El proyecto de ley HB 543, que busca que se permita portar armas de fuego ocultas a cualquier persona, sin el requerimiento de verificación de antecedentes ni entrenamiento para aprender a usarlas, obtuvo la aprobación legislativa con 76 votos a favor y 32 en contra por parte de la Cámara de Representantes de Florida, de mayoría republicana, durante una sesión parlamentaria.

El proyecto de ley que ha sido nombrado por sus impulsores republicanos como una medida de “seguridad pública”, tiene una versión similar, que es la ley SB 150, que está preparada para ser presentada en los próximos días ante la plenaria del Senado de Florida.

“Este proyecto de ley simplemente permite a los floridanos ocultar el porte sin trámites burocráticos ni gastos. Florida ya no se interpondrá entre usted y su libertad para protegerse”, dijo Chuck Brannon, legislador republicano quien promovió el proyecto de ley.

Esta disposición es una prioridad para el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, y tiene el apoyo de la presidenta del Senado, Kathleen Passidomo.

No obstante, el congresista demócrata Dan Daley consideró que la flexibilización de las regulaciones de armas es “una locura”, de acuerdo con declaraciones que ofreció el día de la aprobación al medio Tallahassee Democrat.

En sus argumentos planteados en el debate para la aprobación de la medida en la Cámara de Representantes, Dan Daley indicó que el estado de Florida rechazó a más de 7.600 solicitantes del permiso para portar armas conocido como CWL.

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“Piensen en eso por un segundo. Son 7.600 armas más en la calle” si finalmente se aprueba la ley, dijo el congresista.

“Porte constitucional”

En abril del año pasado, el gobernador DeSantis avanzó en su agenda conservadora y prometió que firmaría una ley que para permitir a los residentes del estado portar un arma de fuego sin permiso, algo que denominó “porte constitucional”.

En la actualidad los residentes de Florida no necesitan permisos para comprar un arma, pero sí para portarlas en público, por lo que en caso de aprobarse esta ley HB 543 se eliminaría tal requisito.

La expresión de “porte constitucional” se refiere al derecho que tiene una persona a llevar un arma de fuego, ya sea de manera discreta o abiertamente, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que otorga al pueblo estadounidense el derecho a poseer y portar armas.

“Las familias merecen vivir sin miedo a la violencia armada. Este proyecto de ley ‘Cualquiera con un arma’ que acaba de aprobar la Cámara de Representantes de Florida permite que casi cualquier persona porte un arma en público, sin verificación de antecedentes ni capacitación. Si se aprueba esta legislación, la violencia armada aumentará. El Senado debe detenerlo”, refirió la excongresista de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel Powell en sus redes sociales.

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El legislador republicano hizo el anuncio durante una rueda de prensa a la que asistieron alguaciles de varios condados que respaldan la medida a la que se oponen los congresistas demócratas y activistas.

“Florida lideró a la nación al permitir el porte oculto, y eso se extiende hoy cuando eliminamos la hoja de permiso del Gobierno para ejercer un derecho constitucional”, indicó Renner.

En Florida los republicanos son mayoría en la legislatura y tienen los votos necesarios para que el proyecto de ley salga adelante.

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En abril de 2022 DeSantis prometió que firmaría una ley que permita a los residentes del estado portar un arma de fuego sin permiso, lo cual denominó “porte constitucional”.

En la actualidad los residentes de Florida no necesitan permisos para comprar un arma, pero sí para portarlas en público, así que de aprobarse esta ley se eliminaría tal requisito.

El término de “porte constitucional” hace referencia al derecho a llevar un arma de fuego, ya sea de manera discreta o abiertamente, gracias a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense que otorga al pueblo el derecho a poseer y portar armas.

#TheFloridaWay respects Floridians' right to bear arms. HB 543 ensures that those who are eligible to own a gun do not need additional permission from the government to carry it. pic.twitter.com/7aYv1J00cd

— Paul Renner (@Paul_Renner) January 30, 2023

“Estamos unidos en oposición a esta propuesta de ley”, dijo la representante demócrata Christine Hunschofsky, cuyo distrito es Parkland donde ocurrió un tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas que en 2018 dejó 17 personas muertas.

Fred Guttenberg, padre de una alumna que perdió la vida en Parkland a manos de Nikolas Cruz, condenado a cadena perpetua, reaccionó al anuncio diciendo que “no hay libertad en la tumba”.

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“En dos semanas se cumplirán cinco años desde que Jaime y otras 16 personas fueron asesinadas en Parkland, Florida. Esta mañana el portavoz @Paul_Renner anunció la legislación de portación sin permiso (portación abierta próxima), asegurando que más personas mueran a causa de la violencia armada en Florida. No hay libertad en la tumba”, escribió en Twitter.

