cuando publicaron comentarios ofensivos en la red social.

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La duda nace ante las decisiones aceleradas que en el ámbito administrativo se han dado para sancionar a los oficiales que aparecen en la investigación conocida como proyecto Plain View y en los nombres de las base de datos divulgadas por Bill Penn.

El contrato sin licitación por US$ 25 mil dólares fue otorgado a la firma de abogados Ballard Spahr de Center City, que esta comisionada para realizar una pronta revisión de miles de mensajes por parte de 323 oficiales en servicio activo de Filadelfia marcados en una base de datos de mensajes de Facebook como intolerantes o problemáticos.

Ballard Spahr es una bufete con sede en Filadelfia que cuenta con más de 500 abogados que ejercen en los Estados Unidos en las áreas de litigios, negocios y finanzas, propiedad intelectual, finanzas públicas y bienes raíces. La firma es una de las más grandes de los Estados Unidos según The American Lawyer .

Esa revisión legal fue un paso crítico en el manejo de una controversia que ya ha visto a 72 policías en servicio de escritorio y 13 listos para ser despedidos como resultado de sus publicaciones, dijo Mike Dunn, un vocero de la ciudad.

“La ciudad contrató a Ballard Spahr específicamente para llevar a cabo el análisis de la Primera Enmienda para cada uno de los mensajes y asesorar a la ciudad sobre si un oficial podía o no alegar que los mensajes estaban protegidos por la Constitución”, dijo Dunn. “Como empleador del gobierno, hay implicaciones de la Primera Enmienda cuando la ciudad disciplina a los empleados por su discurso”.

Dunn dijo que Ballard fue elegido entre varias firmas que tienen contratos existentes con la ciudad. Los reglamentos de la ciudad no requieren una licitación competitiva para contratos de menos de US$34 mil en valor, pero la controversia en torno a la publicación de la base de datos también requirió conveniencia, dijo Dunn. Un contrato sin licitación era la forma más rápida de hacerlo.

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“Necesitábamos hacer esto rápidamente. Hubiera sido totalmente irresponsable añadir semanas o meses a la resolución del PPD sobre el asunto”, dijo Dunn. “Tal retraso habría interferido con las operaciones policiales y exacerbado las tensiones en nuestras comunidades.”

En una ciudad que rutinariamente paga acuerdos de seis cifras a las víctimas de la supuesta brutalidad policial, los 25 mil dólares en sí mismos son una gota en el vaso. Pero el abogado defensor Troy Wilson predijo que esto era sólo el comienzo de los gastos legales de la ciudad relacionados con los llamados “policías de Facebook”.

“Esto podría ser la punta del iceberg. Si Krasner decide desechar algunos de los casos antiguos de estos oficiales, permitiría que los ex acusados criminales se conviertan en demandantes civiles en demandas contra la ciudad”, dijo. “Y la ciudad estaría arreglando esas demandas con dinero de los contribuyentes, desafortunadamente.”

El procurador de la ciudad, Marcel Pratt, dijo que la ciudad estaba preparada para esa eventualidad.

“Es posible. Y tendremos que lidiar con ello cuando suceda”, dijo.

Wilson elogió a la ciudad por actuar rápidamente y tomar la iniciativa de contratar a una firma externa para realizar una revisión independiente. Sin embargo, dijo que hubiera preferido que la ciudad eligiera un panel más diverso para revisar el contenido de los artículos.

“Cuando oí que era Ballard, dije:’Espera. Es un bufete de abogados blanco como un lirio”, dijo Wilson. “Hay un grupo de hombres blancos investigando parte de esta situación que afecta a los musulmanes, afroamericanos y otros grupos…. Consigamos algo de diversidad.”

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