En otra conferencia de prensa organizada por la filial en Florida de la organización Giffords, que trabaja contra la violencia provocada por las armas de fuego, la ex congresista de Florida Debbie Mucarsel-Powell recordó que “en Florida vivimos dos de los tiroteos más grandes de Estados Unidos”.

Se refirió así al de Pakland y al de la discoteca Pulse, en Orlando, que en junio de 2016 fue escenario de un ataque homófobo armado con al menos medio centenar de muertos y 53 heridos.

“Sabemos que la causa principal de muerte por debajo de los 18 años es la violencia armada. En Florida el 60% de los hispanos no quieren este tipo de leyes”, subrayó la excongresista.

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Murphy firmó una orden ejecutiva que ordena a los departamentos y agencias estatales revisar todos los estatutos, normas y reglamentos a fin de estudiar “qué medidas pueden tomar para prevenir la violencia armada.”

La revisión implica la designación de ciertas áreas como “libres de armas”. Igualmente incluye la forma en que las armas de fuego son “llevadas, transportadas o transmitidas”, dijo el gobernador demócrata.

En declaraciones que reporta nj.com emitidas durante una conferencia de prensa en su oficina en Trenton, el gobernador también pidió a la Legislatura estatal, controlada por los demócratas, que le envíe un proyecto de ley que aumente los lugares “sensibles” en los que está prohibido llevar armas. Eso incluiría guarderías, hospitales, transporte público, bares y otros.

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El máximo tribunal del país anuló el jueves la ley de portación oculta de New York, lo que podría tener amplios efectos en el Estado Jardín, que tiene una ley similar y algunas de las medidas de control de armas más estrictas del país.

Aunque la decisión es “trágica y equivocada”, dijo Murphy, “debemos vivir con ella. Así es como funciona en nuestro sistema constitucional”, añadió. “Pero eso no nos impedirá hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras comunidades y a nuestros residentes, en consonancia con este dictamen”.

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Mientras tanto, el Fiscal General del Estado en funciones, Matthew Platkin, anunció que emitirá una directiva a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en el estado reiterando que, si bien el fallo invalida el requisito de New Jersey de tener que demostrar una “necesidad justificada” para llevar un arma, la gente sigue sin poder llevar un arma de fuego en el estado sin un permiso.

Sin permiso no hay armas

“Permítanme repetirlo para que quede claro: no se puede llevar un arma de fuego en Nueva Jersey sin un permiso. Punto”, dijo Platkin en la conferencia de prensa del viernes. “No hay nada en la decisión de ayer que cambie eso”.

Añadió que el resto del proceso de concesión de permisos en el estado seguirá en vigor.

Otra medida que podría tomar la entidad en respuesta al fallo es exigir a las personas que portan armas que adquieran un seguro de responsabilidad civil, dijo Platkin.

“Es algo que se ha discutido”, dijo. “Me remitiré al proceso legislativo, pero al igual que con los automóviles, es un concepto similar”.

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Recientemente, un gran número de estados ha aprobado este tipo de leyes, conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos, que permiten que una corte intervenga cuando alguien muestra señales de alarma de violencia inminente. Aunque grupos de control de armas y defensores de la salud mental apoyan estas leyes, otros señalan que las medidas por sí solas no resolverán la epidemia de violencia con armas de fuego que vive el país.

Trump dijo que el atacante en la masacre de Parkland, Florida, el año pasado, “tenía muchas banderas rojas en su contra y, sin embargo, nadie tomó medidas decisivas; nadie hizo nada… Debemos asegurarnos que aquellos que se considera que representan un grave riesgo para la seguridad pública no tengan acceso a armas de fuego, y que, si las tienen, puedan sacárselas en un proceso rápido”.

Según Everytown for Gun Safety, entidad que aboga por medidas más estrictas para reducir la violencia armada, aproximadamente la mitad de los que cometen tiroteos masivos muestran señales de advertencia de que eran una amenaza para ellos mismos, o para otros.

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La senadora Dianne Feinstein (demócrata de California) ha presentado un proyecto de ley para proporcionar fondos federales a los estados para poner en práctica estas leyes. El representante Salud Carbajal (demócrata de California) presentó un proyecto de ley similar en la Cámara Baja. Después del discurso de Trump del lunes, el senador Lindsey Graham (republicano de Carolina del Sur) dijo que acordó con el senador Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut) aprobar estos proyectos.

Una encuesta de 2018 halló que el 85% de los votantes registrados apoyan este tipo de legislación.

Al momento del tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, en febrero de 2018, solo cinco estados permitían órdenes de protección contra riesgos extremos. Hoy, 17 estados tienen estas órdenes: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Indiana, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington; y también el Distrito de Columbia.

Defensores dicen que las órdenes de protección abordan las brechas en la ley federal, que prohíbe a las personas tener armas solo si han sido condenadas por ciertos delitos; si se determina que tienen una enfermedad mental o han sido internadas involuntariamente en un hospital psiquiátrico; o si están sujetas a una orden de restricción final por violencia doméstica. De acuerdo con la ley federal, las personas que no cumplen con estos criterios aún pueden comprar y tener armas, incluso si muestran señales de violencia inminente o suicidio.

Las órdenes de protección “sacan las armas de las manos de quienes no deberían tenerlas, sin violar los derechos de los dueños de armas respetuosos de la ley”, dijo el doctor Mark Rosenberg, quien supervisó la investigación sobre violencia armada en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las órdenes de protección son una “herramienta vital”, que permite a las personas que tienen más probabilidades de darse cuenta cuando un ser querido o un miembro de la comunidad se convierte en un peligro tomar medidas concretas para desarmarlos, indica el Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, un grupo de defensa con sede en San Francisco fundado en honor de Gabrielle Giffords, la ex congresista que sobrevivió a un tiroteo masivo.

La National Rifle Association, que normalmente se opone a los esfuerzos para restringir el acceso a las armas, dijo que apoya las órdenes de protección estatales, siempre y cuando estas leyes incluyan ciertas disposiciones para garantizar los derechos de los propietarios de armas.

Un estudio de 2018 publicado en Psychiatric Services reveló que los suicidios relacionados con armas disminuyeron significativamente en Indiana y Connecticut después de la aprobación de leyes de protección contra riesgos extremos. Estos suicidios cayeron un 7,5% en los 10 años posteriores a que Indiana promulgara la ley, y un 13,7% en Connecticut. Alrededor del 60% de las muertes por armas de fuego son suicidios.

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Sin embargo, la evidencia de que las órdenes de protección reducen la violencia armada es más “sugerida” que definitiva, dijo Rosenberg. Nadie ha realizado un gran estudio a largo plazo sobre estas leyes estatales, principalmente debido a una enmienda del Congreso de la década de los 90 que desanimó a las agencias federales a estudiar la violencia armada, explicó.

“Es una vergüenza horrible que no tengamos evidencia sobre lo que funciona para prevenir la violencia armada”, agregó Rosenberg.

Algunos defensores de la salud mental criticaron a Trump por culpar a las enfermedades mentales por los tiroteos masivos.

“El 4% de la violencia en este país es atribuible a la enfermedad mental”, dijo Ronald Honberg, asesor principal de políticas de la National Alliance on Mental Illness. “Eso significa que el 96% de la violencia no lo es. Entonces, si de alguna manera pudiéramos curar milagrosamente una enfermedad mental, lo que estamos lejos de poder hacer en este momento, no estaríamos reduciendo de manera apreciable la violencia”.

Por:  Liz Szabo/Kaiser Health News

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation que no está relacionado con Kaiser Permanente.

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Con la aprobación en la cámara baja estatal del proyecto de ley, que ya contaba con la “luz verde” del Senado, solo resta que el proyecto sea enviado al gobernador, el republicano Ron DeSantis, para su promulgación como ley lo que se da por sentado que hará.

Entre otros puntos el proyecto contempla armar a los profesores en los colegios una vez que reciban el entrenamiento adecuado y superen una evaluación psicológica.

La idea surgió tras el tiroteo que acabó con la vida de 17 personas y dejó otras 15 heridas en la escuela Marjory Stoneman Douglas de Parkland el 14 de febrero de 2018.

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Su principal impulsor fue el senador republicano Manny Díaz, quien defiende la hipótesis de que la matanza se pudo haber evitado o al menos haber sido menos cruenta, si los profesores hubieran estado armados.

De acuerdo con el proyecto de ley, los profesores que voluntariamente deseen ir armados en el colegio tendrán que completar un curso de cien horas de entrenamiento bajo un programa especial en el uso de armas.

El Partido Demócrata y varias organizaciones civiles, sindicatos de maestros y padres de alumnos se oponen a esta polémica medida que transforma en agentes del orden al personal docente.

El gobernador DeSantis presentó en febrero pasado un plan de seguridad basado en las recomendaciones hechas por una comisión conformada tras el tiroteo en la secundaria de Parkland y que incluía la presencia de guardianes armados, el cual se ampliará a los maestros cuando el proyecto se convierta en ley.

La matanza de Parkland fue el origen de una ley promulgada en 2018 que incrementó la edad mínima para adquirir un arma de los 18 hasta los 21 años e impuso un período de espera de tres días para la mayoría de las compras de armas de largo alcance.

El autor confeso de la matanza, Nikolas Cruz, de 20 años y exalumno de Marjory Stoneman Douglas, espera juicio por 17 cargos de asesinato en primer grado.

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